Opinión
Caso Odebrecht: Danilo Medina implicado en graves delitos de estado
Por Narciso Isa Conde
Consumado el viraje a la derecha de Lula y del cogollo dirigencial del Partido de los Trabajadores-PT de Brasil en el despliegue de su ejercicio gubernamental, se fue conformando a nivel nacional e internacional una especie de cartel de la corrupción que articuló enclaves estatales, facciones políticas y grupos empresariales.
Ese viraje del PT incluyó un pacto de gobernabilidad con sectores del gran empresariado brasileño y de las derechas políticas, relaciones económicas privilegiadas con ODEBRECH, el uso con propósitos no santos del emporio PETROBRAS y del BANCO NACIONAL DE DESARROLLO-BNDES (estatal) y el sobredimensionamiento del rol de JOAO CERGUIERA FILHO DE SANTANA y de su firma POLIS-PROPAGANDA como asesor de imagen e instrumento para abrir mercados políticos afines y posibilidades de exportación de corrupción para favorecer candidaturas presidenciales en el exterior en interés de escandalosas ventajas económicas.
Respecto a la República Dominicana la cúpula del PT de Brasil optó por una relación política preferencial con la alta dirección del PLD-Gobierno, previamente neo-liberalizada y corrompida al tenor de su alianza con el Partido Reformista Social-Cristiano liderado por Balaguer.
Esta CONEXIÓN DOMINICO-BRASILEÑA se desplegó en grande en los periodos de gobierno 2004-2008 y 2008-2012 presididos por Leonel Fernández, enlazó con la candidatura presidencial de Danilo Medina en el 2011 y continuó reforzándose durante su gestión de gobierno 20012-2017.
JOAO SANTANA fue el “gurù” brasileño del marketing empresarial y electoral, “hacedor de presidentes” y asesor de gobiernos y consorcios; asociado a ODEBRECH y al presidente Lula desempeñó el papel de ideólogo de la avanzada brasileña de penetración en otros países en interés de ayudar a “fabricar” gobiernos y conexiones útiles para obtener ventajas empresariales mediante prácticas corruptoras
BRASIL, en ese plano, aplicó el programa de expansión económica trasnacional como imperialismo emergente. Y ODEBRECH, como unas de las principales constructoras a escala mundial, se colocó a la cabeza de ese esfuerzo, sin reparar en escrúpulos.
Sus primeros sobornos a cambio de contratos sobrevaluados se comenzaron a instrumentar en nuestro país durante el Gobierno de Hipólito Mejía-PRD.
Pero fue con la retoma del gobierno por el PLD que se desplegó en grande esa modalidad de la corrupción interestatal dominico-brasileña.
LULA, desde la presidencia hizo de intermediario de esos turbios negocios y cuando salió de ella se dispuso a hacer de “lobista político” de ODEBRECHT con el aval del Gobierno de Dilma Roussef.
LEONEL resultó el gran socio político y beneficiario económico de esa conexión mafiosa brasileña en República Dominicana hasta el 2012, facilitando logros significativos para ODEBRECH y para otras empresas brasileñas; destacándose casos como el de EMBRAER-SUPERTUCANOS y el ANDRADE GUTIERREZ. Los sobornos, las obras y las compras sobrevaluadas se multiplicaron embarrando Gobierno, Congreso y Fuerzas Armadas.
Danilo Medina relevó a Leonel en la Presidencia de la República y en la jefatura de la contrapartida mafiosa dominicana, apropiándose y expandiendo el negocio de las sobrevaluaciones mediadas por sobornos mayores y menores; incluida la recepción de financiamientos sucios en dos campañas presidenciales con características de sobornos electorales.
- DANILO POR LEONEL Y LA IMPLANTACIÓN DE
Ante el riesgo brasileño de perder la conexión estatal en República Dominicana a consecuencia del descrédito y desgaste político de Leonel Fernández, se produjo en el 2011-2012 su desplazamiento como referente presidencial dominicano, posición que pasó a ocupar Danilo Medina.
