Opinión
Caso Odebrecht: Danilo Medina implicado en graves delitos de estado
Por Narciso Isa Conde
Consumado el viraje a la derecha de Lula y del cogollo dirigencial del Partido de los Trabajadores-PT de Brasil en el despliegue de su ejercicio gubernamental, se fue conformando a nivel nacional e internacional una especie de cartel de la corrupción que articuló enclaves estatales, facciones políticas y grupos empresariales.
Ese viraje del PT incluyó un pacto de gobernabilidad con sectores del gran empresariado brasileño y de las derechas políticas, relaciones económicas privilegiadas con ODEBRECH, el uso con propósitos no santos del emporio PETROBRAS y del BANCO NACIONAL DE DESARROLLO-BNDES (estatal) y el sobredimensionamiento del rol de JOAO CERGUIERA FILHO DE SANTANA y de su firma POLIS-PROPAGANDA como asesor de imagen e instrumento para abrir mercados políticos afines y posibilidades de exportación de corrupción para favorecer candidaturas presidenciales en el exterior en interés de escandalosas ventajas económicas.
Respecto a la República Dominicana la cúpula del PT de Brasil optó por una relación política preferencial con la alta dirección del PLD-Gobierno, previamente neo-liberalizada y corrompida al tenor de su alianza con el Partido Reformista Social-Cristiano liderado por Balaguer.
Esta CONEXIÓN DOMINICO-BRASILEÑA se desplegó en grande en los periodos de gobierno 2004-2008 y 2008-2012 presididos por Leonel Fernández, enlazó con la candidatura presidencial de Danilo Medina en el 2011 y continuó reforzándose durante su gestión de gobierno 20012-2017.
JOAO SANTANA fue el “gurù” brasileño del marketing empresarial y electoral, “hacedor de presidentes” y asesor de gobiernos y consorcios; asociado a ODEBRECH y al presidente Lula desempeñó el papel de ideólogo de la avanzada brasileña de penetración en otros países en interés de ayudar a “fabricar” gobiernos y conexiones útiles para obtener ventajas empresariales mediante prácticas corruptoras
BRASIL, en ese plano, aplicó el programa de expansión económica trasnacional como imperialismo emergente. Y ODEBRECH, como unas de las principales constructoras a escala mundial, se colocó a la cabeza de ese esfuerzo, sin reparar en escrúpulos.
Sus primeros sobornos a cambio de contratos sobrevaluados se comenzaron a instrumentar en nuestro país durante el Gobierno de Hipólito Mejía-PRD.
Pero fue con la retoma del gobierno por el PLD que se desplegó en grande esa modalidad de la corrupción interestatal dominico-brasileña.
LULA, desde la presidencia hizo de intermediario de esos turbios negocios y cuando salió de ella se dispuso a hacer de “lobista político” de ODEBRECHT con el aval del Gobierno de Dilma Roussef.
LEONEL resultó el gran socio político y beneficiario económico de esa conexión mafiosa brasileña en República Dominicana hasta el 2012, facilitando logros significativos para ODEBRECH y para otras empresas brasileñas; destacándose casos como el de EMBRAER-SUPERTUCANOS y el ANDRADE GUTIERREZ. Los sobornos, las obras y las compras sobrevaluadas se multiplicaron embarrando Gobierno, Congreso y Fuerzas Armadas.
Danilo Medina relevó a Leonel en la Presidencia de la República y en la jefatura de la contrapartida mafiosa dominicana, apropiándose y expandiendo el negocio de las sobrevaluaciones mediadas por sobornos mayores y menores; incluida la recepción de financiamientos sucios en dos campañas presidenciales con características de sobornos electorales.
- DANILO POR LEONEL Y LA IMPLANTACIÓN DE
Ante el riesgo brasileño de perder la conexión estatal en República Dominicana a consecuencia del descrédito y desgaste político de Leonel Fernández, se produjo en el 2011-2012 su desplazamiento como referente presidencial dominicano, posición que pasó a ocupar Danilo Medina.
En esa decisión gravitó significativamente la previa valoración mercadológica de JOAO SANTANA-POLIS a favor de DANILO, quien entonces logró el favor de los líderes del PT y estableció los vínculos con su futuro asesor de imagen y enlace con ODEBRECHT, con LULA, DILMA y los ejecutivos de ODEBRECH; desplazando a LEONEL como gran socio dominicano del CARTEL BRASILEÑO.
Ese paso fue consolidado a raíz de la visita de Danilo Medina a Brasil y de sus entrevistas con Lula Y Dilma Roussef en el 2011, en su condición de nuevo candidato presidencial del PLD.
