Análisis Noticiosos
Cárcel de Guantánamo: Una historia de infamia
El día 16 de noviembre del 2008, el recién electo presidente estadounidense, Barack Hussein Obama, concedió su primera entrevista de prensa. El escenario escogido fue el programa de televisión de la cadena CBS “60 Minutos”. Allí, ante millones de televidentes estadounidenses y otros tanto cientos de millones a lo largo del mundo, se escucharon algunas promesas del mandatario afroamericano en materia de política exterior.
Parte de ese compromiso de campaña y discursivo de Obama, al momento del triunfo, remitía a que Estados Unidos bajo su administración de gobierno, no cometería los errores de su antecesor George W. Bush y haría efectiva dos medidas apenas tomara posesión de la Casa Blanca el día 20 de enero del año 2009: reunirse con sus asesores de seguridad nacional y con los responsables militares para diseñar un plan que permitiera el retiro de las tropas desplegadas en Irak y en segundo lugar ordenar el cierre de la cárcel militar de la Base de Guantánamo.
Esta última decisión se enmarcaba en las acusaciones al gobierno estadounidense y al ejército de ese país de torturar a cientos de prisioneros en el enclave colonial de Guantánamo, donde radica una Base militar y Naval de Estados Unidos a contrapelo de la soberanía cubana y donde instalaron una cárcel, para detener allí a los sospechoso de actividades terroristas de la organización Al Qaeda, tras los atentados del 11 de septiembre del año 2001 en Nueva York y Washington. La prisión, alberga en la actualidad a 149 detenidos, 79 de los cuales han sido declarados liberables. Llegó a tener 600 prisioneros en total.
La cárcel de Guantánamo representaba, según Obama, la más seria amenaza a la credibilidad de Estados Unidos como una democracia defensora de los derechos humanos. Resultaba, por tanto, intolerable e inaceptable, para Obama, que la “mayor democracia del mundo” fuera acusada de permitir torturas contra prisioneros a los cuales se acusaba de terrorismo pero cuyos juicios y supuestos actos criminales, en la gran mayoría no había sido demostrados, habían sido obtenidos bajo apremios físicos y sicológicos, con largos años años privados de libertad, sufriendo condiciones de confinamiento por largos períodos y condiciones de habitabilidad bajo temperaturas sofocantes con uso de métodos de interrogatorio absolutamente prohibidos por todas las convenciones internacionales. Una cárcel que merecía críticas de organismos internacionales en defensa de los derechos humanos e incluso líderes de opinión dentro de los propios Estados Unidos.
En ese panorama de inmoralidad, Obama se planteó a inicios de su primer período presidencial esa percepción. Ello implicaba transitar hacia el cierre del recinto y trasladar los presos a territorio estadounidense continental, acelerar procesos judiciales de aquellas personas que quedaría demostrado, tras largos años de encierro, que eran inocentes e incluso pensar en enviar parte de esos prisioneros a sus países de origen para que fuesen juzgados allá. Obama sostuvo que “como parte de un esfuerzo para restaurar la autoridad moral de Estados Unidos cerraré Guantánamo. He dicho reiteradamente que Estados unidos no tortura y me aseguraré que no torturamos”.
Tras seis años de gobierno, terminado el primer período presidencial y reelecto, bajo las mimas promesas anteriores, el análisis en materia de cumplimiento de compromiso de este Premio Nobel de la Paz, Barack Obama, demostró, no sólo el absoluto desprecio a la palabra comprometida, sino también a que este presidente está sujeto a los designios y decisiones no de la sociedad estadounidense, sino del aparataje del complejo militar-industrial estadounidense, que es quien define qué se hace en materia de política exterior, que favorezca los intereses geoestratégicos de esta superpotencia. Obama no sólo ha incumplido la palabra empeñada, lo seguirá haciendo pues está absolutamente imposibilitado políticamente de lograrlo tras sus desastrosas intervenciones, principalmente en Libia y Siria, además de Irak con su fracasada política del Leading From Behind.
La historia de mentiras no cesa
En el mes de enero de este año 2014, como parte de un Mensaje a la nación, Obama reiteró la intención de cerrar la prisión de Guantánamo y reubicar aquellos prisioneros que aún permanecen en este recinto – 149 hombres, principalmente de Afganistán, Paquistán y yemenitas – y reubicar aquellos presos que aún permanecen en este recinto.
