Opinión
Cita con “Cien Años De Soledad”
Por Hamlet Hermann
Topé por primera vez con la novela “Cien Años de Soledad” cuando estaba prisionero en 1973 luego de la extinción de nuestra lucha guerrillera. Reponía en esos días los rigores de las torturas y malos tratos con que me habían “tranquilizado” en la base aérea de San Isidro. La opinión pública reclamaba con energía que apareciera el sobreviviente guerrillero capturado en Villa Altagracia semanas atrás. Pero el estado en que habían dejado mi cuerpo los militares luego del “tratamiento” a que fui sometido impedía que alguna fotografía fuera publicada o alguien pudiera visitar la solitaria celda que ocupaba. Los militares se dedicaron entonces a alimentarme al tiempo que suspendieron el “tratamiento” de manera que recuperara la apariencia física normal.
Eran los tiempos en que someramente me había enterado de que existía un periodista llamado Gabriel García Márquez quien había escrito esa obra. Aunque fue publicada por primera vez seis años atrás, en 1967, mis actividades revolucionarias y luego el entrenamiento militar en Cuba no habían dejado espacio para leer esa obra. Pero en aquel momento no era más que un prisionero en celda solitaria que, además de los malos tratos recibidos, había perdido cerca de setenta libras del peso normal. El tiempo sobraba, así que me dediqué a la lectura con voracidad. Ninguna otra cosa tenía que hacer allí. Ayudaba a mi lectura el que mis captores mantuvieran permanentemente encendidos varios bombillos. Veinticuatro horas continuas de luz buscaban desequilibrarme e impedir el sueño pero. Paradójicamente, facilitaban el disfrute de esa obra.
La leí de un tirón la primera vez. Sólo interrumpían los chillidos de los goznes de la única puerta de la celda cuando los Sargentos verificaban qué hacía a cada momento o llevaban la comida. Esas interrupciones sobresaltaban porque hacían recordar cuando me buscaban a medianoche para las sesiones de interrogatorio y pésimos tratos que dispensó la oficialidad seleccionada para el “tratamiento”.
Aunque un preso no tiene libertad cuenta con mucho tiempo libre. Apenas quitaba la vista del libro para acomodar mis nalgas aplastadas por el tibio piso de mosaicos. Llamó mucho mi atención la descripción del circo que llegó a Macondo y la forma en que atraía la atención de todos. Inconscientemente asociaba la lectura con el origen de mi rama familiar paterna. Los Hermann Consonni viajaban cada año a República Dominicana desde Cuba con un grupo de bufos, una especie de vodevil. La compañía se llamaba Hermann-Morita. Viajarían regularmente hasta el año 1927 cuando la compañía se desbarató merced a que la principal estrella casó con un empresario licorero de Santiago de los Caballeros. En la lectura imaginaba entonces a aquellos que llegaban a Macondo con las caras de mi padre, mis tíos y otros que sólo conocí años después cuando ya peinaban canas y exponían calvas.
Como no tenía capacidad para valorar literariamente lo que estaba leyendo, llegué hasta la última página sintiendo un vacío. Traté entonces de recordar lo que había leído “en primera vuelta”. En la memoria sólo habían quedado detalles escasos y rasgos del relato con muchas confusiones sobre los personajes. Tantos Buendía saliendo y entrando en el relato me habían hecho perder el rastro del hilo conductor de la obra. Decidí entonces empezar a leer de nuevo. Nadie esperaba por mí como no fuera para hacer daño y el tiempo seguía teniendo poco significado. En esa segunda lectura no lograba evadir el prejuicio de que estaba viendo de nuevo la misma película. Sin embargo, empecé en esta ronda a darme cuenta y a entender cosas que en la primera lectura habían pasado inadvertidas. Gradualmente fui ajustando las imágenes que creaba García Márquez y las cosas fueron saliendo de la neblina para mostrarse más en la forma que el autor quería que nosotros las viéramos.
Cuando sin aburrimiento volví a llegar a la última página me convencí de que el rebulú familiar de los Buendía todavía no lo entendía bien. Y fue entonces cuando en aquella iluminada celda decidí leerla por tercera vez. Pedí entonces a uno de mis carceleros, un Coronel de la Fuerza Aérea, que consiguiera un lápiz y una hoja de papel. Obsesionado estuve con la idea de que la única forma de entender aquello a fondo era si me dedicaba a construir el árbol genealógico de la familia Buendía.
