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Casos Brianna y Roldany reactivan debate de Alerta Amber en RD

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Santo Domingo, R.D.-La desapariciones de los menores Brianna Genao y Roldany Calderón vuelven a colocar en el centro del debate nacional la urgencia de que República Dominicana cuente con una ley que implemente el sistema de Alerta Amber. Especialistas sugieren que ambos casos evidencian los vacíos legales y limitaciones en la respuesta institucional ante desapariciones de menores.

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, exhortó al Congreso Nacional a priorizar en la próxima legislatura el proyecto de ley que establece el sistema de Alerta Amber, iniciativa que recientemente perimió con el cierre del período legislativo.

La Alerta Amber es un sistema de respuesta inmediata diseñado para localizar rápidamente a niños, niñas y otras personas vulnerables que han sido reportadas como desaparecidas. Su objetivo principal es movilizar a toda la sociedad en las primeras horas del hecho, cuando las probabilidades de localización con vida son mayores.

La Alerta Amber trata de un conjunto de acciones coordinadas entre instituciones públicas, organismos de emergencia, medios de comunicación y ciudadanía, que se activa únicamente cuando se cumplen criterios específicos: indicios claros de secuestro o desaparición forzada, riesgo inminente para la vida del menor y disponibilidad de información verificable.

Las autoridades evalúan si el caso cumple los criterios para activar la alerta. De ser así, se inicia la difusión pública con datos clave como descripción del menor, lugar de desaparición, posibles sospechosos y vehículos involucrados. Una vez activada, la alerta se difunde de forma masiva a través de televisión, radio, plataformas digitales, redes sociales, teléfonos móviles y paneles electrónicos, permitiendo que millones de personas reciban la información de manera casi inmediata.

El sistema prioriza las primeras horas, consideradas críticas, y mantiene la alerta activa hasta que el menor aparece o se descarta el riesgo. En países donde está implementado, la Alerta Amber ha permitido resolver miles de casos en lapsos muy cortos.

Actualmente, la Alerta Amber funciona en alrededor de 30 países, incluidos Estados Unidos, Canadá, México, España, Francia y Alemania.

FINJUS urge acción legislativa inmediata

Castaños Guzmán sostuvo que el Congreso no puede mantener engavetada una pieza que responde a una problemática social de alta sensibilidad, y que exige herramientas legales eficaces y una respuesta inmediata del Estado. Recordó que en los últimos años varios proyectos de Alerta Amber pasaron por el hemiciclo, incluyendo uno del senador Rafael Barón Duluc, pero todos han perimido sin convertirse en ley.

El caso de Brianna Genao ha contado incluso con apoyo del FBI, incluyendo unidades caninas, como parte del reforzamiento de las labores de búsqueda. A este hecho le preceden otros casos, el último de ellos el de Roldany Calderón, de tres años, desaparecido el 30 de marzo de 2025 en Manabao, Jarabacoa, sin que hasta la fecha se conozca su paradero.

El debate de la Alerta Amber en RD

La Cámara de Diputados aprobó en julio de 2025 en segunda lectura y por unanimidad el proyecto de ley de prevención y respuesta nacional ante la ausencia de población vulnerable, conocido como Alerta Amber, quedando a la espera de su paso al Senado.

La iniciativa, presentada por las diputadas Liz Mieses y Carmen Ligia Barceló, crea el Sistema Nacional de Alertas (AlertaRD) para la localización, asistencia y resguardo de personas desaparecidas, especialmente menores y otros grupos vulnerables.

El proyecto establece acciones coordinadas entre instituciones públicas, medios de comunicación y ciudadanía, y contempla cooperación jurídica internacional en casos de tráfico de personas u otros delitos transnacionales.

Sin embargo, la iniciativa no ha concitado el interés necesario. El proyecto que perimió de la Cámara de Diputados incluye, además, Alerta Silver, para adultos mayores; Alerta Azul, para discapacitados; y Alerta Rosa, para mujeres violentadas.

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Por efecto de vaguada declaran 21 provincias en alerta amarilla y 7 en verde.

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SANTO DOMINGO.- Fueron aumentada 20 provincias y el  Distrito Nacional en alerta amarilla y se mantienen siete en verde, ya que continuarán las lluvias como consecuencia de una vaguada y del  colentamiento diurno, segun  el Centro de Operaciones de Emergencias (COE)

Las provincias en alerta amarilla son: Santo Domingo, San José de Ocoa, Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Monte Cristi, Hermanas Mirabal, Santiago, Puerto Plata, Monseñor Nouel, La Altagracia, San Cristóbal, Monte Plata, La Romana, Duarte(el Bajo Yuna), El Seibo, Hato Mayor, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat y San Juan.

Mientras que en alerta verde están María Trinidad Sánchez, Valverde, Independencia, Samaná, Dajabón, Elías Piña y Azúa.

Más de 500 mil usuarios recuperan servicio agua potable tras lluvias, informa el COE

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En ese sentido, el organismo recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Mientras que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) recomendó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, en la costa atlántica, navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento anormal y oleaje peligroso.

