Opinión
Chibás y “El Detective”: Acusaciones, sangre y grillete
(Parte 1)
Por Oscar López Reyes
Dos fenomenologías de las denuncias con gran audiencia, formuladas en el acantilado de patrones de comportamientos contrapuestos de sus autores, que se apartan de la regla común, en la vulnerabilidad del lenguaje confrontativo.
Dos épocas, dos países y dos personajes mediáticos no profesionalizados en comunicación social, que escandalizaron por sus imputaciones temerarias, morbosas y aventuras. Sus insinuaciones repercutieron con sangre diseminada en el camposanto y la indignación en el enfado de estrados tribunalicios.
Dos acontecimientos escenificados en la distancia de 74 años, y motorizados por notables que despuntaron por sus deslenguadas conductas únicas e intelectualizadas en sus elocuencias y vibrantes en el aparente desgaste cognitivo.
Cuba, 1951: Eduardo Chibás (Nacido: 26 de agosto de 1907, en Santiago). Símbolo contra la corrupción por sus denuncias radiales en las décadas de 1940 y 1950. Exiliado, perseguido políticamente, sentenciado judicialmente por difamación y autodestruido. Génesis de la Revolución Cubana.
República Dominicana, 2025: Angel Martínez, El “Detective” (Nacido: 31 de mayo de 1954, en Santiago). Estableció un récord por haber sido sometido a la Justicia 21 veces por difamación y delitos tecnológicos, extorsión, estafa, lavado de dinero y otros, a través de plataformas digitales.
Chibás: La radio como trinchera
Carismático en su miopía visual y su pensamiento nacionalista y antiimperialista, Eduardo René Chibás y Ribas utilizó la radio como su estandarte, hasta consolidarse como una figura pública presidenciable. Su muy escuchado programa dominical Al Aire, transmitido por la emisora CMQ, cautivó una gran audiencia, por la acogida de sus denuncias -implacables como insultantes- contra la corrupción y la exigencia de justicia social, a menudo montado en el carruaje de explosiones verbales, con acometimientos verbales ofensivos a los de sus mirillas. A su vez, sus apasionadas emisiones le hicieron conquistar una infinidad de seguidores entre los desilusionados con las estructuras socio-económicas de Cuba.
Orador indiscutible y polemista ardoroso, en su resonancia también cosechó popularidad y liderazgo, siendo el conductor del Movimiento de Recuperación Cívica y Moral, un pilar clave en la brega contra la corrupción administrativa.
¿Cuál fue su trayectoria?
1.- 17 de diciembre de 1925: Detenido en una manifestación que exigía la libertad de Julio Antonio Mella, miembro fundador del primer Partido Comunista de Cuba.
2.- 1927: Expulsado de la Universidad de La Habana, por integrar el Directorio Estudiantil Universitario (DEU), que jalonaba contra la dictadura de Gerardo Machado (1925-1933), que favoreció a intereses económicos vinculados a Estados Unidos. Por esa razón no concluyó su carrera de derecho,
3.- Agosto de 1931: Encarcelado y en 1932 condenado al exilio. Había participado solidariamente en una huelga de hambre.
4.- Agosto de 1933: Regresa a Cuba tras la caída de Machado, se integra al movimiento de Izquierda Revolucionaria y apertura el espacio radial La Voz de las Antillas, para defender la soberanía nacional y las libertades democráticas.
5.- 1934: Apoya al Gobierno de los Cien Días de Ramón Grau San Martín y se afilia a su Partido Revolucionario Cubano (Auténtico).
6.- 1938: Comienza a publicar artículos de opinión en la revista Bohemia, en los cuales revela malversación y negocios ilícitos de funcionarios gubernamentales.
7.- 1939: Se dispara un tiro en el abdomen. Unos señalan que sufrió un atentado, en plena campaña para la elección de los delegados a la Asamblea Constituyente de 1940, y otros lo interpretaron como un ensayo para ganar simpatía.
