Nacionales
Chikungunya, el virus más agresivo en últimos 10 años
Decenas de personas han acudido a los hospitales con síntomas de la chikungunya
De los 10 distintos virus que del año 2004 a la fecha han afectado a la República Dominicana, además de la gripe, el de la chikungunya (chikunguña, según la Real Academia de la Lengua Española) es el más agresivo y el que se expande con mayor rapidez.
Sin embargo, y a pesar de su agresividad, de los virus que si no se tratan a tiempo pueden ser mortales, el de la chikungunya registra la tasa más baja, con 0.4% de letalidad.
Y aunque la gripe ha enfermado a casi toda la población dominicana, la recurrencia de los distintos tipos de influenza ya la ha hecho algo “familiar”, por lo que no causa sorpresa.
De las enfermedades causadas por virus a la que el país ha estado expuesto en la última década, la gripe, el VIH, el dengue, el papiloma humano, la chikungunya y la malaria han sido las que más han impactado a la población.
Durante ese lapso, el país también ha sido afectado, además, por los virus de la rabia, poliomielitis, sarampión y rubéola.
Pero desde que “oficialmente” apareció por primera vez en la comunidad de Nigua, provincia San Cristóbal, los casos de chikungunya se han disparado de tal forma que mantienen a la población dominicana en una especie de temor o pánico generalizado.
El hecho de que de acuerdo con la Dirección General de Epidemiología, del Ministerio de Salud Pública, en lo que va de año se haya detectado 165,433 casos de chikungunya contra 2,953 de dengue, que también es causada por el mosquito Aedes Aegypti, es más que suficiente para tener una idea de la agresividad con que se está expandiendo la enfermedad.
Y si a esto se le suma que los cálculos más conservadores aseguran que al menos entre 5.0 y 7.0 millones de personas serán afectadas, entonces es fácil concluir que la chikungunya tocará casi todos los hogares dominicanos.
68% de hogares afectados
Otra idea de la rapidez con que se está expandiendo la enfermedad la sirvió recientemente el Ministerio de Salud Pública, que reveló que una encuesta realizada en las 30 estaciones del Metro de Santo Domingo arrojó que en el 68% de los hogares del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo se habían enfermado entre dos y tres personas.
De ser cierto el dato, tendríamos que solo en el Gran Santo Domingo se habrían enfermado más de un millón de personas, lo que valida las afirmaciones de instituciones que como el Colegio Médico Dominicano (CMD) aseguran que hay un enorme subregistro con respecto a las cifras oficiales.
Incluso, el presidente del CMD, Pedro Sing, ha afirmado en varias ocasiones que siendo conservador la cifra de enfermos hay que situarla en al menos 500,000 personas.
Algunas estadísticas
Para esta misma fecha en el año 2013 se habían detectado apenas 5,367 casos de dengue.
De cólera, para el 30 de junio del año pasado, se habían producido 1,100 y en lo que va de año se han detectado 156. Sin embargo, en tan solo una semana se han detectado 28,598 casos nuevos de chikungunya.
De 2004 a la fecha, el año que más casos de dengue se detectaron fue en 2010, con 12,119 casos, seguido de 2007, con 9,637 casos, y luego el año 2012, que registró 9,484.
En cuanto al cólera, en el año 2010 el país registró 773 casos; en el 2011 se contabilizaron 20,851 y en el 2012 el total fue de 7,919.
En los últimos 10 años la malaria tuvo su pico más alto en 2005, con 3,873; luego en 2006 se registraron 3,525; en 2007 se contaron 2,711 y en el año 2004 fueron 2,355.
Del año 2004 al 2006 el VIH/Sida alcanzó sus picos más altos. En 2004 se diagnosticaron 1,113 casos; en 2005 éstos se elevaron a 1,930 y en el 2006 bajaron a 1,270. Mientras que en 2007 sumaron 745, en el 2009 se contaron 706 y en el 2011 la suma llegó a 564.
En cuanto a la rabia humana, en el año 2009 se conocieron 4 casos y 3 en el 2010. En el año 2004 se conoció un solo caso.
