Análisis Noticiosos
Drogas y hambre no ceden en villa argentina donde nacieron las Madres contra el paco
La pandemia multiplica la asistencia a los comedores sociales, mientras los “curas villeros” ayudan a los jóvenes hundidos en el drama de la pasta base de cocaína
Buenos Aires.- Ezequiel Antonio Arévalo lleva gorra, ropa deportiva y una mueca que parece sonrisa. Tiene 24 años. Empezó a fumar pasta base de cocaína —o paco, como le dicen en Argentina— a los 12. Sus padres murieron cuando nació y quedó al cuidado de sus abuelos. Antes de los cuatro años ya no tenía a nadie en el mundo. Dice que soñaba con “hacer plata fácil” y estuvo preso por robo. Una tarde, en su casa, recibió un disparo. Meses después, una cuchillada. Sintió que había tocado fondo y pidió ayuda. Hoy lleva “más de un año limpio”. “Yo antes no le daba mi nombre a nadie”, dice luego del saludo. Y cuando habla mira a los ojos.
Si en Argentina eres adicto y pobre, te fríes el cerebro con paco, fabricado con la resaca que queda en la olla de la cocaína. El polvo se fuma y el efecto es muy rápido y muy breve, de no más de cinco minutos. Antes de terminar, el adicto ya está pensando de dónde sacará el dinero para la próxima dosis. Los consumidores pueden llegar a fumar entre 10 y 15 dosis en un día; en combinación con alcohol, ese número puede ascender a más de 60. Ezequiel conoce bien de qué se trata, y por eso tiene hoy un trabajo importante: se convirtió en referente para los chicos que llegan buscando ayuda al Hogar de Cristo Gran Familia, territorio de “los curas villeros”. Son sacerdotes “con los pies en el barro”, como le gusta decir al papa Francisco.
El «cura villero» Gastón Colombres toma mate en su oficina del hogar en el que ayuda a jóvenes victímas del paco en Ciudad Oculta, Buenos Aires, el 11 de junio de 2022.ENRIQUE GARCIA MEDINA
A quienes llegan destruidos por las drogas se les brinda un techo, cama, comida y apoyo psicológico. La única condición es que estén decididos a dar el paso; que haya llegado “su momento”, como dice Ezequiel. Él decidió darlo hace poco más de un año. “Las ganas de consumir no se van nunca”, aclara. En el hogar donde trabaja Ezequiel bajo la supervisión del cura Colombres viven 25 varones. No todos son jóvenes. En la villa también hay uno que asiste a mujeres, pero por ahora es ambulatorio. Los curas encuentran a los jóvenes tirados en los corredores de Ciudad Oculta, consumiendo en alguna esquina. “Están en situación de calle”, dice Colombres.
Al cura de Ciudad Oculta le dicen Tonga. Tiene 35 años y lleva desde los 20 en el equipo de la Pastoral de las Villas y Barrios de Emergencia. Viste ropa de calle y en su oficina tiene una bandera de River Plate. Si cruza el pasillo angosto de la villa estará en la parroquia, pintada de naranja. Es sábado y hay un bautismo. Se escucha de fondo un reggaeton que viene del hogar, ubicado a metros de allí. Colombres dice que la droga hace estragos entre los jóvenes. “No solo el paco”, dice, “ahora vemos mucha droga sintética”. Y pide no subestimar los efectos del consumo de alcohol. El trabajo de Colombres es acompañar, porque nadie sale del agujero solo. Menos si tienen una causa judicial abierta o si no acceden a derechos esenciales como un techo y un documento de identidad. “Priorizamos el acompañamiento con la convicción de que son la paciencia, la cercanía, el afecto y la dedicación los que educan, sostienen y orientan”, dice. Entonces pide disculpas porque tiene que debe irse para bautizar al niño.
Ángel (primero a la izquierda), Elio, Gabriel, Ezequiel, Javier y Brian posan en el Hogar de Cristo Gran Familia, de Ciudad Oculta, donde se recuperan de su adicción al paco, el 11 de junio de 2022,ENRIQUE GARCIA MEDINA
El paco está vinculado a la pobreza; y la pobreza al hambre. En la conjunción de ese tridente trabaja Bilma Acuña. En uno de los ingresos a Ciudad Oculta, Acuña y su marido, Abel Meza, tienen desde 1993 el comedor comunitario En-Haccore (“Manantial del que clama”, en la Biblia). Antes de la cuarentena por la covid alimentaban a 380 personas. La cifra saltó a 700 durante el cierre de actividades y hoy se ha quedado en 560. Los vecinos de Ciudad Oculta se acercan al comedor de lunes a viernes, hacen una larga fila en uno de los pasillos de la villa y se llevan un plato de comida. Por la tarde hay merienda. “Cada vez estamos peor”, se lamenta Bilma.
