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El protagonismo en la contienda electoral lo tienen los candidatos presidenciales.
La campaña a destiempo de los candidatos presidenciales opoca la que desarrollan los aspirantes a alcaldes de los diferentes municipios del país para las elecciones que están a la vuelta de la esquina.
De hecho, los aspirantes a encabezar los gobiernos locales “van forzados”, y no necesariamente por la competencia externa, sino por la interna, encarnada por unos candidatos a la Presidencia de la República que despiertan un interés especial en el electorado de un país eminentemente presidencialista.
La atención que despiertan las opciones presidenciales, en desmedro de las figuras postuladas a las sindicaturas, es una de las consecuencias del particular esquema en el que se realizan las elecciones en esta ocasión.
Se trata de un modelo híbrido en el que no se puede hablar de elecciones simultáneas, porque hay dos fechas de votaciones distintas, pero tampoco le cabe del todo el término de “separadas”, porque entre un proceso y otro solo transcurrirán tres meses. Ambos sistemas, el de elecciones conjuntas y separadas, se han experimentado en el país, pero el de ahora no es ni lo uno ni lo otro.
Cuando hubo elecciones separadas –a partir de la reforma constitucional del 1994- se realizaban las municipales y legislativas y dos años después, las presidenciales. Cada proceso tenía su propio espacio para desarrollarse, por lo que, en su momento, los candidatos a cargos locales asumían el protagonismo. Algo muy distinto a lo que ocurre ahora, cuando los nominados a cargos municipales, en las ocasiones en que se juntan con los presidenciales, aparecen como simples acompañantes.
Los aspirantes presidenciales, principalmente Luis Abinader, Gonzalo Castillo y Leonel Fernández, de los partidos Revolucionario Moderno; de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo, respectivamente, mantienen un intenso activismo muy enfocado en la promoción de sus propias figuras, aunque en cada caso, “disfrazado” de apoyo a los candidatos municipales de sus partidos y aliados.
La fórmula es sencilla. Los tres realizan recorridos, marchas, caravanas, y otras actividades propias de las campañas, y aparecen acompañando a quienes son postulados por sus partidos para las elecciones municipales en la demarcación visitada en ese momento.
Con esta metodología, aparentemente mantienen su accionar acorde con la Ley Electoral, y la proclama de la Junta Central Electoral (JCE), que dejó abierta la campaña, pero solo a nivel municipal, y no así en la presidencial.
Y aunque esa no sea la intención –que en este caso sí lo es- , la realidad es que lo que diga o haga cualquiera de esos tres candidatos presidenciales en las actividades realizadas de manera conjunta con candidatos a alcaldes y regidores, copará el interés de los asistentes, y de los medios de comunicación, tanto de los tradicionales como de los nuevos medios de difusión.
En la práctica, todos han decidido adelantar la campaña presidencial, y tienen sus razones para ello. Castillo, por ejemplo, no tiene tiempo qué perder, ya que es la primera vez que asume el rol, y debe darse a conocer y promoverse.
Fernández, de su lado, es el más conocido y más ganador de todos, pero en esta ocasión prueba suerte con un proyecto político nuevo. Y en el caso de Abinader, es puntero en las encuestas y se esfuerza por mantener ese posicionamiento.
Los contendientes por la Presidencia han estado ejecutando ideas en la campaña que les permitan promoverse y al mismo tiempo apoyar las fórmulas municipales de sus partidos.
El equipo de los morados, por ejemplo, usa ahora como principal arma de movilización las “Juntaderas de Gonzalo”, en las que Castillo visita una demarcación determinada donde desayuna, merienda y almuerza, acompañado de los candidatos locales de su partido pero, como es lógico, él es el protagonista.
Abinader, quien también se hace acompañar de los candidatos de su partido, recientemente firmó un acuerdo en Boca Chica con el candidato a alcalde del PRM en el que ambos se comprometen a desarrollar el municipio. Anunció que hará lo mismo en otras comunidades.
Una muestra del protagonismo de quienes aspiran al principal cargo del Poder Ejecutivo es el hecho de que Leonel Fernández hizo recientemente una propuesta sobre el manejo de los residuos sólidos. Su plan es muy abarcador y oportuno, ya que el tema requiere de acciones inmediatas y la campaña para comicios municipales se presta para debatir el tema. Pero el presidente de la Fuerza del Pueblo no delegó en ninguna instancia de su partido ni en sus candidatos a las alcaldías, sino que decidió asumir la propuesta.
EFE.- Una corte peruana ordenó 36 meses de prisión preventiva contra el exdirectivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, por el presunto delito de colusión agravada en el caso del proyecto Gasoducto del Sur adjudicado a la constructora brasileña por el expresidente Ollanta Humala (2011-2016), según una resolución judicial publicada este sábado.
El juez Leodán Ayala, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, declaró fundado el pedido presentado por la fiscal Geovanna Mori, que tiene a cargo el proceso contra Humala, su esposa Nadine Heredia, y otros coacusados por presuntamente haber recibido millonarios aportes de Odebrecht para sus campañas electorales.