8.- 1947: Se separa del Partido Auténtico -por la corrupción en esa entidad- y funda el Partido del Pueblo Cubano (ortodoxo), que asumió como lemas “Vergüenza contra dinero” y “Prometemos no robar”, y como símbolo una escoba para barrer a los corruptos.
9.- 1947: El Partido Ortodoxo de Chibás atrae como miembros de esa organización a Fidel Castro Ruz y a otros jóvenes revolucionarios, que en 1953 participaron en el asalto al Cuartel de Moncada, y en 1956 en la guerrilla de Sierra Maestra.
10.- 1948: Candidato presidencial, y fue derrotado por Carlos Prío Socarrás, quien gobernó a Cuba hasta 1952, cuando fue derrocado por Fulgencio Batista.
11.- 1949: Sentenciado a seis meses de cárcel por no probar la imputación de aceptación de sobornos, hecha a tres jueces del Tribunal Supremo y a la multinacional norteamericana Cuban Electric Company. Cuando cumplió un mes de prisión fue indultado por el presidente Carlos Prío Socarrás.
12.- 1950: Elegido senador por la provincia de La Habana.
13.- 1951: Se proyecta como el candidato presidencial favorito para las elecciones generales de 1952, pero fue impedido por su tragedia.
14.- 16 de enero de 1959: A raíz del triunfo revolucionario, Fidel Castro le rinde un homenaje a Chibás, en su tumba de La Habana, señalando que fue un precursor de la revolución, porque el vacío que dejó fue llenado por el propio Castro con la contienda armada.
15.- 1962: Erección de un monumento en Santiago de Cuba a Eduardo Chibás, porque su combate contra la corrupción edificó la base de la revolución victoriosa, que abrió el camino para un cambio profundo en Cuba.
El destino postrero: una bala
En 1951, durante una emisión de su programa dominical Al Aire, por la estación radial CMQ, Chibas acusó a Aureliano Sánchez Arango, ministro de Educación del Gobierno de Carlos Prío Socarrás, de levantar un imperio inmobiliario en Guatemala con una millonada sustraída del programa de desayuno escolar.
Sin dar vueltas, Sánchez Arango asumió la defensa de su honor. Respondió con declaraciones de prensa y publicaciones pagadas, y también lo emplazó a demostrar la sustentación de su inculpación, hecha en el programa radial que difundía desde 1943 y que era escuchado por millones de cubanos.
Encolerizado, Chibás contestó que cargaba una maleta de pruebas que demostraban que el ministro era un corrupto; prometió probar el robo a través de documentos que le fueron suministrados, los que nunca presentó. Alegó que le fueron hurtados de su maletín por servidores de Aureliano Sánchez Arango.
El match duró tres meses, entre junio y agosto. La falta de respuesta que avalaran la denuncia auspició una sucesión de burlas y puso de moda un estribillo musical: “Abre la maleta, Chibás, ábrala”. Como no fue abierta, los actores cómicos Garrido y Piñeiro hacían chistes con “La Maletona de Chibás”, y en las calles circularon caricaturas y le voceaban: “¡Chibás y la prueba dónde está!”.
Antes de concluir su programa dominical del 5 de agosto de 1951, contrariado y en la celdilla de una aparente depresión, el líder ortodoxo proclamó “su último aldabonazo”, debajo de la silla sacó un resolver, cuyo cañón colocó en su vientre, y se disparó cerca de la ingle, con el micrófono encendido. La detonación fue escuchada por los pobladores e inmediatamente fue conducido al Centro Médico Quirúrgico de La Habana. Expiró el 16 de agosto del citado año, a los 44 años de edad.
Hasta su muerte ha sido empaquetada en una polémica interminable: a) que se disparó cerca de la ingle -no mortal- para llamar la atención, y no en la sien; b) que por el decaimiento emocional en que quedó sumergido, c) que el fallecimiento fue causado por una infección en la herida y otras complicaciones, y d) que la muerte fue inducida por el doctor Gustavo Aldereguía, obedeciendo a un reclamo de su Partido Socialista Popular (PSP) para que no saliera vivo del hospital, porque no cesaba sus ataques contra “el imperio totalitario comunista de Moscú”.