Hace 30 años, cuando la hiperinflación devastaba Argentina, en Ciudad Oculta ya se repartía comida en ollas populares, y esa experiencia está en el origen del comedor de Bilma y Abel. Los vecinos de aquella época habían sido expulsados de la villa por la topadoras de la dictadura (1976-1983), que consideraba que las casas de chapa y las calles de tierra afeaban la ciudad durante el Mundial de 1978. Cuando terminó la dictadura, la gente volvió a Ciudad Oculta. Pero ya nada fue igual. El desarraigo había roto los lazos sociales y la solidaridad. Y después llegó la droga.
Bilma nació en Paraguay y Abel en la provincia de Chaco (norte). Llegaron a Buenos Aires con sus padres y se asentaron en la villa. En 2001, uno de sus seis hijos murió acribillado por los narcos. Era el año de la debacle económica de Argentina, cuando apareció el paco en los barrios marginales. “David había cumplido 16 años, y unos chicos que protegían a una mujer que vendía drogas acá adentro lo asesinaron”, cuenta Acuña, sentada en una silla de plástico blanca en su comedor. Ella decidió vencer el miedo, quedarse en la villa y pedir justicia. “Me propuse que mi hijo no iba a ser un chico más. Y ahí empecé la guerra”. Nació así la Red de Madres en Lucha contra el Consumo de Paco de Ciudad Oculta. Las mujeres “escrachaban” a los narcos en sus casas y los obligaban a abandonar el barrio. En 2007, Bilma consiguió que Isidro Ramón Ibarra Ramírez, líder de la banda narco que abastecía a Ciudad Oculta, fuera condenado.
Bilma Ibarra posa frente a uno de los murales que adornan su comedor comunitario En-Haccore, en Ciudad Oculta, Buenos Aires, el 11 de junio de 2022.ENRIQUE GARCIA MEDINA
Bilma peleó contra el paco y ahora lo hace contra el hambre. Desde el principio, ella y su marido pensaron el comedor como un sitio de encuentro. “Como un puente para llegar a las familias y ver sus necesidades”, explica. “Y así fue. Empezamos a apuntar a la violencia de género y a la violencia que sufrían los chicos. Armamos redes de defensoría con abogados y juzgados para ayudar a los jóvenes. Todo fue a los golpes. Había mucha violencia acá, los chicos se mataban entre ellos y la Policía los mataba”.
El cura Gastón Colombres se prepara para un baustismo en la capilla de Ciudad Oculta, el 11 de junio de 2002.
ENRIQUE GARCIA MEDINA
El comedor da cursos auspiciados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y aloja una escuela primaria para adultos. Pero el trabajo es enorme. La crisis económica y la pandemia han disparado el hambre. Al menos algo ha cambiado en Ciudad Oculta con la demolición del Elefante Blanco, una mole de 14 pisos que debía ser un hospital y terminó ocupada por desamparados. El Elefante Blanco llegó al cine en 2012, bajo la dirección de Pablo Trapero. Hoy en su lugar hay dependencias del Gobierno de la ciudad y parques públicos. “Lo extrañamos”, dice Bilma, “porque era nuestro muro”. Y enseguida responde a una pregunta sobre su vida: “No recuerdo haber sido feliz”.
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Del “golpe blando” a las guerras jurídicas: la izquierda latinoamericana teme una justicia politizada
Del “golpe blando” a las guerras jurídicas: la izquierda latinoamericana teme una justicia politizada
Bogota.-Los presidentes progresistas de América Latina, o que se ufanan de serlo, se quejan con frecuencia de algunas decisiones judiciales. En un pasaje particularmente convulso de sus diez meses en el poder, el colombiano Gustavo Petro, que ya había alertado de una posible conspiración de los militares para derrocarlo, denunció esta semana un “golpe blando” que amenaza con diezmar en el Congreso al Pacto Histórico, la coalición de izquierdas que lo llevó al poder, mientras las grandes reformas legislativas que se propone siguen atascadas. Casi al tiempo, el mexicano Andrés Manuel López Obrador calificaba de “golpe de Estado técnico” los fallos que buscan frenar las obras de infraestructura insignias de su Administración.
La ambigüedad del mensaje de Petro –que según explicó después se refería a decisiones de la Procuraduría y no de las cortes– provocó críticas y confundió a propios y extraños, pero ilustra las suspicacias que han hecho carrera. La idea de una justicia politizada ha adquirido dimensiones regionales. En medio de los vientos de cambio que ha traído una nueva camada de izquierdas en América Latina, en varios países hablan de persecuciones jurídicas que se ceban con los Gobiernos de la nueva ola rosa. El encuentro del Grupo de Puebla que reunió a finales del año pasado a más de un centenar de dirigentes progresistas iberoamericanos en Santa Marta, en el Caribe colombiano, ya discutía en su agenda el concepto que en el mundo anglosajón se conoce como lawfare.
