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Menos camas disponibles cada día para pacientes con coronavirus.

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Santo Domingo, RD.-El monitoreo oficial  ha establecido que la ocupación es de un 70% en sus camas regulares de Covid y de cuidados intensivos, así como de un 50% de sus equipos de ventilación registraban ayer los centros de salud privados, dejando capacidad de sólo un 30 y 50%, respectivamente.

Mientras a nivel público, donde el número de camas habilitadas para la atención de pacientes afectados con el virus es mayor, la ocupación de camas regulares era de un 31%, de UCI de un 54% y de ventiladores de un 37%.

En tanto el boletín epidemiológico 298 emitido ayer, reportaba ocupaciones generales de camas Covid a nivel nacional, de manera conjunta tanto del sector público como privado, de 46% con 1,213 pacientes ingresados; de UCI de un 62% con 320 pacientes en condiciones críticas y ventiladores de un 43% con 173 pacientes conectados a ventilación asistida.

El total de camas que se han habilitado en el país para COVID es de 2,625 para atención de cuidados intermedios, de 517 para pacientes en UCI y 399 ventiladores.

Activos superan los 41,000
Asimismo, los casos activos del virus siguen en incremento elevándose ayer a 41,967 con el ingreso a las estadísticas oficiales de 1,179 nuevos casos de contagios, pero ninguna muerte notificada en las últimas 24 horas.

La positividad diaria de las muestras procesadas se estableció en 26.92%, mientras la de las últimas cuatro semanas sigue ritmo ascendente colocándose en 19.82%.

El total de casos diagnosticados con el virus SARS-CoV2 que produce la enfermedad del Covid acumulados en República Dominicana es de 182,282, de los cuales se han recuperado 138,888.

Ayer se procesaron 6,730 muestras PCR de laboratorio equivalente a 87,501 muestras por cada millón de habitantes,  acuerdo al boletín epidemiológico número 298, de la Dirección General de Epidemiología.

El total de muestras procesadas hasta el momento es de 914,256, por millón de personas es de 87,501.

No se notificaron muertes
En las últimas 24 horas el sistema no recibió la notificación de ningún paciente fallecido a causa de la COVID-19. El número de fallecidos acumulados es de 2,427.

 La letalidad por la enfermedad en el país continúa en descenso y se estableció ayer en 1.32 por ciento y la mortalidad por millón de habitantes se ubica en 232.28.

El informe del Ministerio de Salud Pública registra que sigue en incremento en los casos positivos entre personas menores de 20 años, con un total de 18,547 infectados, así como 560 trabajadores de la salud y 309 embarazadas que han sido notificadas con el virus.

Alta ocupación
Además del hospital general de la Plaza de la Salud la mayoría de los centros privados que han habilitado camas para el ingreso de pacientes con COVID, sobre todo en las grandes ciudades han reportado incremento importante en la ocupación de camas, pese a que han ido ampliando su capacidad atendiendo requerimientos del Gobierno.

En la red pública, el Servicio Nacional de Salud (SNS) ha aumentado la capacidad de camas en los diferentes hospitales COVID del país, entre ellos el Hospital Marcelino Vélez Santana, uno de los más demandados en la capital, que el pasado viernes le fue aumentada en un 125 por ciento la capacidad de camas para Cuidados Intensivos y en 75% los ventiladores  como parte de las acciones para fortalecer la respuesta al COVID-19.

En el monitoreo de ayer, el SNS notificó que en Santo Domingo los hospitales de la red pública contaban con disponibilidad de camas regulares que iban de un cero a un 93% dependiendo del hospital, y de un cero a un 78% en UCI. En Santiago iba de un 14 a un 100%.

Plaza de la Salud recibe entre 25 y 30 casos del virus diario
Un importante aumento de pacientes con síntomas de Covid-19 ha estado recibiendo en las últimas semanas el hospital General de la Plaza de la Salud (HGPS) donde diariamente en su área de emergencia asiste entre 25 y 30 pacientes con síntomas de la enfermedad.

 La alta demanda de atención llevó al centro a habilitar un segundo pabellón dedicado al internamiento de pacientes con COVID, para incrementar su capacidad de camas, la cual había reducido a raíz de la disminución de casos que se había registrado meses atrás. Ayer el hospital tenía 35 pacientes con la enfermedad ingresados, de los cuales 16 se encontraban en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Los detalles los ofreció a Listín Diario el doctor Nepomuceno Mejía, director médico del HGPS, quien dijo que ese aumento considerable de pacientes se viene registrando desde hace varias semanas y que continúa en aumento cada día.

  Informó que el centro tiene habilitadas 42 camas para pacientes con COVID y que ante el incremento de la demanda de internamiento registrada en las últimas dos o tres semanas tuvieron que habilitar un segundo pabellón de ingreso exclusivamente para esos pacientes.

Favorece rastreo
El director médico del HGPS dijo que comparte la inquietud expresada por Listín Diario en su editorial donde propone la necesidad de rastreo aleatorio de personas para captar asintomáticos y detectar casos de contagios.   El doctor Mejía dijo que esa sería una buena medida porque mientras mayor cantidad de pruebas diagnósticas se realizan, mayor cantidad de pacientes con el virus se identifican.

 Entiende que, si se puede detectar a los positivos, aislarlos y tratarlos, se logra un mejor control de la enfermedad.

 Desde finales del año pasado se registra una alta demanda en la población de pruebas PCR de personas que tienen síntomas o han hecho contacto con infectados, pero tanto en el sector público como en el privado hay limitación para satisafacer los requerimientos.

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Obispos se reunen con Abinader en la 64ª Asamblea Plenaria del Episcopado

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Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.

Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.

“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.

Abinader se reúne con obispos en la 64ª Asamblea Plenaria del Episcopado

El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.

El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.

Abinader se reúne con obispos en la 64ª Asamblea Plenaria del Episcopado

También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.

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Garantía económica e impedimento de salida a “Onguito Wa”.

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Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.

La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.

Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.

Imponen garantía económica e impedimento de salida a “Onguito Wa” por porte ilegal de arma
Imponen garantía económica e impedimento de salida a “Onguito Wa” por porte ilegal de arma

La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.

Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.

El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.

El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.

De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.

Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.

El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.

«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».

  • En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
  • Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.

El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.

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Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega

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Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público  en las próximas horas la imposición  contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.

El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.

Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.

Instrumentos odontológicos en un consultorio, vinculados al caso de un falso odontólogo acusado de causar lesiones
Instrumentos dentales en un consultorio, en el contexto de la solicitud de prisión preventiva contra un falso odontólogo.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.

Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.

La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.

La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.

“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.

Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.

  • El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
  • Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.

El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.

El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.

Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.

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