Se calcula que más de un millón de cubanos acompañó hasta el cementerio de Colón, en La Habana, el cuerpo inerte del senador al que íntimos llamaban Eddy y El Loco Chibás, quien no dejó cónyuge ni hijos, pero sí un legado de civismo y dignidad.
Todavía la controversia inunda los predios del episodio sangriento: a) que se inmoló por la vergüenza que le arropó, ya que su fuente no le suministró las pruebas prometidas; que una investigación posterior demostró que Aureliano Sánchez Arango no poseía propiedades en Guatemala, y que antes del triunfo de la revolución, María de la Concepción (Conchita) Fernández, secretaria particular de Chibás, publicó la comprobación en las revistas Bohemia y Carteles.
La polémica llama a una investigación histórica objetiva y profunda, para reescribir las incidencias de este episodio dramático que envuelve a la que se valora como la figura principal de la Cuba prerrevolucionaria que, con honestidad y valentía, se esforzó por adecentar la política cubana. Se encasilla como un nacionalismo social-demócrata, cuyo suicidio se considera que cambió la historia de Cuba.
Por Oscar López Reyes
Pretendiendo prolongar la creencia de internet del “chivo sin ley” (“fake news” o noticias falsas, desinformación, manipulación, coerción, ciberdelincuencia, etc.), el nuevo Código Penal -estipula condenas hasta de 40 años- ha sido rebautizado como la Ley Mordaza por pseudo-periodistas, “comunicadores” sin títulos universitarios ni otro aval académico o gremial que ejercen el chantaje extorsivo mediático monetario. ¿Acaso asistimos a una revancha en favor de la impunidad de los delitos de palabras (más devastadores que una bala), el aborto, la corrupción y el narcotráfico?
Está en marcha, y crece, la industria de la intimidación, amparados los extorsionadores en el libertinaje digital, la dañina viralidad y la percepción de impunidad por la ausencia de sanción penal. Pululan, especialmente en las redes sociales y la radio, las advertencias de divulgar datos comprometedores o retirar los difundidos si no les efectúan transferencias económicas inmediatas.
Nunca como ahora, malandrines con el antifaz de periodistas presionan y emprenden campañas de descréditos contra figuras públicas, empresarios y políticos con noticias falsas o descontextualizadas, montajes digitales, ediciones tendenciosas, titulares sensacionalistas, perfiles falsos, fotografías e informaciones íntimas y sensibles, rumores espúreos, imágenes o videos manipulados y otros datos personales perjudiciales.
¿Por estos y otros tipos de modus operandi, ha oído usted que condenaron a un director de diario, a un egresado universitario de comunicación social o a otros profesionales del ecosistema informativo?
Sencillamente, “agua pasada no mueve molino”. Más que una persecución contra la libertad de expresión, las campanas repican contra el delito de extorsión mediática, una modalidad delictiva que le está ganando a los abogados extorsionistas.
Categóricamente, ha tomado cuerpo un delito penal grave, que conlleva a penas de cárcel, útil como un mecanismo disuasivo para sujetos con patrones de conductas impulsivas, terroríficas e incontrolables. Ellos están atrapados por trastornos episódicos y sin arrepentimiento, que se vuelven un peligro público, y que ameritan de psicoterapia, como palpablemente se ha visto últimamente. La prisión apuntala como un preferible tono de voz para calmar el dolor de las víctimas y evitar que respondan con el castigo de una paliza o la muerte.
Alégase que el Tribunal Constitucional ha despenalizado delitos de prensa, pero no olvidemos que últimamente esa instancia se ha constituido en una afrenta para la sociedad. Ha estado aplicando el derecho desde la Luna, divorciado de la realidad, y creándole más conflictos al Estado, sancionando sentencias absurdas, que instituciones oficiales no están en capacidad de cumplir, porque de hacerlo dejarían sin presupuesto la salud, la educación, las obras públicas y otros servicios sociales.
