Análisis Noticiosos
Cárcel de Guantánamo: Una historia de infamia
El día 16 de noviembre del 2008, el recién electo presidente estadounidense, Barack Hussein Obama, concedió su primera entrevista de prensa. El escenario escogido fue el programa de televisión de la cadena CBS “60 Minutos”. Allí, ante millones de televidentes estadounidenses y otros tanto cientos de millones a lo largo del mundo, se escucharon algunas promesas del mandatario afroamericano en materia de política exterior.
Parte de ese compromiso de campaña y discursivo de Obama, al momento del triunfo, remitía a que Estados Unidos bajo su administración de gobierno, no cometería los errores de su antecesor George W. Bush y haría efectiva dos medidas apenas tomara posesión de la Casa Blanca el día 20 de enero del año 2009: reunirse con sus asesores de seguridad nacional y con los responsables militares para diseñar un plan que permitiera el retiro de las tropas desplegadas en Irak y en segundo lugar ordenar el cierre de la cárcel militar de la Base de Guantánamo.
Esta última decisión se enmarcaba en las acusaciones al gobierno estadounidense y al ejército de ese país de torturar a cientos de prisioneros en el enclave colonial de Guantánamo, donde radica una Base militar y Naval de Estados Unidos a contrapelo de la soberanía cubana y donde instalaron una cárcel, para detener allí a los sospechoso de actividades terroristas de la organización Al Qaeda, tras los atentados del 11 de septiembre del año 2001 en Nueva York y Washington. La prisión, alberga en la actualidad a 149 detenidos, 79 de los cuales han sido declarados liberables. Llegó a tener 600 prisioneros en total.
La cárcel de Guantánamo representaba, según Obama, la más seria amenaza a la credibilidad de Estados Unidos como una democracia defensora de los derechos humanos. Resultaba, por tanto, intolerable e inaceptable, para Obama, que la “mayor democracia del mundo” fuera acusada de permitir torturas contra prisioneros a los cuales se acusaba de terrorismo pero cuyos juicios y supuestos actos criminales, en la gran mayoría no había sido demostrados, habían sido obtenidos bajo apremios físicos y sicológicos, con largos años años privados de libertad, sufriendo condiciones de confinamiento por largos períodos y condiciones de habitabilidad bajo temperaturas sofocantes con uso de métodos de interrogatorio absolutamente prohibidos por todas las convenciones internacionales. Una cárcel que merecía críticas de organismos internacionales en defensa de los derechos humanos e incluso líderes de opinión dentro de los propios Estados Unidos.
En ese panorama de inmoralidad, Obama se planteó a inicios de su primer período presidencial esa percepción. Ello implicaba transitar hacia el cierre del recinto y trasladar los presos a territorio estadounidense continental, acelerar procesos judiciales de aquellas personas que quedaría demostrado, tras largos años de encierro, que eran inocentes e incluso pensar en enviar parte de esos prisioneros a sus países de origen para que fuesen juzgados allá. Obama sostuvo que “como parte de un esfuerzo para restaurar la autoridad moral de Estados Unidos cerraré Guantánamo. He dicho reiteradamente que Estados unidos no tortura y me aseguraré que no torturamos”.
Tras seis años de gobierno, terminado el primer período presidencial y reelecto, bajo las mimas promesas anteriores, el análisis en materia de cumplimiento de compromiso de este Premio Nobel de la Paz, Barack Obama, demostró, no sólo el absoluto desprecio a la palabra comprometida, sino también a que este presidente está sujeto a los designios y decisiones no de la sociedad estadounidense, sino del aparataje del complejo militar-industrial estadounidense, que es quien define qué se hace en materia de política exterior, que favorezca los intereses geoestratégicos de esta superpotencia. Obama no sólo ha incumplido la palabra empeñada, lo seguirá haciendo pues está absolutamente imposibilitado políticamente de lograrlo tras sus desastrosas intervenciones, principalmente en Libia y Siria, además de Irak con su fracasada política del Leading From Behind.
La historia de mentiras no cesa
En el mes de enero de este año 2014, como parte de un Mensaje a la nación, Obama reiteró la intención de cerrar la prisión de Guantánamo y reubicar aquellos prisioneros que aún permanecen en este recinto – 149 hombres, principalmente de Afganistán, Paquistán y yemenitas – y reubicar aquellos presos que aún permanecen en este recinto.
