Opinión
Castillo de arena
Por Rosario Espinal
Ahora parece más de arena que de mármol. Las altas cortes están desacreditadas, el PRD pulverizado, Leonel Fernández abatido, el PLD fracturado, Hipólito Mejía derrotado
Prefiero las constituciones breves, las que establecen grandes postulados, las que dejan las particularidades a las leyes, las que casi nunca se modifican.
He señalado en diversas ocasiones que en América Latina se agrandan las constituciones para violarlas más. Me opuse a la reforma constitucional de 2002, de 2010, y el intento de ahora no es mejor.
Esa Constitución de 2010, que llamé en su momento “constitución para el atraso”, sentó las bases para la violación del derecho a la vida de las mujeres, creó un apartheid social, contaminó aún más el sistema judicial, y estableció la reelección indefinida (aunque a regañadientes la hicieran no consecutiva) que fomenta el caudillismo.
He ahí el enfrentamiento político-constitucional con Leonel Fernández aspirando por cuarta vez y los danilistas reclamando su derecho a seguir.
Esa Constitución de 2010 fue tocada y retocada por las fuerzas conservadoras del país, y finalmente santificada por Leonel Fernández y su ungido del PRD. Ese fue el nombrado gran consenso político.
El referendo lo incluyeron no para hacer el sistema más democrático, sino para dificultar los cambios de planes
Cierto, muchos participaron, muchos creyeron; pero el objetivo fundamental de los principales arquitectos del texto constitucional era establecer un orden jurídico y político conservador difícil de modificar; no por respeto a la Constitución, sino para preservar su obra macabra, a través de la cual pensaban gobernar por lo menos hasta el 2044.
La fábrica de presidentes la aportaría el PLD, reducido fundamentalmente a uno que repetiría con la ayuda de un cortejo. El referendo lo incluyeron no para hacer el sistema más democrático, sino para dificultar los cambios de planes.
Los problemas de esa Constitución de 2010 son tales, que el presidente Danilo Medina tuvo que observar el Código Penal para que este país no quedara como uno de los poquísimos en el mundo donde las mujeres tienen que morir porque no hay un aborto legal para salvarles la vida en caso de embarazos riesgosos. Pero ahí siguen los conservadores, amparados en el Artículo 37, remachando su supuesta defensa a la vida en el Tribunal Constitucional.
El castillo de poder gestado a través de la Constitución de 2010 está, sin embargo, tambaleándose. Ahora parece más de arena que de mármol. Las altas cortes están desacreditadas, el PRD pulverizado, Leonel Fernández abatido, el PLD fracturado, Hipólito Mejía derrotado, y la ultra-derecha en rebeldía contra el Gobierno de Danilo Medina.
En medio de este lío se unen sectores de todas las tendencias en defensa de la Constitución de 2010 para que no la modifiquen. ¡Vaya paradoja! Lo lamentable es que al Gobierno sólo le interese modificar la reelección y no todo lo que ahí está mal.
En República Dominicana no hay respeto a la Constitución porque los políticos nunca la han elaborado para bien del país sino para beneficio propio. La Constitución de 2010 no es excepción por más que se cacareara consenso. Fernández tuvo dos períodos consecutivos para armar el espectáculo de reforma.
Las constituciones dominicanas han sido fundamentalmente instrumentos para buscar longevidad en el poder, pero la realidad cambiante de estos tiempos disminuye esas posibilidades.
Veamos el record reciente: la Constitución de 1994 duró hasta 2002 (ocho años), la de 2002 hasta 2010 (ocho años) y la de 2010 va camino a durar menos de seis años. En todas, el principal objetivo ha sido modificar el sistema de reelección para que el presidente de turno se quede o pueda volver.
La Constitución Dominicana debería reducirse de 277 artículos que tiene actualmente a unos 50 artículos de valor que se cumplan y respeten en muchos años por venir. Tanto palabrerío sólo sirve para encubrir cómo se reparte el moro entre los políticos.
