Opinión
Chibás y “El Detective”: Acusaciones, sangre y grillete
(Parte 1)
Por Oscar López Reyes
Dos fenomenologías de las denuncias con gran audiencia, formuladas en el acantilado de patrones de comportamientos contrapuestos de sus autores, que se apartan de la regla común, en la vulnerabilidad del lenguaje confrontativo.
Dos épocas, dos países y dos personajes mediáticos no profesionalizados en comunicación social, que escandalizaron por sus imputaciones temerarias, morbosas y aventuras. Sus insinuaciones repercutieron con sangre diseminada en el camposanto y la indignación en el enfado de estrados tribunalicios.
Dos acontecimientos escenificados en la distancia de 74 años, y motorizados por notables que despuntaron por sus deslenguadas conductas únicas e intelectualizadas en sus elocuencias y vibrantes en el aparente desgaste cognitivo.
Cuba, 1951: Eduardo Chibás (Nacido: 26 de agosto de 1907, en Santiago). Símbolo contra la corrupción por sus denuncias radiales en las décadas de 1940 y 1950. Exiliado, perseguido políticamente, sentenciado judicialmente por difamación y autodestruido. Génesis de la Revolución Cubana.
República Dominicana, 2025: Angel Martínez, El “Detective” (Nacido: 31 de mayo de 1954, en Santiago). Estableció un récord por haber sido sometido a la Justicia 21 veces por difamación y delitos tecnológicos, extorsión, estafa, lavado de dinero y otros, a través de plataformas digitales.
Chibás: La radio como trinchera
Carismático en su miopía visual y su pensamiento nacionalista y antiimperialista, Eduardo René Chibás y Ribas utilizó la radio como su estandarte, hasta consolidarse como una figura pública presidenciable. Su muy escuchado programa dominical Al Aire, transmitido por la emisora CMQ, cautivó una gran audiencia, por la acogida de sus denuncias -implacables como insultantes- contra la corrupción y la exigencia de justicia social, a menudo montado en el carruaje de explosiones verbales, con acometimientos verbales ofensivos a los de sus mirillas. A su vez, sus apasionadas emisiones le hicieron conquistar una infinidad de seguidores entre los desilusionados con las estructuras socio-económicas de Cuba.
Orador indiscutible y polemista ardoroso, en su resonancia también cosechó popularidad y liderazgo, siendo el conductor del Movimiento de Recuperación Cívica y Moral, un pilar clave en la brega contra la corrupción administrativa.
¿Cuál fue su trayectoria?
1.- 17 de diciembre de 1925: Detenido en una manifestación que exigía la libertad de Julio Antonio Mella, miembro fundador del primer Partido Comunista de Cuba.
2.- 1927: Expulsado de la Universidad de La Habana, por integrar el Directorio Estudiantil Universitario (DEU), que jalonaba contra la dictadura de Gerardo Machado (1925-1933), que favoreció a intereses económicos vinculados a Estados Unidos. Por esa razón no concluyó su carrera de derecho,
3.- Agosto de 1931: Encarcelado y en 1932 condenado al exilio. Había participado solidariamente en una huelga de hambre.
4.- Agosto de 1933: Regresa a Cuba tras la caída de Machado, se integra al movimiento de Izquierda Revolucionaria y apertura el espacio radial La Voz de las Antillas, para defender la soberanía nacional y las libertades democráticas.
5.- 1934: Apoya al Gobierno de los Cien Días de Ramón Grau San Martín y se afilia a su Partido Revolucionario Cubano (Auténtico).
6.- 1938: Comienza a publicar artículos de opinión en la revista Bohemia, en los cuales revela malversación y negocios ilícitos de funcionarios gubernamentales.
7.- 1939: Se dispara un tiro en el abdomen. Unos señalan que sufrió un atentado, en plena campaña para la elección de los delegados a la Asamblea Constituyente de 1940, y otros lo interpretaron como un ensayo para ganar simpatía.
