Análisis Noticiosos
Drogas y hambre no ceden en villa argentina donde nacieron las Madres contra el paco
La pandemia multiplica la asistencia a los comedores sociales, mientras los “curas villeros” ayudan a los jóvenes hundidos en el drama de la pasta base de cocaína
Buenos Aires.- Ezequiel Antonio Arévalo lleva gorra, ropa deportiva y una mueca que parece sonrisa. Tiene 24 años. Empezó a fumar pasta base de cocaína —o paco, como le dicen en Argentina— a los 12. Sus padres murieron cuando nació y quedó al cuidado de sus abuelos. Antes de los cuatro años ya no tenía a nadie en el mundo. Dice que soñaba con “hacer plata fácil” y estuvo preso por robo. Una tarde, en su casa, recibió un disparo. Meses después, una cuchillada. Sintió que había tocado fondo y pidió ayuda. Hoy lleva “más de un año limpio”. “Yo antes no le daba mi nombre a nadie”, dice luego del saludo. Y cuando habla mira a los ojos.
Si en Argentina eres adicto y pobre, te fríes el cerebro con paco, fabricado con la resaca que queda en la olla de la cocaína. El polvo se fuma y el efecto es muy rápido y muy breve, de no más de cinco minutos. Antes de terminar, el adicto ya está pensando de dónde sacará el dinero para la próxima dosis. Los consumidores pueden llegar a fumar entre 10 y 15 dosis en un día; en combinación con alcohol, ese número puede ascender a más de 60. Ezequiel conoce bien de qué se trata, y por eso tiene hoy un trabajo importante: se convirtió en referente para los chicos que llegan buscando ayuda al Hogar de Cristo Gran Familia, territorio de “los curas villeros”. Son sacerdotes “con los pies en el barro”, como le gusta decir al papa Francisco.
El «cura villero» Gastón Colombres toma mate en su oficina del hogar en el que ayuda a jóvenes victímas del paco en Ciudad Oculta, Buenos Aires, el 11 de junio de 2022.ENRIQUE GARCIA MEDINA
A quienes llegan destruidos por las drogas se les brinda un techo, cama, comida y apoyo psicológico. La única condición es que estén decididos a dar el paso; que haya llegado “su momento”, como dice Ezequiel. Él decidió darlo hace poco más de un año. “Las ganas de consumir no se van nunca”, aclara. En el hogar donde trabaja Ezequiel bajo la supervisión del cura Colombres viven 25 varones. No todos son jóvenes. En la villa también hay uno que asiste a mujeres, pero por ahora es ambulatorio. Los curas encuentran a los jóvenes tirados en los corredores de Ciudad Oculta, consumiendo en alguna esquina. “Están en situación de calle”, dice Colombres.
Al cura de Ciudad Oculta le dicen Tonga. Tiene 35 años y lleva desde los 20 en el equipo de la Pastoral de las Villas y Barrios de Emergencia. Viste ropa de calle y en su oficina tiene una bandera de River Plate. Si cruza el pasillo angosto de la villa estará en la parroquia, pintada de naranja. Es sábado y hay un bautismo. Se escucha de fondo un reggaeton que viene del hogar, ubicado a metros de allí. Colombres dice que la droga hace estragos entre los jóvenes. “No solo el paco”, dice, “ahora vemos mucha droga sintética”. Y pide no subestimar los efectos del consumo de alcohol. El trabajo de Colombres es acompañar, porque nadie sale del agujero solo. Menos si tienen una causa judicial abierta o si no acceden a derechos esenciales como un techo y un documento de identidad. “Priorizamos el acompañamiento con la convicción de que son la paciencia, la cercanía, el afecto y la dedicación los que educan, sostienen y orientan”, dice. Entonces pide disculpas porque tiene que debe irse para bautizar al niño.