Desde ese momento se abrió el proceso hacia una fuerte implantación de JOAO SANTANA y POLIS/CARIBE (sucursal de POLIS-PROPAGANDA), establecida discretamente en la calle Helios de Bella Vista en Santo Domingo y también repuntó el turbio proceso hacia el ascenso de Medina al Palacio Nacional.
JOAO SANTANA FILHO prestó servicios de asesoría de su empresa de marketing al Gobierno Dominicano, al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y a su candidato Danilo Medina Sánchez desde Julio del 2011; mientras ODEBRECHT se constituyó en uno de los principales colaboradores económicos de sus campañas electorales, violando la Constitución de la República Dominicana y la Ley Electoral vigente.
Los fondos lo otorgaba el denominado Departamento de Operaciones Estructuradas de la Corporación, dedicado a canalizar los sobornos a funcionarios y candidatos desde sus cuentas en Suiza a las empresas de JOAO SANTANA.
Y para colmo, el Departamento de Operaciones Estructuradas” fue trasladado a la República Dominicana en el segundo semestre de 2014 en vista de que “a Marcelo Odebrecht le preocupaba la seguridad empresarial para realizar las operaciones de soborno” y en la “República Dominicana estaba asegurada por instancia oficial y no por particulares”.
En testimonio dado por Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, Jefe de ese Departamento de ODEBRECHT, ofrecidas al Tribunal Superior Electoral de Brasil, éste reconoció el aporte de fondos de ODEBRECTH a las campañas de DANILO MEDINA y de otros candidatos del PLD. Algo que luego confirmó el ministro Temístocles Montas cuando fue investigado sobre ese asunto.
Vale destacar que JOAO SANTANA FILHO y su esposa MONICA REGINA CUNHA MOURA han reconocido en interrogatorios efectuados en Brasil que recibieron fondos vía Shellbil Finances, S/A para las campañas que asesoraban en el exterior.
Pero además, confesiones de dos altos funcionarios de ODEBRECHT, FERNANDO MIGLIACCIO y LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES ante el Tribunal Superior de Justicia de Brasil, dan cuenta de transferencias de fondos de dicha compañía para el financiamiento de campañas electorales en la República Dominicana; mientras que indagaciones realizadas en otras jurisdicciones (“Informe Pari”, por ejemplo), confirman que ODEBRECHT utilizaba con esos mismos fines sociedades y cuentas bancarias de su socio en Perú, para triangular los aportes a las campañas de DANILO MEDINA SANCHEZ.
La empresa peruana ISAGON transfería el dinero destinado a Danilo-PLD a través de las empresas de JOAO SANTANA radicadas aquí. Incluso pudieron comprobarse contribuciones electorales de ODEBRECHT vía CINE&ARTS2013, SRL (radicada en República Dominicana) por un valor total de US$ 4,396,796.00, entre los meses de octubre del 2013 y julio 2014.
Recibidos esos fondos millonarios, POLIS PROPAGANDA ejecutó a favor del candidato presidencial del PLD una costosa y apabullante publicidad electoral y recibía a través de “Polis Caribe” y CINE&ARTS2013, SRL jugosos contratos gubernamentales.
La ruta de ese dinero coincide en el tiempo con los procesos internos del (PLD) para elegir los nuevos miembros del Comité Central y facilitar el control partidario y el plan reeleccionista, incluido los sobornos para modificar la Constitución.
Esta “estructura” brasileña garantizó así la imposición de Danilo en los comicios del 2012 y 2016.
Por demás, el encendido agradecimiento de DANILO a JOAO y a sus patrocinadores, hecho después de la “victoria” del 2012, justo en el instante de recibir el certificado de la Junta Central Electoral-JCE como ganador, no deja dudas sobre la profundidad y los condicionantes de esa asesoría:
…¨he tenido dudas si…si…doy este agradecimiento pero se que no tendré otro escenario para hacerlo es una persona que no está presente aquí, al señor Joao Santana presidente de la institución Polis quien fue nuestro asesor en esta campaña electoral y que nunca dudó de nuestra victoria (aplausos) y en esa institución quiero agradecer también al grupo de personas empresarios y profesionales que hicieron posible que esa institución viniera a la República Dominicana para dirigir esta campaña¨
Ya juramentado como Presidente, JOAO SANTANA se convirtió en el principal contratista del gobierno en el área de mercadeo, y ODEBRECTH consolidó su condición de ser la principal contratista de obras de infraestructura del Gobierno Dominicano.