Ante esa idea el Congreso norteamericano estableció una serie de frenos legales, para evitar así que Obama cerrara la cárcel, trasladarlos a Estados Unidos y juzgarlos allá o enviarlos a otro país. Desde 2009, 18 países de todo el mundo han acogido a un total de 48 detenidos, reduciendo la lista a 149. Desde la apertura de este campo de torturas 600 prisioneros de guerra de un total de 35 nacionalidades, han pasado parte importante de sus vidas privados de libertad. Este cronista señalaba a medios de comunicación en esa oportunidad que “Doce años desde que se instaló la prisión ilegal de Guantánamo y cinco desde la promesa de Barack Obama respecto a que la cerraría. Nuevamente se promete cerrar una cárcel considerada una vergüenza para el mundo, una vergüenza para los Estados Unidos y, sobre todo, que sigue siendo el peor ejemplo del peor atentado a los derechos humanos que puede cometer una nación”
En el mes de abril del 2014, nuevamente Obama volvió a la carga señalando que su intención era cerrar Guantánamo como recinto carcelario. En las clásicas palabras de quien dirige la mayor economía del mundo, Barack Obama, ni siquiera hizo mención la carácter inhumano de esta Cárcel sino que debería ser cerrada porque “Guantánamo es cara y es ineficaz, daña nuestra imagen internacional y reduce la cooperación con nuestros aliados en los esfuerzos antiterroristas además de ser una herramienta para el reclutamiento de extremistas” pero, las fatuas palabras de Obama reflejaban simplemente un discurso vacío, carente de verdaderas intenciones, sobre todo si recordamos que el mismo Obama es el autor de una orden Ejecutiva para preservar el sistema de detenciones indefinida de Guantánamo sin que haya sido derogada.?
Para Glenn Greenwald abogado constitucionalista estadounidense, columnista, bloguero y escritor daba luces sobre estas expresiones de Obama, más voladores de luces que una realidad “Obama debería reunir el coraje político necesario para enfrentarse al Congreso en el tema de Guantánamo. Si su Secretario de Defensa es incapaz de certificar un traslado en condiciones difíciles, Obama conserva la capacidad para trasladar prisioneros con una exención de seguridad nacional, una potestad que nunca ha utilizado… Mantenerles en Guantánamo a causa de su nacionalidad va en contra de la justicia… Obama parece haber tirado la toalla sobre Guantánamo. En enero, cerró la oficina del enviado que estaba al frente de los esfuerzos para cerrar la instalación. Ahora, el ejército estadounidense está invirtiendo en un cable de fibra óptica hasta la base y planeando cuidados médicos especialidades para detenidos de edad. Eso sugiere que algunos van a seguir allí el resto de su vida natural”
Pese a la denuncia permanente de las atrocidades cometidas por la CIA y las fuerzas militares estadounidenses, la base sigue abierta y efectivamente represente un enorme gasto para los contribuyentes norteamericanos, pues cada interno le cuesta al presupuesto estatal unos 800 mil dólares al año contra los 35 mil con los que se mantiene un preso en los establecimientos penitenciarios en la Unión. Pero, más allá de ese gasto, ¡allá ellos que se gasten su dinero!!!! el que sea utilizado para encerrar, torturar, vejar y violentar los derechos humanos de decenas de presos políticos es una aberración que hay que condenar con todas nuestras fuerzas.
En la lógica mercantilista estadounidense, Guantánamo es una cárcel cara – por tanto representa un gasto que hay que controlar – es ineficaz – no ha cumplido el propósito de acallar las voces y acciones de protesta contra las intervenciones de Estados Unidos en el mundo. Ni siquiera se habla de la posibilidad de restituir ese territorio a su legítimo dueño: Cuba – sino que simplemente se habla de cerrarla por “razones económicas y de imagen. La vergüenza que cubre el actuar internacional de la mayor potencia del mundo tiene nombre: es la ignominiosa cárcel de la base naval de Guantánamo.