Ante esa idea el Congreso norteamericano estableció una serie de frenos legales, para evitar así que Obama cerrara la cárcel, trasladarlos a Estados Unidos y juzgarlos allá o enviarlos a otro país. Desde 2009, 18 países de todo el mundo han acogido a un total de 48 detenidos, reduciendo la lista a 149. Desde la apertura de este campo de torturas 600 prisioneros de guerra de un total de 35 nacionalidades, han pasado parte importante de sus vidas privados de libertad. Este cronista señalaba a medios de comunicación en esa oportunidad que “Doce años desde que se instaló la prisión ilegal de Guantánamo y cinco desde la promesa de Barack Obama respecto a que la cerraría. Nuevamente se promete cerrar una cárcel considerada una vergüenza para el mundo, una vergüenza para los Estados Unidos y, sobre todo, que sigue siendo el peor ejemplo del peor atentado a los derechos humanos que puede cometer una nación”
En el mes de abril del 2014, nuevamente Obama volvió a la carga señalando que su intención era cerrar Guantánamo como recinto carcelario. En las clásicas palabras de quien dirige la mayor economía del mundo, Barack Obama, ni siquiera hizo mención la carácter inhumano de esta Cárcel sino que debería ser cerrada porque “Guantánamo es cara y es ineficaz, daña nuestra imagen internacional y reduce la cooperación con nuestros aliados en los esfuerzos antiterroristas además de ser una herramienta para el reclutamiento de extremistas” pero, las fatuas palabras de Obama reflejaban simplemente un discurso vacío, carente de verdaderas intenciones, sobre todo si recordamos que el mismo Obama es el autor de una orden Ejecutiva para preservar el sistema de detenciones indefinida de Guantánamo sin que haya sido derogada.?
Para Glenn Greenwald abogado constitucionalista estadounidense, columnista, bloguero y escritor daba luces sobre estas expresiones de Obama, más voladores de luces que una realidad “Obama debería reunir el coraje político necesario para enfrentarse al Congreso en el tema de Guantánamo. Si su Secretario de Defensa es incapaz de certificar un traslado en condiciones difíciles, Obama conserva la capacidad para trasladar prisioneros con una exención de seguridad nacional, una potestad que nunca ha utilizado… Mantenerles en Guantánamo a causa de su nacionalidad va en contra de la justicia… Obama parece haber tirado la toalla sobre Guantánamo. En enero, cerró la oficina del enviado que estaba al frente de los esfuerzos para cerrar la instalación. Ahora, el ejército estadounidense está invirtiendo en un cable de fibra óptica hasta la base y planeando cuidados médicos especialidades para detenidos de edad. Eso sugiere que algunos van a seguir allí el resto de su vida natural”
Pese a la denuncia permanente de las atrocidades cometidas por la CIA y las fuerzas militares estadounidenses, la base sigue abierta y efectivamente represente un enorme gasto para los contribuyentes norteamericanos, pues cada interno le cuesta al presupuesto estatal unos 800 mil dólares al año contra los 35 mil con los que se mantiene un preso en los establecimientos penitenciarios en la Unión. Pero, más allá de ese gasto, ¡allá ellos que se gasten su dinero!!!! el que sea utilizado para encerrar, torturar, vejar y violentar los derechos humanos de decenas de presos políticos es una aberración que hay que condenar con todas nuestras fuerzas.
En la lógica mercantilista estadounidense, Guantánamo es una cárcel cara – por tanto representa un gasto que hay que controlar – es ineficaz – no ha cumplido el propósito de acallar las voces y acciones de protesta contra las intervenciones de Estados Unidos en el mundo. Ni siquiera se habla de la posibilidad de restituir ese territorio a su legítimo dueño: Cuba – sino que simplemente se habla de cerrarla por “razones económicas y de imagen. La vergüenza que cubre el actuar internacional de la mayor potencia del mundo tiene nombre: es la ignominiosa cárcel de la base naval de Guantánamo.
La Cárcel Militar de Guantánamo no es una prisión, es un campo de torturas. Es la versión moderna de los campos de concentración nazis de la segunda guerra mundial. Son la versión en tierras americanas de Treblinka, Auschwitz y Dachau entre otros centros de tortura, de desaparición y genocidio. Son la versión estadounidense de Villa Grimaldi, de Tejas Verdes en Chile, de la Escuela de Mecánica de la Armada en Argentina. Son la expresión que las autoridades estadounidenses ignoran los derechos humanos que dicen defender. Son el ejemplo patente que Estados Unidos es el mayor violador de derechos humanos en el mundo.