La resolución, publicada por medios locales, indica que la prisión preventiva comenzará cuando Barata, que reside en Brasil, se entregue a la Policía Internacional (Interpol) o a las autoridades judiciales de Perú, vía extradición activa.
El juez basó su resolución en la “sospecha fuerte” sobre la presunta participación de Barata en “los seis actos de presunta colusión agravada” en el contexto de los proyectos Kuntur y Gasoducto del sur.
Asimismo, Ayala agregó que “desde la fase de ejecución del primero hasta el otorgamiento de la buena pro del segundo”, se habría materializado la colusión entre Barata, como representante de Odebrecht en Perú, y Humala y su esposa con el propósito de “defraudar patrimonialmente al Estado” en beneficio de sus intereses particulares.
Barata tenía un acuerdo de colaboración eficaz con la Fiscalía de Perú, por el cual admitió los aportes ilegales otorgados en varios casos vinculados a los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Alan García por el escándalo Lava Jato, sin embargo ese acuerdo fue anulado en junio pasado cuando se negó a testificar en el juicio contra Humala.
Actualmente, Humala y Heredia tienen en curso otro juicio por los aportes de Odebrecht y otros a sus campañas electorales de 2006 y 2011 por los que afrontan un pedido de cárcel de 20 y 26 años, respectivamente, por presunto lavado de activos.
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«El pueblo no podía pagar la factura de una fiesta en la que no participó», dice Danilo Medina.
Santo Domingo.- El pueblo dominicano no podía pagar la factura de una fiesta de la que no participó, según lo consideró el expresidente Danilo Medina, quien de esa manera saludo el retiro de la reforma fiscal por parte del presidente Luis Abinader.
El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) señaló que, debido al rechazo que generó la medida, al mandatario no le quedó otro camino que retirarla.
Medina fue consultado por los miembros de la prensa tras votar en el proceso interno de esa organización política.
«Le faltó consultar a la población», expresó el presidente del PLD, y consideró que el pueblo «le tumbó el pulso» a Abinader.
Danilo Medina ofreció estas declaraciones en la Casa Nacional del PLD, donde están instaladas seis mesas electorales para las votaciones de los miembros del Comité Central, que se llevan a cabo este domingo hasta las 5:00 de la tarde.
Proceso interno
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) lleva a cabo hoy sus elecciones internas para escoger 183 nuevos miembros del Comité Central.
Las elecciones se realizarán en 237 mesas de votación distribuidas en todo el territorio nacional, desde las 9:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, mediante el sistema de votación manual con boletas y padrones impresos.
Los electores habilitados en el padrón tienen la capacidad de escoger 183 nuevas plazas en el organismo de dirección del PLD, a partir de una propuesta de 553 candidatos y candidatas debidamente depurados que cumplieron con los requisitos establecidos en los estatutos partidarios.
El pasado viernes, en horas de la tarde, se retiraron de la sede nacional del PLD los últimos materiales que se utilizarán en las diferentes mesas, que incluyen el padrón fotográfico de los dirigentes autorizados, las boletas con los candidatos en la demarcación correspondiente, actas, las claves para la transmisión de los resultados, los folletos impresos que contienen el reglamento para la elección de los miembros del Comité Central y el instructivo para el proceso de votación y transmisión de resultados, así como las más recientes resoluciones y otros materiales.
SANTO DOMINGO. Como parte de la aceleración de los procesos penales que implementa el Poder Judicial el 78.4 % de los casos presentados a los departamentos judiciales de La Vega y San Francisco de Macorís estaban solucionados en agosto pasado.
Tales resultados obedecen a iniciativas como los mecanismos de aceleración del proceso penal que implementa el Poder Judicial en la República Dominicana.
Los datos fueron revelados durante el taller de planificación del Plan Decenal que estructura el Poder Judicial, con la presencia del juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina.
Asimismo, el 50% de los tribunales de ambos departamentos están libres de mora o retardo judicial, de acuerdo a cifras divulgadas durante el taller regional Por una Justicia del Futuro.
Trascendió en ese escenario que en el Centro de Mediación de la región se adoptaron 277 acuerdos de casos mediante los métodos alternos de resolución de conflictos y se atendieron a 4,415 personas.
Las estdísticas también revelaron que entre el 2014 y el 2023 el 42% de las demandas fueron en materia penal, el 35% en civil y el resto en asuntos de de Niños, Niñas y Adolescentes, Inmobiliarias y Laborales.
Durante su intervención, con el tema “Visión de la Justicia del Futuro”, Henry Molina definió el taller como un proceso plural y abierto para definir qué justicia queremos.
Sostuvo que en este proceso de diálogo, el más amplio de la Institución, identificarán los desafíos de los próximos diez años.
De su lado, Ana María Díaz, representante residente del PNUD, indicó que la justicia no debe ser vista sólo como un mecanismo para resolver conflictos, sino como un pilar fundamental en la transformación social.
agl/of-am