La Cárcel Militar de Guantánamo no es una prisión, es un campo de torturas. Es la versión moderna de los campos de concentración nazis de la segunda guerra mundial. Son la versión en tierras americanas de Treblinka, Auschwitz y Dachau entre otros centros de tortura, de desaparición y genocidio. Son la versión estadounidense de Villa Grimaldi, de Tejas Verdes en Chile, de la Escuela de Mecánica de la Armada en Argentina. Son la expresión que las autoridades estadounidenses ignoran los derechos humanos que dicen defender. Son el ejemplo patente que Estados Unidos es el mayor violador de derechos humanos en el mundo.
En ese mes de abril del 2014, al que hago referencia, específicamente el día lunes 29, aterrizaron en el aeropuerto de Guantánamo, refuerzos médicos, enfermeras y técnicos para atender a 130 huelguistas musulmanes en huelga de hambre, desde el 6 de febrero del 2014. Ese refuerzo tuvo un significado: aún más tortura a los detenidos, claro que ahora bajo supervisión médica, de tal manera que no fueran a morirse en esas sesiones de alimentación forzada, que han sido criticada incluso por la Cruz Roja internacional. Este organismo internacional, el único autorizado a entrar al centro militar, reiteró que está en contra de ese procedimiento y respeta el principio de permitir a los detenidos elegir su destino.
Las autoridades militares han implementado ese método de alimentación forzoso, que consiste en insertar una sonda nasogástrica (un tubo plástico) por la nariz, que llegue hasta el estómago para así introducir nutrientes líquidos “No permitiremos que ningún preso se muera de hambre”, aseguró el portavoz de la prisión, el teniente coronel Samuel House. Palabras que reflejan el deseo final “que los presos mueran confinados pero no de hambre”.
Para el relator especial de Naciones Unidas contra la Tortura, el argentino Juan Méndez, «en determinadas condiciones la alimentación forzada puede ser un trato cruel, inhumano y degradante, y en algunos casos, hasta una tortura. La alimentación forzada es un procedimiento muy violento, que implica atar al detenido, introducirle tubos por la nariz hasta el estómago y forzarlo a aceptar la comida sin vomitar, algo que puede durar varias horas”
Obama, ha reiterado en varias oportunidades que comparte la decisión de alimentar a los prisioneros con sondas nasogástricas “No quiero que esos individuos mueran”, ha asegurado el presidente sobre una población reclusa que en un 50%, según dictámenes de las propias autoridades estadounidenses no representan peligro alguno y sin embargo llevan 11 años encarcelados. En Guantánamo, según datos de la Cruz Roja, existen 166 detenidos que fueron capturados en el extranjero en operaciones que significaron la complicidad de cuerpos de seguridad de Paquistán, Israel, las nuevas autoridades Libias, Afganistán e Irak entre otras.
Todos ellos y llevan más de una década sin enfrentar juicio ni cargos concretos. Son esos presos, la gran mayoría, quienes han desafiado a las autoridades carcelarias a través de sus ayunos y huelgas de hambre, para denunciar el confinamiento por tiempo indefinido al que son sometidos, las largas horas sometidos a permanecer amarrados al piso en posición fetal, privados de alimentos y agua, amarrados con cadenas bajo un sol inclemente, el registro a sus pertenencias y la confiscación de copias del Corán.
Y aunque Estados Unidos se ha obstinado en silenciar lo que ocurre en el centro de tortura, el asunto incluso se convierte en un tema con muchas aristas para sus relaciones internacionales. Tal ha sido el caso de las represalias rusas frente a las sanciones estadounidenses por el conflicto en Ucrania. La Cancillería rusa, en pleno diferendo por las sanciones y sus réplicas, emitió un listado con el nombre de 18 funcionarios estadounidenses a los que se les niega el ingreso a Moscú. “Nuestra lista incluye principalmente a aquellos responsables de legalizar la tortura y mantener convictos ilimitadamente en la prisión especial de Guantánamo, de detener y secuestrar ciudadanos rusos en terceros países y de poner en peligro sus vidas y su salud”, argumenta el texto del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En esta historia vil contra los derechos de decenas de hombres encarcelados en el enclave colonial de Guantánamo, el pasado día 29 de septiembre el Secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el chileno José Miguel Insulza, pidió a los países latinoamericanos que tomen medidas destinadas a acoger en sus territorio a presos de Guantánamo de entre los 79 que Estados Unidos ha señalado están en condiciones de ser liberados si alguna nación les recibe. «Solicito respetuosamente a los países que puedan hacerlo, de manera consistente con sus políticas nacionales y su legalidad interna, considerar favorablemente esta situación, para recibir a personas actualmente recluidas en Guantánamo, con el fin de permitirles retomar sus vidas después de su prolongada detención» aseveró Insulza.
