Conecta con nosotros

Opinión

Caso Odebrecht: Danilo Medina implicado en graves delitos de estado

Published

on

Por Narciso Isa Conde

Consumado el viraje a la derecha  de Lula y del cogollo dirigencial del Partido de los Trabajadores-PT de Brasil en el despliegue de su ejercicio gubernamental,  se fue conformando a nivel nacional e internacional una especie de cartel de la corrupción que articuló enclaves estatales, facciones políticas y grupos empresariales.

Ese viraje del PT incluyó un pacto de gobernabilidad con sectores del gran empresariado brasileño y de las derechas políticas, relaciones económicas privilegiadas con ODEBRECH, el uso con propósitos no santos del emporio PETROBRAS y del BANCO NACIONAL DE DESARROLLO-BNDES (estatal) y el sobredimensionamiento del rol de JOAO CERGUIERA FILHO DE SANTANA y de su firma POLIS-PROPAGANDA como asesor de imagen e instrumento para abrir mercados políticos afines y posibilidades de exportación de corrupción para favorecer candidaturas presidenciales en el exterior en interés de escandalosas ventajas económicas.

Respecto a la República Dominicana la cúpula del PT de Brasil optó por una relación política preferencial con la alta dirección del PLD-Gobierno, previamente neo-liberalizada y corrompida al tenor de su alianza con el Partido Reformista Social-Cristiano liderado por Balaguer.

Esta  CONEXIÓN DOMINICO-BRASILEÑA se desplegó en grande en los periodos de gobierno 2004-2008 y 2008-2012 presididos por Leonel Fernández, enlazó con la candidatura presidencial de Danilo Medina en el 2011 y continuó reforzándose durante su gestión de gobierno 20012-2017.

JOAO SANTANA  fue el “gurù” brasileño del marketing empresarial y electoral, “hacedor de presidentes” y asesor de gobiernos y consorcios; asociado a ODEBRECH y al presidente Lula desempeñó el papel de ideólogo de la avanzada brasileña de penetración en otros países en  interés de ayudar a “fabricar” gobiernos y conexiones útiles para obtener ventajas empresariales mediante prácticas corruptoras

BRASIL, en ese plano, aplicó el programa de expansión económica trasnacional como imperialismo emergente. Y ODEBRECH, como unas de las principales constructoras a escala mundial, se colocó a la cabeza de ese esfuerzo, sin reparar en escrúpulos.

Sus primeros sobornos a cambio de contratos sobrevaluados se comenzaron a instrumentar en nuestro país durante el Gobierno de Hipólito Mejía-PRD.

Pero fue con la retoma del gobierno  por el PLD que se desplegó en grande esa modalidad de la corrupción interestatal dominico-brasileña.

LULA, desde la presidencia hizo de intermediario de esos turbios negocios y cuando salió de ella se dispuso a hacer de “lobista político” de ODEBRECHT con el aval del Gobierno de Dilma Roussef.

LEONEL resultó el gran socio político y beneficiario económico de esa conexión mafiosa brasileña en  República Dominicana hasta el 2012, facilitando logros significativos para ODEBRECH y para otras empresas brasileñas; destacándose casos como el de EMBRAER-SUPERTUCANOS y el ANDRADE GUTIERREZ. Los sobornos, las obras y las compras sobrevaluadas se multiplicaron embarrando Gobierno, Congreso y Fuerzas Armadas.

Danilo Medina relevó a Leonel en la Presidencia de la República y en la jefatura de la contrapartida mafiosa dominicana, apropiándose y expandiendo el negocio de las sobrevaluaciones mediadas por sobornos mayores y menores; incluida la recepción de financiamientos sucios en dos campañas presidenciales con características de sobornos electorales.

  • DANILO POR LEONEL Y LA IMPLANTACIÓN DE

Ante el riesgo brasileño de perder la conexión estatal en República Dominicana a consecuencia del descrédito y desgaste político de Leonel Fernández, se produjo en el 2011-2012 su desplazamiento como referente presidencial dominicano, posición que pasó a ocupar Danilo Medina.