Pero también, asegurado ese primer triunfo espurio de Danilo Medina, Lula visitó nuestro país y se entrevistó con el “presidente electo” a principio del 2013, acompañado de ALEJANDRINO ALENCAR, ejecutivo de ODEBRECH; esto dentro de un recorrido que incluía a Cuba y EEUU, costeado por la Constructora a través de la empresa DAG BAHÌA.
ODEBRECH ha admitido que invitó y financió a LULA a viajar para ayudar en diversos eventos a la expansión de las empresas brasileñas.
PUNTA CATALINA: LICITACIÒN AMAÑADA.
Tres meses después de la visita de LULA a República Dominicana, se anunció la LICITACIÒN de las PLANTAS A CARBÓN de PUNTA CATALINA y en septiembre de ese año se aprobó el financiamiento de 656 millones de dólares a cargo del banco estatal de Brasil (BNDES).
Poco después se le asignó el contrato a la empresa brasileña y la STANLEY CONSULTAN en noviembre de ese mismo año declaró que solo la ODEBRECH clasificaba para:
- Construir dos unidades de 360 mw (720 mw en total).
- A un precio de 2,040 millones de dólares, 540 más que el tope de referencia y 1,140 más que la empresa china competidora: la OAK RIDGE, que ofertó hacerla en 900 millones. Cada kw instalado de la brasileña costaría 2,830 dólares, mientras la empresa china lo ofrecía a no más de 1,350 dólares.
En el 2007 la misma SICHOUN de China Popular había ofertado construir dos plantas a carbón en Manzanillo y Palenque para un total de 1250 mw en 1,250 millones de dólares, para vender el KW a 2,8 centavos. Y esa oferta la dejaron en el olvido.
En el 2013 el Senado aprobó al vapor otro préstamo de 632 millones para el financiamiento de las plantas de Punta Catalina, que se le suma al concertado y luego frustrado contrato con el BNDES. Esa gestión se hizo con cuatro bancos del exterior: DEUSTCHE, SANTANDER, ING GENERAL y UNICREDIT SPA.
Esto todavía no cubría todo el financiamiento, pero el proceso de construcción continuó en medio de muchas incertidumbres.
Inmediatamente después, el 17 de noviembre, vino a entrevistarse con el Presidente Medina, el señor LUIZ DULCI, ex -ministro de la presidencia de Lula y actual director de su instituto, quien a nombre de Dilma se dedicó a darle aliento a los jugosos negocios comunes.
Pese a que en abril del 2015 el CONGRESO NACIONAL autorizó el préstamo brasileño a favor de ODEBRECH-GRUPO ESTRELLA para las plantas de PUNTA CATALINA, todo se complicó cuando explotó el escándalo de LAVA JATO y se frustró el referido financiamiento.
Si nos guiamos por la sobrevaluación de las plantas a carbón de Punta Catalina, a esos mil millones de sobrevaluación, que implica robo y endeudamiento externo a la vez, habría que sumarle estafas con altísimos porcentajes en las demás obras ejecutadas y por ejecutar.
Los altos funcionarios, que hacen las veces de nuevas alcancías y que más poder concentran en la conexión dominicana con el cartel brasileño (cartel entonces al servicio del presidente Medina y su proyecto de reelección), son el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo, el Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta y el vice-presidente de la Corporación Dominicana Eléctrica Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara. Todos ellos, presidente Medina incluido y en primer lugar, son sujetos procesables pasibles de fuertes condenas por los graves delitos cometidos.
Aún inexistente el sistema de justicia por estar secuestrado por esa mafia política, procede de todas maneras reclamar el juicio y sanciones ejemplares hasta convertir la exigencia en un clamor nacional que desborde esta institucionalidad absolutamente pervertida y rompa el régimen de la impunidad manipulado por el propio jefe de Estado.
Por José Cabral
Por doquier se escucha la misma queja de que la sociedad dominicana ha desarrollado una cultura del engaño y el fraude.
Este problema tiene necesariamente que generar mucha preocupación y angustia, porque lo que ocurre nadie se atreve a negar que es una amenaza latente en contra de todos y cada uno de los dominicanos.
El país está atrapado por los cuatro puntos cardinales, cuyas consecuencias impactan a los de abajo, los del medio y los de arriba social y económicamente hablando.
Y esto hay que traerlo a colación porque si vamos a los tribunales en busca de justicia es el mismo escenario de la negación de derechos y justificación y estimulación de lo mal hecho.
No importa el circulo en que uno se mueva, el lenguaje es el mismo, la justificación de lo injustificable.
Es una cultura que no es fácil de erradicar, ya que los principales promotores del robo, el fraude e incluso de los asesinatos porque estimulan la vía de hecho, son los tribunales penales.
