Opinión
Caso Brasil y papeles sucios
Por Narciso Isa Conde
Es evidente que detrás del terremoto político brasileño y de los tumultuosos “PAPELES DE PANAMÁ”, está la ríspida competencia entre facciones de la lumpen burguesía transnacional: una de factura estadounidense y otras de cualquier otro origen o gravitación territorial no controlado por EEUU; así como también la lucha por el manejo y ubicación territorial de las sociedades ‘offshore’ y de las cuentas secretas por los grandes capitales de matriz norteamericana, y por el esfuerzo gringo por la radical conversión de Brasil en un Estado gendarme bajo control del Pentágono.
El bombardeo actual se centra en Panamá como paraíso fiscal y específicamente en las de sociedades offshore benevolentes con Estados y facciones burguesas que EU considera hostiles a sus intereses.
LAS DIFERENTES FACETAS DEL CASO BRASIL
El caso Brasil –como me escribe con mucha razón y agudeza el camarada Alfredo Pierre-
debe llamar la atención “no solo por el tamaño territorial y por ser la séptima economías del mundo”, agregando “como peligro la vocación imperialista” que subyace en sectores de poder de la clase dominante de esa potencia emergente. “Solo el tamaño de su territorio es un indicador de la apropiación y despojo”, recalca. Pero hay otras realidades tan importantes como ominosas que no tarda en mencionar.
Ya para los años 50 –me recuerda Pierre- “en su Escuela de Guerra se había elaborado la doctrina de seguridad nacional, antes que los yanquis se apropiaran con fuerza de ella; sin negar que los norteamericanos fueron la fuente de inspiración de la misma como resultado de la experiencia conjunta de las fuerzas expedicionarias brasileñas y del quinto ejército de EEUU en ITALIA durante la segunda guerra mundial, comandados por Vernon Walters y por Panasco Alvin”, muy conocidos por sus fechorías imperiales en nuestra América.
El general Alvin dirigió la llamada Fuerza Interamericana de Paz-FIP, mampara con que las tropas estadounidense invadieron la República Dominicana en 1965; sin necesidad ahora de mencionar los conocidos detalles de su rol en la gorilada brasileña y continental, pero sí de destacar el parecido de la mancuerna entre ambas fuerzas militares en la actual ocupación de Haití bajo el manto de la MINUSTHA.
Al decir de muchos, ese acontecimiento reciente, no es más que “una forma de entrenamiento de su ejército para enfrentar a las posibles rebeldías de las calientes favelas brasileñas”.
El libreto militar gringo, que incluye la plena reconquista del control político-militar de Brasil, actualmente remozado, tiene muy presente -como anota el referido camarada- los límites que presenta el Estado guerrerista-terrorista colombiano para el papel que el PENTÁGONO le ha asignado desde hace varios lustros; esto es, lo que en otros análisis he descrito como una variante de sub-imperialismo regional: algo así como una modalidad parecida a una especie de Israel en nuestra América, exportadora de experiencias, asesorías, mercenarismo, paramilitarismo…, capaz de expandir a la vecindad la llamada “guerra sucia” colombiana combinada con la “guerra de cuarta generación” estadounidense.
En consecuencia, tiene lógica que para esos fines específicos, a EEUU le convenga más en esta región un aliado militar con más fuerza industrial-tecnológica que Colombia, poseedor de un verdadero complejo militar industrial. Y, sin dudas, ese aliado podría ser un Brasil bajo control de una lumpen burguesía y una lumpen partidocracia más identificadas con los intereses imperiales del Norte revuelto y brutal, brutalmente militarizado y gansterizado.
Es claro que tal posibilidad se había visto obstruida durante estos últimos años por los cambios políticos a favor del PT y de ciertas facciones burguesas al interior del Brasil; cambios que estuvieron dirigidos a favorecer temporalmente al emergente imperialismo brasileño (con relativa independencia de WASHINGTON, aunque con vicios parecidos), proyecto ahora en franco declive.
Esto concuerda con mi percepción de que las veleidades burguesas de la cúpula del PT -sus asociaciones delictivas con corporaciones como ODEBRECHT, su opción por la mezcla de neoliberalismo light y social-democratización con corrupción, sobornos y paquetazos fiscales- le han bridado a EEUU y a sus aliados locales más confiables, las oportunidades que por sí solos no hubieran podido construir. Así los Lula, Dirceu, Marco Aurelio, Dilma… -aun en contradicción moderada con el imperio-pentagonismo- han operado objetivamente como especies de aliados del mismo, facilitando sus nefastos propósitos.
Algo parecido –insisto- acontece con todos los llamados “progresismos” del Continente, e incluso con los procesos de reformas profundas y/o transformadores, que están optando por asumir como gobernabilidad malentendida y frágil, vía estancamiento de los cambios, repliegues de reformas y social-democratización moderada. Su agotamiento y su declinación son tan obvios como la tozudez de la revancha imperial, lo que nos exige una reflexión crítica profunda.
Todas estas facetas de nuestro análisis pueden explicar la reciente apuesta de la gran burguesía colombiana subordinadas ciertas facciones del poder estadounidense (Obama y John Kerry incluidos) a una paz mediatizada en Colombia, que incluye la exigencia de desmovilización guerrillera y desarme unilateral de las FARC-EP y el ELN; así como -más allá de esas fronteras- su aparente y engañosa moderación en pro de un “entendimiento” con Cuba sin dejar de arreciar su perversa contra-ofensiva en Argentina, Brasil y Venezuela, apuntado también contra Bolivia y Ecuador.