En esa decisión gravitó significativamente la previa valoración mercadológica de JOAO SANTANA-POLIS a favor de DANILO, quien entonces logró el favor de los líderes del PT y estableció los vínculos con su futuro asesor de imagen y enlace con ODEBRECHT, con LULA, DILMA y los ejecutivos de ODEBRECH; desplazando a LEONEL como gran socio dominicano del CARTEL BRASILEÑO.
Ese paso fue consolidado a raíz de la visita de Danilo Medina a Brasil y de sus entrevistas con Lula Y Dilma Roussef en el 2011, en su condición de nuevo candidato presidencial del PLD.
Desde ese momento se abrió el proceso hacia una fuerte implantación de JOAO SANTANA y POLIS/CARIBE (sucursal de POLIS-PROPAGANDA), establecida discretamente en la calle Helios de Bella Vista en Santo Domingo y también repuntó el turbio proceso hacia el ascenso de Medina al Palacio Nacional.
JOAO SANTANA FILHO prestó servicios de asesoría de su empresa de marketing al Gobierno Dominicano, al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y a su candidato Danilo Medina Sánchez desde Julio del 2011; mientras ODEBRECHT se constituyó en uno de los principales colaboradores económicos de sus campañas electorales, violando la Constitución de la República Dominicana y la Ley Electoral vigente.
Los fondos lo otorgaba el denominado Departamento de Operaciones Estructuradas de la Corporación, dedicado a canalizar los sobornos a funcionarios y candidatos desde sus cuentas en Suiza a las empresas de JOAO SANTANA.
Y para colmo, el Departamento de Operaciones Estructuradas” fue trasladado a la República Dominicana en el segundo semestre de 2014 en vista de que “a Marcelo Odebrecht le preocupaba la seguridad empresarial para realizar las operaciones de soborno” y en la “República Dominicana estaba asegurada por instancia oficial y no por particulares”.
En testimonio dado por Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, Jefe de ese Departamento de ODEBRECHT, ofrecidas al Tribunal Superior Electoral de Brasil, éste reconoció el aporte de fondos de ODEBRECTH a las campañas de DANILO MEDINA y de otros candidatos del PLD. Algo que luego confirmó el ministro Temístocles Montas cuando fue investigado sobre ese asunto.
Vale destacar que JOAO SANTANA FILHO y su esposa MONICA REGINA CUNHA MOURA han reconocido en interrogatorios efectuados en Brasil que recibieron fondos vía Shellbil Finances, S/A para las campañas que asesoraban en el exterior.
Pero además, confesiones de dos altos funcionarios de ODEBRECHT, FERNANDO MIGLIACCIO y LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES ante el Tribunal Superior de Justicia de Brasil, dan cuenta de transferencias de fondos de dicha compañía para el financiamiento de campañas electorales en la República Dominicana; mientras que indagaciones realizadas en otras jurisdicciones (“Informe Pari”, por ejemplo), confirman que ODEBRECHT utilizaba con esos mismos fines sociedades y cuentas bancarias de su socio en Perú, para triangular los aportes a las campañas de DANILO MEDINA SANCHEZ.
La empresa peruana ISAGON transfería el dinero destinado a Danilo-PLD a través de las empresas de JOAO SANTANA radicadas aquí. Incluso pudieron comprobarse contribuciones electorales de ODEBRECHT vía CINE&ARTS2013, SRL (radicada en República Dominicana) por un valor total de US$ 4,396,796.00, entre los meses de octubre del 2013 y julio 2014.
Recibidos esos fondos millonarios, POLIS PROPAGANDA ejecutó a favor del candidato presidencial del PLD una costosa y apabullante publicidad electoral y recibía a través de “Polis Caribe” y CINE&ARTS2013, SRL jugosos contratos gubernamentales.
La ruta de ese dinero coincide en el tiempo con los procesos internos del (PLD) para elegir los nuevos miembros del Comité Central y facilitar el control partidario y el plan reeleccionista, incluido los sobornos para modificar la Constitución.
Esta “estructura” brasileña garantizó así la imposición de Danilo en los comicios del 2012 y 2016.
