Opinión
Caso Brasil y papeles sucios
Por Narciso Isa Conde
Es evidente que detrás del terremoto político brasileño y de los tumultuosos “PAPELES DE PANAMÁ”, está la ríspida competencia entre facciones de la lumpen burguesía transnacional: una de factura estadounidense y otras de cualquier otro origen o gravitación territorial no controlado por EEUU; así como también la lucha por el manejo y ubicación territorial de las sociedades ‘offshore’ y de las cuentas secretas por los grandes capitales de matriz norteamericana, y por el esfuerzo gringo por la radical conversión de Brasil en un Estado gendarme bajo control del Pentágono.
El bombardeo actual se centra en Panamá como paraíso fiscal y específicamente en las de sociedades offshore benevolentes con Estados y facciones burguesas que EU considera hostiles a sus intereses.
LAS DIFERENTES FACETAS DEL CASO BRASIL
El caso Brasil –como me escribe con mucha razón y agudeza el camarada Alfredo Pierre-
debe llamar la atención “no solo por el tamaño territorial y por ser la séptima economías del mundo”, agregando “como peligro la vocación imperialista” que subyace en sectores de poder de la clase dominante de esa potencia emergente. “Solo el tamaño de su territorio es un indicador de la apropiación y despojo”, recalca. Pero hay otras realidades tan importantes como ominosas que no tarda en mencionar.
Ya para los años 50 –me recuerda Pierre- “en su Escuela de Guerra se había elaborado la doctrina de seguridad nacional, antes que los yanquis se apropiaran con fuerza de ella; sin negar que los norteamericanos fueron la fuente de inspiración de la misma como resultado de la experiencia conjunta de las fuerzas expedicionarias brasileñas y del quinto ejército de EEUU en ITALIA durante la segunda guerra mundial, comandados por Vernon Walters y por Panasco Alvin”, muy conocidos por sus fechorías imperiales en nuestra América.
El general Alvin dirigió la llamada Fuerza Interamericana de Paz-FIP, mampara con que las tropas estadounidense invadieron la República Dominicana en 1965; sin necesidad ahora de mencionar los conocidos detalles de su rol en la gorilada brasileña y continental, pero sí de destacar el parecido de la mancuerna entre ambas fuerzas militares en la actual ocupación de Haití bajo el manto de la MINUSTHA.
Al decir de muchos, ese acontecimiento reciente, no es más que “una forma de entrenamiento de su ejército para enfrentar a las posibles rebeldías de las calientes favelas brasileñas”.
El libreto militar gringo, que incluye la plena reconquista del control político-militar de Brasil, actualmente remozado, tiene muy presente -como anota el referido camarada- los límites que presenta el Estado guerrerista-terrorista colombiano para el papel que el PENTÁGONO le ha asignado desde hace varios lustros; esto es, lo que en otros análisis he descrito como una variante de sub-imperialismo regional: algo así como una modalidad parecida a una especie de Israel en nuestra América, exportadora de experiencias, asesorías, mercenarismo, paramilitarismo…, capaz de expandir a la vecindad la llamada “guerra sucia” colombiana combinada con la “guerra de cuarta generación” estadounidense.
En consecuencia, tiene lógica que para esos fines específicos, a EEUU le convenga más en esta región un aliado militar con más fuerza industrial-tecnológica que Colombia, poseedor de un verdadero complejo militar industrial. Y, sin dudas, ese aliado podría ser un Brasil bajo control de una lumpen burguesía y una lumpen partidocracia más identificadas con los intereses imperiales del Norte revuelto y brutal, brutalmente militarizado y gansterizado.
Es claro que tal posibilidad se había visto obstruida durante estos últimos años por los cambios políticos a favor del PT y de ciertas facciones burguesas al interior del Brasil; cambios que estuvieron dirigidos a favorecer temporalmente al emergente imperialismo brasileño (con relativa independencia de WASHINGTON, aunque con vicios parecidos), proyecto ahora en franco declive.
Esto concuerda con mi percepción de que las veleidades burguesas de la cúpula del PT -sus asociaciones delictivas con corporaciones como ODEBRECHT, su opción por la mezcla de neoliberalismo light y social-democratización con corrupción, sobornos y paquetazos fiscales- le han bridado a EEUU y a sus aliados locales más confiables, las oportunidades que por sí solos no hubieran podido construir. Así los Lula, Dirceu, Marco Aurelio, Dilma… -aun en contradicción moderada con el imperio-pentagonismo- han operado objetivamente como especies de aliados del mismo, facilitando sus nefastos propósitos.
Algo parecido –insisto- acontece con todos los llamados “progresismos” del Continente, e incluso con los procesos de reformas profundas y/o transformadores, que están optando por asumir como gobernabilidad malentendida y frágil, vía estancamiento de los cambios, repliegues de reformas y social-democratización moderada. Su agotamiento y su declinación son tan obvios como la tozudez de la revancha imperial, lo que nos exige una reflexión crítica profunda.
Todas estas facetas de nuestro análisis pueden explicar la reciente apuesta de la gran burguesía colombiana subordinadas ciertas facciones del poder estadounidense (Obama y John Kerry incluidos) a una paz mediatizada en Colombia, que incluye la exigencia de desmovilización guerrillera y desarme unilateral de las FARC-EP y el ELN; así como -más allá de esas fronteras- su aparente y engañosa moderación en pro de un “entendimiento” con Cuba sin dejar de arreciar su perversa contra-ofensiva en Argentina, Brasil y Venezuela, apuntado también contra Bolivia y Ecuador.
