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Testimonio de brasileño en caso Odebrecht compromete responsabilidad penal de inculpados.
Por Elba García
El Caso Odebrecht toma nuevo giro con el testimonio de un brasileño que compromete mucho más la responsabilidad penal de los inculpados y de otros que nunca han sido tocados a pesar de ser partes importantes del gran fraude y de la estafa en contra del Estado y de la sociedad.
La ventilación del juicio en contra de los inculpados de promover y recibir los sobornos distribuidos en el país por la multinacional de la construcción Odebrecht, tomó un giro muy comprometedor en contra del grupo que figura en el expediente instrumentado por la pasada Procuraduría General de la República.
La acusación, que siempre estuvo dirigida a sacar de los sobornos y la estafa en contra del Estado y la sociedad dominicana una serie de personajes con posiciones preponderantes en el Gobierno de Danilo Medina, ahora ha tomado un curso en el que los testimonios de los brasileños dejan claro que eran piezas claves en el expediente y que el mismo no había sido avalado lo suficiente por parte del Ministerio Público.
Mauricio Danta Becerra, exjefe del departamento jurídico de Odebrecht, ha hablado muy claro en el juicio que continuó este viernes y que deberá seguirse el próximo lunes, en el sentido de que la empresa entregó unos 92 millones de dólares a Angel Rondón Rijo y que en ese entremado para comprar el voto en el Congreso Nacional de muchos legisladores para aprobar la construcción de obras públicas involucró a altos funcionarios oficiales, pero además a personajes como Conrado Pittaluga y a Víctor de la Rúa.
Durante la audiencia los abogados de la defensa intentaron impedir el testimonio del primer testigo, el señor Danta Becerra, pero resultó infructuoso el propósito de la defensa de Rondón Rijo y de otros inculpados de incidental el proceso, aunque sí lograron proscribir por parte del tribunal la transmisión en vivo de la audiencia por las redes sociales a través de la plataforma de la Suprema Corte de Justicia.
Todavía falta el testimonio de otros dos testigos que jugaron un papel clave en el soborno otorgado por Odebrecht a diputados y senadores para la aprobación de obras públicas sobrevaluadas en perjuicio de los dominicanos, pero de lo que todo el mundo está seguro es de que son muchos más los responsables de los hechos, porque en el fraude y la estafa jugaron un papel protagónico funcionarios de pasados gobiernos.
En la audiencia se pudo observar como en el sistema de justicia el abogado en la defensa de su cliente tiene que recurrir a todo tipo de recurso para lograr convencer de la inocencia de su defendido, aunque sea culpable, todo a partir de la presunción de inocencia y de la tutela judicial, lo cual puede convertirse en un instrumento ideal para promover impunidad y la no aplicación de la ley.
Los abogados de los inculpados se apoyaron durante el curso de la audiencia en una serie de incidentales que podrían determinar el destino del proceso, porque como muy bien lo dijeron los especialistas en derecho penal ellos pudieran lograr que el juicio se extienda hasta el año 2040 para que se consume la denegación de justicia, porque en realidad de lo que se trata es de que los acusados sean declarados inocentes aunque sean culpables.
Sin embargo, lo ocurrido ayer en la sala de audiencia permite presagiar que los inculpados muy difícilmente se salgan con las suyas, porque las pruebas en su contra están ahí, sólo que habría que buscarlas y presentarlas como manda el Código Procesal Penal.
El desenlace y veredicto del caso Odebrecht va a constituir un buen punto de referencia para que en la República Dominicana se detenga el robo del patrimonio público por parte de la mayoría de los que van al Estado a apropiarse lo que no es suyo.
Una pregunta que siempre ha estado presente desde que se conoció el fraude y la estafa cometidas en contra del Estado y la sociedad dominicanas, es por qué la empresa que servía de contraparte en el país, el Consorcio Estrella, nunca ha sido investigada sobre el gran robo cometido, cuyo presidente, Manuel Estrella, es cortejado por el pasado y el actual gobierno encabezado por Luis Abinader, quien hasta fue a la propia casa de este empresario a comer en su mesa y enviar la señal de que disfrutaría de impunidad.
A partir de ayer podría ser que la investigación se profundice y que sean muchos más los enjuiciados por los hechos cometidos, incluidos personas como Abel Martínez, actual alcalde del municipio de Santiago, quien ocupó durante varias legislaturas la presidencia de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, cuya fortuna ha sido cuestionada por diferentes sectores de la vida nacional, entre ellos, la Marcha Verde.
La investigación que se aproxima tampoco debe quedar fuera el expresidente Danilo Medina, responsable de todos los encubrimientos de los fraudes y estafas en contra del Estado a través sus títeres, entre ellos Jean Alan Rodríguez, pasado procurador general de la República.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.