Opinión
Cinco, siete, nueve, once: ¡tanta marrulla!
Por Rosario Espinal
El continuismo es una plaga histórica en la política dominicana, y el PLD no ha escapado a ella. Están en un tranque, y de paso, la Ley de Partidos y la Ley Electoral en el limbo. No encuentran solución al conflicto que genera el bi-caudillismo: Leonel Fernández intenta volver, y Danilo Medina quedarse o escoger su sucesor.
Culpable es el PLD por no haber institucionalizado mecanismos democráticos para elegir sus autoridades y sus candidatos. Es un partido frisado con dos jefes pulseando, y nadie, ni grande ni chiquito, quiere soltar su puestecito. ¡Hasta que la muerte los separe!
De la plaga del caudillismo han sufrido todos los partidos dominicanos. Por eso colapsaron el PRSC y el PRD. Por eso no avanza el PRM. Por eso se enfrenta a su mayor conflicto interno el PLD. Por eso se han quedado enanos los partidos pequeños.
La pugna entre Fernández y Medina por el control de la candidatura presidencial se dio en las elecciones de 2016. El forcejeo se mantuvo durante el año 2014 y 2015, hasta la reforma constitucional que favoreció a Medina.
Ese match se presenta ahora nuevamente por el mismo tema. Ambos quieren control de la candidatura presidencial para el 2020. Fernández no tiene impedimento constitucional para postularse; Medina sí.
Quien gane el match de las primarias se perfilará favorito para la candidatura presidencial del PLD. De ahí la lucha.
Fernández quiere primarias cerradas porque tiene mayor control de la secretaría de organización del partido y del padrón interno. Medina prefiere las primarias abiertas porque se considera más popular que Fernández ante la ciudadanía. Esos intereses los disfrazan con teoría de la democracia y teoría constitucional para justificar sus posiciones.
Como el Comité Político del PLD está dividido, y Fernández y Medina están en un forcejeo, pretenden delegar en juristas constitucionalistas el veredicto de si las primarias abiertas son compatibles con la Constitución.
Escoger esos juristas genera conflicto. Si son dominicanos se consideran alineados, y si no lo están, su decisión los alineará. Buscan entonces extranjeros, pero no hay garantías de control sobre ellos.
Aún más, si hay un empate en la decisión, ¿qué jurista desempatará? Pueden aumentar de cinco a siete. Pero siete tampoco serán garantía de cuál primaria prevalecerá; ni nueve, ni once ni noventa y nueve. No es el número de juristas que garantizará un veredicto justo.
Ahí están la Constitución y el Tribunal Constitucional para interpretar sus indicaciones. Entonces, pregunto: ¿es tan ambigua la Constitución que tres personas no pueden analizar el texto con ojos críticos y certeros? O, peor aún, si siete juristas toman una decisión y más adelante el bando perdedor lleva el caso al Tribunal Constitucional, ¿qué sucederá?
Bastante dinero que pagan a los jueces del Tribunal Constitucional para tener que contratar más abogados. Un desperdicio de tiempo y dinero. A propósito: ¿quién va a pagar los honorarios de los juristas constitucionalistas que sean contratados? Esperemos que el PLD, porque el conflicto sobre las primarias se debe a su bronca, y sobre el pueblo no debe recaer esa cuenta.
Sugerencia: si la alta dirección del PLD está dividida por la modalidad de las primarias, que se encierren un domingo en algún lugar hasta que alcancen una decisión. Es lo lógico, lo sensato. Pero lo lógico y lo sensato es escaso en el mundo de los políticos. En la lucha de poder prevalece el interés egoísta, y ese egoísmo está llevando a la clase política dominicana al declive ante los ojos del pueblo. ¡Ya cansan los políticos con sus marrullas grotescas!
Por el Dr. Isaías Ramos
En una época marcada por desafíos sociales y políticos sin precedentes, la necesidad de fortalecer los cimientos de una sociedad basada en la dignidad, la equidad, la libertad y la democracia es más urgente que nunca. La búsqueda de un futuro más justo y equitativo para todos nuestros ciudadanos requiere un compromiso renovado con estos principios fundamentales, esenciales para el bienestar y el progreso de nuestra nación.
La libertad individual permite a cada persona expresar sus ideas, creencias y opiniones sin temor a represalias. Es un derecho intrínseco y un pilar indispensable de cualquier sociedad que aspira a ser justa y equitativa. Esta libertad es la esencia misma de la dignidad humana y debe ser defendida con vigor en todos los frentes, especialmente en tiempos donde puede ser amenazada por intereses partidistas o agendas autoritarias.
Paralelamente, la democracia, entendida como el sistema político que facilita la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan sus vidas, es crucial para la salud de nuestro tejido social. A través de una democracia robusta y vibrante, podemos garantizar que los derechos fundamentales de cada individuo sean respetados y que las políticas públicas reflejen verdaderamente las necesidades e intereses del pueblo.
Sin embargo, debemos reconocer que la libertad y la democracia no son solo aspiraciones ideales; son principios concretos y palpables que deben guiar nuestras acciones cotidianas. La defensa constante y la promoción de estos valores son cruciales para mantener una sociedad justa, libre de opresión y capaz de adaptarse a los cambios de nuestro mundo globalizado.
Es esencial fortalecer las instituciones democráticas existentes para garantizar su transparencia, eficiencia e integridad. El respeto irrestricto al Estado de Derecho y el cumplimiento riguroso de las leyes son fundamentales en la protección de los derechos individuales y colectivos. Estos principios no solo preservan el orden, sino que también promueven un clima de confianza y seguridad que es vital para la estabilidad social y el desarrollo económico.