8.- 1947: Se separa del Partido Auténtico -por la corrupción en esa entidad- y funda el Partido del Pueblo Cubano (ortodoxo), que asumió como lemas “Vergüenza contra dinero” y “Prometemos no robar”, y como símbolo una escoba para barrer a los corruptos.
9.- 1947: El Partido Ortodoxo de Chibás atrae como miembros de esa organización a Fidel Castro Ruz y a otros jóvenes revolucionarios, que en 1953 participaron en el asalto al Cuartel de Moncada, y en 1956 en la guerrilla de Sierra Maestra.
10.- 1948: Candidato presidencial, y fue derrotado por Carlos Prío Socarrás, quien gobernó a Cuba hasta 1952, cuando fue derrocado por Fulgencio Batista.
11.- 1949: Sentenciado a seis meses de cárcel por no probar la imputación de aceptación de sobornos, hecha a tres jueces del Tribunal Supremo y a la multinacional norteamericana Cuban Electric Company. Cuando cumplió un mes de prisión fue indultado por el presidente Carlos Prío Socarrás.
12.- 1950: Elegido senador por la provincia de La Habana.
13.- 1951: Se proyecta como el candidato presidencial favorito para las elecciones generales de 1952, pero fue impedido por su tragedia.
14.- 16 de enero de 1959: A raíz del triunfo revolucionario, Fidel Castro le rinde un homenaje a Chibás, en su tumba de La Habana, señalando que fue un precursor de la revolución, porque el vacío que dejó fue llenado por el propio Castro con la contienda armada.
15.- 1962: Erección de un monumento en Santiago de Cuba a Eduardo Chibás, porque su combate contra la corrupción edificó la base de la revolución victoriosa, que abrió el camino para un cambio profundo en Cuba.
El destino postrero: una bala
En 1951, durante una emisión de su programa dominical Al Aire, por la estación radial CMQ, Chibas acusó a Aureliano Sánchez Arango, ministro de Educación del Gobierno de Carlos Prío Socarrás, de levantar un imperio inmobiliario en Guatemala con una millonada sustraída del programa de desayuno escolar.
Sin dar vueltas, Sánchez Arango asumió la defensa de su honor. Respondió con declaraciones de prensa y publicaciones pagadas, y también lo emplazó a demostrar la sustentación de su inculpación, hecha en el programa radial que difundía desde 1943 y que era escuchado por millones de cubanos.
Encolerizado, Chibás contestó que cargaba una maleta de pruebas que demostraban que el ministro era un corrupto; prometió probar el robo a través de documentos que le fueron suministrados, los que nunca presentó. Alegó que le fueron hurtados de su maletín por servidores de Aureliano Sánchez Arango.
El match duró tres meses, entre junio y agosto. La falta de respuesta que avalaran la denuncia auspició una sucesión de burlas y puso de moda un estribillo musical: “Abre la maleta, Chibás, ábrala”. Como no fue abierta, los actores cómicos Garrido y Piñeiro hacían chistes con “La Maletona de Chibás”, y en las calles circularon caricaturas y le voceaban: “¡Chibás y la prueba dónde está!”.
Antes de concluir su programa dominical del 5 de agosto de 1951, contrariado y en la celdilla de una aparente depresión, el líder ortodoxo proclamó “su último aldabonazo”, debajo de la silla sacó un resolver, cuyo cañón colocó en su vientre, y se disparó cerca de la ingle, con el micrófono encendido. La detonación fue escuchada por los pobladores e inmediatamente fue conducido al Centro Médico Quirúrgico de La Habana. Expiró el 16 de agosto del citado año, a los 44 años de edad.
Hasta su muerte ha sido empaquetada en una polémica interminable: a) que se disparó cerca de la ingle -no mortal- para llamar la atención, y no en la sien; b) que por el decaimiento emocional en que quedó sumergido, c) que el fallecimiento fue causado por una infección en la herida y otras complicaciones, y d) que la muerte fue inducida por el doctor Gustavo Aldereguía, obedeciendo a un reclamo de su Partido Socialista Popular (PSP) para que no saliera vivo del hospital, porque no cesaba sus ataques contra “el imperio totalitario comunista de Moscú”.