Esta idea ha surgido en el marco de los deseos de la administración de Obama de cerrar el penal, donde ha encontrado la férrea oposición de los congresistas republicanos de trasladar a los presos a territorio estadounidense. «Una respuesta favorable para recibir a un número reducido de ellos, que no presenten riesgo para su seguridad, contribuiría a reducir sustantivamente este grave caso humanitario en territorio de las Américas» declaró el Secretario General de la OEA.
Insulza, con una comprometedora declaración permitió dar luces sobre las graves trasgresiones a los derechos humanos de esos 79 presos “Se trata de personas que no han sido juzgadas, ni lo serán, por crimen alguno y las exhaustivas evaluaciones a que han sido sometidas por parte de las autoridades de Estados Unidos han determinado que no presentan riesgos graves para la seguridad de este país, ni de aquel que los acoja» Entonces, la pregunta que sale a borbotones, indignada, impotente y de claro rechazo a las políticas estadounidenses es ¿cómo es posible que esos 79 hombres hayan pasado una década en la cárcel, bajo sufrimientos inenarrables, sometidos a apremios físicos y sicológicos que han merecido la condena unánime de organizaciones defensoras de derechos humanos de todo el mundo, para que finalmente las propias autoridades que los encarcelaron afirmen que no representan peligro alguno? Este es un escándalo mayúsculo, es una prueba más de la ignominia, el descaro y la prepotencia de Estados Unidos frente a los derechos humanos.
Las declaraciones de Insulza se dieron con apego a la línea manifestada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), que fue el primer organismo internacional en solicitar el cierre de la cárcel de Guantánamo, como también exigir a Washington medidas cautelares para la protección de los derechos de los prisioneros de Guantánamo y poder visitarlos que en repetidas oportunidades ha llamado al cierre de dicho campo de detención. Igualmente las declaraciones de Insulza consignaron la necesidad de saber qué va a pasar con los otros 70 prisioneros, sobre los cuales estados unidos debería tomar una decisión. En la cual, lo más probable, vista la negativa republicana a trasladarlos a territorio contiene tal estadounidense, terminen encerrados en la misma base naval.
Para continuar con esta historia de infamia del gobierno estadounidense, a días de las elecciones para elegir parlamentarios para su Cámara de Representantes, el día 4 de noviembre, el presidente Obama declaró – por enésima vez su intención de cerrar Guantánamo y enviar los presos a territorio estadounidense para juzgarlos. Frente a esas palabras, los legisladores republicanos advirtieron, por boca del presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner que “Obama cometería un peligroso error si decidía trasladar a esos detenidos a cárceles en Estados Unidos. Una aplastante mayoría de estadounidenses y de legisladores de los dos partidos (…) se opone a trasladar a Estados Unidos a los terroristas encarcelados en Guantánamo, y sin embargo la Casa Blanca sigue avanzando en sus proyectos…En momentos en que los yihadistas islámicos decapitan estadounidenses, la Casa Blanca está tan decidida a trasladar a estos terroristas desde Guantánamo a Estados Unidos que analiza la manera de ignorar al Congreso y reescribir unilateralmente la ley” sostuvo Boehner quien calificó la iniciativa del Premio Nobel de la Paz como “otro ejemplo de la herencia de ilegalidad que nos dejará esta administración”.
Al margen de las declaraciones de los organismos internacionales, los líderes de opinión y los gobiernos de los países que condena la existencia de esta Cárcel de la vergüenza, las sociedades, los pueblos del mundo tenemos el deber de emitir y dar a conocer nuestro rechazo a la presencia de una base naval de un país extranjero en territorio cubano, una base ilegal que representa un enclave colonial en un país soberano, que además es utilizado como campo de confinamiento y tortura.