En esa decisión gravitó significativamente la previa valoración mercadológica de JOAO SANTANA-POLIS a favor de DANILO, quien entonces logró el favor de los líderes del PT y estableció los vínculos con su futuro asesor de imagen y enlace con ODEBRECHT, con LULA, DILMA y los ejecutivos de ODEBRECH; desplazando a LEONEL como gran socio dominicano del CARTEL BRASILEÑO.

Ese paso fue consolidado a raíz de la visita de Danilo Medina a Brasil y de sus entrevistas con Lula Y Dilma Roussef en el 2011, en su condición de nuevo candidato presidencial del PLD.

Desde ese momento se abrió el proceso hacia una fuerte implantación de JOAO SANTANA y POLIS/CARIBE (sucursal de POLIS-PROPAGANDA), establecida discretamente en la calle Helios de Bella Vista en Santo Domingo y también repuntó el turbio proceso hacia el ascenso de Medina al Palacio Nacional.

JOAO SANTANA FILHO prestó servicios de asesoría de su empresa de marketing al Gobierno Dominicano, al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y a su candidato Danilo Medina Sánchez desde Julio del 2011; mientras ODEBRECHT se constituyó en uno de los principales colaboradores económicos de sus campañas electorales, violando la Constitución de la República Dominicana y la Ley Electoral vigente.

Los fondos lo otorgaba el denominado Departamento de Operaciones Estructuradas de la Corporación, dedicado a canalizar los sobornos  a funcionarios y candidatos desde sus cuentas en Suiza a las empresas de JOAO SANTANA.

Y para colmo, el Departamento de Operaciones Estructuradas” fue  trasladado a la República Dominicana en el segundo semestre de 2014  en vista de que “a Marcelo Odebrecht le preocupaba la seguridad empresarial para realizar las operaciones de soborno” y en la  “República Dominicana estaba asegurada por instancia oficial y no por particulares”.

En testimonio dado por Hilberto  Mascarenhas Alves da Silva Filho, Jefe de ese Departamento de ODEBRECHT, ofrecidas al Tribunal Superior Electoral de Brasil, éste reconoció el aporte de fondos de ODEBRECTH a las campañas de DANILO MEDINA  y de otros candidatos del PLD. Algo que luego confirmó el ministro Temístocles Montas cuando fue investigado sobre ese asunto.

Vale destacar que JOAO SANTANA FILHO y  su esposa MONICA REGINA CUNHA MOURA han reconocido en interrogatorios efectuados en Brasil que recibieron fondos vía Shellbil Finances, S/A para las campañas que asesoraban en el exterior.

Pero además, confesiones de dos altos funcionarios de ODEBRECHT, FERNANDO MIGLIACCIO y LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES ante el Tribunal Superior de Justicia de Brasil,  dan cuenta de transferencias de fondos de dicha compañía para el financiamiento de campañas electorales en la República Dominicana; mientras que indagaciones realizadas en otras jurisdicciones (“Informe Pari”, por ejemplo), confirman que ODEBRECHT utilizaba con esos mismos fines sociedades y cuentas bancarias de su socio en Perú,  para triangular los aportes a las campañas de DANILO MEDINA SANCHEZ.

La empresa peruana ISAGON transfería el dinero destinado a Danilo-PLD a través de las empresas de JOAO SANTANA radicadas aquí. Incluso pudieron comprobarse contribuciones electorales de ODEBRECHT vía CINE&ARTS2013, SRL (radicada en República Dominicana) por un valor total de US$ 4,396,796.00, entre los meses de octubre del 2013 y julio 2014.

Recibidos esos fondos millonarios, POLIS PROPAGANDA ejecutó a favor del candidato presidencial del PLD una costosa y apabullante publicidad electoral y recibía a través de “Polis Caribe” y CINE&ARTS2013, SRL jugosos contratos gubernamentales.

