Por Isaías Ramos

Si usted todavía duda, no le pido que me crea. Le pido algo más simple y más honesto: pida tres números.

1. ¿Cuántos “intocables” han terminado condenados?
2. ¿Cuánto dinero volvió —real y verificablemente— al erario?
3. ¿Qué contratos lesivos fueron anulados y qué concesiones fueron revertidas?

Porque en una democracia funcional, la lucha anticorrupción no se mide por discursos. Se mide por consecuencias.

En 2021 se anunció una “Unidad Antifraude”. En diciembre de 2023 se relanzó. Y este año el decreto 382-25 la formaliza. En La Semanal se repiten cifras: colaboraciones, expedientes, alertas, procesos detenidos y “miles de millones” reportados como “protegidos”.

Prevenir e investigar es necesario. Nadie serio se opone a que el Estado tenga controles. El problema empieza cuando se pretende que la existencia del instrumento sea equivalente a la justicia producida por ese instrumento.

Actividad no es justicia. El país está atrapado en esa confusión.

Puede haber movimiento: monitoreos, reportes, remisiones. Pero la ciudadanía no vive de movimiento. Vive de resultados finales:

• Un informe no es una condena.
• Un expediente no es reparación.
• Una alerta no es devolución de lo robado.
• Un titular no es justicia.

Si el Gobierno quiere convencer al que duda, no tiene que hablar más fuerte. Tiene que mostrar el cierre: condenas, recuperación y corrección estructural.

Cuando la corrupción toca la salud, deja de ser “administrativa”: se vuelve humana.

En el caso SeNaSa (Operación Cobra), el Ministerio Público investiga un presunto desfalco de miles de millones en una institución creada para sostener un derecho fundamental.   Pero, si usted aún duda, no piense en “miles de millones” como cifra. Piense en esto:

A las 6:12 a. m., en una sala de espera, una madre aprieta una carpeta con papeles arrugados: receta, informe, sello, copia de cédula. No llora; cuenta minutos. El médico ya lo dijo: “esto no puede esperar”.

En la ventanilla: “hay que subirlo al sistema”. En el call center: “espere en línea”. En la farmacia: “todavía no aparece… sin autorización no puedo despacharlo”.

La madre vuelve al hospital. Vuelve al teléfono. Vuelve a la oficina. Y cada día que vuelve, la palabra “urgente” se hace más pequeña.

En el documento dice: “Autorización pendiente”.

Pero en la vida real, lo pendiente no es un papel: es el tiempo.

Ahí la indignación deja de ser política y se vuelve moral: mientras una madre persigue una firma para sostener una vida, el país se entera —según investiga el Ministerio Público— de que la institución llamada a protegerla pudo haber sido saqueada desde adentro. Y, cuando eso ocurre, los números dejan de ser el centro: lo central es el daño tangible, físico y emocional, sobre gente real.

Y el contraste ya no es una metáfora. Domingo en la noche en el momento que se conocía la coerción, decenas de ciudadanos se concentraron fuera del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva con pancartas y consignas, exigiendo prisión preventiva; la Policía los contuvo con vallas y un cordón de seguridad.

Horas después, el juez impuso prisión preventiva de 18 meses en Najayo a varios imputados, incluyendo a Santiago Hazim y otros acusados, y dictó arresto domiciliario y restricciones para tres imputados.   Es un paso procesal. No es cierre. Y si la defensa apela, el reloj corre a favor de la dilación. Una medida de coerción no es sentencia, no devuelve dinero, no repara vidas.

La gran trampa es confundir movimiento con justicia. En una emergencia, nadie se tranquiliza porque le digan “ya abrimos un expediente”. Nadie recupera a un ser querido con una rueda de prensa.

Porque eso es lo que se repite, gobierno tras gobierno: se roba —se anuncia que se investiga— se administra el escándalo— y al final, todo sigue. La unidad, la comisión, el decreto: papelería. Impunidad con membrete.

El núcleo del problema es estructural. Cuando una unidad depende del poder político, aparece un freno natural justo cuando el expediente toca donde “no conviene”. Si el costo de llegar al final es demasiado alto, el proceso se queda en la mitad. Y un proceso a medias es, para el pueblo, impunidad con papelería.