Y así fue como empecé a estudiar en esta tercera vez, no ya a leer, “Cien Años de Soledad”. Leyendo hacia delante y buscando hacia atrás, fui haciendo mi arbolito genealógico poniendo a Aureliano aquí a Rosario la bella por allá y así sucesivamente a todos hasta que la hoja de papel fue ocupada por mis trazos y garabatos, de lado y lado. Cada rama que añadía llevaba a tratar de apropiarme de la obra. Tanta era la compenetración con ella que la sentía mía y de nadie más. Ya no era la novela del periodista colombiano-caribeño sino una obra propia porque en aquella solitaria celda hasta las cucarachas eran de mi propiedad.
Mi siguiente labor fue hojear y ojear, de hoja y de ojo, aquellas páginas que empezaron a lucir antiguas de tanto manoseo en un ambiente carcelario del cuarto mundo. Comprobé entonces que ya estaba en condiciones de volver a leer la novela por una cuarta vez. Creía haber descifrado los vericuetos del narrador y suponía que eso me acreditaba como lector calificado. Y así fue. Sólo faltó aprendérmela de memoria.
Lo lamentable de esta historia es que, cuando finalmente fui excarcelado y deportado de República Dominicana, por una reacción protectora de mi organismo, el cerebro borró los recuerdos de mi estancia en aquella prisión. Parece que la selectiva memoria no quería que recordara el “tratamiento” al que había sido sometido durante meses en aquel lugar. Y fue así como todo lo que había leído y entendido de “Cien Años de Soledad” lo olvidé totalmente.
Tiempo después, cuando alguien preguntaba si había leído esa novela respondía: “Sí, cuatro veces.” Pero cuando al creerme experto en la materia trataba de profundizar en el contenido y en las formas, siempre yo cambiaba el tema para que el otro no perdiera el tiempo con un desmemoriado.
Es por eso que cuando pueda adquirir la más reciente edición de “Cien Años de Soledad” de inmediato empezaré a leerla de nuevo. Y quizás en ese trayecto de una quinta lectura, que será también primera, logre toparme con algunos de los recuerdos que 34 años atrás la memoria borró para preservar mi salud mental y, quizás, mi vida.
(I)
Por Oscar López Reyes
Desde 1950, tres años a posteriori de su creación -1947- la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos comenzó a instrumentalizar a periodistas para manipular y moldear a la opinión pública mundial, en una abominable labor de zapa, en el cenit geopolítico de la Guerra Fría entre dos superpotencias imperiales. Su proyecto primigenio, y el más escalofriante, ha sido la encubierta Operación Mockingbird, mediante la cual se ocultaron y tergiversaron informaciones para influir a favor de los designios norteamericanos, y desde 2019 ejecuta a gran escala una campaña de reclutamiento para difundir noticias y entretenimiento en redes sociales y plataformas streaming.
En estos 78 años, la CIA ha invertido miles de millones de dólares en el enlistamiento de periodistas anti-éticos y anti-democráticos y en infiltración en medios de comunicación para divulgar programas propagandísticos, engendrando el descrédito y la desconfianza ciudadana, así como la animadversión de adversarios en guerras.
La operación Mockingbird, que inicialmente consistió en escuchas telefónicas periodísticas sin orden judicial, fue llevada a cabo por la CIA para identificar fuentes de filtraciones de datos de alta inteligencia. Principió grabando conversaciones privadas de Hanson Baldwin, reportero de seguridad nacional del New York Times, entre el 12 de marzo y el 15 de junio de 1963, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Las grabaciones fueron por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Jhon F. Kennedy, luego que se incomodara por un reportaje de primera plana publicado por Baldwin (ganador del Premio Pulitzer en 1943 por su cobertura de la Segunda Guerra Mundial) en la edición del 26 de julio de 1962 del New York Times en el que, amparado en una información clasificada, revelaba el número de misiles nucleares en el arsenal estadounidense. A su vez, comparaba esos depósitos atómicos de Estados Unidos con los de la Unión Soviética, y el afán de esta última superpotencia por resguardar sus emplazamientos de misiles balísticos intercontinentales.
A seguidas, la CIA también intervino los teléfonos residenciales de los columnistas Robert S. Allen y Paul Scott (The Allen-Scott Report, publicada en unos 300 periódicos), tras estos dar a conocer secretos clasificados de Estados Unidos. Más adelante, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se incorporó a las averiguaciones y vigilancia para detectar quienes desde los organismos de inteligencia estaban infiltrando informaciones a la prensa. También produjo la intercepción telefónica a la periodista de Newsweek, Lloyd Nornam, y el secretario de Estado Dean Rusk presionó para que CBS News no difundiera un reportaje del periodista Daniel Schorr sobre el espectacular escape de ciudadanos de Alemania Oriental a través de un túnel bajo el Muro de Berlín.