La educación desempeña un rol crucial en este panorama, actuando como el medio por el cual se inculcan los valores cívicos necesarios para fomentar una cultura basada en el respeto mutuo, la tolerancia y el diálogo constructivo. A través del acceso universal a una educación inclusiva y equitativa, podemos formar a ciudadanos informados y críticos, capacitados para participar de manera activa y consciente en la vida política y social del país.
En el Frente Cívico y Social entendemos que en estos tiempos donde las amenazas contra la libertad individual y los principios democráticos son evidentes y crecientes, es responsabilidad de todos nosotros defender estos derechos inalienables con valentía y determinación. No podemos ser complacientes ni pasivos; el compromiso con la libertad y la democracia debe ser activo y constante.
Es por esa razón que en el FCS creemos que un llamado a la acción no es solo un imperativo moral, sino también una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con un futuro donde cada persona pueda vivir con dignidad y equidad bajo un sistema robusto basado en principios sólidos e incluyentes. Juntos debemos trabajar incansablemente por fortalecer nuestra democracia, preservar nuestra libertad individual e impulsar una sociedad donde reine la justicia social para todos sus habitantes.
No dejemos pasar la oportunidad de ser parte de la construcción de un país que no solo aspire a la grandeza económica, sino que también fomente un ambiente de respeto mutuo y oportunidades equitativas. ¡Juntos, podemos construir el país digno, libre e igualitario que todos anhelamos!
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
Según el artículo 1 del Estatuto de Roma la CPI tendrá la potestad de ejercer su competencia sobre las personas responsables ¨de los crímenes más graves de trascendencia internacional¨. El artículo 1 también estipula ̈La competencia y funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatutillo que significa que la CPI sólo tiene competencia sobre las personas mayores de 18 años en el momento en que se cometió el crimen.
El artículo 11 del Estatuto de Roma estipula que la CPI tiene competencia sólo respecto a los delitos cometidos posteriormente a la entrada en vigor del Estatuto de Roma .Si un Estado deviene Estado Parte luego de la entrada en vigor , entonces la CPI podrá ejercer su competencia sólo respecto a los crímenes cometidos luego de la entrada en vigor del Estatuto en ese Estado, excepto cuando se haga la declaración estipulada en el artículo 12, en que se acepte la competencia de la Corte como un Estado no Parte.
Si un Estado Parte desea enjuiciar a alguien por un crimen de la CPI deberá contar, como mínimo, con una legislación que le permita ejercer competencia territorial sobre tales delitos y competencia extraterritorial sobre sus nacionales que cometen los delitos en el extranjero.
Los Estados que deseen enjuiciar a una persona por un delito de la CPI deberán asegurarse de contar con la legislación nacional que les permita ejercer su competencia sobre aquellas personas que cometan estos delitos dentro de su territorio, y los nacionales que los cometan en el exterior. Esto podría requerir simplemente de una enmienda al código penal nacional.
Adicionalmente, el Estado podría tomar en cuenta para ejercer su competencia sería la ̈competencia universal ̈, tal y como se estipula en las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos de 1977, relacionados a las ¨faltas graves Cabe resaltar los distintos conceptos de ̈competencia universal¨ que existen: algunos interpretan este término en cuanto a que un Estado puede ejercer su competencia sobre cualquier persona que se encuentre en su territorio, mientras que otros lo interpretan de tal manera que significa que un Estado puede arrestar a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, sin tomar en cuenta cualquier relación que tenga con el Estado en cuestión. Además otros Estados podrían considerar incluir la competencia basada en el estatus de víctima.
Por Nelson Encarnación
Entre las preocupaciones que suelen perturbar el sueño de los gobernantes, la seguridad de los ciudadanos es una, si tomamos en cuenta que el Estado está obligado a garantizar la tranquilidad y el desplazamiento seguro de los gobernados.
Es por ello que asumir esta como una prioridad refiere el interés de que el territorio desenvuelva su cotidianidad dentro de un ambiente de paz y sosiego.
Sobre todo, un país como el nuestro, cuya economía está atada a dos renglones muy espantadizos: el turismo y la inversión extranjera directa.
Cuando el presidente Luis Abinader asume el combate a la delincuencia como una de sus preocupaciones—y también ocupaciones—es precisamente por el impacto negativo que esta tiene en el clima de negocios, pero igual por el interés de propiciar la tranquilidad nacional.
Con frecuencia escuchamos sobre el entendible temor que genera la delincuencia, lo que deja la impresión de que vivimos en el país más inseguro del continente, lo cual no es cierto.
Y no lo digo yo, sino el informe de InSight Crime de 2023, que recoge las cifras de homicidios en América Latina y el Caribe, en el cual aparecemos entre los más seguros de la región.
Según este informe, la tasa de homicidios se ubicó en 11.5 por cada 100,000 habitantes, una reducción del 7% respecto de 2022, lo que nos sitúa por debajo de países competidores en turismo como Jamaica (60.9), y Puerto Rico (14.4), para solo citar dos ejemplos caribeños.
El Ecuador revienta la balanza en países de más de 10 millones de habitantes, con la astronómica tasa de 44.5 homicidios por cada 100,000, (más que Haití, 40.9), con la agravante de que ha registrado un aumento del 74.5% en los últimos cinco años.
Una verdadera catástrofe sin fin, en contraste con su vecino Perú, que apenas registra 3.2 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Sobre nuestro país, el informe resalta que, a pesar de ser territorio de tránsito de cocaína, no experimentó un aumento en la violencia en 2023, sino una reducción del 7%.
“El crimen organizado no parece ser un detonante determinante de la violencia en la República Dominicana, ya que la mayor parte de los casos (45,4%) están relacionados con conflictos sociales, y solo el 24,3% parecen estar vinculados a la delincuencia”. Un dato importantísimo.