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El protagonismo en la contienda electoral lo tienen los candidatos presidenciales.
La campaña a destiempo de los candidatos presidenciales opoca la que desarrollan los aspirantes a alcaldes de los diferentes municipios del país para las elecciones que están a la vuelta de la esquina.
De hecho, los aspirantes a encabezar los gobiernos locales “van forzados”, y no necesariamente por la competencia externa, sino por la interna, encarnada por unos candidatos a la Presidencia de la República que despiertan un interés especial en el electorado de un país eminentemente presidencialista.
La atención que despiertan las opciones presidenciales, en desmedro de las figuras postuladas a las sindicaturas, es una de las consecuencias del particular esquema en el que se realizan las elecciones en esta ocasión.
Se trata de un modelo híbrido en el que no se puede hablar de elecciones simultáneas, porque hay dos fechas de votaciones distintas, pero tampoco le cabe del todo el término de “separadas”, porque entre un proceso y otro solo transcurrirán tres meses. Ambos sistemas, el de elecciones conjuntas y separadas, se han experimentado en el país, pero el de ahora no es ni lo uno ni lo otro.
Cuando hubo elecciones separadas –a partir de la reforma constitucional del 1994- se realizaban las municipales y legislativas y dos años después, las presidenciales. Cada proceso tenía su propio espacio para desarrollarse, por lo que, en su momento, los candidatos a cargos locales asumían el protagonismo. Algo muy distinto a lo que ocurre ahora, cuando los nominados a cargos municipales, en las ocasiones en que se juntan con los presidenciales, aparecen como simples acompañantes.
Los aspirantes presidenciales, principalmente Luis Abinader, Gonzalo Castillo y Leonel Fernández, de los partidos Revolucionario Moderno; de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo, respectivamente, mantienen un intenso activismo muy enfocado en la promoción de sus propias figuras, aunque en cada caso, “disfrazado” de apoyo a los candidatos municipales de sus partidos y aliados.
La fórmula es sencilla. Los tres realizan recorridos, marchas, caravanas, y otras actividades propias de las campañas, y aparecen acompañando a quienes son postulados por sus partidos para las elecciones municipales en la demarcación visitada en ese momento.
Con esta metodología, aparentemente mantienen su accionar acorde con la Ley Electoral, y la proclama de la Junta Central Electoral (JCE), que dejó abierta la campaña, pero solo a nivel municipal, y no así en la presidencial.
Y aunque esa no sea la intención –que en este caso sí lo es- , la realidad es que lo que diga o haga cualquiera de esos tres candidatos presidenciales en las actividades realizadas de manera conjunta con candidatos a alcaldes y regidores, copará el interés de los asistentes, y de los medios de comunicación, tanto de los tradicionales como de los nuevos medios de difusión.
En la práctica, todos han decidido adelantar la campaña presidencial, y tienen sus razones para ello. Castillo, por ejemplo, no tiene tiempo qué perder, ya que es la primera vez que asume el rol, y debe darse a conocer y promoverse.
Fernández, de su lado, es el más conocido y más ganador de todos, pero en esta ocasión prueba suerte con un proyecto político nuevo. Y en el caso de Abinader, es puntero en las encuestas y se esfuerza por mantener ese posicionamiento.
Los contendientes por la Presidencia han estado ejecutando ideas en la campaña que les permitan promoverse y al mismo tiempo apoyar las fórmulas municipales de sus partidos.
El equipo de los morados, por ejemplo, usa ahora como principal arma de movilización las “Juntaderas de Gonzalo”, en las que Castillo visita una demarcación determinada donde desayuna, merienda y almuerza, acompañado de los candidatos locales de su partido pero, como es lógico, él es el protagonista.
Abinader, quien también se hace acompañar de los candidatos de su partido, recientemente firmó un acuerdo en Boca Chica con el candidato a alcalde del PRM en el que ambos se comprometen a desarrollar el municipio. Anunció que hará lo mismo en otras comunidades.