Y aquí hay que decirlo sin rodeos: esto no es “un partido contra otro”. Es una partidocracia que ha convertido el Estado en botín y la justicia en trámite. Los colores cambian, pero el pacto de protección se mantiene. Por eso, el problema no se resuelve con marketing de transparencia. Se resuelve rompiendo la inmunidad del sistema, gobierne quien gobierne.

Si de verdad se quiere convertir “actividad” en confianza, hay un camino simple y auditable. Tres pruebas de sinceridad:

1. Tablero público trimestral de consecuencias. Un portal único, sin retórica: acusaciones, sentencias, decomisos, recuperaciones efectivas y contratos anulados. Montos en tres columnas: “estimado”, “asegurado”, “recuperado”.
2. Trazabilidad con plazos. Remisión → apertura → coerción → acusación → juicio → sentencia → recuperación. La impunidad se alimenta de la niebla; la justicia exige cronograma.
3. Blindaje institucional real. Estabilidad técnica, protección a denunciantes y obligación de publicar resultados finales.

El pueblo dominicano no necesita más anuncios como sustituto de justicia. Necesita ver dinero devuelto. Necesita ver contratos anulados. Necesita ver sentencias.

El día que un país entiende que le han pedido paciencia demasiadas veces, deja de aplaudir anuncios y empieza a exigir consecuencias.

Ese día, el país no grita más: audita.

Despierta RD!

Por Oscar López Reyes

Roedores humanos de siete leguas, que encubren su codicia y deslealtad en los invisibles desajustes de su química cerebral, inescrupulosamente han pululado en las vísceras de los gobiernos de la Era Democrática, cuyos mandantes han popularizado frases que, en su mayoría, perduran como retóricas en los entresijos de la impunidad esencialmente judicial. A contrapelo, los corruptos cabalgan con el peor lastre: la inexorable condena de la sociedad, bifurcada desde el Ministerio Público y la difusión mediática.

La oración que más resuena, por la vigencia en el presente ciclo, es la del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona: “Tengo amigos, pero no cómplice”, que replica cuando altos funcionarios de su Gobierno han tenido que salir del tren administrativo, por su involucramiento en el peculado. Está en el candelero el insaciable ortopedista y traumatólogo Santiago Hazim, director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa, agosto de 2020-agosto de 2025), quien se cobija bajo rejas, imputado por el Ministerio Público de un desfalco inicialmente cuantificado en 15 mil millones de pesos. ¿Acaso sufría, sin darse cuenta, de una anomalía en la corteza prefrontal?

Antes de rememorar los estribillos de los presidentes de la Era Democrática, nos preguntamos si después de este salvajismo, el presidente Abinader Corona percutirá aún más el hacha de hierro batido, sin soltarla ni un instante, contra los envilecidos? ¿Se logrará, con la Inteligencia Artificial, detectar a tiempo el perfil delictivo-conductual de los aspirantes a cargos públicos?, ¿Quién acomete una inhumanidad como la adjudicada a un médico, más que un tonto-ingenuo padece de un trastorno antisocial de personalidad?, ¿cuántos más enfermos que Hazim -y con acusaciones menores- inundan las cárceles? y, ¿habrá, incuestionablemente, sanciones ejemplificantes para los miserables implicados en semejante defraudación?

“Tente quieto”, les dirían los abogados a los incriminados, para significarles que no estamos en China ni en Cuba, y que en la República Dominicana las leyes están preparadas para que los que tengan arraigo (dinero, propiedades, etc.) escapen del castigo penitenciario. En diciembre de 2025, la justicia del gigante asiático dispuso el fusilamiento del exbanquero Bai Tianhui (una sola bala de punta hueca en la nunca), por aceptar 156 millones de dólares en sobornos, y el Tribunal Supremo Popular de la mayor isla del Caribe sentenció a cadena perpetua a su exministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, por cohecho y otros delitos.

En otro tercio o ángulo, la democracia disfrutada en la República Dominicana, también en el 2025 han sido dados pasos crecidos para actualizar y superar falencias del sistema de justicia, con la aprobación de la nueva legislación de Contrataciones Públicas (Ley 47-25), el novedoso Código Penal (Ley 74-25) y la modificación del Código Procesal Penal (Ley 97-25). Estas piezas amplían la fiscalización y el control en la administración pública, y la sancionabilidad penal a los infractores, en la búsqueda del escarmiento, la prevención de transgresiones y el cuidado de la dignidad humana.