Son escenarios con un nivel de solemnidad que engañan al más inteligente y bonito, como el debate presidencial, cuyos participantes y aspirantes a dirigir el país, quienes debían estar presos en vez de aparecer por televisión para justificar sus aspiraciones, son los mejores exponentes de la «decencia nacional».
Es “cogío# que estamos, no parece haber escapatorias porque esas conductas los primeros en legitimarlas y justificarlas son los propios ciudadanos, los votantes, los perjudicados con unas acciones que dañan toda la nación.
La verdad que no se ve clara la salida a esta situación que genera una gran incertidumbre, ya que es muy poco lo que sirve.
Haga una reflexión y escoja el escenario que le parezca y comprobará que cualquiera se llena de pesimismo si es que usted ama el aspecto humano de la vida, de lo contrario tal vez no se alarme.
Por Isaías Ramos
El 14 de enero de este año, nuestra nación fue víctima de una de las peores ignominias que puede sufrir nuestra frágil democracia: la ruptura de nuestra Carta Magna. Con la promulgación de la Ley 1-24, que pretende instaurar la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), se busca intimidar a la población y consolidar una tiranía que creíamos superada hace más de seis décadas.
Esta ley desafía abiertamente la Constitución que nos rige. Según el artículo 261, el sistema de inteligencia debe estar subordinado a instituciones independientes, como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, asegurando así su supervisión y alineación con el interés nacional. No obstante, el artículo 8 de la Ley 1-24 coloca la DNI directamente bajo el presidente, otorgándole un poder ilimitado que es tanto peligroso como inestable.
La historia nos ofrece lecciones claras sobre los peligros de un poder sin restricciones. Tácito, el historiador romano, advirtió: «El poder nunca es estable cuando es ilimitado». Este poder concentrado en una sola figura no solo va en contra de nuestras leyes fundamentales, sino que es una receta para el abuso y la corrupción.
Esta ley se levanta como un monstruo de múltiples cabezas que, de no ser detenido, destruirá los cimientos de esta débil democracia, llevándose consigo nuestra libertad y nuestros derechos más preciados: nuestra dignidad.
La implementación de esta ley podría llevarnos por un camino oscuro, similar al sufrido por ciudadanos en países como Nicaragua, Venezuela y Cuba, donde los servicios de inteligencia se han utilizado como herramientas para reprimir la disidencia y mantener a los líderes autoritarios en el poder.
La historia reciente de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, detenida arbitrariamente, y de algunos dirigentes de la líder opositora María Corina Machado en un país bajo un régimen con leyes similares, nos sirve como un presagio sombrío de lo que podría suceder aquí. Sus experiencias de miedo, represión y violencia son un claro recordatorio de lo que está en juego.
Es imperativo que reconsideremos esta legislación y evaluemos sus impactos potenciales no solo en nuestra seguridad, sino en nuestra libertad.
El Frente Cívico y Social (FCS) comprende profundamente estas consecuencias y, por eso, instamos a la población a tomar una postura firme. Si esta ley no es derogada o modificada para alinearse con nuestros principios constitucionales antes de las elecciones del 19 de mayo, llamamos a la ciudadanía a abstenerse de votar o emitir un voto nulo. Esta acción de desobediencia civil no es solo un derecho, sino un deber cívico.
El sistema actual nos desmoraliza, nos lleva a vivir en un estado de desestabilización y crisis, causando miedo y terror que nos quitan el poder de razonar y pensar en lo verdaderamente importante.
De continuar indiferentes ante este enorme desafío, visualizamos un futuro donde el miedo y la represión se convertirán en la norma, y donde las libertades que tanto costaron conquistar serán solo un recuerdo lejano. Frente a este escenario, debemos recordar que aún tenemos la oportunidad de redirigir el rumbo de nuestra nación.
Defender nuestra libertad es ahora. No podemos permitir que las sombras de un pasado autoritario oscurezcan nuestro presente y nuestro futuro. Alcémonos con valor y compromiso, preparados para actuar y proteger lo que más valoramos. Solo así podremos superar las adversidades y fortalecer los pilares de nuestra democracia.
En el FCS estamos muy claros de que el futuro está en nuestras manos, y el momento de actuar es ahora. No esperemos más para defender nuestro sistema democrático y asegurar un mañana más prometedor y justo para todos. ¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
El artículo 77 del Estatuto de Roma faculta a la CPI para imponer la condena de cadena perpetua, pero solo en aquellos casos en que se justifique debido a la extrema gravedad del crimen y las circunstancias individuales del condenado.