La ruta de ese dinero coincide en el tiempo con los procesos internos del (PLD) para elegir los nuevos miembros del Comité Central y facilitar el control partidario y el plan reeleccionista, incluido los sobornos para modificar la Constitución.

Esta “estructura” brasileña garantizó así la imposición de Danilo en los comicios del 2012 y 2016.

Por demás, el  encendido agradecimiento de DANILO a JOAO y a sus patrocinadores,  hecho después de la “victoria” del 2012, justo en el instante de recibir el certificado de la Junta Central Electoral-JCE como ganador, no deja dudas sobre la profundidad y los condicionantes de esa asesoría:

…¨he tenido dudas si…si…doy este agradecimiento pero se que no tendré otro escenario para hacerlo es una persona que no está presente aquí, al señor Joao Santana presidente de la institución Polis quien fue nuestro asesor en esta campaña electoral y que nunca dudó de nuestra victoria (aplausos) y en esa institución quiero agradecer también al grupo de personas empresarios y profesionales que hicieron posible que esa institución viniera a la República Dominicana para dirigir esta campaña¨

Ya juramentado como Presidente, JOAO SANTANA se convirtió en el principal contratista del gobierno en el área de mercadeo, y ODEBRECTH consolidó su condición de ser la principal contratista de obras de infraestructura del Gobierno Dominicano.

Pero también, asegurado ese primer triunfo espurio de  Danilo Medina, Lula visitó nuestro país y se entrevistó con el “presidente electo” a principio del 2013, acompañado de ALEJANDRINO ALENCAR, ejecutivo de ODEBRECH; esto dentro de un recorrido que incluía a Cuba y EEUU, costeado por la Constructora  a través de la empresa DAG BAHÌA.

ODEBRECH ha admitido que invitó y financió a LULA a viajar para ayudar en diversos eventos a la expansión de las empresas brasileñas.

PUNTA CATALINA: LICITACIÒN AMAÑADA.

Tres meses después de la visita de LULA a República Dominicana, se anunció la LICITACIÒN de las PLANTAS A CARBÓN de PUNTA CATALINA y en septiembre de ese año se aprobó el financiamiento de 656 millones de dólares a cargo del banco estatal de Brasil (BNDES).

Poco después se le asignó el contrato a la empresa brasileña y la STANLEY CONSULTAN en noviembre de ese mismo año declaró que solo la ODEBRECH clasificaba para:

  • Construir dos unidades de 360 mw (720 mw en total).
  • A un precio de 2,040 millones de dólares, 540 más que el tope de referencia y 1,140 más que la empresa china competidora: la OAK RIDGE, que ofertó hacerla en 900 millones. Cada kw instalado de la brasileña costaría 2,830 dólares, mientras la empresa china lo ofrecía a no más de 1,350 dólares.

En el 2007 la misma SICHOUN de China Popular había ofertado construir dos plantas a carbón en  Manzanillo y Palenque para un total de 1250 mw en 1,250 millones de dólares, para vender el KW a 2,8 centavos. Y esa oferta la dejaron en el olvido.

En el 2013 el Senado aprobó al vapor otro préstamo de 632 millones para el financiamiento de las plantas de Punta Catalina, que se le suma al concertado y luego frustrado contrato con el BNDES. Esa gestión se hizo con cuatro bancos del exterior: DEUSTCHE, SANTANDER, ING GENERAL y UNICREDIT SPA.

Esto todavía no cubría todo el financiamiento, pero el proceso de construcción continuó en medio de muchas incertidumbres.

Inmediatamente después, el 17 de noviembre, vino a entrevistarse con el Presidente Medina, el señor LUIZ DULCI, ex -ministro de la presidencia de Lula y actual director de su instituto, quien a nombre de Dilma se dedicó a darle aliento a los jugosos negocios comunes.

Pese a que en abril del 2015 el CONGRESO NACIONAL autorizó el préstamo brasileño a favor de ODEBRECH-GRUPO ESTRELLA para las plantas de PUNTA CATALINA, todo se complicó cuando explotó el escándalo de LAVA JATO y se frustró el referido financiamiento.