Por intermedio del proyecto Mockingbird -según variadas fuentes- para divulgar propaganda proestadounidense y truquear a la opinión pública contra la influencia comunista, aceptaron ser asalariados de la CIA cientos de periodistas de The New York Times, The Washington Post, Newsweek, ABC, CBS, NBC, la revista Time, Louisville Courier Jounal, Copley News Service, la agencia internacional Reuters y otros medios de América Latina, Europa y otras regiones.
Los objetivos bien definidos de la contratación a sueldo de la red de periodistas, publicaciones, televisoras y emisoras tengo que segmentarlos en siete:
1.- Difundir relatos preescritos por la CIA, para tratar de cambiar la percepción global sobre situaciones y personas, siempre favorables a Estados Unidos.
2.- Controlar la política editorial de medios comunicativos, a través de altos ejecutivos y editores, en una novedosa interacción subrepticia gobierno-prensa.
3.- Ocultar informaciones perjudiciales o desfavorables a Estados Unidos, en una intromisión estatal sin precedentes.
4.- Inclinar la balanza para conveniencia estratégica de Estados Unidos en coberturas informativas, artículos de opinión, editoriales y otros géneros periodísticos.
5.- Contrarrestar la propaganda e influencia de la Unión Soviética, con mecanismos sofisticados de persuasión pública.
6.- Suministrar datos de inteligencia, en una típica tarea de espionaje.
7.- Detectar a agentes o empleados de organismos de inteligencia que confidencialmente suministraban informaciones a periodistas.
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El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano y autor exclusivo del libro “La Ética en el Periodismo. Los cinco factores que interactúan en la deontología profesional”.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD
Por Rommel Santos Díaz
A diferencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto es el resultado de varios años de debates y de la Conferencia de Plenipotenciarios, los tribunales Ad –Hoc para la Ex Yugoslavia y Ruanda son la expresión de una respuesta a dos situaciones específicas caracterizadas por la comisión de atrocidades en el territorio de estos países.
Fue precisamente la gravedad de las circunstancias lo que obligó al Consejo de Seguridad a ejercer las atribuciones que le confiere el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para crear las jurisdicciones penales Ad – Hoc para la Ex Yugoslavia ( Resolución 827 de 1993) y para Ruanda (Resolución 955 de 1994)
En estos casos, ambos tribunales tienen virtualmente estatutos idénticos y también compartieron algunas instituciones comunes, como por ejemplo el Fiscal, dado que a partir del 15 de septiembre del 2003, el Consejo de Seguridad designo a Hassan Bubacar Jallow como Fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
La Fiscal Carla Del Ponte ejerce su competencia exclusivamente en relación al Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Las características comunes entre ambos tribunales han tenido como consecuencia, al menos en el ámbito teórico, la economía y uniformidad en el ámbito fiscal hasta el año 2003 así como en el desarrollo de una línea jurisprudencial sólida y constante en el análisis de sus respectivos casos.
De esta forma la creación de dichos tribunales Ad-Hoc constituye un desarrollo sin precedentes a favor de la implementación de las normas sobre derechos humanos que a su vez ha favorecido una dinámica positiva en el proceso de creación de un sistema de justicia penal internacional que se concreta casi una década después con el inicio de las funciones de la Corte Penal Internacional.
Por su lado el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad en virtud de las cuales son considerados como órganos judiciales subsidiarios del mismo.
Se ha establecido que aun cuando fueron creados por el Consejo de Seguridad, el cual no es un órgano judicial, esto no afecta la validez del acto jurídico de creación puesto que ambos son el reflejo del ejercicio del mandato del principal órgano de las Naciones Unidas para mantener la seguridad y la paz internacional.
Esta línea de razonamiento concuerda con la establecida por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre los efectos de las compensaciones concedidas por el tribunal administrativo de las Naciones Unidas de 1954.
Por tanto, mientras la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son órganos judiciales subsidiarios del Consejo de Seguridad Conforme al Artículo 2 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional mantiene relaciones de cooperación con el sistema de de las Naciones Unidas, pero ello no afecta su independencia con respecto a dicha organización internacional.