Nuestras palabras no sólo deben ser de rechazo ante las promesas incumplidas de este singular premio Nobel de la paz, sino también a la necesidad de que se retire cualquier país ocupante de cualquier enclave en cualquier parte del mundo. Guantánamo debe ser cerrado, los soldados a su casa, el territorio volver a Cuba, los presos que han sido torturados, despreciados, humillados y privados de su libertad por una década ya deben volver a sus hogares. Estados unidos debe cesar su papel de arrogante, soberbio, sargento del mundo o someterse – en la propia lógica llevada a cabo por sus administraciones de gobierno de dar y recibir «diente por diente» y se entienda, por tanto que existan represalias ante su actuar de gendarme mundial.
PABLO JOFRÉ LEAL
Artículo del Autor cedido por Hispantv
En México, la alerta de las inundaciones recientes llegó “cuando la ola ya estaba encima”, según dijo un testigo. En Haití, el huracán ‘Melissa’ no llegó, pero fue el país del Caribe donde más muertes dejó el potente ciclón. Los desastres se vuelven catástrofes por sistemas que se omiten y presupuestos que se desvían
Podemos hablar del paso de los huracanes y tormentas como si fueran una serie de números y nombres que desfilan: Erin, Gabrielle, Humberto, Imelda, Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen, Lorenzo y Melissa. El último de esta temporada 2025 en el Atlántico, Melissa, dejó al 77% de Jamaica sin electricidad, al menos 28 muertos, más de 25.000 personas en refugios de emergencia; a Haití con 40 fallecidos, decenas de desaparecidos y más de 160 viviendas inundadas; a Cuba con 735.000 personas evacuadas.
Y pensamos en esas personas —las afortunadas— que siguen con vida, pero que perdieron sus hogares y que no tienen dinero para reconstruirlas; que con el tiempo terminarán por reconstruir(se) hasta que el paso de un futuro huracán les vuelva a atravesar por la mitad.
Empezamos, entonces, a asimilar mejor el concepto de “injusticia climática” cuando desciframos estas cifras en el periódico y vemos los encabezados que compiten en grandilocuencia: “el más devastador”, “el más fuerte”, “el más destructivo”. Atravesados como rayo por la palabra cambio climático.
Es más difícil pensar en conceptos y cifras cuando estos se viven en carne propia. Es, también, más difícil tomar distancia de estas tragedias para preguntarse qué convirtió estos desastres en catástrofes humanitarias, crisis de salud pública y económicas. ¿Qué tuvo que acontecer para que esto sucediera?
Quisiera hablar de desastres en un sentido más amplio. En México, hace tan solo unas semanas, lluvias torrenciales en cinco estados provocaron la muerte de al menos 70 personas y otras 70 más siguen desaparecidas. Se estima, también, que hay más de 100.000 viviendas afectadas. Cuando nos preguntamos qué pasó, los sobrevivientes hablan: “La alerta llegó cuando la ola ya estaba encima”.
Y entonces, empezamos a entender el tipo de cosas que tienen que acontecer para que lo inevitable suceda.
En su momento, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo que no se escatimaría en recursos para atender a víctimas y que este año se aprobaron 19.000 millones de pesos mexicanos (unos 1.200 millones de dólares) para la atención de desastres.
Pero la atención no es lo mismo que la prevención. Como no es lo mismo salvar vidas que resarcir daños y enterrar muertos.
Cuando vemos los masivos recortes presupuestales a los sistemas de alerta temprana en México, en beneficio al tren Maya, a PEMEX, entre otros, entendemos por qué, el sistema mexicano de protección civil, que fue único e innovador a nivel global en su momento, sea tan insuficiente hoy en día. Se explica mejor el desmoronamiento de la comunicación de riesgos, la ausencia de convenios de colaboración con las telefonías para que alerten a las poblaciones vulnerables y los fondos de Prevención de Desastres desarticulados.
Este es el tipo de cosas que hacen que lo inevitable suceda.
En junio de este año, la ONU lanzó las alertas en Haití: el 96% de la población estaba en riesgos por desastres y, sin embargo, no existía el financiamiento necesario para activar sistemas de prevención ni material de emergencia post-desastre. Hacía tan solo unos meses, la ONU había decretado que el gobierno no tenía la capacidad de proteger a su población en su entrada a la época más difícil del año, la presente y temible temporada de huracanes. La ONU pedía 908 millones de dólares para apoyar a Haití, a mediados de junio tan solo había logrado reunir el 8%.