Si nos guiamos por la sobrevaluación de las plantas a carbón de Punta Catalina, a esos mil millones de sobrevaluación, que implica robo y endeudamiento externo a la vez, habría que sumarle estafas con altísimos porcentajes en las demás obras ejecutadas y por ejecutar.

Los altos funcionarios, que hacen las veces de nuevas alcancías y que más poder concentran en la conexión dominicana con el cartel brasileño (cartel entonces al servicio del presidente Medina y su proyecto de reelección), son el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo, el Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta y el vice-presidente de la Corporación Dominicana  Eléctrica Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara. Todos ellos, presidente Medina incluido y en primer lugar, son sujetos procesables pasibles de fuertes  condenas por los graves delitos cometidos.

Aún inexistente el sistema de justicia por estar secuestrado por esa mafia política, procede de todas maneras reclamar el juicio y sanciones ejemplares hasta convertir la exigencia en un clamor nacional que desborde esta institucionalidad absolutamente pervertida y rompa el régimen de la impunidad manipulado por el propio jefe de Estado.

Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Opinión

Tres mitos de la Suprema: consenso, apoliticidad e imparcialidad

Published

on

La selección de la Suprema Corte refleja acuerdos políticos más que imparcialidad, cuestionando el mito de apoliticidad y consenso democrático.

  • El texto sostiene que la unanimidad en el CNM responde a pactos políticos, no convicciones coincidentes.
  • Se menciona a Justiniano Montero Montero como juez de carrera con posibles lealtades tácitas.
  • La SCJ y el Tribunal Constitucional son descritos como claves para proteger élites políticas.

Por Narciso Isa Conde

Escuchando tantos elogios al consenso unánime, a la apoliticidad e imparcialidad en el proceso de la selección y conformación de la nueva Suprema Corte de Justicia (SCJ), les plantee a algunos amigos expertos en el tema que me parecía que ese consenso tiene mucho de pacto entre dos fuerzas políticas: una con mayoría precaria y la otra con una cuota significativa.

Les señalé que ser juez de carrera no es necesariamente ser apolítico o apartidista, y que no es verdad que esta ocasión este gobierno no trataría de asegurar su impunidad, para lo cual la SCJ es una entidad judicial clave.

 Dicho esto, les sugerí ir a más profundidad en estas valoraciones, sobre todo después de lo acontecido con los cambios realizados en otras de las altas cortes.

 El disco duro de la sociología política dominicana nos habla del mito de la neutralidad técnica frente a la cruda política del poder y la búsqueda de impunidad, y posibilita llegar a estas consideraciones:

·         La carrera judicial no es un búnker como para afirmar que, porque el magistrado Justiniano Montero Montero provenga de la base de la judicatura, eso lo despoja de vínculos, simpatías, lealtades tácitas o de la prudencia necesaria para sobrevivir décadas dentro del sistema. Más cuando es tradición que para ascender en la escalera judicial dominicana se requiere navegar aguas donde la denominadas clase política y la oligarquía capitalista siempre tiene antenas y capacidad de veto.

·          Cuando fuerzas mayoritarias con cuentas de corrupción pendientes (como las del PRM y sus empresarios) y minorías con peso institucional (como la representación de FP desde una impunidad protegida) llegan a un voto unánime en el CNM, no se debe a una voluntad democrática colectiva o a un consenso por convicciones coincidentes. Ni en ese caso, ni en casos parecidos.

·         Por lo general, ese resultado responde a un pacto de coexistencia pacífica: se reparten espacios o se validan perfiles donde los actores políticos principales aseguran que no habrá sorpresas radicales ni persecuciones judiciales desbocadas contra los círculos de poder salientes o vigentes.

·         En la República Dominicana, el control o la influencia sobre las altas cortes cumple una función sistémica histórica de protección a los integrantes del poder constituido y a las elites capitalistas.