Eso podría armonizar muy bien, no solo con la ejecución de su libreto militar respecto a BRASIL y con el trueque o reajuste de los roles de esa potencia latinoamericana y de Colombia, sino además con el evidente incremento de la posibilidad de concretar a plazo corto el viraje brasileño a favor de la ultraderecha pro-estadounidense, lo que antes no estaba tan a la vista.
En Brasil -además del supremo interés de EEUU por convertirlo en una potencia militar útil a su estrategia de dominación en el Continente- están envueltas no pocas cosas relativas a petróleo, bio-cultivos, energía, minerales estratégicos, industria militar, cárteles de la construcción, agua, biodiversidad, BRIC… al interior de de una convulsa civilización burguesa decadente, violenta y gansterizada.
Mientras en Colombia, el interés popular por una paz con soberanía, dignidad y justicia social, está pretendiendo ser contaminado por esta maniobra imperialista de “alto vuelo de águila”, enfrentada cada vez más a la apuesta de la insurgencia popular-revolucionaria a una paz sin desarme unilateral y sin rendiciones bochornosas.
Por eso, no es exagerado pensar, que de la actitud que definitivamente asuman las FARC-EP y el ELN sobre el acumulado histórico que significan las armas en su poder y su condición de fuerzas y poderes político-militares transformadores, podría depender el curso inmediato de la ola de cambios, ahora en peligroso declive.
EL SUCIO PAPEL DE LOS PAPELES SUCIOS
Esta valoración ha sido reforzada por el tipo de escándalo conocido como “PAPELES DE PANAMÁ”, donde la “mano peluda” de WASHINGTON parece estar mezclando verdades y medias verdades con encubrimientos claves, dentro de las investigaciones de unos 11.5 millones de documentos internos de la firma panameña Mossack-Fonseca; considerada como una de las cinco mayores registradoras mundiales de sociedades ‘offshore’ (modalidad tramposa del capital financiero, legal e ilegal, destinada a proteger variadas formas de corrupción, incluidas grandes evasiones de impuestos).
Para entender el trasfondo de esa maniobra me parece útil auxiliarme de lo revelado por el intelectual latinoamericano Nicolás Stolkin, quien sin dudar de la veracidad de esos papeles, optó por indagar sobre la fuente de los mismos y la finalidad de esa denuncia, ofreciendo estos valiosos datos:
“¿De dónde proviene tamaña filtración? Todo lo que sabemos es que la información fue obtenida de una fuente anónima, progresiva y gratuitamente desde hacía más de un año, o un año aproximado, por el diario alemán Sueddeutsche Zeitung y que, para procesar tamaña cantidad de información, fue compartida benévolamente con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (International Consortium of Investigative Journalists – ICIJ), creada en 1997 por iniciativa del Center for Public Integrity.”
“¿Quién financia al Center for Public Integrity? Puras perlas. Las más destacables: Rockefeller Brothers Fund, Rockefeller Family Fund, Open Society Foundations, Ford Foundation, Carnegie Corporation of New York, etc.”
“¿Quién financia al ICIJ? Entre los más destacados se encuentran la Open Society Foundations y The Ford Foundation. La primera está directamente ligada con el conocido especulador financiero George Soros que, a su vez, es miembro activo del Council on Foreign Relations (CFR), la estructura más influyente de la política exterior estadounidense. La segunda es una fundación que históricamente ha estado relacionada con la CIA, y que le sirve de fachada, al igual que la USAID”(DETRÁS DE PAPELES PANAMÁ, ALAI AMLATINA, 07/04/2016).
Así las cosas, esa denuncia parcial de cuentas secretas y trasferencias dolosas ocultas, a la que han tenido acceso por esas vías del supra-poder estadounidense el diario alemán ‘Süddeustche Zeitung’ y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), evidentemente incluye -además de muchos datos ciertos (de lo contrario no sería efectiva)- evidentes fines políticos imperiales subversivos contra los Kirchner en Argentina, el clan ruso-nacionalista de Putin en Rusia, la actual dirección china continental y la alianza PT-ODEBRECH-PETROBRAS en Brasil, entre doce jefes de Estado, 128 políticos, 61 familiares o socios cercanos a líderes políticos, futbolistas, empresarios o actores.
Curiosamente en los 11.5 millones de documentos investigados no se incluyen aquellos que corresponden a las cuentas secretas y sociedades offshorts de los mega-millonarios, políticos y corporaciones gringas mafiosas.
Pretender culpar así a un lado y exculpar al otro, cuando se trata de facciones todas comprobadamente comprometidas en sobornos, tráfico de influencias, financiamientos políticos espurios, enriquecimientos ilícitos y ocultamientos y trampas, es ofender la inteligencia de la humanidad.
Asumir que toda la pus develada en Brasil, Argentina, Rusia-Putin, Sarkozy-Francia, Martinelli- Panamá, la Princesa y empresarios españoles, el Rey Saudí, China Continental… se debe a una determinación imperial-transnacional a favor de la transparencia en la competencia mundial de capitales, es no entender la decadencia, el fraccionamiento, la putrefacción y “lumpenización” del capitalismo-imperialismo de estos tiempos, sean sus componentes de larga data o llamados “emergentes”.
¡Etecojete! Con estos datos a mano no hay forma de ocultar la factura imperialista estadounidense de todos estos revuelos ni de enmascarar por mucho tiempo los hechos ocultos que indican que la descomposición es totalmente sistémica y apuntan hacia un caos y una putrefacción mayor y global, que no puede revertirse sin insurgencias y revoluciones forzosamente globales.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.