Una muestra del protagonismo de quienes aspiran al principal cargo del Poder Ejecutivo es el hecho de que Leonel Fernández hizo recientemente una propuesta sobre el manejo de los residuos sólidos. Su plan es muy abarcador y oportuno, ya que el tema requiere de acciones inmediatas y la campaña para comicios municipales se presta para debatir el tema. Pero el presidente de la Fuerza del Pueblo no delegó en ninguna instancia de su partido ni en sus candidatos a las alcaldías, sino que decidió asumir la propuesta.
Santo Domingo, R.D.-Este jueves el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió el nivel de alerta verde para 13 provincias ante el riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como de inundaciones repentinas o urbanas, debido a la incidencia de una vaguada y una onda tropical.
- Las provincias bajo alerta son: Santo Domingo y el Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Santiago, San Juan, Montecristi, El Seibo, Puerto Plata, Espaillat, Valverde, Dajabón, Hato Mayor y San Cristóbal.
De acuerdo con el último boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), por la incidencia de estos fenómenos atmosféricos se presentarán aguaceros moderados a fuertes, posibles granizadas aisladas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata y Sánchez Ramírez.
Según el COE, las precipitaciones disminuirán gradualmente hasta las primeras horas de la noche.
Debido a las condiciones meteorológicas, los organismos recomendaron a los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximos a ríos, arroyos y cañadas abstenerse de cruzar estos afluentes y no utilizar los balnearios ubicados en zonas bajo alerta.
- Asimismo, instó a la ciudadanía a mantenerse en contacto con la Defensa Civil, las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja, la Policía Nacional, los Cuerpos de Bomberos y el Centro de Operaciones de Emergencias a través de los teléfonos 809-472-0909, 9-1-1 y *462 de la OGTIC.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público identificó el municipio de Jacagua y el sector Los Cocos de Santiago como los centros operativos de una estructura de ciber-extorsión que tenía ribetes internacionales y que estafó más de 400 ciudadanos estadounidenses, cuyos datos han sido validados por el Homeland Security de Estados Unidos.
Los integrantes de la red diseñaban y publicaban anuncios publicitarios en portales de citas y encuentros íntimos, ofreciendo servicios sexuales ficticios de supuestas mujeres.
Para mantener el anonimato de los operadores en República Dominicana, los anuncios incluían números telefónicos virtuales estadounidenses contratados a proveedores en territorio americano, redirigiendo el tráfico de llamadas y mensajes de WhatsApp a los centros de operaciones en Santiago.
Una vez obtenido el número telefónico real del usuario, el tirador realizaba capturas de pantalla y las transfería a otros miembros de la red, quienes ejecutaban búsquedas exhaustivas en plataformas de recopilación de registros públicos de EE. UU.
De este modo, la red obtenía nombres de familiares, lugares de trabajo, direcciones residenciales exactas y edades de sus objetivos.
Bajo un guion agresivo, le reclamaba haberle hecho perder tiempo y dinero a la joven, alegando que supuestamente está rechazó otros clientes por su culpa y exigiéndole el pago inmediato de una multa o compensación económica. Si la víctima se resistía a pagar, la red ejecutaba su maniobra más violenta: la intimidación con fines de coacción.
“Los imputados enviaban mensajes de texto, audios y videos afirmando pertenecer a organizaciones criminales de extrema violencia como el Cártel de Sinaloa o las Maras Salvatruchas”.
Desesperadas por el terror, las víctimas cedían y realizaban los depósitos. La red facilitaba canales digitales de pago como Zelle, Cash App, Venmo, PayPal, Apple Pay, Chime o transferencias en Bitcoin.
Para burlar los controles antiblanqueo, las cuentas receptoras en EE. UU. pertenecían a intermediarios, identificados en la red como colectores, que movían el dinero de inmediato.
El Ministerio Público prueba el modus operandi a través de la incorporación de transcripciones de interceptaciones telefónicas, informes forenses y análisis periciales en el documento oficial, así como recibos de los envíos y otras evidencias de las transacciones.
El Ministerio Público incautó decenas de teléfonos móviles, máquinas de contar dinero, sellos de financieras falsas y barras de oro ocupados a los implicados.
El voluminoso expediente del caso detalla como un grupo de jóvenes de una zona suburbana de Santiago, utilizaron la tecnología de la información, combinada con la manipulación del terror psicológico, para crear una estafa transnacional altamente rentable y estructurado por la delincuencia organizada local.