·         Ningún liderazgo político con fuerza real entrega el poder o diseña transiciones obviando el control de la Suprema Corte de Justicia (máxima instancia de apelación penal y casación) y del Tribunal Constitucional.

·         La experiencia con los cambios en otras altas cortes del país ha demostrado que los repartos de cuotas, presentados como consensos, terminan funcionando como un engranaje de equilibrio de determinadas debilidades: «tú no me tocas los flancos vulnerables de mi gestión, yo no dinamito los tuyos».

·         El sistema judicial se convierte así en un fiel de la balanza que modera los conflictos entre élites partidarias y empresariales, pero que no rompe el statu quo estructural de la llamada clase política tradicional y de toda la clase dominante-gobernante.

Entonces, surgió la necesidad de responder a esta pregunta fuñona:

¿Acaso tiene Abinader el control absoluto de la SCJ?

 Lo cierto es que más que un control absoluto de “títeres” o «marionetas» (que afectaría la imagen benévola de supuesta independencia institucional y la fantasía de la separación de poderes, tan cara para los organismos multilaterales, instancias internacionales, la diplomacia simuladora y las apariencias), lo que se construyó fue un control por entendimientos mutuamente convenientes, con un diseño de perfiles moderados:

Se evitan así perfiles y situaciones confrontativas o disidencias y disidentes reales que puedan activar investigaciones incómodas.

En su lugar se colocan figuras que garantizan una «paz social y corporativa» adecuada al sistema de dominación, administrando la justicia con un mando conservador que frene o disuelva cualquier intento de depuración profunda o propósito de romper con la inercia de impunidad sistémica.

La verdad es que detrás del ropaje técnico y la unanimidad formal se esconde una arquitectura de negociación política donde las cúpulas partidarias y empresariales aseguran su retaguardia institucional.

Nada de consenso democrático, apoliticismo o imparcialidad.

Acuerdos por conveniencia de las partes, casi nunca con equilibrio absoluto o paridad en el poder de decisión.

Continue Reading

Opinión

Descalifican libros y ganadores con IA (6 de 10)

Published

on

Por Oscar López Reyes

Sin equidad en la osadía ni encogimiento de hombros, magnates de la inteligencia artificial (IA) se atribuyen la potestad de apoderarse de textos (plagio) de libros, revistas y periódicos, y academias y editoras despojan de premios a obras escritas por máquinas, en virtud de la usencia de sensibilidad creativa, autenticidad y mérito, que implica un engaño a jurados y lectores. Procuran así preservar la reputación de los galardones.

Adicionalmente, la IA empequeñece la pluralidad y la investigación periodística. El aprovechamiento por las oligopólicas corporativas de obras registradas legalmente para entrenar sus modelos de lenguaje (LLM) algorítmicos, sin la aceptación de sus autores (plagio automatizado), cuyos nombres eliminan, gestó una usurpación jurídica y otro ético (expoliación de propiedad intelectual), porque el software comercializa un saber sistematizado, en desconocimiento del esfuerzo y sacrificio del progenitor original o primario.

La aplicación de la IA también procrea una crisis en la esfera editorial (entre editores y lectores), por la publicación de libros cimentados en algoritmo, y por la mezcla de la creación humana y esta nueva tecnología. El plagio no sólo infringe los derechos de autor, sino que arruina la calidad intelectual periodística.

¿Cómo lidiar con esta asunción ilegítima de autoría?

Asociaciones de escritores y medios de comunicación, como The New York Times, han demandado judicialmente a OpenAl y a otras de la competencia imperfecta, por difundir libros y trabajos periodísticos como suyos. Asimismo, como garantía de sinceridad y certeza, Authors Guild en Estados Unidos e iniciativas en Europa han presentado certificaciones con las etiquetas de “literatura orgánica” o “escrito por un humano”.

También, las nominaciones de acreditados premios, como el Goncourt, han sido retiradas a los escritores de novelas Thélyson Orélien (canadiense, “Fue eso o morir o Era eso o morir”), Mia Ballard (estadounidense, “Chica Tímida”) y a David Silva (peruano, “Donde el agua trabaja”) y, por igual, se ha producido la cancelación de la venta de sus obras literarias por sospechas o admisiones de plagio conectados con recursos cibernéticos.