En ese mes de abril del 2014, al que hago referencia, específicamente el día lunes 29, aterrizaron en el aeropuerto de Guantánamo, refuerzos médicos, enfermeras y técnicos para atender a 130 huelguistas musulmanes en huelga de hambre, desde el 6 de febrero del 2014. Ese refuerzo tuvo un significado: aún más tortura a los detenidos, claro que ahora bajo supervisión médica, de tal manera que no fueran a morirse en esas sesiones de alimentación forzada, que han sido criticada incluso por la Cruz Roja internacional. Este organismo internacional, el único autorizado a entrar al centro militar, reiteró que está en contra de ese procedimiento y respeta el principio de permitir a los detenidos elegir su destino.
Las autoridades militares han implementado ese método de alimentación forzoso, que consiste en insertar una sonda nasogástrica (un tubo plástico) por la nariz, que llegue hasta el estómago para así introducir nutrientes líquidos “No permitiremos que ningún preso se muera de hambre”, aseguró el portavoz de la prisión, el teniente coronel Samuel House. Palabras que reflejan el deseo final “que los presos mueran confinados pero no de hambre”.
Para el relator especial de Naciones Unidas contra la Tortura, el argentino Juan Méndez, «en determinadas condiciones la alimentación forzada puede ser un trato cruel, inhumano y degradante, y en algunos casos, hasta una tortura. La alimentación forzada es un procedimiento muy violento, que implica atar al detenido, introducirle tubos por la nariz hasta el estómago y forzarlo a aceptar la comida sin vomitar, algo que puede durar varias horas”
Obama, ha reiterado en varias oportunidades que comparte la decisión de alimentar a los prisioneros con sondas nasogástricas “No quiero que esos individuos mueran”, ha asegurado el presidente sobre una población reclusa que en un 50%, según dictámenes de las propias autoridades estadounidenses no representan peligro alguno y sin embargo llevan 11 años encarcelados. En Guantánamo, según datos de la Cruz Roja, existen 166 detenidos que fueron capturados en el extranjero en operaciones que significaron la complicidad de cuerpos de seguridad de Paquistán, Israel, las nuevas autoridades Libias, Afganistán e Irak entre otras.
Todos ellos y llevan más de una década sin enfrentar juicio ni cargos concretos. Son esos presos, la gran mayoría, quienes han desafiado a las autoridades carcelarias a través de sus ayunos y huelgas de hambre, para denunciar el confinamiento por tiempo indefinido al que son sometidos, las largas horas sometidos a permanecer amarrados al piso en posición fetal, privados de alimentos y agua, amarrados con cadenas bajo un sol inclemente, el registro a sus pertenencias y la confiscación de copias del Corán.
Y aunque Estados Unidos se ha obstinado en silenciar lo que ocurre en el centro de tortura, el asunto incluso se convierte en un tema con muchas aristas para sus relaciones internacionales. Tal ha sido el caso de las represalias rusas frente a las sanciones estadounidenses por el conflicto en Ucrania. La Cancillería rusa, en pleno diferendo por las sanciones y sus réplicas, emitió un listado con el nombre de 18 funcionarios estadounidenses a los que se les niega el ingreso a Moscú. “Nuestra lista incluye principalmente a aquellos responsables de legalizar la tortura y mantener convictos ilimitadamente en la prisión especial de Guantánamo, de detener y secuestrar ciudadanos rusos en terceros países y de poner en peligro sus vidas y su salud”, argumenta el texto del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En esta historia vil contra los derechos de decenas de hombres encarcelados en el enclave colonial de Guantánamo, el pasado día 29 de septiembre el Secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el chileno José Miguel Insulza, pidió a los países latinoamericanos que tomen medidas destinadas a acoger en sus territorio a presos de Guantánamo de entre los 79 que Estados Unidos ha señalado están en condiciones de ser liberados si alguna nación les recibe. «Solicito respetuosamente a los países que puedan hacerlo, de manera consistente con sus políticas nacionales y su legalidad interna, considerar favorablemente esta situación, para recibir a personas actualmente recluidas en Guantánamo, con el fin de permitirles retomar sus vidas después de su prolongada detención» aseveró Insulza.