Este es el tipo de cosas que hacen que lo inevitable suceda.
En México, como en muchos otros países, la memoria sobre lugares a riesgo se fue gradualmente borrando y la legislación se hizo esquiva: los territorios inundables se volvieron habitables y se convenció a las poblaciones vulnerables de que eran seguros. Se omitieron, también, las estrategias de prevención y adaptación.
Y el problema, después, fue que “la alerta llegó cuando la ola ya estaba encima”.
En Haití, el huracán Melissa no llegó. Pero en las últimas décadas, el país fue paulatinamente acabando con sus bosques y zonas húmedas que permitían las infiltraciones al subsuelo, limitando las inundaciones; transformó sus árboles en energía para electricidad y debilitó los territorios que eran barrera a los deslizamientos de terreno. El huracán Melissa no llegó, pero Haití, que tenía ya a 230.000 haitianos en refugios improvisados, sufrió las consecuencias más mortíferas de la región tras su paso.
Las dinámicas territoriales de las últimas décadas y la degradación de los ecosistemas son ese tipo de cosas que tienen que suceder para que lo inevitable acontezca.
Y así, los desastres se vuelven catástrofes por procesos que se construyen, sistemas que se omiten, presupuestos que se desvían, personas cuyas vidas se juzgan poco importantes. Los escenarios son conocidos, las tragedias son previsibles, pero por falta de capacidad, se vuelven imposibles de evitar.
Estos desastres y tragedias ocurren a tan solo una semana de que se lleve a cabo la COP30, el evento climático más importante a nivel global, en donde se decidirá, entre otros temas, las inversiones que tienen que ser destinadas a la adaptación, la ayuda que recibirán los países más vulnerables a los riesgos climáticos y el rol de esos estados insulares que, a pesar de no ser responsables del cambio climático, terminan siendo los más afectados.
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Análisis Noticiosos
Al menos 64 muertos y decenas de detenidos en una megaoperación contra el crimen organizado en Río de Janeiro
El gobernador afirma que “es una guerra que nada tiene que ver con la seguridad urbana” y pide ayuda a las Fuerzas Armadas
Sao Paulo.- Río de Janeiro vive este martes una jornada de caos colosal e intensos tiroteos por una operación policial contra el crimen organizado que ya es la más letal de la historia de la ciudad brasileña. Al menos 64 personas han muerto (incluidos cuatro agentes) y 81 han sido detenidas, según datos oficiales. El despliegue de 2.500 policías en esta megaoperación, que se ha centrado inicialmente en dos grandes barriadas cariocas de favelas, pretende frenar la expansión territorial del Comando Vermelho, el segundo grupo más poderoso del crimen organizado en el país sudamericano. El gobernador del Estado de Río, Claudio Castro, se ha quejado de que “Río está sola en esta guerra”, ha criticado la falta de apoyo del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y ha pedido ayuda a las Fuerzas Armadas.
Río de Janeiro, turística, antigua capital y el hogar de seis millones de vecinos, es simultáneamente una ciudad muy desigual y acostumbrada a la violencia, pero las dosis desplegadas este martes resultan extraordinarias incluso para los locales. El descomunal despliegue policial ha sido respondido con intensos tiroteos por los hombres del Comando Vermelho, que incluso han lanzado granadas desde drones sobre los agentes. Horas después, el grupo criminal ha desplegado a sus miembros, que han cortado avenidas y calles con barricadas por toda la ciudad y por la zona metropolitana.
Las autoridades han elevado el nivel de alerta en Río ciudad y los noticiarios se han llenado de imágenes de avenidas cortadas con autobuses, coches quemados y decenas de hombres sin camiseta a los que los agentes se llevan detenidos. La policía se ha incautado de al menos 75 fusiles.
El baño de sangre en Río se ha producido a las puertas de que Brasil acoja a partir de la semana que viene la cumbre mundial del cambio climático, la COP30, que se celebrará en Belém, en la Amazonia, a más de 3.000 kilómetros de distancia. El presidente Lula será el anfitrión de una cumbre los días 6 y 7.