Por demás, el encendido agradecimiento de DANILO a JOAO y a sus patrocinadores, hecho después de la “victoria” del 2012, justo en el instante de recibir el certificado de la Junta Central Electoral-JCE como ganador, no deja dudas sobre la profundidad y los condicionantes de esa asesoría:
…¨he tenido dudas si…si…doy este agradecimiento pero se que no tendré otro escenario para hacerlo es una persona que no está presente aquí, al señor Joao Santana presidente de la institución Polis quien fue nuestro asesor en esta campaña electoral y que nunca dudó de nuestra victoria (aplausos) y en esa institución quiero agradecer también al grupo de personas empresarios y profesionales que hicieron posible que esa institución viniera a la República Dominicana para dirigir esta campaña¨
Ya juramentado como Presidente, JOAO SANTANA se convirtió en el principal contratista del gobierno en el área de mercadeo, y ODEBRECTH consolidó su condición de ser la principal contratista de obras de infraestructura del Gobierno Dominicano.
Pero también, asegurado ese primer triunfo espurio de Danilo Medina, Lula visitó nuestro país y se entrevistó con el “presidente electo” a principio del 2013, acompañado de ALEJANDRINO ALENCAR, ejecutivo de ODEBRECH; esto dentro de un recorrido que incluía a Cuba y EEUU, costeado por la Constructora a través de la empresa DAG BAHÌA.
ODEBRECH ha admitido que invitó y financió a LULA a viajar para ayudar en diversos eventos a la expansión de las empresas brasileñas.
PUNTA CATALINA: LICITACIÒN AMAÑADA.
Tres meses después de la visita de LULA a República Dominicana, se anunció la LICITACIÒN de las PLANTAS A CARBÓN de PUNTA CATALINA y en septiembre de ese año se aprobó el financiamiento de 656 millones de dólares a cargo del banco estatal de Brasil (BNDES).
Poco después se le asignó el contrato a la empresa brasileña y la STANLEY CONSULTAN en noviembre de ese mismo año declaró que solo la ODEBRECH clasificaba para:
- Construir dos unidades de 360 mw (720 mw en total).
- A un precio de 2,040 millones de dólares, 540 más que el tope de referencia y 1,140 más que la empresa china competidora: la OAK RIDGE, que ofertó hacerla en 900 millones. Cada kw instalado de la brasileña costaría 2,830 dólares, mientras la empresa china lo ofrecía a no más de 1,350 dólares.
En el 2007 la misma SICHOUN de China Popular había ofertado construir dos plantas a carbón en Manzanillo y Palenque para un total de 1250 mw en 1,250 millones de dólares, para vender el KW a 2,8 centavos. Y esa oferta la dejaron en el olvido.
En el 2013 el Senado aprobó al vapor otro préstamo de 632 millones para el financiamiento de las plantas de Punta Catalina, que se le suma al concertado y luego frustrado contrato con el BNDES. Esa gestión se hizo con cuatro bancos del exterior: DEUSTCHE, SANTANDER, ING GENERAL y UNICREDIT SPA.
Esto todavía no cubría todo el financiamiento, pero el proceso de construcción continuó en medio de muchas incertidumbres.
Inmediatamente después, el 17 de noviembre, vino a entrevistarse con el Presidente Medina, el señor LUIZ DULCI, ex -ministro de la presidencia de Lula y actual director de su instituto, quien a nombre de Dilma se dedicó a darle aliento a los jugosos negocios comunes.
Pese a que en abril del 2015 el CONGRESO NACIONAL autorizó el préstamo brasileño a favor de ODEBRECH-GRUPO ESTRELLA para las plantas de PUNTA CATALINA, todo se complicó cuando explotó el escándalo de LAVA JATO y se frustró el referido financiamiento.
Si nos guiamos por la sobrevaluación de las plantas a carbón de Punta Catalina, a esos mil millones de sobrevaluación, que implica robo y endeudamiento externo a la vez, habría que sumarle estafas con altísimos porcentajes en las demás obras ejecutadas y por ejecutar.
