Opinión
Cantan fascismo y enrarecen el 2024
Sucede con el Congreso Nacional, la Policía Nacional, DNCD, DNI, Sistema de Justicia, Fuerzas de Defensa y sus respectivos Ministerios.
Por Narciso Isa Conde
El Trío fue completado con Abel para ampliar el dúo Abinader-Leonel y tratar de oscurecer aún más la ruta 24.
Uno quiere seguir y dos quieren volver.
Los tres, al rodar, cantan racismo, machismo y conservadurismo a granel, en diferentes tonos; con gran dosis de xenofobia disfrazada de patriotismo.
Es una «moda» mundial de un capital en descomposición. Una «moda» para prolongar su enfermedad.
En EEUU y Europa el tono coral sube sin cesar, retumba por todos los confines del planeta; y en Nuestra América los hay que no quieren quedarse atrás, entre ellos Abel, Leonel y Abinader.
Haití, república negra, heroica y vilmente empobrecida por el poder imperial, le sirve de “banquito de picar carne” y “saquito de echar motas”, como decían las abuelas.
Muchas falacias los alimentan: la migración calificada de “invasión”, el trabajo sobre explotado estigmatizado como “carga”, la invasión imperialista para supuestamente “combatir las bandas armadas” que el propio imperio creó, centenares de miles de inmigrantes abultados en “millones”…
· MERCADOLOGÍA EN ACCIÓN
Abel es el que canta más duro, quizás por estar todavía más lejos del gobierno y con más pedregones podridos tirados en la ruta de su partido.
A los tres, los mercadólogos y asesores de imágenes los han convencido de que la fuente de la victoria reside en esa mezcla abigarrada de anti-haitianismo racista, ecocidio minero, recolonización neoliberal endurecida, machismo, impugnación de las Tres Causales, homofobia, fundamentalismo religioso, Comando Sur, poder mediático y apoyo gringo y oligárquico.
Los tres con mucho “cuartos” y recursos ajenos en sus cajas fuertes para una campaña electoral anticipada, ilegal y desbordante: dinero y poder de Estado y empresarial, una opción; y mucho dinero robado, las otras dos.
Eso nutre un neofascismo al estilo caribeño.
· DETERMINACIÓN SISTÉMICA A CUALQUIER COSTO
Las fuerzas que dominan el viciado sistema de dominación y sus mecanismos electorales, altamente privatizados, están pues decididas a enrarecer y contaminar de neofascismo el episodio electoral del 2024.
ABINADER-PRM harán diabluras “postmodernas” y antiguas desde el Estado y desde su Poder Empresarial para reelegirse; y los PLD, el morado y el verde – bajo control de mafias políticas esencialmente impunes todavía- para tratar de volver.
Pero lo peor –y en esto hay que insistir- es que el guión de ese episodio se redacta con tinta racista anti-haitiana, xenofóbica, homofóbica, adulto-céntrica, patriarcal-machista, fundamentalista-religiosa y servilmente pro-colonial; nutriendo así una modalidad caribeña del neofascismo mundialmente en boga, en el marco global de un capitalismo en decadencia pero todavía agresivamente dominante.
Ese capítulo está recibiendo ahora más energía de ese pernicioso triángulo electoral, representado por esas tres candidaturas presidenciales y conglomerados partidistas convertidos a fuerza de caras duras en empresas multimillonarias- Abinader-VIcini-PRM /Abel-PLD / Leonel-FP.
Los tres, con su carga de partidocracia corrupta, empresariado voraz e inescrupuloso, generalato delincuente, neoliberalismo recolonizador, racismo anti-haitiano y nacientes maquinarias para-militares o para-policiales… (llámense ANTIGUAS, VIEJAS O NUEVAS ÓRDENES DOMINICANAS) -compitiendo por el campeonato en ese lodazal- están decididos a teñir de neo-fascismo el ejercicio político dominante, el gobierno y Estado.
· SIMULACIONES DE LA TRIPLETA
Todo esto se impulsa revestido de múltiples simulaciones, entre ellas las supuestas preocupaciones de las tres partes y de sus socios menores en múltiples suciedades, por el auge de la delincuencia “no oficial” o delincuencia “común”.
Pero acontece que el Estado dominicano, sus gobiernos y sus instituciones hacen añales están infectados de delincuencia e integrados por mafias políticas, policiales, militares y empresariales, narco-mafias incluidas; todas protegidas por una larga impunidad.
Eso es estructural, sistémico.