Eso podría armonizar muy bien, no solo con la ejecución de su libreto militar respecto a BRASIL y con el trueque o reajuste de los roles de esa potencia latinoamericana y de Colombia, sino además con el evidente incremento de la posibilidad de concretar a plazo corto el viraje brasileño a favor de la ultraderecha pro-estadounidense, lo que antes no estaba tan a la vista.
En Brasil -además del supremo interés de EEUU por convertirlo en una potencia militar útil a su estrategia de dominación en el Continente- están envueltas no pocas cosas relativas a petróleo, bio-cultivos, energía, minerales estratégicos, industria militar, cárteles de la construcción, agua, biodiversidad, BRIC… al interior de de una convulsa civilización burguesa decadente, violenta y gansterizada.
Mientras en Colombia, el interés popular por una paz con soberanía, dignidad y justicia social, está pretendiendo ser contaminado por esta maniobra imperialista de “alto vuelo de águila”, enfrentada cada vez más a la apuesta de la insurgencia popular-revolucionaria a una paz sin desarme unilateral y sin rendiciones bochornosas.
Por eso, no es exagerado pensar, que de la actitud que definitivamente asuman las FARC-EP y el ELN sobre el acumulado histórico que significan las armas en su poder y su condición de fuerzas y poderes político-militares transformadores, podría depender el curso inmediato de la ola de cambios, ahora en peligroso declive.
EL SUCIO PAPEL DE LOS PAPELES SUCIOS
Esta valoración ha sido reforzada por el tipo de escándalo conocido como “PAPELES DE PANAMÁ”, donde la “mano peluda” de WASHINGTON parece estar mezclando verdades y medias verdades con encubrimientos claves, dentro de las investigaciones de unos 11.5 millones de documentos internos de la firma panameña Mossack-Fonseca; considerada como una de las cinco mayores registradoras mundiales de sociedades ‘offshore’ (modalidad tramposa del capital financiero, legal e ilegal, destinada a proteger variadas formas de corrupción, incluidas grandes evasiones de impuestos).
Para entender el trasfondo de esa maniobra me parece útil auxiliarme de lo revelado por el intelectual latinoamericano Nicolás Stolkin, quien sin dudar de la veracidad de esos papeles, optó por indagar sobre la fuente de los mismos y la finalidad de esa denuncia, ofreciendo estos valiosos datos:
“¿De dónde proviene tamaña filtración? Todo lo que sabemos es que la información fue obtenida de una fuente anónima, progresiva y gratuitamente desde hacía más de un año, o un año aproximado, por el diario alemán Sueddeutsche Zeitung y que, para procesar tamaña cantidad de información, fue compartida benévolamente con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (International Consortium of Investigative Journalists – ICIJ), creada en 1997 por iniciativa del Center for Public Integrity.”
“¿Quién financia al Center for Public Integrity? Puras perlas. Las más destacables: Rockefeller Brothers Fund, Rockefeller Family Fund, Open Society Foundations, Ford Foundation, Carnegie Corporation of New York, etc.”
“¿Quién financia al ICIJ? Entre los más destacados se encuentran la Open Society Foundations y The Ford Foundation. La primera está directamente ligada con el conocido especulador financiero George Soros que, a su vez, es miembro activo del Council on Foreign Relations (CFR), la estructura más influyente de la política exterior estadounidense. La segunda es una fundación que históricamente ha estado relacionada con la CIA, y que le sirve de fachada, al igual que la USAID”(DETRÁS DE PAPELES PANAMÁ, ALAI AMLATINA, 07/04/2016).
Así las cosas, esa denuncia parcial de cuentas secretas y trasferencias dolosas ocultas, a la que han tenido acceso por esas vías del supra-poder estadounidense el diario alemán ‘Süddeustche Zeitung’ y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), evidentemente incluye -además de muchos datos ciertos (de lo contrario no sería efectiva)- evidentes fines políticos imperiales subversivos contra los Kirchner en Argentina, el clan ruso-nacionalista de Putin en Rusia, la actual dirección china continental y la alianza PT-ODEBRECH-PETROBRAS en Brasil, entre doce jefes de Estado, 128 políticos, 61 familiares o socios cercanos a líderes políticos, futbolistas, empresarios o actores.
Curiosamente en los 11.5 millones de documentos investigados no se incluyen aquellos que corresponden a las cuentas secretas y sociedades offshorts de los mega-millonarios, políticos y corporaciones gringas mafiosas.
Pretender culpar así a un lado y exculpar al otro, cuando se trata de facciones todas comprobadamente comprometidas en sobornos, tráfico de influencias, financiamientos políticos espurios, enriquecimientos ilícitos y ocultamientos y trampas, es ofender la inteligencia de la humanidad.
Asumir que toda la pus develada en Brasil, Argentina, Rusia-Putin, Sarkozy-Francia, Martinelli- Panamá, la Princesa y empresarios españoles, el Rey Saudí, China Continental… se debe a una determinación imperial-transnacional a favor de la transparencia en la competencia mundial de capitales, es no entender la decadencia, el fraccionamiento, la putrefacción y “lumpenización” del capitalismo-imperialismo de estos tiempos, sean sus componentes de larga data o llamados “emergentes”.
¡Etecojete! Con estos datos a mano no hay forma de ocultar la factura imperialista estadounidense de todos estos revuelos ni de enmascarar por mucho tiempo los hechos ocultos que indican que la descomposición es totalmente sistémica y apuntan hacia un caos y una putrefacción mayor y global, que no puede revertirse sin insurgencias y revoluciones forzosamente globales.
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!