Los altos funcionarios, que hacen las veces de nuevas alcancías y que más poder concentran en la conexión dominicana con el cartel brasileño (cartel entonces al servicio del presidente Medina y su proyecto de reelección), son el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo, el Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta y el vice-presidente de la Corporación Dominicana Eléctrica Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara. Todos ellos, presidente Medina incluido y en primer lugar, son sujetos procesables pasibles de fuertes condenas por los graves delitos cometidos.
Aún inexistente el sistema de justicia por estar secuestrado por esa mafia política, procede de todas maneras reclamar el juicio y sanciones ejemplares hasta convertir la exigencia en un clamor nacional que desborde esta institucionalidad absolutamente pervertida y rompa el régimen de la impunidad manipulado por el propio jefe de Estado.
Por Rommel Santos Diaz
El Fiscal, después de evaluar la información de que disponga, iniciará una investigación a menos que determine que no existe fundamento razonable para proceder a ella con arreglo en cuenta las siguientes circunstancias:
- a)La información de que dispone constituye fundamento razonable para creer que se ha cometido o se está cometiendo un crimen de la competencia de la Corte Penal Internacional;
- b)La causa es o sería admisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma;
- c)Existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no redundaría en interés de la justicia.
El Fiscal, si determinare que no hay fundamento razonable para proceder a la investigación y la determinación se basará únicamente en lo señalado anteriormente, lo comunicará a la Sala de Cuestiones Preliminares.
Si, tras la investigación, el Fiscal llega a la conclusión de que no hay fundamento suficiente para el enjuiciamiento ya que:
- a)No existe una base suficiente de hecho o de derecho para pedir una orden de detención o de comparecencia de conformidad con el artículo 58 del Estatuto de Roma;
- b)La causa es inadmisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma ; o
- c)El enjuiciamiento no redundaría en interés de la justicia, teniendo en cuenta todas las circunstancias, entre ellas la gravedad del crimen, los intereses de las víctimas y la edad o enfermedad del presunto autor y su participación en el presunto crimen, notificará su conclusión motivada a la Sala de Cuestiones Preliminares y al Estado que haya remitido el asunto de conformidad con el artículo 14 del Estatuto o al Consejo de Seguridad si se trata de un caso previsto en el artículo 13 del Estatuto de Roma.
Por otro lado, a petición del Estado que haya remitido el asunto con arreglo al artículo 14 del Estatuto de Roma o del Consejo de Seguridad de conformidad con el artículo 13, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá examinar la decisión del Fiscal de no proceder a la investigación de conformidad con este mismo artículo y pedir al Fiscal que reconsidere esa decisión.
Además la Sala de Cuestiones Preliminares podrá, de oficio, revisar una decisión del Fiscal de no proceder a la investigación si dicha decisión se basará únicamente en el párrafo 1 c) o 2 c) del artículo 13 del Estatuto de Roma. En este caso, la decisión del Fiscal únicamente surtirá efecto si es confirmada por la Sala de Cuestiones Preliminares.
Finalmente, el Fiscal podrá reconsiderar en cualquier momento su decisión de iniciar una investigación o enjuiciamiento sobre la base de nuevos hechos o nuevas informaciones.
Por Isaías Ramos
Mil doscientos millones de pesos para señalización turística. A la vez, se denuncian escuelas de jornada extendida con carencias de agua, baños, aulas, comedores y espacios adecuados.
No son partidas presupuestarias jurídicamente intercambiables. Pero sí revelan algo más profundo: qué problemas reciben recursos y urgencia del Estado, y cuáles continúan esperando.
La pregunta es inevitable:
¿Para quién está funcionando nuestro crecimiento?
La República Dominicana ha crecido. Negarlo sería absurdo. Han aumentado el turismo, la inversión extranjera, las exportaciones y el PIB. Pero durante más de tres décadas hemos confundido crecimiento con desarrollo, como si una cifra macroeconómica pudiera sustituir el bienestar de una familia.
Nuestra Constitución establece otra jerarquía. El artículo 8 dispone que la función esencial del Estado es proteger los derechos de la persona, respetar su dignidad y procurar su desarrollo dentro de un marco de justicia social y bienestar general. El artículo 217 ordena orientar el régimen económico hacia el desarrollo humano.