Igual de mal andan senadores y diputados, que son marionetas del populismo y que se doblegan en un santiamén, como si asistieran a un convite de comadres. Luego de más de 20 años discutiendo para lograr la aprobación del Código Penal, ahora esos legisladores acceden fácilmente, como si tuvieran en brazos de Morfeo, a dar rienda suelta a la propuesta para modificarlo sin ser sometido a pruebas, porque ni siquiera ha entrado en vigencia.
Valga referir, como aporte adicional a las anotaciones preexistentes, que los más diversos autores doctrinarios internacionales sobre el derecho a la información concuerdan en que la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero no absoluto, que precisa de límites para proteger derechos de terceros y garantizar el orden social. Basta citar a Alejandro Fuenmayor E. en El derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública, Francisco Morera Alfaro en Los derechos de los ciudadanos frente a las tareas de la información, Enrique Villalobos Quirós en El derecho a la información y Manuel Fernández Areal en Introducción al derecho de la información.
Y, ¿cuál otro? Sí, podemos leer a Carlos Soria en Derecho a la información y derecho a la honra; A. Hugo Osorio Meléndez en Políticas de información y derecho. Estudio comparativo; Eduardo Nova Monreal en Derecho a la vida privada y libertad de información. Un conflicto de derechos; Ernesto Villanueva e Issa Luna Pla en El derecho de acceso a la información, y Orrin E. Klapp en Información y moral. Estrategias de apertura y cierre ante la nueva información.
En esa óptica, ¿qué dice el nuevo Código Penal?
Acerca de la difamación extorsiva, el artículo 209 expresa que “Quien haga imputación pública a una persona, física o jurídica, de un hecho preciso o concreto que le afecta en su honor o en su consideración, buen nombre, imagen, dignidad e integridad familiar, por cualquier forma pública, … le cause un perjuicio, y con ello obligue o procure obligar a la víctima a ceder a sus exigencias, será sancionado con pena de cinco a diez años de prisión mayor y multa de diez a veinte salarios mínimos del sector público”.
En esta circunstancia, más que acudir a la violencia como los iracundos, la alternativa más expedita para los injuriados y acosados está en el sometimiento judicial para que un juez decida, interponiendo las pruebas y colocando otras piezas regidos por los fundamentos del derecho, dictaminen la culpabilidad o inocencia del imputado. Y todavía para las partes queda la opción de apelar la sentencia.
Si el Congreso Nacional y el Tribunal Constitucional modifican el nuevo Código Penal, al unísono tendrán que hacer una revolución, en virtud de que en República Dominicana a través de varias leyes son perseguibles y sancionables con prisión el chantaje, las campañas injuriosas y difamatorias, los rumores falsos, las expresiones ofensivas o despectivas por medios informáticos, telemáticos o audiovisuales (redes sociales, internet, blogs) y prensa escrita.
¿Y cuáles son esas disposiciones legales?
Son la Ley 183-02 Monetaria y Financiera, la Ley 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales; la Ley 53-07 Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley 136-03 o Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y otras, que contemplan encierros carcelarios de hasta diez años y multas de hasta dos millones 500 mil pesos o 500 veces el salario mínimo del sector público. ¡Muy bien!
Aunque luzca una irreverencia y un riesgo decirlo, el sometimiento judicial a un periodista por difamación e injuria representa una prueba para demostrar su profesionalidad y apego a las leyes y a los principios y valores éticos en el manejo informativo y el análisis interpretativo. Si así fuere, ¿por qué tanto miedo?
Con frecuencia, ciertas esferas de los diarios exageran y procuran rehuir para no colocarse frente a un crucifijo, por la aversión y el temor traumático, arrastrado por sangrientas experiencias pretéritas. Preservemos el contenido del nuevo Código Penal, y actuemos con la potestad de informar y opinar sin censura ni autocensura, pero ajustados al derecho, y caminando derecho.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y gremialista.
