Por Rosario Espinal
El referendo es un mecanismo de participación política importante en la democracia, pero no puede ser sustituto de la racionalidad política, ni tampoco una forma de encauzar los vaivenes políticos propios de las emotividades humanas.
En Europa va creciendo el movimiento anti-Unión Europea y era de esperarse que así sucediera. Primero, la Unión Europea es una instancia de poder burocrático distante que la ciudadanía ve con recelos. Segundo, los problemas de Europa han aumentado en los últimos años con la crisis económica y el flujo de inmigrantes.
Se buscan culpables, y en toda Europa ha crecido la simpatía hacia los partidos de retórica ultra-nacionalista que enfatizan la vuelta a la nación sobre la supra-nación (la Unión Europea), la vuelta a los valores tradicionales sobre la extranjerización (los inmigrantes), la vuelta al nativismo sobre la globalización (desempleo).
Hasta hace poco, esas ideas eran expresiones de partidos minoritarios, pero ahora se expresan también en las grandes formaciones partidarias, como ha sucedido en Gran Bretaña con el Brexit.
Convocar un referendo para decidir la permanencia o no de Gran Bretaña en la Unión Europea fue un exceso de confianza política en sí mismo de David Cameron, aunque su decisión se entienda en el contexto de las luchas políticas en su país, que él quiso resolver de un porrazo con el referendo.
El Partido Conservador se fragmentaba cada vez más entre pro-europeístas y euro-escépticos, y a Cameron le urgía resolver ese problema para asumir control político de su partido y del país. Ganar el referendo a favor de permanecer en la Unión Europea hubiese fortalecido su mandato.
Pero en la campaña del referendo, Cameron se fue quedando solo por la división de su partido y las tensiones en el Partido Laborista. Por ejemplo, Boris Johnson del Partido Conservador, y aspirante ahora a Primer Ministro, se convirtió en figura central en apoyo al Brexit; mientras Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista, no abrazó la causa pro-europeísta para no afianzar el poder de Cameron ni de sus contrincantes internos.
El punto a destacar es que los conflictos políticos intra-partidarios e inter-partidarios llevaron a un referendo innecesario sobre un tema de inmensa transcendencia no sólo para los británicos, sino también para toda Europa y más allá.
La Unión Europea enfrenta indiscutiblemente serios problemas que debe resolver para solventar su debilitada existencia, como el exceso de burocratismo y las rigideces que dificultan ajustar diferencias nacionales. A fin de cuentas, la Unión Europea ha sido un ensayo a contra-corriente porque los países europeos son muy distintos entre ellos y están internamente fragmentados; o sea que, el intento de unirlos es una tarea complejísima y se torna cada vez más difícil ante los nuevos problemas económicos y migratorios que socavan el estado de bienestar, soporte fundamental de la unión.
Ahora, aparte de todas las consecuencias económicas y legales del Brexit, aún por conocerse y resolverse, el voto de 52% a favor de la salida de la Unión Europea genera serios problemas políticos internos para Gran Bretaña de manera inmediata.
Primero, ya David Cameron tuvo que dimitir, lo que genera incertidumbre política y económica con efecto en los mercados internacionales. Segundo, el resultado ya produce fuertes confrontaciones dentro del Partido Conservador y del Partido Laborista. Tercero, el Brexit golpea la misma unión de Gran Bretaña. En Inglaterra y Gales ganó mayoría el Brexit, no así en Escocia ni en Irlanda del Norte. Eso puede renovar los movimientos separatistas en el Reino Unido.
Como dice el refrán, una cosa es llamar el diablo y otra verlo llegar.
Una nación no se empobrece solamente cuando le roban dinero. Se empobrece cuando el robo se normaliza, cuando la impunidad se administra, cuando la persecución de la corrupción se percibe como selectiva y cuando la justicia se convierte en espectáculo para entretener la indignación, pero no para devolverle al pueblo lo que le quitaron.
La proclamación de la Constitución del 26 de enero de 2010 supuso una ruptura paradigmática en el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, al transicional formalmente desde un Estado clásico de derecho hacia un Estado Social y Democrático de Derecho. Esta transformación situó a la dignidad humana en la cúspide axiológica del sistema, definiéndola en su artículo 5 como el fundamento ético y ontológico de la República, y reforzándola en el artículo 38 como un valor sagrado, innato e inviolable.
El Estatuto de Roma dispone lo que debe realizarse luego del cumplimiento de la condena, según las limitaciones sobre el enjuiciamiento o el castigo de otros delitos. El Estatuto prevé sobre la transferencia de la persona que no sea un nacional de Estado que ejecuta, extradita o entrega al Estado que lo solicite.