Se calcula que más de un millón de cubanos acompañó hasta el cementerio de Colón, en La Habana, el cuerpo inerte del senador al que íntimos llamaban Eddy y El Loco Chibás, quien no dejó cónyuge ni hijos, pero sí un legado de civismo y dignidad.
Todavía la controversia inunda los predios del episodio sangriento: a) que se inmoló por la vergüenza que le arropó, ya que su fuente no le suministró las pruebas prometidas; que una investigación posterior demostró que Aureliano Sánchez Arango no poseía propiedades en Guatemala, y que antes del triunfo de la revolución, María de la Concepción (Conchita) Fernández, secretaria particular de Chibás, publicó la comprobación en las revistas Bohemia y Carteles.
La polémica llama a una investigación histórica objetiva y profunda, para reescribir las incidencias de este episodio dramático que envuelve a la que se valora como la figura principal de la Cuba prerrevolucionaria que, con honestidad y valentía, se esforzó por adecentar la política cubana. Se encasilla como un nacionalismo social-demócrata, cuyo suicidio se considera que cambió la historia de Cuba.
Por Oscar López Reyes
Los cuerpos, objetos y dispositivos muy óptimos y virtuosos cobijan en sus entrañas, como ley del pensamiento lógico, sus bemoles. En ese prisma se entroniza, con su dualidad, la Inteligencia Artificial (IA), que parangona la filosófica tradición china del Yin (oscuridad/pasividad) y el Yang (luz/dinamismo).
Tocante a la IA, los planificadores del actual y el próximo gobierno jamás deben dejarse atrapar por el pregonado absolutismo y la saturación de un bombo que agobia. El poderío de las tecnológicas transnacionales apabulla en perspectiva del déficit de equilibrio y la subjetividad valorativa de los técnicos gubernamentales de naciones de las periferias, en la marginalidad filosófica.
El exceso de positividad y la aireada bondad coloca a la IA, inadvertidamente, en una pendiente enjabonada. Para robustecer este criterio, imperioso es estudiar la historia de la ética, fundado en las apreciaciones de filósofos de la estatura de Aristóteles (384-322 a.C), Sócrates (469-399 a.C.) y Friedrich Nietzsche (1844-1900), quienes advirtieron que la superabundancia perjudica y despoja valor, son insostenibles y procrean dependencia emocional.
Concerniente a los gobiernos y la IA, focalicemos apenas tres componentes, que voy a denominar las tres D: Deshumanización, desprotección y desplazamiento. Divisemos:
1.- Deshumanización de la administración pública.
La automatización de los servicios gubernamentales, la gestión de expedientes y la toma de decisiones administrativas mediante algoritmos inteligentes entraña riesgos para la transparencia, la equidad y la responsabilidad institucional. Derrumbaría tanto empeño y valentía por la penalidad de la conducción estatal 2020-2028.
En la República Dominicana, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA), presentada el 12 de octubre de 2023, procura modernizar los servicios ciudadanos y transformar los modelos de trabajos productivos. Empero, delegar decisiones sensibles a sistemas automatizados, sin suficiente vigilancia humana, podría reproducir sesgos, vulnerar derechos y dificultar la identificación de los responsables de actuaciones perjudiciales.
¿Quién respondería ante una determinación o disposición algorítmica que niegue injustamente un servicio público o comprometa informaciones confidenciales?, y ¿cómo el Estado garantizaría derechos constitucionales y administrativos si estas son transferidas a la IA?
¿Debe aceptarse la sentencia de un software por encima del juicio humano? ¿Existe la presunción de la inocencia tecnológica, más cuando puede tomar decisiones devastadoras en microsegundos? En la primacía de las “cajas negras” (nadie sabe de dónde salen las informaciones de la IA), ¿quién explica y dónde se apelan los dictámenes?
El progreso tecnológico exige, terminantemente, controles éticos, auditorías independientes y mecanismos de rendición de cuentas que impidan sustituir el juicio humano por la opacidad de las máquinas.
