Santo Domingo, RD.- El capo César Emilio Peralta fue delatado ante la Administración de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos por personas que trabajaron a su lado en sus años de traficante de drogas entre Sudamérica, República Dominicana, Puerto Rico y Miami.Nacionales
César “El Abusador” fue delatado ante la DEA por colaboradores cercanos
Santo Domingo, RD.- El capo César Emilio Peralta fue delatado ante la Administración de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos por personas que trabajaron a su lado en sus años de traficante de drogas entre Sudamérica, República Dominicana, Puerto Rico y Miami.Para entender de lo que hablamos es preciso señalar que la DEA y organizaciones de inteligencia intervinieron más de 25 números de teléfonos de supuestos vinculados a una red de tráfico de narcóticos. Pero en medio de todas esas intercepciones había que definir quién era exactamente quién en cada conversación. Algo así como ponerle rostro a simples seudónimos en chats de mensajería y a voces de llamadas telefónicas.
Las autoridades norteamericanas encontraron la más certera confirmación sobre la identidad de César Peralta “El Abusador” en una fuente que definen como confiable en la acusación que le realizan en Miami, en los Estados Unidos. “(Esta persona) conoce personalmente las actividades de tráfico de drogas de Peralta”, dice la acusación en su contra. “Sabe que los cómplices de Peralta lo llaman de varias maneras, por ejemplo: César, El Abusador, Patrón y Cabezón”.
El remate en la confirmación llegó por una fotografía que le fue mostrada al “confiable informante”, quien identificaba a la persona que le mostraron en la prueba documental “D” como César Peralta, “el individuo involucrado en las actividades delictivas descritas anteriormente”.
Cuando se redactó la acusación en Miami, que remplazaba la primera que le hicieron en Puerto Rico, las autoridades norteamericanas tenían informaciones de que César Peralta se encontraba en territorio de República Dominicana.
Cesar Emilio Peralta Adamez, de cinco pies y cinco pulgadas, 140 libras y 44 años, es el hombre más buscado por las autoridades de República Dominicana. El pasado 20 de agosto se le montó un operativo de captura que involucró a más de 500 efectivos militares y un despliegue de 50 allanamientos en Santo Domingo, Santiago y La Romana. El hombre se escapó y hasta el sol de hoy no se tiene pista de su rastro.
En la primera acusación que se le realizó, el 28 de noviembre de 2018 en Puerto Rico, se señala a otros dos informantes, solo identificados en el documento como “IC1” e “IC2”, quienes colaboraron con las autoridades para describir el entramado delictivo que dirigía “El Patrón” y para confirmar que César Emilio Peralta Adamez era el hombre detrás de los hilos del trafico de drogas en el Caribe.
Uno de esos informantes “fue socio de Peralta en el tráfico de drogas y tiene conocimiento detallado de la organización de Peralta”. El otro fue socio de César Emilio durante dos años en la primera década del 2000, “estableciendo acuerdos para el envío de cocaína y heroína desde la República Dominicana”.
César “El Abusador” fue pedido en extradición por los Estados Unidos junto a otras cuatro personas, acusado de liderar una organización criminal de tráfico de estupefacientes hacia territorio norteamericano.
La tesis de los investigadores es que Peralta compraba la droga en Venezuela y en Colombia y las trasladaba a República Dominicana. De ahí las movía en avión y en barcos hasta Puerto Rico, Miami, Nueva York, y algunas islas de las Antillas Menores.
Peralta Adamez reveló en las conversaciones que le intervinieron que llevaba cada semana a Puerto Rico, en avión, 20 kilos de cocaína. También detalló las rutas que utilizaba para mover la droga, en gran mayoría cocaína, que pasaba por Antigua y Barbuda, San Martin, y Fajardo en Puerto Rico, con conexiones habituales en Venezuela y Colombia, República Dominicana, Miami y Nueva York.
Su imperio en el tráfico de narcóticos se extendió por más de 20 años, según las autoridades dominicanas, aunque en sus comienzos, con solo 22 años, se desempeñó como lugarteniente de parte de los capos más conocidos en República Dominicana: Florián Félix, Quirino Ernesto Paulino Castillo o José David Figueroa Agosto, de nacionalidad puertorriqueña pero que hizo vida a finales de la primera década del 2000 en Santo Domingo.
Las autoridades estadounidenses señalan que Peralta le pagó “a oficiales” cuantiosas sumas de dinero para evitar su detención, procesamiento ante la justicia e incautación de los narcóticos que traficaba, un dato que ha puesto en evidencia las conspiraciones y confabulaciones que se tejieron a su alrededor para que su empresa delictiva tuviera éxito.
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Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.