Opinión
Cavando su propia tumba
Por Melvin Mañón
Hace ya muchos años que la prensa dominicana dejó de denunciar los abusos y crímenes de un gobierno, empresa o entidad y se convirtió en cómplice de estos por la vía de omisión, encubrimiento mutuo o franca desinformación. Igual aconteció en casi todas partes del mundo aunque no en igual medida.
Emisoras, periódicos y canales de TV por igual trivializan asuntos serios, distorsionan intencionalmente temas espinosos, fomentan la chercha interminable, la banalización erotizada y se congratulan entre sí de cuan astutos, sabios y aprovechados han sido.
Esta metamorfosis de la prensa es al cuerpo social moderno igual o muy parecida al efecto que produjo en nuestras generaciones la supresión del griego y del latín en la educación. Antes como ahora, están equivocados y no lo saben.
Casi lo único que no se ha globalizado en la economía dominicana es precisamente la propiedad de los medios de comunicación. ¿Por y para qué? Para ser usados como medio e instrumento de poder político y social. Nunca fue un asunto de rentabilidad económica sino de posicionamiento. Aparentemente ha funcionado muy bien. Pero están equivocados.
A medida que los dueños de medios empezaron a utilizarlos para los fines ya descritos, todo el ejercicio del periodismo sufrió una transformación profunda y fatal que privó a la sociedad de orientadores y comunicadores y la entregó a manos de charlatanes que se han enriquecido cobrando a manos llenas, a veces por decir lo que alguien quiere y con mayor frecuencia para callar lo que otro no quiere que se diga.
Toda la falta de contenido derivada de esta práctica fue llenada con basura, chismes, halagos y flatulencias literarias. Con esto, muchos se han enriquecido y muchísimos más se han embrutecido.
ENTRAMADO DE INTERESES
El sistema político que vivía su propia degeneración, en compleja sinergia con la situación de los medios, apuró el ritmo y a la vez se nutrió extensamente del proceso. Entre sistema político y prensa se ha tejido un entramado de intereses, complicidades bochornosas y ausencias que, a no dudarlo, precipitaron la bancarrota de la nación dominicana y no han dejado institución ni poder público a salvo. Iglesia, justicia, policía, prensa, familia, partidos, etc. todo está en crisis, todo sin credibilidad y casi todos pretendiendo que no es así.
Al abdicar su papel en busca de ventajas transitorias y coyunturales los dueños de medios y una legión de periodistas favorecieron y de hecho apresuraron el proceso de deconstrucción de la nación dominicana o lo que fuera que hubiera de esta. Ahora entre sicarios, locos, estúpidos, cobardes y charlatanes la situación es que todos, ricos y pobres, nos hemos quedado sin país. El que teníamos no existe.
Un hombre indignado, refiriéndose a la desastrosa situación en que se encuentra el país y comparándola con el desempeño de la prensa, le decía a un amigo el sábado 10 de may “este es un gobierno de periódicos”. Me pareció muy buena, acertada y justa la frase y me hizo recordar hace algunos años la expresión de un coronel que en mi presencia escuchaba impávido un informe del entonces secretario técnico de la presidencia consignando lo bien que, según él, estaban las cosas: “Será en su casa”, estalló aquel hombre.
Todos nos hemos quedado sin país y todos tenemos algo de culpa en ello; algunos por perversidad y otros por incompetencia o negligencia, pero no se crean los ricos que les irá mejor. Todo lo que no se ha hecho en este país se hará. Todo el orden y la justicia que no seamos capaces de instrumentar nosotros, vendrá de cualquier manera y habremos de someternos a ello. No es una amenaza y si lo fuera tampoco sería en vano.
FUNEBRE LABOR
Los dueños de medios de comunicación de este país cavan su propia tumba, aunque es justo decirl no están solos en tan fúnebre labor. Sus medios, y la independencia de la que habrán de presumir más adelante, es indefendible e insostenible. Por ahora, pueden aplastar nombres, reputaciones, verdades y hechos y lo hacen, pero, más adelante serán a su vez aplastados aunque no se lo crean ahora y eso, mucho antes que yo, ya lo había establecido J.K. Galbraith en su libro “La Cultura de la Satisfacción”.