El principal objetivo de la operación policial es el jefe del Comando Vermelho en una barriada carioca llamada Complexo da Penha, el capo Edgar Alves de Andrade, apodado Doca. Los agentes, que tenían un centenar de órdenes de arresto, también buscan a decenas de sus lugartenientes.
Ya a primera hora de la mañana, las autoridades habían anunciado que los tiroteos entre agentes y criminales obligaron a suspender las clases en 45 colegios y a desviar 12 líneas de autobús. Por la tarde, el CV había logrado cortar el tráfico en al menos una quincena de puntos de la ciudad, incluida la avenida Brasil, una de las principales arterias viarias. “Es un escenario de guerra”, le ha contado la profesora Suellen Gomes al diario Estadão desde el Complexo do Alemão. Según ella, los tiros empezaron al amanecer y nadie fue al colegio. “Ninguna escuela de esta zona abre cuando hay operación”, explica.
Para atrapar a los jefes del negocio, a los contables que les ayudan a blanquear sus ganancias y a los soldados de a pie que con los que mantienen el control absoluto sobre barriadas completas donde dictan la ley, las autoridades han movilizado un despliegue enorme. A los 2.500 agentes de la policía militar y la civil involucrados, se han sumado una treintena de vehículos blindados, dos helicópteros, drones policiales y una docena de vehículos de demolición.
El gobernador Castro, bolsonarista, se ha quejado de que las Fuerzas Armadas rechazaron tres veces sus peticiones para que le enviaran blindados de apoyo. Ha pedido ayuda a los militares con el argumento de que esta “es una guerra que nada tiene que ver con la seguridad urbana” sino que está alimentada “por las armas del narcotráfico internacional”.
El secretario de Seguridad Pública Victor Santos, ha destacado que toda la operación se diseñó y se realiza con apoyo del Gobierno federal. Santos ha lamentado el caos para los vecinos y los heridos, pero ha recalcado que esta acción “era necesaria, estaba planificada, se basa en inteligencia y va a continuar”.
El epicentro de la megaoperación son dos enormes conjuntos de favelas donde viven casi 300.000 personas, el Complexo da Penha y el Complexo do Alemão. El primero es, según la fiscalía de combate a las familias criminales de Río, un centro neurálgico de las actividades del Comando Vermelho. El Complexo da Penha, dice una nota del Grupo Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco), “es un punto estratégico para el flujo de drogas y armas, gracias a que está en las proximidades de varias autopistas, y se ha convertido en una de las principales bases del proyecto expansionista del grupo criminal”.
Uno de cada cuatro brasileños, es decir, 50 millones de personas, viven en barrios dominados por el crimen organizado, según un reciente estudio de la Universidad de Cambridge. El Comando Vermelho, el PCC u otros grupos armados, imponen su ley a sus vecinos y, en ocasiones, impide la acción de las autoridades. Los vecinos directamente afectados, que suelen ser pobres, negros y periféricos, se encuentran atrapados entre dos fuegos, abandonados por las autoridades, blanco fácil y presa de las balas perdidas, además de sometidos a extorsión.
En los últimos tiempos los delincuentes han descubierto las bondades del trabajo en remoto. Un fiscal del Estado amazónico de Rondonia explicaba recientemente en el diario O Globo que los jefes de las franquicias del Comando Vermelho por otros estados, sobre todo los fronterizos con otros países, se están refugiando en Río de Janeiro, que hasta este martes eran la principal guarida del grupo. “Se dieron cuenta de que el jefe ya no necesitaba estar en su estado natal. Podía estar protegido en Río y tomar decisiones por videollamada”, explicaba al diario carioca Anderson Batista de Oliveira, jefe del Gaeco en Rondonia. “El capo está en un lugar de difícil acceso para la policía, y la organización protege así a sus principales activos”, añadía.
Hasta ahora la operación más letal de Río era la de la favela de Jacarezinho, en el centro, donde en 2021 murieron 27 personas. La policía de Brasil es considerada una de las que más mata y más muere del mundo. En torno a un 10% de las muertes violentas suelen ser obra de uniformados. La de Río, tanto de la ciudad como del Estado, ha destacado durante años a nivel nacional por su alto. La creciente incorporación de cámaras en los uniformes ha contribuido a reducir las muertes en enfrentamientos a tiros con criminales.