De otra manera, la pena máxima para los delitos del Estatuto de Roma es de 30 años de prisión. Algunas constituciones prohíben la cadena perpetua o el término de 30 años de prisión por considerar que estas penas no prevén una oportunidad para la rehabilitación, o que no son proporcionales con la naturaleza del crimen.
Sería difícil argumentar que los largos periodos de prisión son desproporcionados respecto a la mayoría de los crímenes de la competencia de la CPI, particularmente cuando la cadena perpetua debe ser justificada por la ̈extrema gravedad del crimen ̈. Tal condena solo se impondrá a aquellos que tengan el más alto nivel de responsabilidad en la comisión de los mas graves crímenes, tales como el genocidio.
Adicionalmente, el Estatuto de Roma prevé la posibilidad de la rehabilitación. Según el artículo 110, la Corte deberá revisar todas las condenas de prisión cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua para determinar si esta puede reducirse.
En el punto anterior la CPI considera estos aspectos como si la persona hubiese asistido a la Corte con la localización de cualquier bien objeto de una multa, decomiso u órdenes de reparación que pudiesen beneficiar a la víctima.
La CPI también podrá tomar en consideración ¨otros factores indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba, que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena¨
Por consiguiente una cadena perpetua podría reducirse a 25 años de prisión en algunos casos. Si la CPI decide no reducir la sentencia de la persona después de la primera revisión, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba.
Durante las negociaciones sobre las penas de la CPI, muchos Estados estuvieron a favor de la aplicación de la pena de muerte en los casos extremos. El numero de Estados con pena de muerte es poco menor que el de aquellos que no tienen pena de muerte.
No existe la oportunidad para rehabilitación alguna cuando se impone la pena de muerte. Por ende la cadena perpetua con la posibilidad de reducirla a 25 años, es un compromiso razonable entre la pena de muerte y la prisión máxima de 30 años.
Los Estados deberán recordar que el artículo 80 del Estatuto de Roma expresamente establece que el Estatuto no afecta la aplicación por parte de los Estados de aquellas penas prescritas por su propio derecho interno , ni afecta la ley de aquellos Estados que no impongan las penas prescritas en el Estatuto de Roma.
Los Estados Partes no deben imponer las mismas penas por los mismos delitos en su jurisdicción, ni deberán aplicar las condenas de prisión a no ser que voluntariamente lo quieran hacer. En este caso, los Estados podrán también especificar las condiciones bajo las cuales aceptarían a las personas condenadas, inclusive la condición de no aplicar la cadena perpetua.
Por consiguiente, los Estados Partes que cuenten con las disposiciones constitucionales que prohíban la imposición de la cadena perpetua solo necesitaran permitir la excepción de entregar a la persona a la CPI, pese a que tal persona pueda ser condenada a cadena perpetua.
Los Estados Partes del Estatuto de Roma deberán entregar a la persona acusada a la CPI cuando ésta así lo solicite, aún si existe la posibilidad de que dicha persona sea condenada a cadena perpetua.
En el caso de muchos Estados, la potestad de la CPI para imponer la cadena perpetua no necesitará la aplicación de medidas legislativas particulares. Sin embargo, en algunos Estados la constitución explícitamente prohíbe la extradición de una persona a un Estado donde se aplica esta pena , o que declara la cadena perpetua como un castigo cruel. Estos Estados cuentan con dos opciones:
- a)Establecer claramente, en la norma que implemente el Estatuto, la distinción entre la extradición de una persona a otro Estado y la entrega de una persona a la Corte Penal Internacional.
Algunos Estados podrán realizar esta distinción en su legislación, lo cual les permitiría entregar personas a la CPI aunque existan una restricción a la ¨extradicion¨de personas a tribunales que impongan la pena de cadena perpetua. Esto les permitiría mantenerla prohibición de extraditar una persona a un tribunal extranjero, sin interferir con la habilidad de cooperar plenamente con la CPI.
- b)La reforma a la Constitución podría ser mínima, dirigida solo a la introducción de una excepción al principio. Podría especificarse que la cadena perpetua impuesta por la CPI de conformidad con el Estatuto de Roma para algunos de los crímenes allí enumerados no viola la Constitución.
Debería también mencionarse que el Estado puede entregar a la persona acusada a la CPI a pesar de que exista la posibilidad de la cadena perpetua. La enmienda constitucional podría también mencionar que la CPI puede reducir la condena después de 25 años, existiendo así la posibilidad de la rehabilitación.
Finalmente, la ventaja de una reforma constitucional que elimina cualquier posibilidad de un conflicto normativo, garantiza que los tribunales nacionales dicten sus fallos de conformidad con sus obligaciones legales establecidas en el Estatuto de Roma.