Cabe empero recordarle a nuestros empresarios, sobre todo a los más exitosos: aquí y en el extranjero son millonarios pero solamente son don fulano. En cualquier otro país del mundo son solamente un millonario más y nadie le dispensará las cortesías y consideraciones especiales que en este, su antiguo país, todavía disfrutan. Cuando tengan que, por inseguridad personal, jurídica o financiera irse, también ellos habrán fracasado porque también ellos se quedaron sin país.
Esa prensa que, con el gobierno, los empresarios y la fauna política dice y proclama que todo está bien, ha llegado a creérselo. Las apariencias sustituyen la sustancia. Todo es forma y nada es contenido. Todos viven la misma mentira. Nadie le hará caso a esto que digo. Y lo sé, pero que nadie alegue después que no se lo dijeron.
Por Isaías Ramos
En medio de un escenario político tumultuoso, la reciente exclusión de partidos minoritarios en el debate presidencial constituye una flagrante violación del artículo 39 de la Constitución. Este artículo consagra la igualdad ante la ley y garantiza los mismos derechos y oportunidades para todos, sin discriminación alguna. Esta situación pone en evidencia un alarmante déficit democrático y una profunda desconexión entre las estructuras de poder y las necesidades reales del pueblo dominicano.
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, al organizar un debate presidencial y decidir excluir a ciertos participantes basándose en criterios arbitrarios como el tamaño del partido, no solo ha perpetrado una discriminación injusta, sino que también ha socavado los principios fundamentales de igualdad y pluralismo. Este acto refleja cómo las élites políticas y económicas intentan perpetuar un sistema injusto que favorece a unos pocos en detrimento de la mayoría.
Es perturbador observar cómo los candidatos que aceptaron participar en este debate sin cuestionar la exclusión de otros no solo muestran una falta de compromiso con los principios constitucionales, sino que también evidencian una falta de ética y responsabilidad cívica. La aceptación de esta situación por parte de los candidatos participantes refuerza la percepción de que su interés por mantener su posición en el estatus quo prevalece sobre el bienestar colectivo y el respeto a la ley fundamental del país.
Los dominicanos se enfrentan no solo a la usurpación de su derecho a recibir información diversa y representativa durante un periodo electoral crítico, sino también a la erosión de su capacidad de tomar decisiones informadas. Limitar la participación en el debate presidencial a los partidos mayoritarios priva a la ciudadanía de explorar una gama más amplia de alternativas políticas y soluciones a los problemas nacionales.
Este contexto demanda un despertar cívico. Los ciudadanos deben exigir que se respeten los principios de igualdad y pluralismo en todos los procesos electorales, promoviendo un cambio hacia debates más inclusivos que permitan la participación de todas las fuerzas políticas sin discriminación. El respeto a la Constitución y a los derechos que esta garantiza es fundamental para construir una democracia verdaderamente representativa y justa.
El Frente Cívico y Social continuaremos abogando por un sistema electoral equitativo donde todos los partidos y candidatos tengan la misma oportunidad de ser escuchados. Es esencial que todos los sectores de la sociedad trabajemos juntos para garantizar que las futuras elecciones sean un reflejo fiel de la voluntad popular, libre de manipulaciones y exclusiones arbitrarias.
Por ello, es imperativo despertar nuestro sentido cívico y exigir un cambio hacia debates más inclusivos y equitativos. No podemos permitir que intereses particulares prevalezcan sobre el bienestar colectivo y la voluntad popular. Debemos ser guardianes activos de nuestra democracia, velando por el respeto irrestricto a nuestra Constitución y luchando contra cualquier intento de manipulación o exclusión.