Artículo publicado en el periódico HOY
Por el Dr. Isaías Ramos
En una época marcada por desafíos sociales y políticos sin precedentes, la necesidad de fortalecer los cimientos de una sociedad basada en la dignidad, la equidad, la libertad y la democracia es más urgente que nunca. La búsqueda de un futuro más justo y equitativo para todos nuestros ciudadanos requiere un compromiso renovado con estos principios fundamentales, esenciales para el bienestar y el progreso de nuestra nación.
La libertad individual permite a cada persona expresar sus ideas, creencias y opiniones sin temor a represalias. Es un derecho intrínseco y un pilar indispensable de cualquier sociedad que aspira a ser justa y equitativa. Esta libertad es la esencia misma de la dignidad humana y debe ser defendida con vigor en todos los frentes, especialmente en tiempos donde puede ser amenazada por intereses partidistas o agendas autoritarias.
Paralelamente, la democracia, entendida como el sistema político que facilita la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan sus vidas, es crucial para la salud de nuestro tejido social. A través de una democracia robusta y vibrante, podemos garantizar que los derechos fundamentales de cada individuo sean respetados y que las políticas públicas reflejen verdaderamente las necesidades e intereses del pueblo.
Sin embargo, debemos reconocer que la libertad y la democracia no son solo aspiraciones ideales; son principios concretos y palpables que deben guiar nuestras acciones cotidianas. La defensa constante y la promoción de estos valores son cruciales para mantener una sociedad justa, libre de opresión y capaz de adaptarse a los cambios de nuestro mundo globalizado.
Es esencial fortalecer las instituciones democráticas existentes para garantizar su transparencia, eficiencia e integridad. El respeto irrestricto al Estado de Derecho y el cumplimiento riguroso de las leyes son fundamentales en la protección de los derechos individuales y colectivos. Estos principios no solo preservan el orden, sino que también promueven un clima de confianza y seguridad que es vital para la estabilidad social y el desarrollo económico.
La educación desempeña un rol crucial en este panorama, actuando como el medio por el cual se inculcan los valores cívicos necesarios para fomentar una cultura basada en el respeto mutuo, la tolerancia y el diálogo constructivo. A través del acceso universal a una educación inclusiva y equitativa, podemos formar a ciudadanos informados y críticos, capacitados para participar de manera activa y consciente en la vida política y social del país.
En el Frente Cívico y Social entendemos que en estos tiempos donde las amenazas contra la libertad individual y los principios democráticos son evidentes y crecientes, es responsabilidad de todos nosotros defender estos derechos inalienables con valentía y determinación. No podemos ser complacientes ni pasivos; el compromiso con la libertad y la democracia debe ser activo y constante.
Es por esa razón que en el FCS creemos que un llamado a la acción no es solo un imperativo moral, sino también una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con un futuro donde cada persona pueda vivir con dignidad y equidad bajo un sistema robusto basado en principios sólidos e incluyentes. Juntos debemos trabajar incansablemente por fortalecer nuestra democracia, preservar nuestra libertad individual e impulsar una sociedad donde reine la justicia social para todos sus habitantes.
No dejemos pasar la oportunidad de ser parte de la construcción de un país que no solo aspire a la grandeza económica, sino que también fomente un ambiente de respeto mutuo y oportunidades equitativas. ¡Juntos, podemos construir el país digno, libre e igualitario que todos anhelamos!
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
Según el artículo 1 del Estatuto de Roma la CPI tendrá la potestad de ejercer su competencia sobre las personas responsables ¨de los crímenes más graves de trascendencia internacional¨. El artículo 1 también estipula ̈La competencia y funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatutillo que significa que la CPI sólo tiene competencia sobre las personas mayores de 18 años en el momento en que se cometió el crimen.