Pasma con estupor el señorío de la hábil inteligencia, el cauteloso disimulo, la capacidad de manipulación, el encubrimiento y el engaño -en el poder de la influencia y la presión- tanto de extragobiernos o fácticos (no elegibles popularmente, como asociaciones empresariales y sin fines de lucro, iglesias, medios de comunicación, gremios profesionales y laborales, etc.), como de ciertas esferas de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Actos de esos conspicuos derivan -sin mover los labios ni sus tranzas de rostros anchos- en acomodamientos domiciliarios a quienes han perpetrado actos atroces, como los de Senasa.

Conscientes de la proliferación epidérmica de funcionarios con fisonomía corruptible -con cabezas peliagudas, colas largas y patas cortos- así como de ciudadanos de pelaje gris oscuro, los mandatarios dominicanos elegidos democráticamente en el período 1962-2025 han tirado gritos de reconocimiento de la plaga, compasión y advertencia:

1.- Juan Bosch y Gaviño: Propagó y observó con rigor los principios ético-morales. Aceptó la renuncia de su secretario de Industria y Comercio, Diego Bordas Hernández, luego de una bien sustentada denuncia de que favoreció con un contrato a una empresa de su propiedad. Hito: A los 7 meses, Bosch se convirtió en el primer presidente en ser DERROCADO por sus medidas contra privilegios y malversaciones.

2.- Joaquín Balaguer: “… si existiera corrupción, esta siempre se detendría en la puerta de mi despacho”, y “busco, con la linterna de Diógenes, a un hombre honesto”. Caracterización: Permisivo ante el enriquecimiento ilícito generalizado, con dos ñapas penales idiosincráticas: Aduanas e Hydro-Quebec. Novedad: PROGENITOR de la corrupción y la impunidad.

3.- Antonio Guzmán Fernández: Propuso reducir la discrecionalidad de los fondos públicos y los favores en la administración pública. Rasgos: Rígido en la honestidad. Hubo escasas denuncias sobre timadores, y no avaladas. Ocurrencia: primer presidente en SUICIDARSE por descubrimiento de corrupción.

4.- Salvador Jorge Blanco: “Manos limpias” en el Gobierno fue su consigna de campaña electoral. Signo: Temeroso, manipulable y complaciente. Instrucciones punitivas resaltantes: Corde, CDA e Inespre. Originalidad: El primer presidente dominicano en ser sometido a la Justicia y guardar PRISION por supuesta sobrevaluación en compras de mercancías militares.

5.- Leonel Fernández Reyna: Prometió Tolerancia Cero con sustracción de bienes gubernamentales y que no habrá padrinos para los corruptos. Trazo: permisivo hasta la saciedad. Instrumentaciones tribunalicias típicas: Peme, Super Tucanos, Sun Land, Indrhi y CDE. Suceso: El registro primario de los más GIGANTESCOS escándalos de sobornos y estafas, con 66 auditorías no investigadas, presentadas por la Cámara de Cuentas a la Procuraduría General de la República.

6.- Hipólito Mejía Domínguez: “Los ladrones son el mayor problema del país”. Brotaron como expedientes clásicos el Plan Renove y el subsidio del GLP. Marca: Relajamiento del poder. Acontecimiento: El primer presidente en denunciar un fraude por 55 mil millones (Baninter), que se tradujo en su EXCLUSION de la presidencia de la República para otro mandato.

7.- Danilo Medina Sánchez: “El que se equivoque deberá pagar”. Síntoma: Hacerse de la vista gorda ante quienes, con el dolo, acumularon voluminosas riquezas, y terminaron en sumarios inconfundibles: Odebrecht, “Peaje sombra” y operaciones Antipulpo, Coral, Caracol, Medusa y Calamar. Cualidad: romper RÉCORD de sometimientos judiciales a parientes y partidarios.

8.- Luis Abinader Corona: “Tengo amigos, pero no cómplice”. Señal: Consistente y flexible, según tareas y razonamientos. Causas peculiares: Senasa, Intrant, Inabie y Lotería. Hecho: Primer presidente en separar de funciones gubernamentales a más de 40 cercanos colaboradores políticos (solicitud de renuncia y desvinculación) y tramitar ENJUICIAMIENTOS judiciales por la comisión de irregularidades gerenciales.

