Opinión
Cartas desde Denver: los entresijos de la nostalgia
Por Franklin Gutiérrez
Desde la aparición del internet y de las herramientas que facilitan su uso y expansión, pocas personas escriben cartas formales. La misiva cuidadosamente elaborada ha sido sustituida por el mensaje de texto el cual, por la premura de su escritura, casi siempre resulta ser un documento malogrado ortográfica y semánticamente.
Sin embargo, Ligia Minaya, conocida por sus cuentos y novelas carentes de tabúes sexuales, desoye a quienes alientan la extinción del género epistolar y nos entrega un volumen compuesto por treinta cartas con temática plural, titulado Cartas desde Denver. Sus destinatarios son amigos, familiares, escritores, políticos y religiosos.
Eso sí, su primera advertencia es: “Estas cartas no tienen pretensiones literarias”, y lo reitera. Advertencia dual, digo yo. Primero, porque le sirve a la autora para embotar las flechas punzantes de los oficiantes de la crítica literaria y, segundo, porque me libera de la engorrosa y comprometedora tarea de adjudicarle valor literario a esta producción suya. Pero hay astucia en dicha advertencia, pues Ligia sabe muy bien que para desnudarse con propiedad ante el lector es fundamental despojar el lenguaje de cualquier vestimenta que lo enturbie, y situar las ideas en el tiempo y el espacio apropiado. Y ella logra ambas cosas satisfactoriamente
Además de lenguaje sencillo e ideas precisas, Carta desde Denver es, en el más extenso e intenso sentido del vocablo, una radiografía del desarraigo, de la soledad que estimula la memoria evocando el ayer y exacerbando la nostalgia. Es un epistolario donde confluyen la añoranza por la patria dejada atrás, el pasado irrecuperable y los conflictos existenciales propios del emigrante recién llegado a cualquier país.
Desde la primera carta la emisora describe la sociedad norteamericana como un monstruo desalmado y deshumanizado empeñado en arrebatarle una dominicanidad cuya erección le ha costado seis décadas de trabajo intenso y de entrega patriótica. La deshumanización señalada por Ligia Minaya en Cartas desde Denver es misma descrita en 1918 por su compatriota Manuel Florentino Cestero, en su obra Estados Unidos por dentro.
“Los gringos son sosos, desalmados y extraños. Si a ellos les interesa gozar la vida a plenitud tienen que dominicanizarse”, sentencia Ligia en algunas de sus cartas, Pero su propuesta es utópica. Los gringos jamás serán semejantes a los dominicanos, un espacio abismal lo separa del latino y del caribeño. Ellos no dilapidan el tiempo en abrazos efusivos, mucho menos tomándose un “pote de romo” en una esquina con una manada de amigos. No buscan excusas baladíes para un lunes o marte cualquiera inventar un sancocho o armar una partida de dominó debajo de un almendro, tampoco faltan al trabajo cuando llueve. De ahí que a muchos emigrantes les cueste tanto entenderlos y asimilarse a ellos.
¡Cuánta nostalgia y melancolía entrega Ligia en esas páginas! La ausencia de la figura paterna durante niñez, la bailarina folclórica que jamás pudo ser, la mendicidad de los personajes populares de su Moca natal y el canturreo mañanero de las pregoneras de frutas.“Todo ese sabor criollo se desvanece cuando los gringos convierten al emigrante en un número de seguro social”, dice compungida. Y es justa su queja, porque es frustrante para cualquier ser humano entregarse físicamente a un país extraño hasta volverse un escupitajo, cuando su alma y sus pensamientos siguen prendidos al terruño natal.
Ocasionalmente la remitente de Cartas desde Denver apunta sus dardos hacia los políticos dominicanos del pasado y del presente por faltarle temple para erradicar la deficiencia del sistema educativo, la mediocridad de los servicios de salud y el problema de la electrificación, males que descalabran y empobrecen a la sociedad dominicana.
Pero no todo es llanto y desacierto en Cartas desde Denver. Porque desde lejos, tanto Ligia como millares de paisanos suyos radicados en los Estados Unidos y otros puntos del planeta, pueden apreciar mejor los vaivenes dela Patria, convertirse en celosos vigilantes de los desaciertos de sus gobernantes, amar con mayor intensidad a sus seres queridos y dejar de mendigarle servicios básicos y buena calidad de vida a quienes han secuestrado a la República Dominicana, convirtiéndola en su propiedad privada.
Sin ánimo de contrariarla, Ligia es una mujer suertuda y agraciada. Imagínese, lector mío, a un emigrante económico llegado tres o cuatro décadas antes que ella, sin tarjeta verde, sin un lugar donde guarecerse, sin seres queridos prestos a mimarlo y pasearlo por museos y parques gringos, con grandes deudas por solventar en su país de origen y el resto de la familia esperando sus remesas. En fin, sin nada para echar hacia delante, ni nadie para empujarlo. Invito a Ligia, pues, a disfrutar a plenitud esa extensa vacaciones que en su edad otoñal le ha regalado la vida.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.