Los últimos casos de rubéola se conocieron en el país en los años 2004, con 6; 2005, con 6, y 2006, con 21.
Autoridades alertan sobre aumento de casos
El número de casos confirmados del virus chikungunya aumentó con rapidez en las últimas semanas en el Caribe, alertó la Organización Panamericana de Salud. República Dominicana y Haití reportaron miles de casos nuevos en la última semana. No existe vacuna para este virus, transmitido por un mosquito y con síntomas similares al dengue.
Esta semana el virus llegó a Paraguay y Costa Rica, mientras que en Venezuela se registran hasta ahora 12 casos, luego que el martes se sumaran cinco nuevos casos de fiebre a causa del virus.
La chikungunya causa gran ausentismo
La chikunguya ha causado en el sector industrial un ausentismo laboral estimado en casi un 20%. La revelación la hizo la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias, Circe Almánzar, quien aseguró que dicho ausentismo tiene un altísimo costo para el sector industrial. Explicó que debido al ausentismo las empresas del sector han debido erogar grandes sumas por concepto de pagos de horas extra. También los industriales se han visto en la obligación de buscar personal para trabajos temporales que debían ser cubiertos por técnicos o especialistas, así como disminución en el ritmo de la producción. “Esta situación, según nuestro sondeo, ha significado una pérdida en promedio de 54.7 horas por empleado afectado, mucho más de una semana laboral. No hemos cuantificado en dinero lo que esto implica, pero la situación es muy seria, tanto para las empresas como para las personas afectadas”, expresó Almánzar.
Ministro Salud supervisa atenciones a los pacientes
El ministro de Salud Pública dijo que continúan fortaleciendo las medidas de control y prevención contra dengue y chikungunya por lo que se mantiene realizando recorridos por los diferentes hospitales y Unidades de Atención Primaria, a fin de garantizar la correcta aplicación del protocolo de atención de estas enfermedades. Freddy Hidalgo Núñez recorrió el hospital Marcelino Vélez Santana, donde contactó el buen servicio que se ofrece a los usuarios y usuarias.
0.4%
Letalidad A pesar de su agresividad, el virus de la chikungunya es de muy baja letalidad, con tan solo un 0.4%.
EL CARIBE.
Nacionales
TC rechaza amparo de Alexander Montilla contra embargo inmobiliario vinculado al caso Antipulpo
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Constitucional (TC) declaró inadmisible, por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El origen del conflicto
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
El levantamiento parcial de las medidas
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
Criterio del Tribunal Constitucional
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Acuerdo de oportunidad y condenas previas
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.
Santo Domingo, R.D.-Fue rechazada por Segundo Tribunal Colegiado la solicitud de extincion de la accion penal que hubiera favorecido al exprocurador Jean Alain Rodríguez tras el tribunal argumentar que la demora en los casi seis años que tiene el proceso ha sido justificada y «razonable».
Las tres jueces, que decidieron denegar la petición de manera unánime, afirmaron que la tardanza se debe a solicitud de aplazamientos de todas las partes, incluida el Ministerio Público, y se acogieron para hacer valer la tutela de los derechos de todas las partes del caso de presunta corrupción.
Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar Arias, Clara Castillo y Yissell Soto, sostienen que su resolución es por la razón de no haber existido «una mora injustificada y haciendo acopio del criterio jurisprudencial del Tribunal Constitucional» que ha establecido que «no debe ser un mero conteo matemático» el plazo de los procesos penales.
Las juezas acogieron el conteo de la defensa de Rodríguez Sánchez, desde el inicio de la alerta migratoria en el 2020 y no cuando se le detuvo en junio del 2021, por lo que el proceso, según el tribunal, tiene » 5 años, 8 meses y 17 días».
Al exfuncionario se le impidió salir del país «el 25 de noviembre del año 2020», como consecuencia de la alerta migratoria por la investigación que se le realizaba.
La jueza Castillo hizo un recuerdo de todos los incidentes presentado, desde la etapa de Instrucción, por salud, fallecimiento de parientes de los imputados, recusaciones a jueces y a fiscales, que motivaron los aplazamientos.