Esta idea ha surgido en el marco de los deseos de la administración de Obama de cerrar el penal, donde ha encontrado la férrea oposición de los congresistas republicanos de trasladar a los presos a territorio estadounidense. «Una respuesta favorable para recibir a un número reducido de ellos, que no presenten riesgo para su seguridad, contribuiría a reducir sustantivamente este grave caso humanitario en territorio de las Américas» declaró el Secretario General de la OEA.
Insulza, con una comprometedora declaración permitió dar luces sobre las graves trasgresiones a los derechos humanos de esos 79 presos “Se trata de personas que no han sido juzgadas, ni lo serán, por crimen alguno y las exhaustivas evaluaciones a que han sido sometidas por parte de las autoridades de Estados Unidos han determinado que no presentan riesgos graves para la seguridad de este país, ni de aquel que los acoja» Entonces, la pregunta que sale a borbotones, indignada, impotente y de claro rechazo a las políticas estadounidenses es ¿cómo es posible que esos 79 hombres hayan pasado una década en la cárcel, bajo sufrimientos inenarrables, sometidos a apremios físicos y sicológicos que han merecido la condena unánime de organizaciones defensoras de derechos humanos de todo el mundo, para que finalmente las propias autoridades que los encarcelaron afirmen que no representan peligro alguno? Este es un escándalo mayúsculo, es una prueba más de la ignominia, el descaro y la prepotencia de Estados Unidos frente a los derechos humanos.
Las declaraciones de Insulza se dieron con apego a la línea manifestada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), que fue el primer organismo internacional en solicitar el cierre de la cárcel de Guantánamo, como también exigir a Washington medidas cautelares para la protección de los derechos de los prisioneros de Guantánamo y poder visitarlos que en repetidas oportunidades ha llamado al cierre de dicho campo de detención. Igualmente las declaraciones de Insulza consignaron la necesidad de saber qué va a pasar con los otros 70 prisioneros, sobre los cuales estados unidos debería tomar una decisión. En la cual, lo más probable, vista la negativa republicana a trasladarlos a territorio contiene tal estadounidense, terminen encerrados en la misma base naval.
Para continuar con esta historia de infamia del gobierno estadounidense, a días de las elecciones para elegir parlamentarios para su Cámara de Representantes, el día 4 de noviembre, el presidente Obama declaró – por enésima vez su intención de cerrar Guantánamo y enviar los presos a territorio estadounidense para juzgarlos. Frente a esas palabras, los legisladores republicanos advirtieron, por boca del presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner que “Obama cometería un peligroso error si decidía trasladar a esos detenidos a cárceles en Estados Unidos. Una aplastante mayoría de estadounidenses y de legisladores de los dos partidos (…) se opone a trasladar a Estados Unidos a los terroristas encarcelados en Guantánamo, y sin embargo la Casa Blanca sigue avanzando en sus proyectos…En momentos en que los yihadistas islámicos decapitan estadounidenses, la Casa Blanca está tan decidida a trasladar a estos terroristas desde Guantánamo a Estados Unidos que analiza la manera de ignorar al Congreso y reescribir unilateralmente la ley” sostuvo Boehner quien calificó la iniciativa del Premio Nobel de la Paz como “otro ejemplo de la herencia de ilegalidad que nos dejará esta administración”.
Al margen de las declaraciones de los organismos internacionales, los líderes de opinión y los gobiernos de los países que condena la existencia de esta Cárcel de la vergüenza, las sociedades, los pueblos del mundo tenemos el deber de emitir y dar a conocer nuestro rechazo a la presencia de una base naval de un país extranjero en territorio cubano, una base ilegal que representa un enclave colonial en un país soberano, que además es utilizado como campo de confinamiento y tortura.
Nuestras palabras no sólo deben ser de rechazo ante las promesas incumplidas de este singular premio Nobel de la paz, sino también a la necesidad de que se retire cualquier país ocupante de cualquier enclave en cualquier parte del mundo. Guantánamo debe ser cerrado, los soldados a su casa, el territorio volver a Cuba, los presos que han sido torturados, despreciados, humillados y privados de su libertad por una década ya deben volver a sus hogares. Estados unidos debe cesar su papel de arrogante, soberbio, sargento del mundo o someterse – en la propia lógica llevada a cabo por sus administraciones de gobierno de dar y recibir «diente por diente» y se entienda, por tanto que existan represalias ante su actuar de gendarme mundial.