2.- Desprotección ante el cibercrimen
El acelerado perfeccionamiento de la inteligencia artificial multiplica las posibilidades de sofisticación del fraude electrónico, la suplantación de identidades, la falsificación de voces y los ataques contra sistemas informáticos. Bancos, hospitales, instituciones públicas y empresas privadas quedan expuestos a modalidades delictivas capaces de comprometer informaciones confidenciales y perturbar servicios esenciales.
En la República Dominicana, el Decreto núm. 313-22 aprobó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2030, orientada a fortalecer la protección del ciberespacio y la resiliencia de los sistemas digitales. La amenaza se torna más inquietante ante algoritmos que pueden facilitar engaños personalizados y acelerar determinadas operaciones maliciosas.
¿Están las instituciones y los ciudadanos suficientemente preparados para reconocer y enfrentar ataques cada vez más difíciles de detectar? La seguridad tecnológica deja de ser una cuestión exclusivamente informática para convertirse en una exigencia de protección económica, institucional y nacional.
3.- Desplazamiento educativo y laboral
La irrupción de la IA en las aulas escolares y universitarias, dependencias gubernamentales y centros productivos amenaza con profundizar las desigualdades entre quienes dominan las nuevas herramientas tecnológicas y aquellos que permanecen rezagados. Un estudio conjunto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Banco Mundial, publicado en julio de 2024, estima que entre el 26 % y el 38 % de los empleos de América Latina y el Caribe podrían verse expuestos a la inteligencia artificial generativa, mientras que entre el 2 % y el 5 % enfrentarían riesgos de automatización completa.
Estas proyecciones regionales plantean interrogantes para la República Dominicana, donde la formación docente, la actualización curricular y la capacitación de los trabajadores adquieren creciente relevancia.
El peligro no reside únicamente en la sustitución de determinadas tareas, sino también en la ampliación de la brecha entre los ciudadanos preparados para aprovechar la revolución tecnológica y quienes carecen de competencias y recursos digitales. ¿Podrán los sistemas educativos formar profesionales para ocupaciones que se transforman a una velocidad superior a la actualización de sus conocimientos?
Además de la ampliación de estas brechas, en la esfera profesional (periodistas, abogados, médicos, ingenieros, profesores, etc.) estos riesgos laborales y profesionales son conocidos como “opacidad laboral” y “atrofia cognitiva”. Dejan de pensar y actúan como robot humano. Sin trabajo, porque fueron desplazados por la IA, ¿habrá menos empleo remunerativo? ¿se reducirá el poder adquisitivo de obreros y profesionales? ¿bajará el cobro de impuestos?
A fin de cuentas y como la IA aporta y añade valor y, sin capacidad aún para testificar ante un juez, bajo la sutil persuasión está siendo impuesta por los poderes hegemónicos, la alfabetización digital, el pensamiento crítico y la reconversión laboral se encadenan como desafíos impostergables para evitar nuevas modalidades de exclusión económica y social.
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Fuentes utilizadas:
1. Deshumanización de la administración pública
Fuente 1. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA)
Institución: Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC). 2023.
Documento: Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de la República Dominicana.
Utilidad: Sustenta los esfuerzos nacionales de incorporación de la IA, modernización del Estado y transformación digital de los servicios públicos.
Fuente 2. Ley núm. 172-13 sobre Protección Integral de los Datos Personales
Institución: Congreso Nacional de la República Dominicana. 2013.
Documento: Ley núm. 172-13 sobre Protección Integral de los Datos Personales.
Utilidad: Fundamenta la necesidad de proteger la información ciudadana frente al procesamiento automatizado de datos.
2. Desprotección ante el cibercrimen
Fuente 3. Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2030.
Institución: Presidencia de la República Dominicana. 2022.
Documento: Decreto núm. 313-22, que establece la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2030.
Utilidad: Respalda el análisis sobre protección de infraestructuras críticas, prevención de ataques informáticos y fortalecimiento de la seguridad digital del país.
