Opinión
Chibás y “El Detective”: Acusaciones, sangre y grillete
(Parte 1)
Por Oscar López Reyes
Dos fenomenologías de las denuncias con gran audiencia, formuladas en el acantilado de patrones de comportamientos contrapuestos de sus autores, que se apartan de la regla común, en la vulnerabilidad del lenguaje confrontativo.
Dos épocas, dos países y dos personajes mediáticos no profesionalizados en comunicación social, que escandalizaron por sus imputaciones temerarias, morbosas y aventuras. Sus insinuaciones repercutieron con sangre diseminada en el camposanto y la indignación en el enfado de estrados tribunalicios.
Dos acontecimientos escenificados en la distancia de 74 años, y motorizados por notables que despuntaron por sus deslenguadas conductas únicas e intelectualizadas en sus elocuencias y vibrantes en el aparente desgaste cognitivo.
Cuba, 1951: Eduardo Chibás (Nacido: 26 de agosto de 1907, en Santiago). Símbolo contra la corrupción por sus denuncias radiales en las décadas de 1940 y 1950. Exiliado, perseguido políticamente, sentenciado judicialmente por difamación y autodestruido. Génesis de la Revolución Cubana.
República Dominicana, 2025: Angel Martínez, El “Detective” (Nacido: 31 de mayo de 1954, en Santiago). Estableció un récord por haber sido sometido a la Justicia 21 veces por difamación y delitos tecnológicos, extorsión, estafa, lavado de dinero y otros, a través de plataformas digitales.
Chibás: La radio como trinchera
Carismático en su miopía visual y su pensamiento nacionalista y antiimperialista, Eduardo René Chibás y Ribas utilizó la radio como su estandarte, hasta consolidarse como una figura pública presidenciable. Su muy escuchado programa dominical Al Aire, transmitido por la emisora CMQ, cautivó una gran audiencia, por la acogida de sus denuncias -implacables como insultantes- contra la corrupción y la exigencia de justicia social, a menudo montado en el carruaje de explosiones verbales, con acometimientos verbales ofensivos a los de sus mirillas. A su vez, sus apasionadas emisiones le hicieron conquistar una infinidad de seguidores entre los desilusionados con las estructuras socio-económicas de Cuba.
Orador indiscutible y polemista ardoroso, en su resonancia también cosechó popularidad y liderazgo, siendo el conductor del Movimiento de Recuperación Cívica y Moral, un pilar clave en la brega contra la corrupción administrativa.
¿Cuál fue su trayectoria?
1.- 17 de diciembre de 1925: Detenido en una manifestación que exigía la libertad de Julio Antonio Mella, miembro fundador del primer Partido Comunista de Cuba.
2.- 1927: Expulsado de la Universidad de La Habana, por integrar el Directorio Estudiantil Universitario (DEU), que jalonaba contra la dictadura de Gerardo Machado (1925-1933), que favoreció a intereses económicos vinculados a Estados Unidos. Por esa razón no concluyó su carrera de derecho,
3.- Agosto de 1931: Encarcelado y en 1932 condenado al exilio. Había participado solidariamente en una huelga de hambre.
4.- Agosto de 1933: Regresa a Cuba tras la caída de Machado, se integra al movimiento de Izquierda Revolucionaria y apertura el espacio radial La Voz de las Antillas, para defender la soberanía nacional y las libertades democráticas.
5.- 1934: Apoya al Gobierno de los Cien Días de Ramón Grau San Martín y se afilia a su Partido Revolucionario Cubano (Auténtico).
6.- 1938: Comienza a publicar artículos de opinión en la revista Bohemia, en los cuales revela malversación y negocios ilícitos de funcionarios gubernamentales.
7.- 1939: Se dispara un tiro en el abdomen. Unos señalan que sufrió un atentado, en plena campaña para la elección de los delegados a la Asamblea Constituyente de 1940, y otros lo interpretaron como un ensayo para ganar simpatía.
8.- 1947: Se separa del Partido Auténtico -por la corrupción en esa entidad- y funda el Partido del Pueblo Cubano (ortodoxo), que asumió como lemas “Vergüenza contra dinero” y “Prometemos no robar”, y como símbolo una escoba para barrer a los corruptos.