PABLO JOFRÉ LEAL
Artículo del Autor cedido por Hispantv
Análisis Noticiosos
El Caribe lleva la delantera en legislación contra el plástico en América Latina.
Legislar contra el plástico en América Latina: el Caribe lleva la delantera y Centroamérica se queda atrás
Bogotá.-El plástico es uno de los materiales más ubicuos de nuestra sociedad. Está en los celulares, en la ropa y en los empaques en los que llegan los domicilios. Es tanta su ubicuidad que, en forma de microplásticos, también se ha identificado en el hígado, el intestino y el cerebro humano, y en la fosa de las Marianas, a 6.800 metros de profundidad en el océano Pacífico. La relación con el plástico encaja perfectamente en lo que es una “relación tóxica”: contamina ecosistemas terrestres y marinos, afecta la salud humana y, pese a esto, en 2023, según la Organización de las Naciones Unidas, su producción mundial alcanzó los 436 millones de toneladas métricas.
A pesar de la evidencia, no hemos podido terminar esa relación. En 2025, casi cuatro años después de que los países acordasen crear un tratado global contra la contaminación por plástico, las negociaciones entraron en un paréntesis: se suspendieron en agosto y Luis Vayas-Valdivieso, el ecuatoriano que las presidía, renunció. El 7 de febrero de 2026, tras una votación en Ginebra (Suiza), el cargo volvió a quedar en manos de un latinoamericano: en las del chileno Julio Cordano, director de la División de Medio Ambiente de la Cancillería y de quien, se espera, le pueda dar un nuevo aire a las negociaciones. “Tenemos el reto de lograr consensos que sean realistas, pero ambiciosos, algo crucial para el éxito del acuerdo”, señaló en un comunicado Cornado tras ser elegido.
“La lucha contra los plásticos ha sido una con un sello latinoamericano desde el origen”, comenta Alberto Quesada, experto internacional en contaminación marina y gestión de residuos plásticos, y que ha participado como observador de las negociaciones desde su inicio. “Perú, de la mano de Ruanda, fue la que presentó la resolución para el tratado”. De forma más lenta de lo que requiere la emergencia —una que se empezó a anunciar desde los años 60—, los países de América Latina y el Caribe también han creado leyes para regular el plástico, una necesaria carrera en la que las islas del gran Caribe van liderando.
Caribe a la vanguardia, Centroamérica atrás
La avalancha de plásticos no es ajena a América Latina y el Caribe. En los años 80, el consumo promedio anual por habitante era de 7 kilogramos, pero actualmente alcanzó los 35. Aunque es una cifra por debajo del promedio global (50 kilogramos), las proyecciones indican que, si no cambian las tendencias, en dos décadas será de entre 60 y 80 kilogramos. Los cálculos son de la Alianza Global de Alternativas a la Incineración (GAIA) y Break Free From Plastics (BFFP), organizaciones que también hicieron el ejercicio de rastrear si los países de la región tienen alguna ley o marco que los regule.
De 34 países –y para mediados de 2025–, 23 tenían alguna legislación nacional específica, tres contaban con normas departamentales o estatales, y solo siete (el 20%) estaban en blanco. Pero si se tiene en cuenta el reciente decreto federal de Brasil que, entre otras cosas, exige un contenido mínimo de material reciclado en envases de plástico, empezando porque sea del 22% desde 2026 y aumente gradualmente a 2040, el número de países con legislación actual es de 24. Mientras en el Caribe todos los países han aprobado alguna normal nacional, en Centroamérica y México solo lo han hecho el 38% y, en Sudamérica, un 50%.
Legislación contra los plásticos en América Latina y el Caribe
En el Caribe, por estar conformado de islas, donde el mar es cercano, el exceso de plásticos evidente, y el cambio climático golpea fuerte (el petróleo es la principal materia prima para la fabricación de la mayoría de plásticos), los países han sabido actuar más pronto. Como recuerda Quesada, en 2007 se convirtieron en uno de los primeros lugares en crear un plan regional sobre basura marina. Pocos años después, en 2012, Haití fue pionero en el subcontinente al prohibir ciertos productos plásticos de un solo uso, aunque, como señala el reporte, “la puesta en práctica de la legislación enfrenta desafíos significativos”. Con diversas leyes, además, Antigua y Barbuda dio la parada para hacer las normas más estrictas. Desde 2018 prohibió los recipientes de poliestireno expandido (conocido como icopor, unicel, telgopor y plumavit), así como los plásticos de un solo uso. Algo que no han logrado muchos.