Carencia de pluralidad y entorno humano. Socava la pluralidad y la disparidad de abordajes delegar la selección de información, la redacción y verificación a la IA, sin la sensibilidad, creatividad, el criterio ético, la profundidad y la depuración objetiva de un periodista comprometido con la verdad. Los prototipos generativos instructivos con documentos preexistentes en internet plasman y postean deformaciones geográficas, históricas, estereotipos y discriminaciones.

El algoritmo deshumanizante de los procesos productivos acarrea la ruptura con principios éticos y la iniciación de un duelo entre el talento humano y las máquinas: un minúsculo grupo de corporaciones privadas y estados nacionales estructuran, explícitas o implícitamente, fórmulas y directrices que normatizan infraestructuras cibernéticas globales.

La contrastación presencial y el discurso mediático se torna ineludible para averiguar y fiscalizar poderes, con estricto nivel profesional, para ganar la confianza de las audiencias.

¿Cuáles son las respuestas?

Para contrapesar, en la competencia profesional contra el algoritmo y por el predominio de la pluralidad, la sensibilidad, se impone reconstruir la conversación colectiva y ampliar la presencia del periodista en los foros abiertos: amplificar la agenda comunitaria, diversificar las fuentes, consultar a expertos, contar historias, dando cabida a las voces más disidentes.

Como valores consustanciales y diferenciales del reporterismo se exige más entrevistas, más crónicas, más reportajes, más descripciones y narraciones, y más análisis cubiertos de originalidad y exclusividad, identificándose con las agrupaciones, asociaciones, congregaciones, equipos, brigadas, corros y peñas locales.

Reducción en labor investigativa. La IA atenta con las opiniones divergentes. El recorte de planillas de redactores, correctores y editores, para aminorar gastos de producción, mengua la competencia metodológica mediática, porque margina la reflexión y el análisis. Lo anterior quiere decir que la automatización excesiva arrebata a la contraargumentación democrática y a la información su rigor y la fiscalización humana, porque descansa en motores de probabilidad estadística.

……………………………………..

Referencias bibliográficas:

1.- Artículo académico (PMC / Frontiers in Artificial Intelligence). Romanishyn, A., Malytska, O., y Goncharuk, V. (2025, 31 de julio). AI-driven disinformation: policy recommendations for democratic resilience. Frontiers in Artificial Intelligence, 8, 1569115.,. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12351547/

2.- Atlas de IA: Poder, política y costes planetarios de la inteligencia artificial, Kate Crawford, Ediciones, Barcelona, España, 2023.

3.- Ciberseguridad paso a paso: Diseña tu estrategia, María Ángeles Caballero Velasco, Laura Baus Lerma y Diego Cilleros Serrano, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.

4.- Lánzate a la IA. Despierta tus superpoderes, Arturo Fuentes Calle, Editorial Marcombo, Barcelona, España, 2026.

5.- Algoritmos para la vida cotidiana: La ciencia de la informática aplicada a las decisiones humanas, Brian Christian y Tom Griffiths, Teell Editorial, Madrid, España, España, 2017.

6.- Inteligencia artificial generativa con modelos de ChatGPT y OpenAI, Valent0ina Alto, Editora Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.

7.- Domina la inteligencia artificial antes de que ella te domine a ti: IA101 estrategias para impulsar tu carrera y mejorar tu vida, Lasse Rouhiainen, Alienta Editorial. Ciudad, Barcelona, España, 2026.

8.- Generación IA: guía para un uso responsable, creativo y seguro de la inteligencia artificial, María Lázaro Ávila, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2026.
…………………………………………

El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.

…………………………………………

 

Continue Reading

Opinión

La Constitución como medida del poder

Published

on

Por Isaías Ramos

 Cuando una autoridad jura cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ciudadanía tiene derecho a creerle. Ese compromiso pone en juego algo más que la reputación del funcionario: la confianza de las personas en que sus derechos estarán protegidos, incluso frente al propio gobierno.