La Constitución no coloca al ciudadano al servicio de la economía. Coloca la economía al servicio del ciudadano.
El crecimiento es un medio, no el fin de la República. Podemos exhibir excelentes indicadores mientras demasiados dominicanos compran agua, pagan de su bolsillo educación y salud y viven en comunidades donde el progreso parece pasar de largo.
El modelo ha consolidado rasgos de rentismo, extractivismo y exclusión. Extraemos minerales, pero también obtenemos rentas del agua, las costas, el suelo y el paisaje. Facilitamos inversiones, concedemos incentivos y construimos infraestructura pública. Eso puede ser legítimo y necesario. La pregunta es qué recibe la nación a cambio.
Las playas muestran esa contradicción con claridad. El artículo 15 de la Constitución las reconoce como bienes de dominio público y de libre acceso. Sin embargo, en distintos lugares el ciudadano encuentra dificultades para acceder a costas rodeadas por proyectos que monetizan aquello que pertenece a todos.
La empresa construyó el hotel.
Pero no construyó el mar.
No creó la playa.
No produjo el paisaje.
Cuando un bien natural colectivo se convierte de hecho en atributo de exclusividad comercial, debemos preguntar quién captura la renta, quién asume los costos y qué pierde la nación.
El turismo no es enemigo del país. La empresa privada tampoco. Necesitamos inversión que genere empleos dignos, fortalezca proveedores nacionales, contribuya fiscalmente, transfiera conocimientos, respete el medioambiente y deje comunidades más prósperas.
No queremos menos crecimiento. Queremos crecimiento que produzca desarrollo.
No queremos menos inversión. Queremos inversión que fortalezca a la nación que la hace posible.
No todo incremento del PIB equivale a mayor bienestar ni necesariamente a mayor riqueza nacional neta. Si al crecer agotamos acuíferos, degradamos costas, acumulamos pasivos ambientales o convertimos privilegios temporales en derechos permanentes, podemos contabilizar como progreso la pérdida de nuestro patrimonio. Ninguna nación puede llamar desarrollo a aquello que mejora las cuentas de esta generación a costa de la siguiente.
El Estado no está ausente. Está selectivamente presente.
Construye carreteras, facilita inversiones, protege propiedades, concede incentivos y promueve destinos. Y debe hacerlo. El problema es que demasiadas veces no muestra la misma eficacia y urgencia para garantizar agua potable, educación, salud, seguridad, saneamiento y servicios públicos dignos.
Ese desequilibrio erosiona la esencia del Estado social y democrático de derecho.
No necesitamos escoger entre empresa y pueblo, ni entre inversión y justicia social. Esa es una falsa disyuntiva. Debemos medir el éxito nacional no solo por cuánto crece la economía, sino por cómo crece, quién recibe sus beneficios, quién asume sus costos y qué deja en el país.
Eso exige proteger el acceso público a los bienes comunes; condicionar los incentivos fiscales a resultados verificables; incorporar los costos ambientales; promover empleo formal, encadenamientos productivos y contribución fiscal; y someter las grandes decisiones al interés general.
Pero la transformación no corresponde únicamente al Estado. Requiere ciudadanos dispuestos a vigilar, participar, exigir cuentas y defender aquello que pertenece a todos.
La República Dominicana necesita más que corregir políticas aisladas. Necesita un proyecto de nación capaz de unificar esfuerzos, ordenar prioridades y fijar metas para saldar una deuda social acumulada durante décadas: un proyecto que convierta crecimiento en desarrollo, desarrollo en derechos y derechos en oportunidades reales.
Ese proyecto no supone renunciar al turismo, al capital ni a empresas prósperas. Supone ponerlos al servicio de algo superior: una economía al servicio de una nación.
Debemos reconocer una verdad incómoda: hemos sido mucho más persistentes construyendo crecimiento que construyendo desarrollo.
Es tiempo de recuperar la jerarquía constitucional:
Primero la persona.
Primero su dignidad.