En el FCS queremos hacer un llamado urgente: no dejemos que aquellos que buscan perpetuar un sistema injusto y opresor nos silencien o nos dividan. Recordemos siempre que la verdadera fuerza radica en la unidad del pueblo consciente e informado. Si el sistema falla en representarnos adecuadamente, debemos manifestarlo con firmeza mediante acciones como la invalidación del voto o la abstención responsable. El poder está en nuestras manos para forjar un país donde cada voz sea escuchada, cada derecho sea respetado y cada sueño pueda realizarse sin obstáculos.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
La ley internacional concede inmunidad contra el enjuiciamiento penal por Estados extranjeros a los Jefes de Estado y oficiales diplomáticos (artículo 31 Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas). Sin embargo, los delitos enumerados por el Estatuto de Roma pueden haber sido cometidos por diplomáticos, Jefes de Estado, oficiales gubernamentales o por cualquier otra persona que goce de inmunidad diplomática, y la ley internacional no podrá reconocerles inmunidad alguna contra el enjuiciamiento por tales crímenes.
La Corte Penal Internacional determinará si existe alguna inmunidad, cuando se le refiere un caso. Sin embargo, el artículo 98 del Estatuto de Roma establece ciertas restricciones a la CPI, cuando solicite la entrega u otro tipo de asistencia a los Estados.
El artículo 98 del Estatuto de Roma trata la situación de entrega de una persona cuando existe un conflicto con las obligaciones del Estado bajo el derecho internacional o con respecto a la inmunidad diplomática de un extranjero o su propiedad.
La Corte Penal Internacional no deberá requerir que un Estado actúe de manera contraria a sus obligaciones internacionales. Pero al mismo tiempo una situación tal raras veces surgirá, ya que la Corte investigará tales posibilidades antes de solicitar una entrega al Estado. Adicionalmente, las obligaciones del derecho internacional aplicables a los Estados Partes incluirán sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma.
Al aceptar los artículos 27 y 86 del Estatuto, los Estados Partes abiertamente retiran cualquier inmunidad contra la CPI . Por ende, cuando un nacional de un Estado Parte es requerido por la Corte, ese nacional no podrá reclamar las inmunidades normales que existan respecto al enjuiciamiento penal en el exterior, y el Estado requerido no estará violando sus obligaciones internacionales si entrega la persona a la CPI.
No obstante, cuando la CPI haya determinado que la inmunidad si existe, podrá dar curso a la solicitud de entrega solamente si cuenta primero con el apoyo del Estado de nacionalidad del acusado. En tal caso, el Estado requerido que proceda con la entrega no violara sus obligaciones internacionales de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
El artículo 98 establece que la Corte no podrá dar curso a la solicitud de entrega que requiera que el Estado requerido viole sus obligaciones de conformidad con los acuerdos internacionales que requieran el consentimiento del Estado que entrega a una persona de ese Estado a la CPI.
Esta situación podría surgir cuando una persona detenida en el Estado requerido haya sido extraditada a ese Estado desde otro país, bajo la condición de ser devuelta a su país luego de la investigación o enjuiciamiento, o la ejecución de una condena. Podría también darse cuando , bajo el acuerdo de Estatus de Fuerzas, los miembros de las fuerzas armadas de un tercer Estado se encuentren dentro del Estado solicitado.
Cuando el Estado que entregue sea un Estado Parte del Estatuto de Roma , no deberá restringir la posibilidad de que otros Estados entreguen a sus nacionales a la CPI, ya que cada Estado Parte acepta la jurisdicción de la Corte sobre sus nacionales y no hay fundamento para rechazar la entrega de una persona a la Corte .
Sin embargo, cuando la persona requerida alegue el principio de ne dis in idem, y la decisión de admisibilidad de la CPI aún esté pendiente, el Estado requerido deberá consultar con el Estado que entrega, y la CPI, de conformidad con el artículo 89, para determinar si se debe suspender o no la ejecución de la solicitud.
De lo contrario el Estado requerido tendría que contar con el consentimiento del Estado de la persona que entrega. La CPI deberá contar con la cooperación del Estado que entrega, si no es este un Estado Parte, antes de que la Corte Penal Internacional solicite la entrega.