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México.-La historia de Zhi Dong Zhang se parece más a la de un agente doble durante la Guerra Fría que a la de un capo chino del fentanilo. Acusado de mover miles de kilos de droga y de blanquear millones de dólares a través de una organización criminal con tentáculos en medio mundo, Zhi Dong fue detenido en otoño del año pasado en Ciudad de México. Es un objetivo prioritario para Estados Unidos y todo parecía listo para su inminente extradición. Pero este verano escapó y dio comienzo una peripecia por varios países en un desesperado intento por esquivar la justicia estadounidense.
La decisión del juez fue criticada incluso por la presidenta, Claudia Sheinbaum. En plena negociación de un acuerdo de seguridad con EE UU, que tiene al fentanilo como enemigo público número uno, la mandataria salió a defender los avances de su Gobierno en el combate contra el crimen y cargó contra la decisión judicial. “El juez, sin ningún argumento, porque la Fiscalía estuvo peleando y dando todos los argumentos, le da prisión domiciliaria. No debería de haber tenido esa resolución por parte de un juez”. “¿Cómo es posible?”, insistió la mandataria, quien argumentó que su Gobierno ha estado insistiendo “en la corrupción del Poder Judicial”. El mismo juez de la capital que dio la polémica orden de mandar a Zhi Dong a arresto domiciliario hizo lo mismo con el exprocurador general, Jesús Murillo Karam, acusado de desaparición forzada y tortura en el caso Ayotzinapa.
La fuga del narco chino sucedió además en un momento especialmente delicado. Seis días antes, un tribunal federal de Georgia había emitido nuevos cargos contra Zhi Dong. En concreto, le acusan de lavar, solo entre los años 2020 y 2021, al menos 20 millones de dólares en Estados Unidos, a través de una compleja trama de más de 150 empresas fantasma y 170 cuentas bancarias.
Célula mexicana, célula china
El cerco sobre Zhi Dong se estrechó tras la detención reciente de uno de sus operadores, Ruipeng Li, al que le confiscaron cientos de documentos bancarios vinculados con Zhi Dong. Según la denuncia del tribunal de Georgia, a la que ha tenido acceso este diario, Li explicó a las autoridades estadounidenses cómo estaba organizado el negocio criminal. Por un lado, una célula mexicana se encargaba de recolectar el dinero de la venta de droga a los traficantes finales. Por otro, una célula china se dedicaba a recibir ese dinero negro y lavarlo a través de la red de empresas y cuentas bancarias.
La denuncia recoge un listado exhaustivo de los pagos por goteo que se realizan en distintas cuentas y en diferentes Estados: Georgia, California, Illinois, Nueva York, Michigan. Siempre por sumas que no superaban los 100.000 dólares y siempre en entidades solventes como Bank of América, JP Morgan o Wells Fargo. Según la denuncia, porque “esos bancos están acostumbrados a recibir altas sumas de dinero sin hacer demasiadas preguntas”. La mayoría de las transacciones eran a favor de la empresa Mnemosyne International Trading Inc, una de las compañías fachada vinculadas a Zhi Dong.
La investigación de la DEA incluye la intervención de llamadas y mensajes, así como seguimientos a las casas de seguridad donde resguardaban la droga. Zhi Dong utilizaba palabras clave para comunicarse con sus cómplices. “Coffee” significaba fentanilo. “Food”, cocaína. Los cálculos sobre la cantidad total de droga que la organización transportaba de México a EE UU ascienden a más de 1000 kilos de cocaína y casi 2.000 de fentanilo.
La denuncia judicial incluye también una descripción de Zhi Dong. Nacido en Pekín en 1987. Algo más de un metro setenta de estatura y unos 80 kilos. Pelo negro y ojos marrones. Alías: Brother Wang, El Chino, Tocayo, Pancho y Nelson Mandela. El enigmático capo chino usaba diferentes identidades y pasaportes falsos para moverse sin levantar sospechas entre América, Asía y Europa. Hasta su fuga de Ciudad de México y su intento de entrada en Rusia y posterior destino en Cuba. Las andanzas de Zhi Dong parece que esta vez están más cerca de acabar en una prisión estadounidense.
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