Primero el bien común.
Y entonces el mercado, la inversión y el crecimiento como instrumentos para alcanzarlos.
Al final, la historia no nos preguntará cuánto creció la economía. Nos preguntará qué país dejamos.
Entonces tendremos que responder:
¿De qué sirvió crecer si, mientras crecíamos, fuimos perdiendo aquello que pertenecía a todos?
Ante esa pregunta, la indiferencia no debe ser una opción.
Por Oscar López Reyes
En 1976, en Barahona yo ganaba 100 pesos mensuales en dos trabajos –en el gobierno y en un medio de comunicación- cubría holgadamente los gastos de mi recién formada familia de cuatro miembros, y me sobraba dinero. Caminaba las calles del pueblo como un privilegiado, sin deudas ni estrés. Dormía como un lirón por el estilo de vida sobrio y albergaba una gran esperanza en el futuro.
Como en la mayoría de las casas, en la mía no había televisión, teléfono, nevera, aire acondicionado y mucho menos un vehículo de motor. Tampoco estufa, licuadora, inversor ni botellones de agua, porque por una tubería llegaba sin pagar un solo centavo, igual que la basura, y se pagaban chelitos por el consumo de luz. En el liceo no se cobraba.
En los patios de las dos casas alquiladas donde vivía, en las céntricas calles Colón casi esquina Duvergé y Jaime Mota casi esquina José María Cabral, había frondosos árboles de mangos y limoncillos (quenepas), y en la última anafres (hornillos para cocinar con carbón) y una letrina surtida con periódicos y fundas de papel –provenientes de colmados- para el aseo defecatorio.
Esos pliegos sanitarios representaban una muestra de progreso, porque en las afueras de la ciudad y en las lomas, como Chene, en Enriquillo, para la limpieza tras las necesidades fisiológicas se acudía, en los montes, a piedras, hojas verdes, tusas de maíz y troncos leñosos -en forma giratoria- que se ramificaban desde el suelo.
Entre 1973-1976 en colmados y almacenes –no existían supermercados- se compraban menos de 20 productos hogareños, con precios establecidos por la Dirección General de Control de Precios. Una libra de arroz costaba 8 centavos, una libra de habichuelas 7 centavos, una libra de azúcar 4 cheles, una libra de carne 10 cheles y una botella de aceite comestible valía 30 centavos.
A primera hora de la mañana y en la tardecita se vendía a 8 y 10 cheles una botella o litro de leche de vaca, bien pura, acabada de llegar en bidones desde fincas ganaderas de Amador Pons, Sarita Báez, Buchinche Pérez Espinosa, los hermanos Milongo y Napó (Napoleón) Pérez, los hermanos Dámaso y Zulema López (mis tíos) y otros.
Los gastos eran restringidos, y los regalos escasos, porque muy pocos celebraban cumpleaños o visitaban restaurantes. Predominaba el consumo de helados, principalmente los domingos, antes y después de las retretas del Parque Central.
Esos precios son recordados por mercaderes y amas de casa de la época, debido a que no existían estadísticas de la canasta básica de consumo en pesos dominicanos, en virtud de que, justamente en 1976, el Banco Central fue cuando inició la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH).
A la postre, la compra alimenticia mensual para ocho personas –porque había que separar manjares para los vecinos más cercanos y los padres de los esposos- ascendía a menos de 20 pesos mensuales. Otros gastos: Un par de zapatos de la fábrica gubernamental Fac Doc costaba 4 pesos, y cuando al prestamista “Viste Encuero”, muy conocido en el mercado público y los predios judiciales de Barahona, los días 25 –fecha de pago en el gobierno- le avanzaban 50 centavos de un crédito de 7 pesos, los aceptaba gustosamente.
En esos años, el peso dominicano tenía una paridad con el dólar estadounidense, o sea, uno por uno. Para las transacciones cotidianas, junto a las monedas de 5, 10, 25 y 50 centavos, la de un centavo circuló hasta 1987, con la efigie de Caonabo, cuyo poder adquisitivo fue anulado por la inflación, aunque no se conoce la emisión de una resolución definitiva del Banco Central que la despoje de su poder liberatorio.