En América Latina y el Caribe, los productos que más se han prohibido son las bolsas plásticas (88%), las pajillas, popotes o pitillos (63%), el poliestireno expandido (51%) y los contenedores de alimentos (43%).
Prohibición específica de productos plásticos en América Latina y el Caribe
Adméas, a través de metodologías que se han realizado para otros artículos científicos, el trabajo de Rodríguez apunta que, en la región, la producción primaria de resinas plásticas se concentra casi en su totalidad en cinco países asociados a la existencia de la industria petrolera: Brasil, México, Argentina, Colombia y Venezuela. Hacerle trazabilidad a la botella de plástico que llega a nuestras manos no es fácil: tiene varias materias primas y no hay transparencia desde los sectores en decir desde dónde vienen los insumos. Esa falta de información pública se suma a la lista de por qué no hemos sido capaces de cortar la relación con los plásticos.
elpais.com
Análisis Noticiosos
La jurisdicción contenciosa administrativa, una caricatura del sistema de justicia.
Por José Cabral.
En una sociedad como la dominicana, donde los antivalores aparecen en todos los escenarios, fruto de una herencia histórico- cultural fundamentada en el caudillismo, el machismo, el patriarcado, el amiguismo, entre otras distorsiones, es lo que explica que el país haya caído en dictaduras férreas como las de Pedro Santana, Ulises Heureaux (Lilí y la de Rafael Leónidas Trujillo Molina.
Esta vocación dictatorial todavía perdura en muchos dominicanos, ya que, aunque se salió de esos gobiernos violadores de derechos humanos fundamentales, pero aún perdura la tendencia en el país, máxime cuando una persona adquiere cierta autooridad a través de la administración pública, la inclinación por las arbitrariedades que provienen del poder.
Entonces, a partir de esa premisa se puede decir que la jurisdicción contenciosa administrativa juega un papel de primer orden en el sistema de justicia nacional, porque tiene la sagrada misión de juzgar a la administración frente a los abusos que se cometen en contra del administrado.
Los avances en esta rama del derecho que se observan en los textos de las leyes 13-07 y 107-13, las cuales son una continuación de lo que consignan los artículos 164 y 167 de la Constitución de la Republica, no parecen que jueguen su papel en el marco del proceso de constitucionalización del derecho que se produce en el país desde el año 2010.
La jurisdicción contenciosa administrativa parece que se ha quedado estacionaria en lo que disponía la Ley 1494 de que a través de ella la administración se juzgaba a sí misma, mediante la llamada justicia tenida, ya que sus sentencias son una especie de bochorno y evitan que el ciudadano pueda recurrir en contra de la conducta abusiva del funcionario público.
Las sentencias de los jueces de la jurisdicción contenciosa administrativa son la principal frustración y negación del proceso de constitucionalización del derecho, cuyas ponderaciones dejan mucho que desear y son decepcionantes para que el administrado logre sobreponerse a los atropellos de la administración que ya no encajan en el contexto del neo-constitucionalismo.
Naturalmente, hay que decir que el fenómeno no es exclusivo de la jurisdicción contenciosa administrativa, sino de todo el sistema de justicia, en el que se observa que se producen graves violaciones a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, así como de principios como el de celeridad procesal, el plazo razonable que devienen en justicia tardía, que no es otra cosa que denegación de justicia.
Todo este cuadro dice claramente que en el país todavía no se ha superado la denominada constitución de fachada, es decir, que la misma es muy bonita en el papel, pero que la práctica es una negación de ella, lo cual deja muy mal parada a la democracia nacional.
Sin embargo, hay que ratificar que lo que se observa en la jurisdicción contenciosa administrativa llena de vergüenza a los que de alguna manera abogan por una mejor administración de justicia, cuyas principales decisiones casi siempre terminan en nulidad mediante los recursos de revisión en esta materia elevados ante el Tribunal Constitucional (TC)
Lo interesante de las debilidades que se observan en todo el sistema de justicia es que en los discursos de los que lo representan, como el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el país camina tan bien en esta materia que habría que compararlo con las naciones donde el estado de derecho tiene un real y contundente empoderamiento.