Subrayó que en los casi seis años los distintos tribunales se han mantenido activo conociendo los incidentes del caso, los que incluso han llegado hasta al Tribunal Constitucional.
«Este caso no ha llegado a este tiempo porque el proceso estuvo engavetado en algún lugar«, aclaró la jueza al hablar por el tribunal.
Las otras defensas de los demás acusados solicitaron presentar ellos la misma petición fallada por el tribunal a Jean Alain Rodríguez, lo que obligó al titular de Persecución, Wilson Camacho, volver a sentarse cuando se le autorizó presentar la acusación.
A las 1:00 de la tarde se dio un receso por almuerzo para retornar con la audiencia a las 2:00 de la tarde.
Inmediatamente después de emitirse el rechazo a poner fin a la persecución penal contra el exprocurador general, su defensa, encabezada por Carlos Balcácer, adelantó que lo apelarán a la Corte inmediatamente se publique la resolución completa, el 7 de septiembre.
El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, acusó al exprocurador Jean Alain Rodríguez de, una vez rechazársele la extinción, «organiza» a los demás acusados para que presenten el mismo incidente para evitar que se lea la acusación y se presenten las pruebas en su contra.
Reiteró que el exfuncionario deberá en cualquier momento enfrentarse a las imputaciones que se le hacen.
La acusación y quiénes son
Jean Alain Rodríguez Sánchez y los otros 14 procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.
Se les señala de afectar al Estado con más de 6 mil millones de pesos mediante procesos de compras irregulares, extorsión y el uso de recursos públicos para fines personales y políticos del exprocurador.
Los que enfrentan actualmente el juicio de fondo junto a Rodríguez Sánchez son e exdirector administrativo de la Procuraduría, Jonnathan Rodríguez Imbert; el exencargado de la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exsubdirector financiero de la Procuraduría General de la República, Alfredo Alexander Solano Augusto, y el exencargado de la División de Compras de la Procuraduría, Jonathan Loanders Medina.
También la excoordinadora en la Dirección Administrativa y Financiera de la Procuraduría General, Altagracia Guillén Calzado; el excontador del Ministerio Público, Rafael Antonio Mercedes Marte y la exmiembro del Comité de Compras y Contrataciones de la Procuraduría, Isis Tapia Stefanni.
Asimismo están señalados por el Ministerio Público, Ramón Lucrecio Burgos Acosta, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Alejandro Martín Rosa Llanes, Rolando Sebelén Torres, Braulio Michael Batista Barias, Miguel José Moya y las empresas Desarrollo, Individuo y Organización, DIO, S.R.L., Fire Controll Systems S.R.L., y José Luis Liriano y Lirtec S.R.L.
Santo Domingo, R.D.-Fueron identificados este lunes los dos fallecidos en el accidente de tránsito que involucró un camión de combustible, un automóvil, una yipeta y una motocicleta en la avenida George Washington, próximo al restaurante Adrián Tropical, en el Distrito Nacional, en el que dos vehículos se calcinaron producto de una explosión.
Las víctimas fueron identificadas como Luis Alejandro Torres Mejía, de 35 años, y María Altagracia Méndez de Olivo, de 53.
De acuerdo con la información suministrada por el jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, José Frómeta Herasme, el hombre fallecido conducía el camión y la mujer se desplazaba en la yipeta.
- Frómeta Herasme indicó que las causas de la explosión del camión tanquero se encuentran en fase de investigación.
El accidente ocurrió a las 6:58 de la mañana de este lunes. Según las autoridades, el camión transportaba alrededor de 10,000 galones de combustible, que se derramaron y posteriormente explotó causando un incendio.
- Por tratarse de gasoil, los bomberos utilizaron espuma para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia otras áreas.
El incendio provocó una intensa humareda en la zona y movilizó a unas 12 unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, además de generar un fuerte congestionamiento vehicular.
Al lugar del hecho acudieron miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, la Policía Nacional, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (Ceccom).