Aquellos conmemorados, bien recordados y limpiecitos 100 pesos mensuales: 60 de la Corte de Apelación (no se registraba ninguna deducción de impuestos sobre la renta ni de seguridad social) y 40 pesos de Radio Barahona equivalen, a junio de 2026, a 125 mil 898 pesos con 56 centavos nominales, calculando el Índice de Precios al Consumidor, año por año, el valor del capital y el efecto inflacionario. A este último salario, la Dirección General de Impuestos Internos le reduce a 98 mil 400 pesos con 44 centavos, porque se le aplica un descuento de 27 mil 498 pesos con 12 por aportes de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y el Impuesto sobre la Renta (ISR).
¡Ah, consumismo y lujos!
¡Uy, prima del dólar!
¡Guau, globalización!
Entre 1973 y 1976 yo andaba despacio, a pie, relax y divertido, de un sitio a otro por las calles de Barahona como un afortunado, porque en la Corte de Apelación (juicios penales y civiles) me desempeñaba como mecanógrafo y mensajero ocasional, ya que estaba responsabilizado de buscar, el 25 de cada mes en las oficinas de Correo, los cheques de los jueces Federico Neftalio Cuello López (Nene), Doro Buenaventura Vásquez, Máximo Deñó, Rafael Dotel Recio y David Vicente Vidal Matos, y el procurador general de ese tribunal, Secundino Gómez Pérez (Jumito), máximas autoridades judiciales de la provincia.
El día 25, los magistrados arribaban a la Corte más temprano que nunca, caminando desde sus casas, sin parafernalias. Recuerdo cuando los secretarios de la Corte, Rafael Alfredo Pérez Rocha (Fellito Tinina), y la Procuraduría, Alejandro Rocha Peña (Mingolito), les entregaban a los jueces los emolumentos que devengaban: unos 250 pesos. Fungían como alguaciles Rafael Matos (Alito), Ignacio Mota y Luis Marino Arias. De unos 20 empleados de ese tribunal, solo sobreviven este último, hoy notario público; el extogado David Vidal, la entonces escribiente Teresa Peña y este servidor.
Yo era el menor de edad y el de más bajo salario: 60 pesos mensuales, el mínimo estatal, y cumplía el horario de 7:30 a.m. a 1:30 p. m. En la segunda jornada laboraba, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, como secretario auxiliar de Rodolfo Z. Lama Jaar, propietario de Radio Barahona, Radio Pedernales, Radio Jimaní y Radio Neyba. Redactaba cartas, anuncios y notas luctuosas, nutrido por mis primeras prácticas escriturales en los clubes culturales y en los murales de la Juventud Comunista (Pacoredo) del liceo secundario Federico Henríquez y Carvajal.
El 11 de febrero de 2026 -justo 50 años después, porque ingresé en el citado mes- volví a las oficinas de la Corte de Apelación de Barahona y la nostalgia me envolvió con los cambios experimentados: existía uno que otro escritorio de caoba, pero ni en sombra las máquinas mecánicas Olympia, Olivetti y Remington, y prácticamente todos los jueces y empleados de 1973-1976 viajaron a un espacio inhóspito. El salario mínimo es de 20 mil 500 pesos y los titulares de Corte de Apelación ganan desde 260 mil 859 hasta más de 362 mil 304 pesos.
Albricias: Aparecieron los datos de mi ingreso al Poder Judicial, y me expidieron la certificación pertinente. El juez presidente de la Cámara Penal de la Corte y juez coordinador del Departamento Judicial (Barahona, Pedernales, Bahoruco e Independencia), Joselín Moreta Carrasco, me dispensó la más esplendorosa atención. Lo que no dijo el texto fue que fui cancelado -el más próspero premio de mi vida, porque tuve que emigrar forzosamente a Santo Domingo- por negarme a ingresar al Partido Reformista del gobernante presidente Joaquín Balaguer. ¡Qué vida Balaguer!
……………………………………
El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y comentarista de medios escritos, televisivos y digitales.