El artículo 11 del Estatuto de Roma estipula que la CPI tiene competencia sólo respecto a los delitos cometidos posteriormente a la entrada en vigor del Estatuto de Roma .Si un Estado deviene Estado Parte luego de la entrada en vigor , entonces la CPI podrá ejercer su competencia sólo respecto a los crímenes cometidos luego de la entrada en vigor del Estatuto en ese Estado, excepto cuando se haga la declaración estipulada en el artículo 12, en que se acepte la competencia de la Corte como un Estado no Parte.
Si un Estado Parte desea enjuiciar a alguien por un crimen de la CPI deberá contar, como mínimo, con una legislación que le permita ejercer competencia territorial sobre tales delitos y competencia extraterritorial sobre sus nacionales que cometen los delitos en el extranjero.
Los Estados que deseen enjuiciar a una persona por un delito de la CPI deberán asegurarse de contar con la legislación nacional que les permita ejercer su competencia sobre aquellas personas que cometan estos delitos dentro de su territorio, y los nacionales que los cometan en el exterior. Esto podría requerir simplemente de una enmienda al código penal nacional.
Adicionalmente, el Estado podría tomar en cuenta para ejercer su competencia sería la ̈competencia universal ̈, tal y como se estipula en las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos de 1977, relacionados a las ¨faltas graves Cabe resaltar los distintos conceptos de ̈competencia universal¨ que existen: algunos interpretan este término en cuanto a que un Estado puede ejercer su competencia sobre cualquier persona que se encuentre en su territorio, mientras que otros lo interpretan de tal manera que significa que un Estado puede arrestar a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, sin tomar en cuenta cualquier relación que tenga con el Estado en cuestión. Además otros Estados podrían considerar incluir la competencia basada en el estatus de víctima.
Por Nelson Encarnación
Entre las preocupaciones que suelen perturbar el sueño de los gobernantes, la seguridad de los ciudadanos es una, si tomamos en cuenta que el Estado está obligado a garantizar la tranquilidad y el desplazamiento seguro de los gobernados.
Es por ello que asumir esta como una prioridad refiere el interés de que el territorio desenvuelva su cotidianidad dentro de un ambiente de paz y sosiego.
Sobre todo, un país como el nuestro, cuya economía está atada a dos renglones muy espantadizos: el turismo y la inversión extranjera directa.
Cuando el presidente Luis Abinader asume el combate a la delincuencia como una de sus preocupaciones—y también ocupaciones—es precisamente por el impacto negativo que esta tiene en el clima de negocios, pero igual por el interés de propiciar la tranquilidad nacional.
Con frecuencia escuchamos sobre el entendible temor que genera la delincuencia, lo que deja la impresión de que vivimos en el país más inseguro del continente, lo cual no es cierto.
Y no lo digo yo, sino el informe de InSight Crime de 2023, que recoge las cifras de homicidios en América Latina y el Caribe, en el cual aparecemos entre los más seguros de la región.
Según este informe, la tasa de homicidios se ubicó en 11.5 por cada 100,000 habitantes, una reducción del 7% respecto de 2022, lo que nos sitúa por debajo de países competidores en turismo como Jamaica (60.9), y Puerto Rico (14.4), para solo citar dos ejemplos caribeños.
El Ecuador revienta la balanza en países de más de 10 millones de habitantes, con la astronómica tasa de 44.5 homicidios por cada 100,000, (más que Haití, 40.9), con la agravante de que ha registrado un aumento del 74.5% en los últimos cinco años.
Una verdadera catástrofe sin fin, en contraste con su vecino Perú, que apenas registra 3.2 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Sobre nuestro país, el informe resalta que, a pesar de ser territorio de tránsito de cocaína, no experimentó un aumento en la violencia en 2023, sino una reducción del 7%.
“El crimen organizado no parece ser un detonante determinante de la violencia en la República Dominicana, ya que la mayor parte de los casos (45,4%) están relacionados con conflictos sociales, y solo el 24,3% parecen estar vinculados a la delincuencia”. Un dato importantísimo.