3. Desplazamiento educativo y laboral.
Fuente 4. La inteligencia artificial generativa y los empleos en América Latina y el Caribe
Instituciones: Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Banco Mundial. 2024.
Documento: La inteligencia artificial generativa y los empleos en América Latina y el Caribe: ¿La brecha digital es un amortiguador o un cuello de botella?
Utilidad: Fundamenta las estimaciones regionales sobre exposición laboral a la IA generativa, transformación de tareas y riesgos de automatización.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
Por Isaias Ramos
El ministro de Turismo afirmó, según las crónicas publicadas el 24 de octubre de 2026, que el turismo vive su mejor momento y sostiene cerca del 50 % del crecimiento económico nacional. También sostuvo que la riqueza debe llegar a las comunidades. Esa promesa merece una evaluación concreta: ¿cuánto bienestar recibe la población por el patrimonio que compromete el Estado?
El Gobierno debe demostrar cuánto llega a los trabajadores, cuánto recupera el Estado y qué derechos conserva la población. Cabo Rojo permite examinar esas preguntas con cifras y documentos. Sus cuentas no representan todo el turismo dominicano, pero sí permiten evaluar las condiciones de este proyecto y el beneficio público que se promete.
Los estados financieros no auditados de Pro-Pedernales al cierre de 2025 registran RD$40,167.5 millones en aportes acumulados: RD$35,900.9 millones en terrenos, RD$3,806.6 millones en efectivo y aproximadamente RD$460 millones en mejoras, informes, tasaciones y diseño. La construcción en proceso alcanza RD$19,869.8 millones, incluidos intereses capitalizados. Son categorías contables que no deben sumarse como inversiones independientes.
El fideicomiso adeudaba RD$14,000 millones de principal al Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Reservas I y RD$1,808.9 millones de intereses. El préstamo contempla una tasa variable con mínimo anualizado del 16 % y pago al vencimiento, originalmente fijado para enero de 2027. La deuda corresponde al fideicomiso; su repercusión sobre el Gobierno central depende de las garantías y compromisos aplicables.
Aplicado a ese principal, el mínimo equivale a RD$2,240 millones anuales: RD$186.7 millones mensuales. No son pagos mensuales acreditados, sino una equivalencia que permite dimensionar la carga financiera.
Para visualizar la magnitud, planteemos un escenario: distribuir esa equivalencia mensual entre 6,750 puestos, cifra de referencia del anuncio de más de 6,750 empleos directos estimados. El resultado sería RD$27,654 por puesto, un 27 % más que el mínimo de RD$21,840 vigente desde junio de 2026 para la categoría superior de hoteles y casinos. Es una comparación ilustrativa, no el costo observado por empleo: deuda y meta laboral pueden abarcar actividades y plazos distintos. La conveniencia del proyecto requiere evaluar todos sus costos y beneficios.
La evaluación debe acreditar cuántos empleos permanentes se crean, con qué salarios y protección social, y qué ingresos generan para las familias. La falta de alternativas no justifica cualquier condición. Pedernales merece oportunidades para superar la pobreza.
En enero de 2026 se anunció que el consorcio liderado por Grupo Puntacana, AFI Reservas y AFI Popular asumiría la gestión del destino. El comunicado de Grupo Puntacana menciona una inversión privada futura de una “suma significativa”, sin desglosar capital pagado ni remuneraciones por administrar. Las fuentes aquí citadas no incluyen el contrato completo con sus anexos. Eso no prueba que no exista o no se haya divulgado por otra vía; obliga a exigir acceso sencillo y verificable.
Tampoco basta con exhibir marcas financieras. SIPEN registró en junio de 2025 RD$16,049.2 millones invertidos en Desarrollo Reservas I desde fondos previsionales. No todo ese monto financia Pro-Pedernales. Sí corresponde explicar la exposición de los beneficiarios: administrar dinero ajeno no convierte ese patrimonio en capital propio.