La Constitución del 2010, las instituciones derivadas, el sistema jurídico-político y de partidos anexos, están conformados para dar esos productos gubernamentales-estatales
Las entidades encargadas de fiscalizar, prevenir, enfrentar, perseguir y erradicar delitos son las más penetradas o asociadas a diversas modalidades de delincuencia; oficiales y no oficiales, comunes o gubernamentales.
Sucede con el Congreso Nacional, la Policía Nacional, DNCD, DNI, Sistema de Justicia, Fuerzas de Defensa y sus respectivos Ministerios.
Presidentes y jefes de esas entidades o son cómplices, protectores o socios de esas mafias; o, en otros casos, están cercados por ellas y muestran impotencia para enfrentarlas; salvo escasas actitudes tipo Miriam Germán y demás casos particulares.
· CAMBIARLO TODO
Esto pasó ayer y pasa hoy a nivel de gobiernos y Estado, luego de los excepcionales ejemplos éticos de los efímeros Gobiernos de Bosch y Caamaño; seguidos de procesos en que corruptela y crímenes de Estado y comunes, no cesan de crecer bajo tutela imperialista y oligárquica.
A Chu Vásquez, al General Then y a su presidente Abinader, solo le queda bravuconear y allantar. Hacer bulto.
A los ex Presidentes delincuentes, Danilo y Leonel, y sus respectivas mafias peledianas y asociadas, no le luce la pose de abanderados del accionar anti-delincuencia.
Es ridículo: una delincuencia, ni es mejor que la otra, ni está en capacidad de acabar con la otra.
El mal hay que arrancarlo de raíz, sacando a todos del poder y cambiándolo todo.
Y como las vías institucionales están infectadas, incluso gangrenadas; como no hay ni siquiera democracia electoral, solo el pueblo movilizado, ejerciendo democracia de calle en actitud de impulsar un PROCESO CONSTITUYENTE SOBERANO, puede erigirse en poder paralelo para detener esa ruta macabra, refundar el Estado, iniciar las transformaciones y construir lo nuevo.
Por Rommel Santos Díaz
Los crímenes de la competencia del Estatuto de Roma son normalmente aquellas ofensas cometidas contra un número de personas. Los crímenes de lesa humanidad y el genocidio son delitos que generalmente son cometidos por muchos individuos que operan como parte de una extensa organización criminal.
Aquellos que poseen el grado más alto de responsabilidad penal por estos crímenes normalmente son aquellos individuos con posiciones de autoridad que no tienen contacto directo con las víctimas. Ya sea que emitieron las órdenes, incitaron a otros a cometer los crímenes, o crearon los medios con los cuales se cometen estos crímenes.
Es por esta razón que el Estatuto de Roma no restringe la responsabilidad penal por estos delitos a los individuos que estuvieron directamente involucrados con su comisión, pero la entiende a aquellos que estuvieron también indirectamente involucrados.
Según el artículo 25 del Estatuto de Roma, la persona será penalmente responsable si:
- a)Cometio el crimen por sí solo, con otro o por conducto de otro, sea este o no penalmente responsable;
- b)Ordeno, propuso o indujo la comisión de ese crimen, ya sea consumado o en grado de tentativa;
- c)Fue cómplice o encubridor o colabore de algún modo en la comisión o la tentativa de comisión del crimen, incluso suministro los medios para su comisión;
- d)Contribuyo de algún otro modo en la comisión o tentativa de comisión del crimen por un grupo de personas que tengan una finalidad común. La contribución fue intencional y se hizo con el propósito de llevar a cabo la actividad o propósito delictivo del grupo, o a sabiendas de que el grupo tenía la intención de cometer el crimen;
- e)Respecto al crimen de genocio, hizo una instigación directa y pública a que se cometiera;
- f)Intente cometer ese crimen.
Sin embargo, la persona que desiste de la comisión del crimen o impida de otra forma que se consume no podrá ser penado de conformidad con el Estatuto de Roma por la tentativa si renunciare íntegra y voluntariamente al propósito delictivo.
Los Estados partes del Estatuto de Roma que deseen enjuiciar a los acusados en sus tribunales nacionales, según el principio de complementariedad, deberán garantizar que su legislación de implementación incluya todas las formas de responsabilidad penal individual y ofensas incoadas dispuestas por el Estatuto.
De lo contrario, no podrían enjuiciar en sus tribunales nacionales la mayor parte de los individuos responsables por la omisión de los delitos contenidos en el Estatuto de Roma.
Finalmente, la mayoría de la legislación penal nacional ya describe la responsabilidad penal individual de la misma manera, y por lo tanto no sería necesario realizar enmiendas legislativas. Los Estados Partes deberán sin embargo asegurarse de que esta responsabilidad se aplique a todos los delitos de la competencia de la Corte Penal Internacional.