Por Isaías Ramos
República Dominicana no enfrenta solo un debate salarial. Enfrenta una crisis de arraigo, identidad, soberanía laboral y cumplimiento constitucional. Durante las últimas tres décadas se consolidó un modelo de bajos salarios, débil fiscalización y desorden migratorio-laboral. Pero desde la Constitución de 2010, que consagra el Estado Social y Democrático de Derecho, esa falla dejó de ser solo económica: se convirtió en contradicción frontal con el mandato constitucional. Hoy el problema se ha agudizado. La pregunta es necesaria: ¿para quién funciona realmente este modelo económico?
Según el Informe sobre Democracia y Desarrollo 2026 del PNUD, 39.5% de las personas en República Dominicana contempla irse a vivir o trabajar a otro país, frente a 31.7% en América Latina y el Caribe: 395 de cada 1,000 personas, contra 317 de cada 1,000 del promedio regional. La principal razón para emigrar es la falta de oportunidades económicas: 58.4%.
Ese dato debe estremecer. Los dominicanos no contemplan irse porque no amen su patria. Contemplan irse porque trabajan, luchan, pagan transporte, comida, impuestos y deudas, y aun así sienten que no avanzan. La emigración deseada es un voto de desconfianza contra un modelo que produce crecimiento, pero no suficiente esperanza.
La Constitución no manda una República para administrar resignación. Define al país como Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo y la soberanía popular. También reconoce que todo trabajador tiene derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad, y declara de alto interés la nacionalización del trabajo.
Por eso, el salario justo no es una consigna. Es mandato constitucional.
La evidencia salarial es contundente. En el primer trimestre de 2026, la ONE reportó que el salario mensual promedio por empleado formal fue RD$34,621. Incluso los sectores mejor remunerados —minas y canteras, organismos extraterritoriales y electricidad— promediaron RD$79,724, RD$70,541 y RD$67,246. Si ese es el techo salarial formal, el país debe preocuparse: muchos ingresos permiten consumir, pero no necesariamente progresar, ahorrar, comprar vivienda o construir patrimonio.
La canasta básica familiar nacional llegó en mayo de 2026 a RD$49,268.36; la del primer quintil fue RD$29,489.84 y la del segundo RD$38,441.67. Frente a eso, demasiados salarios formales siguen siendo salarios de supervivencia. Ahí está el corazón del problema: están convirtiendo la pobreza salarial en ventaja competitiva.
El primer deber de los gobiernos debe ser garantizar salarios justos y dignos. El segundo, aplicar la indexación del mínimo exento del impuesto al salario. La DGII reconoce para 2026 una exención contributiva hasta RD$416,220 anuales y, al mismo tiempo, que por la Ley de Presupuesto queda sin efecto el ajuste previsto en el artículo 327 del Código Tributario. En palabras simples: los gobiernos siguen cobrándole inflación al trabajador formal.
La excusa fiscal tampoco basta. Hacienda estima el gasto tributario de 2026 en RD$393,541.54 millones, equivalente a 4.54% del PIB. Entonces la pregunta no es si hay recursos; la pregunta es a quién deciden proteger primero los gobiernos.
Tercer deber: no hay exenciones sin salario digno. Todo régimen con privilegios fiscales debe demostrar retorno social: salario digno, formalidad, transparencia, capacitación y movilidad salarial.
Cuarto deber: hacer cumplir el 80/20 laboral. El Código de Trabajo establece que al menos 80% de los trabajadores de una empresa debe ser dominicano, y que al menos 80% de la nómina debe corresponder a trabajadores dominicanos, con las excepciones previstas por la ley.