Asentado que la apropiación indebida viaja como una infección sistémica por todos los torrentes sanguíneos del Estado en conductores disímiles, y por los señalamientos precedentes, colegimos que ha sido aupada por la afectividad a parientes, amistades y correligionarios; la creencia ciega en la honorabilidad de compañeros de batallas, la satisfacción exagerada de compromisos electorales y el clientelismo. Uno de los mencionados, que ha resucitado como un inocente gallito de peleas, llegó a pedirle al Ministerio Público que archivara expedientes con graves imputaciones, emulando al buen pastor con sus ovejas.

En esa mecha ardiente radica la diferenciación entre los ocho jefes de Estado singularizados: su postura frente a las defraudaciones, impertérrita como Bosch y Guzmán. Quiénes con salmos, bendiciones, silbidos amorosos y sacramentos, que otean con urbanidad en el globular de Judas Iscariote, caminan en la confabulación más perniciosa. Quiénes agachan, no destapan, guardan en indultos y no acuden a la justicia, por cobardía o para supuestamente no “desconsiderar” a sujetos vinculados a héroes, mártires o figuras públicas, se desvían por la tangente y comprometen su responsabilidad jurídica e histórica.

Para cumplir con la solemne misión de resguardar el patrimonio público, garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, propender al máximo bienestar colectivo y honrar su memoria histórica con la grandeza de su reputación, a los mandatarios le conviene borrar la ternura empática y receptiva individualizada, y junto a sus subordinados pronunciar un solo idioma: la actuación ética y transparente. Y, para perpetuar esa notoriedad, están compelidos a someter a la Justicia a los hijos de Jesucristo -si cometen felonías- para así homenajear a Jesucristo en su condena a los pecados y en la redención de los marginados.

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El autor: Escritor, gremialista, catedrático y columnista de El Nacional y decenas de digitales.

Por Narciso Isa Conde

Fíjense que voy hablar de “Trump y la locura”, no de la locura de Trump, porque Donald Trump, presidente de EE. UU., bajo control del “poder profundo”, y específicamente del Complejo Militar-Industrial-Cibernético de esa superpotencia decadente, no está loco. Tampoco está senil,

A él le pasan otras cosas: es un ferviente y apasionado partidario de la post-verdad y los shows mediáticos, tiene un ego millones de veces más grande que su torre y que villa veraniega y ama la trampa; es un neofascista medular, milita en la supremacía blanca y en la eternidad del dominio colonial y neocolonial de EE. UU. y, en consecuencia, ante su inevitable declive, ha tenido que abrazar el remozamiento febril de la Doctrina Monroe y las nuevas derechas.

En parte son cosas de su psiquis, en parte de su crianza y socialización, en parte de sus “éxitos” en las influyentes prácticas de las subculturas de los “realitys shows” y la especulación en su formación. Pero, sobre todo, de la conversión del capitalismo y el imperialismo estadounidense en lumpen capitalismo y lumpen-imperialismo mundial, y del impacto desquiciante de su pérdida de hegemonía en la psiquis colectiva de las elites del sistema de dominación.

Trump no es solo él, es un engendro de un poderío en descomposición, algo que aloca a su poder profundo y a gran parte de su “clase” política.

La locura existe, pero es de la cúpula sistémica desesperada ante su decadencia global, ante la emergencia de los BRICS, del Sur Global, del auge de las luchas por la autodeterminación de los pueblos colonizados y neo colonizados, del mundo multipolar y de una mayoría global que no responde a sus nefastos designios.

Pero la locura no es tanta como para, derrotados en muchas partes del mundo, no proceder a concentrar sus fuerzas destructivas en su antiguo “patio trasero” en rebeldía; y es mucha para declarar que el petróleo, las tierras y los valiosos recursos naturales de Venezuela, y más allá de Venezuela, los de todas nuestra América latino-caribeña, son suyos.

La misión auto-asignada desde locura sistémica senil, en medio de su profunda crisis interna, de su declive en el propio Hemisferio Occidental y en este continente, de los jaguares criollos que pueden despertar y de la solidaridad extra-continental de la mayoría global que rechaza sus catastróficos designios, está condenada al fracaso.

Pero son muchos y terribles los daños que sus zarpazos imperiales pueden ocasionar. Y a ese palo podrido genocida Abinader nos quiere amarrar. ¡Basta ya!