La participación estatal mínima del 51 % prevista en la Ley 36-24 es una salvaguarda cuyo resultado depende de los contratos y derechos efectivos del Estado. Deben conocerse los votos, vetos, honorarios, operaciones con vinculados y condiciones de salida. También debe verificarse la fiscalización aplicable. El fideicomiso y la corporación son entidades distintas: sus cuentas y transferencias requieren identificación precisa.
Hay además una prueba que ningún récord turístico sustituye: el acceso a nuestras playas. El artículo 15 constitucional reconoce su dominio público y libre acceso, respetando la propiedad privada en los términos legales. Ninguna promesa de empleo justifica desconocer ese derecho. Las comunidades deben participar del desarrollo sin convertirse en extrañas en su propio territorio.
Nuestra propuesta parte de los artículos 7 y 8 constitucionales: dignidad humana, trabajo y bienestar general. Queremos turistas en nuestras calles, campos, pueblos y ciudades, generando oportunidades para comerciantes, productores y comunidades. Un turismo democrático debe pagar salarios dignos, contribuir mediante tributos y respetar el patrimonio público. Proponemos metas verificables de compras locales, formación laboral y empleo permanente; evaluar los incentivos fiscales según sus resultados, y exigir una contraprestación justa por el aprovechamiento privado de bienes públicos. El crecimiento debe ampliar oportunidades y fortalecer el patrimonio colectivo.
Ningún cargo coloca a sus titulares por encima del juicio ciudadano. Construir una imagen de éxito no responde a las preguntas sobre quién aporta el patrimonio, quién asume la deuda y quién recoge los beneficios. Proponemos un informe trimestral público con contratos, aportes efectivos, garantías, remuneraciones, auditorías y resultados sociales y fiscales, acompañado de seguimiento con participación comunitaria. La propaganda no sustituye la rendición de cuentas; la prosperidad debe poder comprobarse.
La patria no se administra como una campaña publicitaria. Se gobierna con principios, cuentas claras y respeto a quienes sostienen el país con su trabajo. La ciudadanía tiene derecho a exigir responsabilidades y decidir un rumbo distinto. Servir al pueblo es un deber; tratar el patrimonio colectivo como propiedad personal jamás será un derecho.
Por Rommel Santos Diaz
El Estatuto de Roma establece que una vez el Estado designado acepta ejecutar la condena de la Corte Penal Internacional, esta pena será inalterable. Salvo algunas condiciones previamente detalladas por el Estatuto, el Estado no puede modificar la condena ex oficio.
Sin embargo, en el caso de que surjan nuevas circunstancias que no existieren en el momento de aceptar la ejecución y que afectan sustancialmente los términos o duración de la pena, el Estado deberá notificar a la Corte para que esta revise la situación y, de ser necesario, transferir a la persona condenada a otro Estado.
También permite que la Corte Penal Internacional transfiera a la persona condenada a otro Estado en cualquier momento que lo considere necesario.
En resumen, se podría determinar que la ejecución de la pena de prisión es inalterable para el Estado Parte que acepta la persona condenada y esta sujeta a ser modificada solo por la Corte Penal Internacional, o consultando con la Corte de conformidad con el Estatuto de Roma.
Con relación a la fiscalización de la ejecución de las condenas y las condiciones de detención el Estatuto de Roma claramente establece que la CPI tiene primacía y es el ente con la autoridad para tomar decisiones significativas relacionadas con la ejecución de una condena.
El Estatuto también dispone que las condiciones de detención deberán regirse por el derecho interno del Estado que ejecute la condena y ¨deberá ser conforme con los estándares de los tratados internacionales sobre el tratamiento de los privados de liberta¨¨.Adicionalmente, las condiciones no podrán ni mas ni menos favorables que aquellas de los condenados nacionales.
El Estatuto de Roma confirma que la Corte Penal Internacional esta a cargo de supervisar los términos de detención, declarando inequívocamente que ¨las comunicaciones entre la persona condenada y la CPI deberán ser procuradas y confidenciales¨. El Estado deberá permitir la comunicación entre el condenado y la Corte con el fin de asegurar la implementación de esta obligación.