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PC le solicitó a Jean Alain perjudicar a personas durante su gestión, según lo denunció el ex-procurador.

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Santo Domingo, R.D.-El exprocurador general, Jean Alain Rodríguez, atacó nueva vez el octavo informe de Participación Ciudadana relacionado al retraso del caso de corrupción que lo vincula, señalando a esa organización de haberle propuesto, durante su gestión, hacerles daño a personas.

Al acusar al movimiento no partidista de buscar congraciarse con el Ministerio Público y los poderes políticos para beneficio propio, dijo que durante su gestión como procurador general los miembros de esa entidad hicieron lo mismo.

«Yo tuve que lidiar con Participación Ciudadana, y Pancho Álvarez iba a mi despacho, iban a mi despacho como lo hacen ahora, iban de forma clara y precisa, a preguntar ¿cómo te ayudó, qué quieres que diga?, sin importar si era cierto o no. Por suerte, durante ese periodo nunca le pedí nada incorrecto», afirmó.

  • El exprocurador general, imputado de encabezar una red que estafó al Estado con más de 6 mil millones de pesos, sostuvo que incluso se le «pedía que le hiciera daños a personas» o que se les citara, sin importar si estas eran inocentes.

Pancho Álvarez: Haría bien en presentar pruebasEl actual coordinador general de Participación Ciudadana (PC), Francisco (Pancho) Álvarez Valdez, respondió a la acusación que le hace a ese movimiento no partidista y a él mismo el exprocurador general, recomendándole a este que presente las pruebas de sus imputaciones y así le «haría bien» al paísSostuvo que, como abogado, en una de dos ocasiones acudió donde Rodríguez para tratarle un caso que manejaba como profesional del derecho, pero que «por suerte» lo acompañó un «prestigioso colega».

«En otra ocasión lo visité para tratarle el caso de Odebrecht y solicitarle que enviara fiscales a Brasil para interrogar a los ejecutivos de esa empresa relacionados con República Dominicana».

Cuando fue por el caso Odebrecht, investigaciones que se realizó en las gestión de Jean Alain, dijo que también en esa oportunidad no lo visitó solo. «Estaban conmigo algunos compañeros de PC. No nos complació».

Jean Alain insistió este jueves que la acusación de corrupción en su contra se hizo preparada «con odio» y  «con rencor», así como por interés político.

Defendió los incidentes que su equipo de abogados planifican presentar en el juicio de fondo porque, según asevera, lo que busca es defender su inocencia amparado en las garantías que le ofrece la Constitución y las leyes.

Los juristas reiteraron que el proceso de persecución contra su cliente se inició en agosto del 2020, inmediatamente después de tomar posesión en su primer gobierno el presidente Luis Abinader y se le sustituyó como exprocurador general a Jean Alain por Miriam Germán Brito. Por esa razón sostienen que el caso va a cumplir los seis años.

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Fijan lectura de sentencia del caso Coral para el 15 de junio.

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Santo Domingo, R.D.-Fue dejado en estado  de fallo el juicio  seguido  contra altos oficiales militares, policiales y civiles por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, cuyos  implicados en el presunto entramado de corrupción administrativa fueron procesados tras haber sido desarticulada la red mediante las operaciones Coral y Coral 5G.

El tribunal integrado por las magistradas Gisselle Méndez, Tania Yune y Jissel Naranjo, decidió reservarse el veredicto, para el 15 de junio a las 3:00 de la tarde.

La magistrada Gisselle Méndez destacó que el tribunal recibió todos los argumentos, conclusiones y réplicas de las partes, asegurando que se ha cumplido con el debido proceso para garantizar una decisión apegada a la ley.

La jueza sostuvo que quedaban cerrados los debates y que de acuerdo a los artículos 338 y 377, numeral cinco del Código Procesal Penal, este último establece que si el debate se excedió por más de 30 días en este caso, el juicio inició el pasado 27 de junio de 2024, el plazo de la deliberación es de 40 días.

El Ministerio Público, representado por Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a un equipo de fiscales, solicitó al tribunal condenas que oscilan entre los cinco y 20 años de prisión. Además, el órgano persecutor requiere el decomiso de bienes millonarios, alegando que fueron adquiridos con fondos sustraídos del erario.

A esta petición se sumaron los abogados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), quienes representan al Estado dominicano como parte civil, solicitando la reparación económica por los daños causados.

Los abogados defensores de los encartados solicitaron al tribunal una sentencia de absolución total.

Los abogados argumentaron que el Ministerio Público no logró sustentar las acusaciones ni destruir la presunción de inocencia de sus representados, calificando las pruebas presentadas como insuficientes para una condena.

El caso Coral involucra una supuesta red criminal que habría sustraído más de RD$4,500 millones del Estado dominicano. Entre los principales acusados figuran los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo De los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista.

También figuran en el expediente Kelman Santana Martínez, Pedro Roberto Castillo Nolasco, Yehudy Guzmán Alcántara, Erasmo Roger Pérez Núñez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Esmeralda Ortega Polanco, entre otros.

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