9.- 1947: El Partido Ortodoxo de Chibás atrae como miembros de esa organización a Fidel Castro Ruz y a otros jóvenes revolucionarios, que en 1953 participaron en el asalto al Cuartel de Moncada, y en 1956 en la guerrilla de Sierra Maestra.
10.- 1948: Candidato presidencial, y fue derrotado por Carlos Prío Socarrás, quien gobernó a Cuba hasta 1952, cuando fue derrocado por Fulgencio Batista.
11.- 1949: Sentenciado a seis meses de cárcel por no probar la imputación de aceptación de sobornos, hecha a tres jueces del Tribunal Supremo y a la multinacional norteamericana Cuban Electric Company. Cuando cumplió un mes de prisión fue indultado por el presidente Carlos Prío Socarrás.
12.- 1950: Elegido senador por la provincia de La Habana.
13.- 1951: Se proyecta como el candidato presidencial favorito para las elecciones generales de 1952, pero fue impedido por su tragedia.
14.- 16 de enero de 1959: A raíz del triunfo revolucionario, Fidel Castro le rinde un homenaje a Chibás, en su tumba de La Habana, señalando que fue un precursor de la revolución, porque el vacío que dejó fue llenado por el propio Castro con la contienda armada.
15.- 1962: Erección de un monumento en Santiago de Cuba a Eduardo Chibás, porque su combate contra la corrupción edificó la base de la revolución victoriosa, que abrió el camino para un cambio profundo en Cuba.
El destino postrero: una bala
En 1951, durante una emisión de su programa dominical Al Aire, por la estación radial CMQ, Chibas acusó a Aureliano Sánchez Arango, ministro de Educación del Gobierno de Carlos Prío Socarrás, de levantar un imperio inmobiliario en Guatemala con una millonada sustraída del programa de desayuno escolar.
Sin dar vueltas, Sánchez Arango asumió la defensa de su honor. Respondió con declaraciones de prensa y publicaciones pagadas, y también lo emplazó a demostrar la sustentación de su inculpación, hecha en el programa radial que difundía desde 1943 y que era escuchado por millones de cubanos.
Encolerizado, Chibás contestó que cargaba una maleta de pruebas que demostraban que el ministro era un corrupto; prometió probar el robo a través de documentos que le fueron suministrados, los que nunca presentó. Alegó que le fueron hurtados de su maletín por servidores de Aureliano Sánchez Arango.
El match duró tres meses, entre junio y agosto. La falta de respuesta que avalaran la denuncia auspició una sucesión de burlas y puso de moda un estribillo musical: “Abre la maleta, Chibás, ábrala”. Como no fue abierta, los actores cómicos Garrido y Piñeiro hacían chistes con “La Maletona de Chibás”, y en las calles circularon caricaturas y le voceaban: “¡Chibás y la prueba dónde está!”.
Antes de concluir su programa dominical del 5 de agosto de 1951, contrariado y en la celdilla de una aparente depresión, el líder ortodoxo proclamó “su último aldabonazo”, debajo de la silla sacó un resolver, cuyo cañón colocó en su vientre, y se disparó cerca de la ingle, con el micrófono encendido. La detonación fue escuchada por los pobladores e inmediatamente fue conducido al Centro Médico Quirúrgico de La Habana. Expiró el 16 de agosto del citado año, a los 44 años de edad.
Hasta su muerte ha sido empaquetada en una polémica interminable: a) que se disparó cerca de la ingle -no mortal- para llamar la atención, y no en la sien; b) que por el decaimiento emocional en que quedó sumergido, c) que el fallecimiento fue causado por una infección en la herida y otras complicaciones, y d) que la muerte fue inducida por el doctor Gustavo Aldereguía, obedeciendo a un reclamo de su Partido Socialista Popular (PSP) para que no saliera vivo del hospital, porque no cesaba sus ataques contra “el imperio totalitario comunista de Moscú”.
Se calcula que más de un millón de cubanos acompañó hasta el cementerio de Colón, en La Habana, el cuerpo inerte del senador al que íntimos llamaban Eddy y El Loco Chibás, quien no dejó cónyuge ni hijos, pero sí un legado de civismo y dignidad.
Todavía la controversia inunda los predios del episodio sangriento: a) que se inmoló por la vergüenza que le arropó, ya que su fuente no le suministró las pruebas prometidas; que una investigación posterior demostró que Aureliano Sánchez Arango no poseía propiedades en Guatemala, y que antes del triunfo de la revolución, María de la Concepción (Conchita) Fernández, secretaria particular de Chibás, publicó la comprobación en las revistas Bohemia y Carteles.