¿Percepción o realidad?
Por José Cabral
En la República Dominicana se estila hablar de que en el país se ha avanzado en lo referente al Estado Social Democrático de Derecho, lo cual sólo existe en la cabeza de los que se la pasan proyectando una percepción que nada tiene que ver con la realidad.
Puede decirse que el proceso de constitucionalización del derecho se produce en el papel, pero no en la realidad, lo que crea una serie de incertidumbres en la sociedad.
La jurisdicción contenciosa administrativa es una que no hay forma de que tenga un desempeño en función de una buena administración de justicia, porque si el funcionario público incurre en graves violaciones de los derechos fundamentales, peor pasa con los jueces de la misma, quienes no hay forma de que demuestren que se manejan en función del impacto de los valores y principios constitucionales en sus decisiones, lo cual es definitivamente una negación de los supuestos avances en esta materia.
Las sentencias de la jurisdicción contenciosa administrativa son una especie de caja de resonancia de los pedidos en sus conclusiones de la Procuraduría General Administrativa, cuyos contrasentidos jurídicos son el pan de cada día en las audiencias de sus diferentes salas, lo que impacta negativamente al ciudadano.
Por el momento quiero reproducir una carta enviada al presidente del Tribunal Superior Administrativa ante una decisión tomada en virtud de la solicitud de una medida cautelar frente a los abusos que comete la empresa Distribuidora del Norte (EDENORTE) en contra de los usuarios.
Sin embargo, la falta de razonabilidad y racionalidad de los jueces del Tribunal Superior Administrativo (TSA), principalmente de su presidente, causa más indignación que los atropellos que comete el órgano del Estado que maneja la referida empresa.
A continuación reproduzco la carta enviada al presidente del TSA a propósito de su sentencia mediante la cual niega una medida cautelar, cuyo razonamiento, aparte de ridículo, revela hasta donde en el país se cuenta con una Constitución de fachada, cuyo respeto a los derechos fundamentales sólo existe en el texto, pero no en la realidad.
Señor
Magistrado Diomedes Y. Villalona G.
Presidente del Tribunal Superior Administrativo
Magistrado Villalona:
La presente es para dejar sentada mi indignación por la reiteración de decisiones que dejan muy mal parada a la jurisdicción contenciosa administrativa en la República Dominicana, cuyo desempeño deja mucho que desear, a pesar de que se enarbola que su base de sustentación es el nuevo constitucionalismo que se rige por valores y principios.
El mejor ejemplo de que la jurisdicción contenciosa administrativa se maneja con un nivel de razonabilidad y de racionalidad que no supera lo que ocurre en los juzgados de paz o tribunales inferiores, donde las decisiones son generalmente muy superficiales y carentes de una aceptable ponderación, es la sentencia emitida y que genera la presente comunicación.
La última joya del presidente del Tribunal Superior Administrativo ante los abusos cometidos por la Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE), la cual ha incurrido en una serie de atropellos que revelan que los derechos de los consumidores y de los administrados están en manos de juzgadores que sólo sirven como caja de resonancia de los funcionarios públicos que actúan al margen de la Ley 13-07 y de la 107-13, así como de la 1494, ya que su misión no parece ser otra que imponer una carga procesal y económica que se agrava cuando finalmente se emite un fallo carente de toda lógica jurídica en detrimento del impetrante y en favor del impetrado..
En este sentido, he querido dejar sentado mi rechazo al comportamiento y el daño que genera esta jurisdicción contenciosa administrativa en detrimento de un buen derecho, de una buena administración de justicia, que deteriora la imagen del sistema de justicia en la República Dominicana, dado que en el fallo se establece qué tan grande es su falta de razonabilidad al negar una medida cautelar en virtud de un corte del servicio de electricidad que lleva varios meses bajo el argumento de que no se aportaron pruebas de que el recurrente no tiene el referido servicio, pese a que la propia ley ofrece la respuesta al respecto.
Cómo se puede entender semejante decisión, ya que es un contrasentido que el recurrente diga que se le cortó arbitrariamente el servicio de energía eléctrica y que mediante la medida cautelar solicite la reconexión del mismo, pero que, en un choque con cualquier razonamiento lógico, máxime cuando la parte recurrida no ha invocado lo contrario de lo alegado por el cliente, el tribunal niegue el pedido sustentándose en que no se aportaron las pruebas al respecto, sobre todo cuando el órgano se niega a entregar documentos que comprometan su irresponsabilidad e ilegalidad.