El pasado viernes 6 de noviembre conmemoramos 182 años de la primera Constitución dominicana. Honrarla exige examinar qué ocurre con lo jurado una vez comienza el ejercicio del poder.

El artículo 127 obliga al presidente y vicepresidente a prestar ese juramento antes de entrar en funciones. Incluye respetar los derechos y libertades ciudadanos y cumplir fielmente los deberes del cargo. Cada decisión posterior debe poder sostenerse frente a ese compromiso.

Mateo 23:2-3 ilumina esta exigencia. Jesús denuncia la contradicción entre enseñanza y conducta en los dirigentes religiosos a quienes se dirige: «ellos dicen, pero no hacen». Su aplicación política invita a examinar si las autoridades ejercen sus funciones conforme a los principios que proclaman.

La Constitución proporciona una medida común para hacerlo, independientemente de las creencias particulares o las preferencias políticas. Su artículo 6 somete a los poderes públicos a la norma suprema. Una mayoría electoral gobierna dentro de esos límites.

Las candidaturas independientes permiten comprobar qué significa respetarlos.

En la sentencia TC/0788/24, el Tribunal Constitucional consideró desproporcionados los requisitos impugnados y estableció una regulación sustitutiva. Afirmó que los partidos no tienen el monopolio constitucional de todas las candidaturas a puestos de elección nacional y reconoció al Congreso competencia para regularlas de manera compatible con lo decidido.

El Congreso aprobó después la Ley 13-26 y el Ejecutivo la promulgó, suprimiendo esas candidaturas. Sus fundamentos invocan una reserva de postulaciones a las organizaciones políticas y dificultades de organización institucional.

El Tribunal dispuso corregir la regulación; la respuesta legislativa y ejecutiva fue suprimir la figura. Esa es la contradicción constitucional que denunciamos. Las dificultades alegadas debían resolverse respetando el fallo y el carácter vinculante que el artículo 184 reconoce a las decisiones del Tribunal Constitucional.

Si el órgano obligado pudiera escoger qué sentencia cumple, ¿qué seguridad tendría una persona que acude a la justicia para defender sus derechos? La respuesta importa también a quien nunca aspirará a un cargo. Una sentencia constitucional vinculante debe cumplirse, aunque incomode a la autoridad obligada a ejecutarla.

Hemos presentado dos recursos: uno contra la Ley 13-26 y otro frente a lo que denunciamos como la negativa de la Junta Central Electoral a cumplir el mandato de la sentencia. Cada procedimiento requiere una decisión de la instancia competente. La impugnación de la ley no la anula por sí sola.

Acudimos a las vías institucionales para defender la participación y exigir que las autoridades respondan por sus decisiones.

El artículo 75 también compromete a la ciudadanía. Su numeral 1 exige acatar y cumplir la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades establecidas por ellas. El numeral 12 obliga a velar por la calidad democrática, el patrimonio público y la transparencia de la función pública.

Cumplamos esos deberes exigiendo respuestas documentadas: qué se ha hecho para cumplir la sentencia y cuál es el fundamento jurídico de cada actuación.

Asumamos el cumplimiento constitucional como una obligación permanente, tanto al exigir responsabilidades como al ejercer autoridad.

En 2044 celebraremos dos La Constitución como medida del poder

siglos de independencia y de nuestra primera Constitución. Trabajemos para llegar a ese aniversario con derechos que las personas puedan exigir y autoridades que respondan por su cumplimiento.

El juramento compromete a quien gobierna. Hacerlo exigible protege a toda la nación.

¡El 2044 comienza hoy!

Continue Reading

Edificio La República: Restauración No. 138, cuarta planta, Santiago, República Dominicana. Teléfono: 809-247-3606. Fax: 809-581-0030.
www.larepublicaonline.com  / Email: periodico@larepublicaonline.com
Copyright © 2021 Blue National Group