La polémica llama a una investigación histórica objetiva y profunda, para reescribir las incidencias de este episodio dramático que envuelve a la que se valora como la figura principal de la Cuba prerrevolucionaria que, con honestidad y valentía, se esforzó por adecentar la política cubana. Se encasilla como un nacionalismo social-demócrata, cuyo suicidio se considera que cambió la historia de Cuba.
Opinión
Un Estado puede ganar un enfrentamiento y, al mismo tiempo, estar perdiendo la batalla contra el crimen.
Por Isaías Ramos
En las últimas semanas, decenas de personas han muerto durante actuaciones policiales calificadas como “intercambios de disparos”. El debate se ha concentrado, comprensiblemente, en determinar si esas actuaciones fueron legítimas, si hubo proporcionalidad en el uso de la fuerza y qué mecanismos pueden establecer con credibilidad lo ocurrido.
Son preguntas indispensables.
Pero hay otra que estamos formulando mucho menos:
¿Estamos desmontando el sistema que produce al delincuente o solamente neutralizando una de sus manifestaciones?
Esta controversia me recuerda una enseñanza que quedó especialmente presente en mí desde que tuve la oportunidad de participar en el Diplomado Internacional Transformación Social y Educativa, vinculado al pensamiento del filósofo francés Edgar Morin.
Morin advertía sobre la “inteligencia ciega”: aquella que fragmenta la realidad, separa sus componentes y termina confundiendo el conocimiento de una parte con la comprensión del todo.
La criminalidad castiga severamente ese pensamiento simplificador.
El hombre armado que aparece en una esquina es apenas la expresión visible de un sistema mucho más amplio. Detrás pueden coexistir tráfico de armas, narcotráfico, microtráfico, lavado de activos, corrupción, financiamiento ilegal, reincidencia, abandono escolar, exclusión social, debilidades penitenciarias y territorios donde las instituciones han perdido capacidad preventiva.
Reducir semejante entramado al último individuo de la cadena constituye un error estratégico.
Porque si hoy cae un delincuente y mañana otro ocupa exactamente su lugar, no hemos desmontado el crimen.
Solamente hemos reemplazado una pieza.
Y mientras celebramos que una pieza cayó, la maquinaria que la incorporó, la utilizó y puede sustituirla sigue funcionando intacta.
Durante aproximadamente tres décadas, distintos gobiernos han administrado una sociedad que ha experimentado crecimiento económico y avances sociales, pero donde persisten brechas educativas, sociales, territoriales e institucionales.
El problema no es solamente cuánto se ha invertido en cada área, sino cuánto hemos sido capaces de articularlas.
Educación, protección social, seguridad, justicia, sistema penitenciario y prevención continúan funcionando demasiadas veces como compartimentos separados.
Ahí reaparece la advertencia de Morin: conocemos las partes, financiamos las partes y administramos las partes, pero perdemos de vista las relaciones que producen el fenómeno completo.
Entonces surge una contradicción preocupante: toleramos durante años condiciones que favorecen exclusión, violencia, economías ilícitas y ausencia de oportunidades y, cuando algunas de sus consecuencias finalmente aparecen armadas en nuestras calles, pretendemos enfrentarlas principalmente mediante fuerza policial.
La seguridad comienza mucho antes de que un policía tenga que sacar su arma.
Existe, además, una diferencia fundamental entre letalidad operativa y eficacia estratégica.
Una intervención policial puede neutralizar una amenaza inmediata y ser tácticamente exitosa. Pero la eficacia estratégica exige una pregunta mucho más importante:
¿Qué poder criminal perdió la sociedad después del operativo?
Un presunto delincuente capturado con vida puede convertirse, dentro del debido proceso, en una fuente de inteligencia criminal: identificar quién suministra las armas, quién financia, quién distribuye, quién recibe el dinero, quién protege la estructura y quién dirige niveles superiores.
Por eso no basta preguntar quién cayó.
Debemos preguntar:
¿Qué estructura descubrimos?
¿Qué red desmantelamos?
¿Qué información obtuvimos para impedir al próximo?
Un Estado verdaderamente fuerte no es aquel que solamente puede enfrentar a un hombre armado.