El articulo 98 solo es relevante cuando el Estado requerido pueda demostrar que la acción requerida por la CPI lo obligaría a violar una obligación bajo el derecho internacional. Un Estado no podrá invocar una previsión de su derecho interno que garantice inmunidad a la persona a ser entregada.
En el contexto de las obligaciones el Estado Parte tiene la obligación de entregar a una persona que goce de inmunidad diplomática, cuando la CPI solicite su entrega luego de haber obtenido la cooperación de un tercer Estado para la renuncia de la inmunidad.
Cuando la CPI solicite la entrega de una persona, pero el Estado Parte requerido normalmente estaría violando un acuerdo internacional con un tercer Estado, el Estado requerido esta obligado a entregar a la persona si la Corte cuenta con el consentimiento del tercer Estado para la entrega de la persona . El Estado Parte requerido deberá entregar a la persona si el tercer Estado es un Estado Parte.
En el marco de la implementación los Estados Partes deberán prever dentro de su derecho interno, la posibilidad de entregar a una persona a la CPI aunque normalmente goce de inmunidad estatal o diplomática, cuando el Estado de donde esta persona es nacional acuerde renunciar a su inmunidad. Debido a que la CPI tiene la autoridad de determinar si existen o no las inmunidades, no obstaculizaron las la cooperación con la CPI. Esto garantiza que el Estado Parte pueda cumplir con sus obligaciones de entrega.
Los Estados Partes deberán asegurar que sus nacionales puedan ser entregados a la CPI por otros Estados, cuando sea conveniente, y que no existan acuerdos bilaterales o multilaterales que obstaculicen el proceso. Los Estados Partes deberán estar preparados para revelar a la Corte cualquier obligación o acuerdo internacional que pueda estar en conflicto con una solicitud de entrega que este preparando la Corte, si la misma necesitare tal información.
Por Nelson Encarnación
La incitación a la violencia es un delito grave en todas las sociedades organizadas, incluida la nuestra, donde un llamado a alterar el orden público acarrea consecuencias penales para cualquier persona, pues el Estado tiene la obligación no solo de perseguir el hecho, sino de prevenirlo.
Por consiguiente, el expresidente Danilo Medina se coloca al margen de la ley e incurre en ese delito de incitación a la violencia cuando llama a la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, que él lidera, a destruir las eventuales carpas que coloquen los seguidores oficialistas en los alrededores de los colegios electorales el próximo 19.
Un líder de la categoría de quien fue presidente de la República durante ocho años, y que además dirige una de las formaciones políticas fundamentales del sistema de partidos, debe ser lo suficientemente prudente y medido para conocer el alcance de sus arengas.
La incitación de Medina tiene varios puntos relevantes, pero fuera del delito en que incurre, hay dos de carácter electoral que su desatino no alcanza a calibrar.
El primero tiene que ver con lo que ya ha determinado la Junta Central Electoral (JCE) respecto de las carpas partidarias, las cuales el órgano de comicios prohibió tajantemente a partir de las alegaciones que produjeron esas instalaciones luego del proceso de febrero pasado.
En consecuencia, la perorata de Medina carece de sentido, si se toma en cuenta la señalada disposición.
El otro aspecto es aún más relevante para los intereses del partido morado y de toda la oposición, puesto que, si entre sus argumentos figura la supuesta manipulación del proceso por el oficialismo para provocar la abstención de sus adversarios, podemos suponer que, con un ambiente de posible violencia, los votantes poco motivados preferirían quedarse en sus casas para no exponerse.
Esto tiene un referente histórico que Danilo conoce perfectamente. Se trata de las elecciones de 1966, cuando el profesor Juan Bosch, candidato frente a un Joaquín Balaguer aupado por los invasores estadounidenses, llamó a sus seguidores a que fueran a votar armados con palos y piedras para defender el voto.
¿Qué hicieron miles de partidarios del PRD? Se quedaron en sus casas para no convertirse en presa de los violentos determinados a imponer a Balaguer. ¿Es esto lo que Danilo quiere para luego alegar irregularidades?