La alerta está en los medios. Almomento, citando la Encuesta Sectorial Construcción 2025 del Instituto Nacional de Migración, afirma que la mano de obra haitiana representa 68.3% de los trabajadores de la construcción, frente a 31.1% de locales; en empresas formales, la proporción sería 69.1% haitiana y 30.2% dominicana. Ese dato exige auditoría nacional. Si se confirma, sería una inversión práctica del mandato de nacionalización del trabajo, con consecuencias salariales, demográficas, culturales e identitarias.
Hay que decirlo sin odio ni confusión: el problema no es el inmigrante pobre que busca trabajo. El problema son los gobiernos que han permitido el desorden. No son los extranjeros los culpables de desplazar al trabajador dominicano; los responsables son las autoridades llamadas a cumplir y hacer cumplir la Constitución, el Código de Trabajo, la ley tributaria y el orden migratorio-laboral.
Donde debía haber control, hubo tolerancia. Donde debían estar las fronteras resguardadas, hubo abandono, corrupción sin consecuencias y complicidad con el desorden. Donde debía prevalecer la Constitución, se traicionó el interés nacional. Donde debía haber salario justo, hubo precariedad. Donde debía haber defensa del trabajo dominicano, hubo indiferencia. Y donde debía haber cumplimiento de la ley, hubo gobiernos mirando hacia otro lado.
Ese desorden empuja al dominicano a emigrar y a la nación a perder cohesión, identidad, soberanía laboral y control sobre su destino.
Desde el Frente Cívico y Social sostenemos que la patria no se defiende culpando al inmigrante pobre. Se defiende cumpliendo la Constitución, pagando salarios dignos, indexando el impuesto al salario, ordenando la frontera y haciendo cumplir el 80/20.
República Dominicana no necesita una economía que administre resignación. Necesita una economía que produzca arraigo.
Los dominicanos no quieren irse. Los están empujando.
Ya basta. Llegó la hora de hacer valer la Constitución y activar, de verdad, el Estado Social y Democrático de Derecho: un Estado que no esté de rodillas ante los privilegios, sino de pie junto al pueblo trabajador.
Por Rommel Santos Díaz
En las investigaciones realizadas de conformidad con el Estatuto de la Corte Penal Internacional nadie será obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable.
De acuerdo con el Estatuto de Roma nadie será sometido a forma alguna de coacción, intimidación o amenaza, a torturas ni a otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes.
En el proceso de investigación de la Corte Penal Internacional , quien haya de ser interrogado en un idioma que no sea el que comprende y habla perfectamente contará, sin cargo alguno, con los servicios de un intérprete competente y las traducciones que sean necesarias a los efectos de cumplir el requisito de equidad.
De conformidad con el Estatuto de Roma nadie será sometido a arresto o detención arbitrarios ni será privado de su libertad salvo por los motivos previstos en el Estatuto y de conformidad con los procedimientos establecidos en él.
Cuando haya motivos para creer que una persona ha cometido un crimen de la competencia de la Corte Penal Internacional y esa persona haya de ser interrogada por el Fiscal o por las autoridades nacionales, o en cumplimiento de una solicitud hecha de acuerdo las disposiciones del Estatuto de Roma tendrá el derecho a ser informada.
Dentro de los derechos que tiene una persona en el proceso de investigación de la Corte Penal Internacional el Estatuto de Roma señala el de ser informada de que existen motivos para creer que ha cometido un crimen de la competencia de la Corte.
Antes del interrogatorio la persona también deberá ser informada de que tiene derecho a guardar silencio , sin que ello pueda tenerse en cuenta a los efectos de determinar su culpabilidad o inocencia.
Cabe destacar que en el proceso de investigación de la Corte Penal Internacional la persona tiene derecho a ser asistida por un abogado defensor de su elección o, si no lo tuviere, a que se le asigne un defensor de oficio, siempre fuere necesario en interés de la justicia y , en cualquier caso, sin cargo si careciere de medios suficientes.
Finalmente, la persona tendrá el derecho a ser interrogada en presencia de un abogado, a menos que haya renunciado voluntariamente a su derecho a asistencia letrada de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Roma.