Es aquel capaz de investigar, capturar, obtener información conforme a la ley, seguir el dinero, rastrear las armas, identificar conexiones, judicializar responsables y reducir efectivamente el poder de las organizaciones criminales.
Nada de esto significa negar a los agentes policiales su derecho a defenderse ante una agresión real.
Tampoco significa asumir que toda muerte ocurrida durante una intervención policial constituye automáticamente una ejecución.
Precisamente por eso, cuando una persona muere por actuación de agentes del Estado, debe existir un procedimiento independiente y creíble capaz de establecer qué ocurrió.
Eso protege al ciudadano.
Y también protege al policía que actuó legítimamente.
Pero una política moderna de seguridad debe avanzar más.
Necesitamos inteligencia criminal integrada, capaz de conectar armas, personas, territorios, comunicaciones y organizaciones.
Necesitamos persecución financiera y judicial, porque una estructura criminal pierde verdadero poder cuando pierde su dinero, sus armas, su protección y sus mandos.
Y necesitamos prevención focalizada allí donde las redes criminales encuentran las condiciones para reclutar o sustituir continuamente a sus integrantes.
Por eso tampoco deberíamos medir la seguridad únicamente por muertos, detenidos u operativos realizados.
Debemos medirla por redes criminales desarticuladas, armas rastreadas, dinero ilícito intervenido, mandos identificados, funcionarios corruptos sometidos, reincidencia reducida y territorios recuperados.
El verdadero dilema nunca debió ser seguridad contra derechos.
Esa falsa dicotomía es, en sí misma, otra expresión de inteligencia ciega.
La República Dominicana necesita autoridad.
Necesita una Policía capaz de enfrentar el crimen.
Necesita justicia capaz de investigar y sancionar.
Necesita inteligencia capaz de anticipar las redes.
Necesita prevención capaz de reducir el reclutamiento.
Pero, sobre todo, necesita un Estado capaz de comprender que todas esas piezas forman parte del mismo sistema.
Porque neutralizar al delincuente puede resolver la amenaza de hoy.
Desmantelar las redes que reclutan y sustituyen al próximo es comenzar a resolver el problema del país.
Los evangelizadores de la Inteligencia Artificial (IA) cabalgan sin pausas ni paradas, a toda mecha como un lince o un cohete, confiados en sus maravillosos proyectos de inversiones financieras. Y el ritmo rasguea en una constante que no presiente ni anticipa límites ni la potencial burbuja/fin de esta expansionista tecnología, la IA, otra estafa, otra doble estafa universal.
Por Rommel Santos Diaz
El Estatuto de Roma estipula que la Corte Penal Internacional entrará en vigor el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el sexagésimo instrumento de ¨ratificación, aceptación, aprobación o adhesión¨.
La firma del Estatuto de Roma estuvo abierta hasta el 31 de diciembre del año 2000, tal y como lo estipula el referido Estatuto. Para que un Estado devenga parte , este deberá ratificar, aceptar, aprobar o adherirse al tratado.
El término ¨adhesion¨normalmente significa adherirse al Tratado una vez que este haya entrado en vigor, pero también podrá referirse a un proceso específico de un Estado.
Para el Estado que ratifique, acepte, o apruebe el Estatuto posteriormente al depósito del sexagésimo instrumento, la entrada en vigor del Estatuto para dicho Estado será el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al Estatuto de Roma.
Según el Estatuto de Roma los Estados los Estados no podrán hacer reservas al Estatuto. Los Estados Partes deberán aceptar el Estatuto tal y como fue adoptado en la Conferencia de Roma.
No obstante, el Estatuto de Roma dispone que el Estado podrá declarar que ¨ durante un periodo de siete años contados a partir de la fecha en que el Estatuto entre en vigor a su respecto , no aceptará la competencia de la CPI sobre la categoría de crímenes a que se hace referencia en el artículo 8 cuando se denuncie la comisión de uno de esos crímenes por sus nacionales o en su territorio¨.
El objetivo de la disposición indicada anteriormente es brindar a los Estados Partes tiempo suficiente para capacitar a todo su personal militar sobre los requisitos del Estatuto con respecto a los crímenes de guerra, ya que algunas de las disposiciones del Estatuto de Roma podrían ser contrarias a las obligaciones nacionales existentes.