Ángel (primero a la izquierda), Elio, Gabriel, Ezequiel, Javier y Brian posan en el Hogar de Cristo Gran Familia, de Ciudad Oculta, donde se recuperan de su adicción al paco, el 11 de junio de 2022,ENRIQUE GARCIA MEDINA
El paco está vinculado a la pobreza; y la pobreza al hambre. En la conjunción de ese tridente trabaja Bilma Acuña. En uno de los ingresos a Ciudad Oculta, Acuña y su marido, Abel Meza, tienen desde 1993 el comedor comunitario En-Haccore (“Manantial del que clama”, en la Biblia). Antes de la cuarentena por la covid alimentaban a 380 personas. La cifra saltó a 700 durante el cierre de actividades y hoy se ha quedado en 560. Los vecinos de Ciudad Oculta se acercan al comedor de lunes a viernes, hacen una larga fila en uno de los pasillos de la villa y se llevan un plato de comida. Por la tarde hay merienda. “Cada vez estamos peor”, se lamenta Bilma.
Hace 30 años, cuando la hiperinflación devastaba Argentina, en Ciudad Oculta ya se repartía comida en ollas populares, y esa experiencia está en el origen del comedor de Bilma y Abel. Los vecinos de aquella época habían sido expulsados de la villa por la topadoras de la dictadura (1976-1983), que consideraba que las casas de chapa y las calles de tierra afeaban la ciudad durante el Mundial de 1978. Cuando terminó la dictadura, la gente volvió a Ciudad Oculta. Pero ya nada fue igual. El desarraigo había roto los lazos sociales y la solidaridad. Y después llegó la droga.
Bilma nació en Paraguay y Abel en la provincia de Chaco (norte). Llegaron a Buenos Aires con sus padres y se asentaron en la villa. En 2001, uno de sus seis hijos murió acribillado por los narcos. Era el año de la debacle económica de Argentina, cuando apareció el paco en los barrios marginales. “David había cumplido 16 años, y unos chicos que protegían a una mujer que vendía drogas acá adentro lo asesinaron”, cuenta Acuña, sentada en una silla de plástico blanca en su comedor. Ella decidió vencer el miedo, quedarse en la villa y pedir justicia. “Me propuse que mi hijo no iba a ser un chico más. Y ahí empecé la guerra”. Nació así la Red de Madres en Lucha contra el Consumo de Paco de Ciudad Oculta. Las mujeres “escrachaban” a los narcos en sus casas y los obligaban a abandonar el barrio. En 2007, Bilma consiguió que Isidro Ramón Ibarra Ramírez, líder de la banda narco que abastecía a Ciudad Oculta, fuera condenado.
Bilma Ibarra posa frente a uno de los murales que adornan su comedor comunitario En-Haccore, en Ciudad Oculta, Buenos Aires, el 11 de junio de 2022.ENRIQUE GARCIA MEDINA
Bilma peleó contra el paco y ahora lo hace contra el hambre. Desde el principio, ella y su marido pensaron el comedor como un sitio de encuentro. “Como un puente para llegar a las familias y ver sus necesidades”, explica. “Y así fue. Empezamos a apuntar a la violencia de género y a la violencia que sufrían los chicos. Armamos redes de defensoría con abogados y juzgados para ayudar a los jóvenes. Todo fue a los golpes. Había mucha violencia acá, los chicos se mataban entre ellos y la Policía los mataba”.
El cura Gastón Colombres se prepara para un baustismo en la capilla de Ciudad Oculta, el 11 de junio de 2002.
ENRIQUE GARCIA MEDINA
El comedor da cursos auspiciados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y aloja una escuela primaria para adultos. Pero el trabajo es enorme. La crisis económica y la pandemia han disparado el hambre. Al menos algo ha cambiado en Ciudad Oculta con la demolición del Elefante Blanco, una mole de 14 pisos que debía ser un hospital y terminó ocupada por desamparados. El Elefante Blanco llegó al cine en 2012, bajo la dirección de Pablo Trapero. Hoy en su lugar hay dependencias del Gobierno de la ciudad y parques públicos. “Lo extrañamos”, dice Bilma, “porque era nuestro muro”. Y enseguida responde a una pregunta sobre su vida: “No recuerdo haber sido feliz”.
elpais.com
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.