Por Elba García Hernández
En los últimos días del presente año 2024 he tenido la obligación y el deber de defender derechos fundamentales ante el Tribunal Superior Administrativo y he podido comprobar lo mal que está el país en materia de justicia.
Los abusos de poder se observan en esta jurisdicción de Derecho Administrativo en cualquiera de las salas que conocen las litis que se presentan entre la administración y los administrados.
Es penoso ver como los abogados repiten como papagayos los mismos argumentos en los diferentes casos que en esta instancia se conocen. Pero peor aún el nivel de los jueces que manejan los casos.
En esta jurisdicción hay un nivel de razonabilidad que sonroja a cualquier profesional del derecho, pero las cosas se complican cuando se examinan las sentencias que emiten los juzgadores de una jurisdicción que está estrechamente vinculada con el Derecho Constitucional.
Es tanto así, que muchos de los jueces están más interesados en penalizar a las partes sobre la base de disposiciones arbitrarias e ilegales de comisionar un alguacil de estrado para que haga nuevas notificaciones y cobrarles a los litigantes por ese concepto hasta 20 mil pesos cuando se trata de conflictos legales que provienen del interior del país.
Cualquiera se forja la impresión de que existe una sociedad para hacer dinero mediante las notificaciones entre los alguaciles de estrados y los magistrados que presiden salas en el Tribunal Superior Administrativo.
Lo preocupante de este asunto es que cuando no se satisface el deseo del juez o del alguacil de estrado, ese disgusto se refleja en la sentencia que emite el tribunal.
Otro detalle importante de lo mal que se manejan algunas salas del Tribunal Superior Administrativo es que se agarran de cualquier detalle insignificante para justificar una sentencia en contra del que no se acoge a la comisión de un alguacil para fines de nueva notificación.
Impresiona, además, el poco nivel de razonabilidad de los que participan de las audiencias que se celebraran en el Tribunal Superior Administrativo.
En realidad, parece un juego de niños, lo cual desmiente los supuestos avances en Derecho Administrativo, porque la verdad es que lo ocurre en esta jurisdicción de la justicia deja mucho que desear.
Por José Cabral
El panorama que se observa en el país lleva a cualquier persona, por optimista que sea, a sentir que todo se derrumba y que nada tiene solución. No hay un solo estamento estatal que indique que el país transita por un buen camino.
Esto así, porque si al azar se escoge cualquier instancia, pública o privada, fácilmente se llega a la conclusión de que prácticamente todo está perdido. Son prácticamente nulos los referentes que indican que en el futuro se alcanzaría una mejor nación.
El principal fracaso de la sociedad dominicana tiene que ver con el fiasco que representa el Ministerio Público y la judicatura nacional, donde uno apoya la ilegalidad del otro. Es un asunto para mantenerse seriamente preocupado.
En realidad, no se sabe cuál si el fiscal o juez anda peor, pero de lo que sí se puede estar seguro es de que ambos transitan por un camino que solo garantiza el abismo de la nación.
En el país no hay proceso penal que termine de buena manera, pero tanto el Ministerio Público como los jueces recurren permanentemente a decisiones al margen de las leyes que les sirven de sustento.
El Ministerio Público sólo parece ser bueno para manejar casos de importancia mediática, mientras que los jueces se han especialistas en emitir sentencias al margen de las normas y de los derechos, deberes y principios fundamentales.
Es una verdadera vergüenza lo que ocurre en el país, ya que tribunales como el Superior Administrativo, donde el administrado busca liberarse de los abusos de la administración, tiene un nivel similar al de un juzgado de paz. Sus jueces carecen de razonabilidad y muchas veces hasta de sentido común.
En el sistema de justicia nacional se produce una verdadera negación de derechos, pero el hecho de que los jueces no puedan ser procesados por muchos de los casos que fallan, ya que hasta las acciones de amparo no pueden ser interpuestas en contra de los tribunales nacionales, habla claro de la trampa en que está envuelto el ciudadano.
Es decir, que, aunque existe la querella disciplinaria, la recusación e incluso la prevaricación, es una batalla como aquella siempre citada entre el huevo y la piedra, porque la complicidad se extiende de un lado a otro sin excluir a prácticamente la totalidad de los actores del sistema de justicia.
Adentrarse en el comportamiento de la justicia y del Ministerio Público es una razón determinante para frustrarse o resentirse, aunque, naturalmente, este mal debe combatirse con herramientas que tal vez algún día surtan efecto.