La realidad es que ese desempeño de la jurisdicción contenciosa administrativa es una vergüenza ante el proclamado empoderamiento del neoconstitucionalismo, que se basa en la aplicación de valores y principios que van de las manos con los derechos humanos fundamentales.
La decisión tomada en torno a la medida cautelar es una especie de anuncio anticipado de que el recurso que tiene que ver con el fondo también será fallado en contra, en razón de que, como digo más arriba, la decisión tomada deja muy claro que las acciones de cualquier administrado es un esfuerzo perdido por los criterios con que se maneja la jurisdicción contenciosa administrativa en el país, convirtiéndose en una vergüenza para el derecho comparado, interamericano e internacional.
El mejor consejo para cualquier administrado abusado por la administración es desistir de buscar justicia en la jurisdicción contenciosa administrativa por representar una vergüenza para el sistema de justicia nacional, ya que como lo dije más arriba sus decisiones están determinadas por los contrasentidos jurídicos que invoca generalmente la Procuraduría General Administrativa, cuyos procesos para lo único que sirven es para aumentar la carga procesal y costos económicos en desfavor del ciudadano a través de notificaciones arbitrarias y abusivas.
Este desempeño de la jurisdicción contenciosa administrativa, la cual todavía está estacionaria en la llamada justicia retenida, mediante la cual la administración se juzga a sí misma y cuyos jueces eran designados por el Poder Ejecutivo, igual que el que preside la Procuraduría General Administrativa, llena de vergüenza a cualquier buen dominicano, dado que se supone que el Tribunal Superior Administrativa está bajo el control y la tutela de la Suprema Corte de Justicia en virtud del mandato de la Ley 13-07.
Evidentemente que la decisión de negar la medida cautelar tiene el propósito de condenar al fracaso la demanda principal en razón de que impone que el recurrente tenga que negociar con EDENORTE para restablecer el servicio y de ese modo disponer la inadmisibilidad de la misma por existir un acuerdo que deja sin sentido el pedido principal de la parte recurrente que, entre otras cosas, busca una indemnización por los daños morales y materiales causados.
No está de más recordar que el artículo 22 de la Ley 107-13 sobre Derechos de las Personas ante la Administración y el derecho a la defensa establece que la administración debe probar sus alegatos. El procedimiento sancionador obliga a la administración a sustentar la validez de sus actos y pruebas, además que existe la carga de la prueba que en los procedimientos sancionadores la administración pública tiene la obligación de probar los hechos que fundamentan sus decisiones contra un ciudadano en función del principio de legalidad, ya que el funcionario público está limitado por las normas de procedimiento y la Constitución, no pudiendo actuar sin sustento probatorio, ya que la presunción de validez no es absoluta. Otro principio violado por la jurisdicción contenciosa administrativa es el de celeridad, consignado en el artículo 19 de la Ley 107-13, en cuya virtud las actuaciones administrativas se realizarán optimizando el uso del tiempo, resolviendo los procedimientos en plazo razonable que, en todo caso, no podrá superar los dos meses a contar desde la presentación de la solicitud en el órgano correspondiente, salvo que la legislación sectorial indique un plazo mayor. En especial, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones a los efectos de que los procedimientos se tramiten con diligencia y sin dilaciones injustificadas, de manera escrita o a través de técnicas y medios electrónicos. La medida cautelar solicitada por el impetrante fue fallada en contra de lo que dispone al articulo 7 de la Ley 13-07, Orgánica del Tribunal Superior Administrativo, la cual se conoció el 16 de diciembre y fue fallada el 22 de enero, pese a que se habla de cinco días después de la celebrada la audiencia en la que las partes plantean sus conclusiones, principalmente cuando hay una afectación mayor, porque el recurrente no tiene servicio de energía eléctrica y que en consecuencia todas las labores comerciales y empresariales están paralizadas y la reactivación está determinada por el fallo de la misma.
Este es un ejemplo de que en el país existe una Constitución de fachada que niega los supuestos avances y fortalecimiento del Estado Social Democrático de Derecho, lo cual es una explicación de que República Dominicana es una sociedad que vive más de la percepción que de la realidad.
Sin otro particular,
José Antonio Cabral Salcedo.