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Chikungunya, el virus más agresivo en últimos 10 años
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12 años agoon
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LA REDACCIÓN
Decenas de personas han acudido a los hospitales con síntomas de la chikungunya
De los 10 distintos virus que del año 2004 a la fecha han afectado a la República Dominicana, además de la gripe, el de la chikungunya (chikunguña, según la Real Academia de la Lengua Española) es el más agresivo y el que se expande con mayor rapidez.
Sin embargo, y a pesar de su agresividad, de los virus que si no se tratan a tiempo pueden ser mortales, el de la chikungunya registra la tasa más baja, con 0.4% de letalidad.
Y aunque la gripe ha enfermado a casi toda la población dominicana, la recurrencia de los distintos tipos de influenza ya la ha hecho algo “familiar”, por lo que no causa sorpresa.
De las enfermedades causadas por virus a la que el país ha estado expuesto en la última década, la gripe, el VIH, el dengue, el papiloma humano, la chikungunya y la malaria han sido las que más han impactado a la población.
Durante ese lapso, el país también ha sido afectado, además, por los virus de la rabia, poliomielitis, sarampión y rubéola.
Pero desde que “oficialmente” apareció por primera vez en la comunidad de Nigua, provincia San Cristóbal, los casos de chikungunya se han disparado de tal forma que mantienen a la población dominicana en una especie de temor o pánico generalizado.
El hecho de que de acuerdo con la Dirección General de Epidemiología, del Ministerio de Salud Pública, en lo que va de año se haya detectado 165,433 casos de chikungunya contra 2,953 de dengue, que también es causada por el mosquito Aedes Aegypti, es más que suficiente para tener una idea de la agresividad con que se está expandiendo la enfermedad.
Y si a esto se le suma que los cálculos más conservadores aseguran que al menos entre 5.0 y 7.0 millones de personas serán afectadas, entonces es fácil concluir que la chikungunya tocará casi todos los hogares dominicanos.
68% de hogares afectados
Otra idea de la rapidez con que se está expandiendo la enfermedad la sirvió recientemente el Ministerio de Salud Pública, que reveló que una encuesta realizada en las 30 estaciones del Metro de Santo Domingo arrojó que en el 68% de los hogares del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo se habían enfermado entre dos y tres personas.
De ser cierto el dato, tendríamos que solo en el Gran Santo Domingo se habrían enfermado más de un millón de personas, lo que valida las afirmaciones de instituciones que como el Colegio Médico Dominicano (CMD) aseguran que hay un enorme subregistro con respecto a las cifras oficiales.
Incluso, el presidente del CMD, Pedro Sing, ha afirmado en varias ocasiones que siendo conservador la cifra de enfermos hay que situarla en al menos 500,000 personas.
Algunas estadísticas
Para esta misma fecha en el año 2013 se habían detectado apenas 5,367 casos de dengue.
De cólera, para el 30 de junio del año pasado, se habían producido 1,100 y en lo que va de año se han detectado 156. Sin embargo, en tan solo una semana se han detectado 28,598 casos nuevos de chikungunya.
De 2004 a la fecha, el año que más casos de dengue se detectaron fue en 2010, con 12,119 casos, seguido de 2007, con 9,637 casos, y luego el año 2012, que registró 9,484.
En cuanto al cólera, en el año 2010 el país registró 773 casos; en el 2011 se contabilizaron 20,851 y en el 2012 el total fue de 7,919.
En los últimos 10 años la malaria tuvo su pico más alto en 2005, con 3,873; luego en 2006 se registraron 3,525; en 2007 se contaron 2,711 y en el año 2004 fueron 2,355.
Del año 2004 al 2006 el VIH/Sida alcanzó sus picos más altos. En 2004 se diagnosticaron 1,113 casos; en 2005 éstos se elevaron a 1,930 y en el 2006 bajaron a 1,270. Mientras que en 2007 sumaron 745, en el 2009 se contaron 706 y en el 2011 la suma llegó a 564.
En cuanto a la rabia humana, en el año 2009 se conocieron 4 casos y 3 en el 2010. En el año 2004 se conoció un solo caso.
Los últimos casos de rubéola se conocieron en el país en los años 2004, con 6; 2005, con 6, y 2006, con 21.
Autoridades alertan sobre aumento de casos
El número de casos confirmados del virus chikungunya aumentó con rapidez en las últimas semanas en el Caribe, alertó la Organización Panamericana de Salud. República Dominicana y Haití reportaron miles de casos nuevos en la última semana. No existe vacuna para este virus, transmitido por un mosquito y con síntomas similares al dengue.
Esta semana el virus llegó a Paraguay y Costa Rica, mientras que en Venezuela se registran hasta ahora 12 casos, luego que el martes se sumaran cinco nuevos casos de fiebre a causa del virus.
La chikungunya causa gran ausentismo
La chikunguya ha causado en el sector industrial un ausentismo laboral estimado en casi un 20%. La revelación la hizo la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias, Circe Almánzar, quien aseguró que dicho ausentismo tiene un altísimo costo para el sector industrial. Explicó que debido al ausentismo las empresas del sector han debido erogar grandes sumas por concepto de pagos de horas extra. También los industriales se han visto en la obligación de buscar personal para trabajos temporales que debían ser cubiertos por técnicos o especialistas, así como disminución en el ritmo de la producción. “Esta situación, según nuestro sondeo, ha significado una pérdida en promedio de 54.7 horas por empleado afectado, mucho más de una semana laboral. No hemos cuantificado en dinero lo que esto implica, pero la situación es muy seria, tanto para las empresas como para las personas afectadas”, expresó Almánzar.
Ministro Salud supervisa atenciones a los pacientes
El ministro de Salud Pública dijo que continúan fortaleciendo las medidas de control y prevención contra dengue y chikungunya por lo que se mantiene realizando recorridos por los diferentes hospitales y Unidades de Atención Primaria, a fin de garantizar la correcta aplicación del protocolo de atención de estas enfermedades. Freddy Hidalgo Núñez recorrió el hospital Marcelino Vélez Santana, donde contactó el buen servicio que se ofrece a los usuarios y usuarias.
0.4%
Letalidad A pesar de su agresividad, el virus de la chikungunya es de muy baja letalidad, con tan solo un 0.4%.
EL CARIBE.
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Obispos se reunen con Abinader en la 64ª Asamblea Plenaria del Episcopado
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19 horas agoon
julio 3, 2026
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.

El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.

También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
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Garantía económica e impedimento de salida a “Onguito Wa”.
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19 horas agoon
julio 3, 2026
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.

La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
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Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
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19 horas agoon
julio 3, 2026
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.