Será el próximo lunes cuando la juez del juzgado de Atención Permanente evalúe las 365 páginas de la solicitud de medida de coerción de la llamada Operación XL 526 para quienes están solicitando prisión preventiva y declaratoria del caso complejo por la multiplicidad de imputados.
El órgano acusador también aportó los movimientos de cuentas bancarias por decenas de millones de pesos dominicanos, los reportes de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) que prueban que los imputados no tenían empleos lícitos, y los listados de terrenos e inmuebles adquiridos para el lavado de activos.
Santo Domingo, R.D.-Fue variada por la Corte de Apelación de Santo Domingo la medida de coercion que pesaba en contra de la interprete de musica urbna Ashley Mariel Sánchez Victoriano, conocida popularmente como «Masha«, quien se encuentra acusada de porte ilegal de armas de fuego.
El tribunal de alzada dispuso la libertad de la artista, tras imponerle el pago de una garantía económica de RD$5,000 pesos y la obligación de comparecer ante las autoridades mediante presentación periódica.
Con esta decisión, la corte revoca la medida dictada previamente por el Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Este, cuya magistrada, la jueza Karen Casado Minyety, había impuesto tres meses de prisión preventiva a cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo-Mujeres. En el mismo expediente también figuran los jóvenes Alexander Martínez Nolasco y Karla Julisa Rodríguez, de 18 y 19 años respectivamente, quienes fueron enviados a Najayo-Hombres y Najayo-Mujeres por el mismo período.
A la salida del tribunal ubicado en la Ciudad Judicial, el consejo de defensa de la imputada —integrado por los abogados Randy Banks, Jenrry Romero y Amaury Oviedo— expresó que este fallo confirma que el proceso continuará conforme a las garantías establecidas por la ley.
«A partir de este momento, nuestra representada deberá cumplir con las medidas impuestas mientras se desarrolla el curso de la investigación», manifestó el jurista Randy Banks.
Banks aprovechó la ocasión para agradecer a quienes mantuvieron la confianza en el sistema de justicia durante el proceso y reafirmó el compromiso del equipo legal de seguir defendiendo los derechos de su protegida dentro del marco legal correspondiente. Al concluir, recordó un principio fundamental del derecho penal dominicano: «La libertad es la regla; la prisión preventiva, la excepción».
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, «Masha» y los otros dos justiciables fueron arrestados durante una inspección vehicular en el municipio de Boca Chica. Las autoridades ocuparon dos pistolas calibre 9MM marca Glock sin documentación, las cuales se encontraban dentro de una yipeta marca Honda CRV, color blanco, conducida por Karla Julisa Rodríguez.
El informe detalla que: La primera arma contenía su cargador con 4 cápsulas. y la segunda arma no tenía cargador.
En medio de la palanca de cambios se halló un cargador extendido (tipo «cohete») con capacidad para 30 municiones, el cual contenía 10 cápsulas en su interior.
La fiscal Zayra Soto, del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Persona, formuló la acusación inicial provisional por el delito de porte ilegal de armas de fuego, ilícito penal tipificado y sancionado en los artículos 43-B, 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados. En la audiencia inicial, la solicitud fue litigada por el fiscal Tito Osea González Ramírez.
Un historial rodeado de controversias y violencia
El entorno de la joven artista urbana ha estado marcado por constantes conflictos de carácter judicial y policial en los últimos meses:
Octubre de 2025: La Policía Nacional detuvo a «Masha» en el sector de Villa Francisca, Distrito Nacional, tras ocupársele dos paquetes de un vegetal que presumiblemente correspondía a marihuana.
Enero: Su pareja sentimental, Jhakomo Hernández de la Rosa, fue enviado a prisión preventiva por tres meses, acusado de la muerte de un joven en el referido sector de Villa Francisca.
Febrero: Desconocidos tirotearon el vehículo en el que se desplazaba la artista junto a su amiga Dominique Natalia Gómez Cabrera (22 años), quien lamentablemente resultó muerta a causa de las heridas de bala. Días más tarde, agentes de la Policía Nacional abatieron a dos hombres señalados como los presuntos responsables de dicho atentado.