El de Petro cuando era alcalde de Bogotá es considerado una caso emblemático de lawfare. El entonces procurador encargado de sancionar disciplinariamente a los funcionarios, Alejandro Ordóñez, un ultraconservador lefebvrista de retórica incendiaria, famoso por su visión católica del Estado, lo destituyó e inhabilitó por 15 años por fallas en la implementación de un nuevo modelo de aseo en la capital colombiana. Petro consiguió medidas cautelares a su favor en el sistema interamericano de justicia, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón en 2020, cuando declaró que el Estado colombiano había violado sus derechos políticos y que debían eliminarse las facultades de la Procuraduría para destituir funcionarios electos por voto popular.
“Las guerras jurídicas son un instrumento de utilización política de la justicia”, dice Samper, uno de los principales articuladores del Grupo de Puebla junto al chileno Marco Enríquez-Ominami y al brasileño Aloizio Mercadante, al que Lula encomendó dirigir el Banco de Desarrollo de Brasil. “Es una manera de ataque que ha encontrado especialmente la derecha para cuestionar, dificultar, obstaculizar o inclusive romper la posibilidad de que haya personajes progresistas que puedan avanzar en la política”, apunta en diálogo con este periódico. Las guerras jurídicas apuntan a causar daños reputacionales, políticos y jurídicos. “Todas las municiones del lawfare tienen que ver con la afectación del debido proceso”, sea la presunción de inocencia, el derecho a la defensa o la segunda instancia. A las guerras jurídicas, añade Samper, se pueden sumar otras estrategias como sembrar desconfianza alrededor de la economía o fomentar la sensación de inestabilidad institucional con el objetivo de eliminar las bases de gobernabilidad. Un repaso al panorama de algunos países de la región.
Del ‘impeachment’ al asalto bolsonarista
Además de la intentona golpista de la capital, en Brasil buena parte de la izquierda considera que el impeachment que la expresidenta Rousseff sufrió en 2016 fue un golpe parlamentario. El presidente Lula también echó mano de la tesis del lawfare para explicar su encarcelación, que le impidió participar en las elecciones de 2018. La divulgación de las maniobras del entonces juez Sérgio Moro y los fiscales para poder condenarle y el archivo de varias causas pendientes contribuyó a fortalecer su relato de que fue víctima de una persecución jurídica que pretendía acabar con su carrera política.
“Me quieren presa o muerta”
En Argentina la tesis sobre la persecución judicial determina la confrontación política desde el comienzo de la investigación del caso de corrupción por el que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue sentenciada a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua. Aunque el fallo todavía no es firme, la número dos del Gobierno ha tratado de instalar la idea de la proscripción. Esta semana lo dejó claro al afirmar, una vez más, que sus adversarios políticos, entre los que la dirigente incluye el sistema judicial, buscan apartarla de la escena política. “Me quieren presa o muerta”, escribió en una larga carta publicada en sus redes sociales. Hacía referencia a dos acontecimientos.
En primer lugar, el intento de magnicidio que sufrió el pasado 1 de septiembre, el hecho más grave que ha convulsionado Argentina en su historia reciente. La Fiscalía descartó que detrás del atentado hubiera un móvil político y decidió terminar la instrucción sobre el ataque centrándose en los tres autores materiales. En segundo lugar, Cristina Kirchner también aludía a su situación procesal. Un tribunal la condenó en diciembre por defraudación al Estado y la absolvió del delito de asociación ilícita. La vicepresidenta rechazó en su momento el falló con unas palabras durísimas: “Esta condena no es una condena por las leyes de la Constitución o el Código Penal. Esto es un Estado paralelo y mafia, mafia judicial”. Y este es el clima que permea la conversación pública y la disputa entre partidos cuando faltan menos de cinco meses para las elecciones presidenciales.
“Golpe de Estado técnico”
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mantiene desde hace años un pulso con un sector del aparato judicial al que considera vinculado al pasado político del país. Esta semana, sin embargo, el mandatario fue más allá en sus señalamientos y acusó a los jueces de perseguir un “golpe de Estado técnico” contra su Gobierno. Se refería a la resolución de un juzgado federal que ordenó suspender de forma definitiva la deforestación en cuatro tramos del Tren Maya, una de las obras más importantes de la Administración y, como ninguna otra, emblema de su proyecto político, la llamada Cuarta Transformación.
López Obrador aseguró en cualquier caso que no acatará el fallo judicial y, por tanto, las obras continuarán. “Van a seguir queriendo parar las obras, pero no van a poder porque de acuerdo con la Constitución y las leyes tenemos nosotros el derecho de hacer obras en beneficio del pueblo”, afirmó.
Análisis Noticiosos
Hay 2,7 millones de personas más en la pobreza que antes de la pandemia en Perú.
Lima.-Perú es un país de paradojas: su moneda, el sol, es una de las más estables de Latinoamérica, posee el nivel de las reservas internacionales más alto de la región (29% del Producto Bruto Interno) y, sin embargo, su pobreza monetaria va en aumento. Un informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ha confirmado que en 2022 se ha resentido la capacidad de gasto de los hogares peruanos: subió del 25,9% a 27,5% el nivel de gasto per cápita, insuficiente para adquirir una canasta básica de alimentos y otros productos.
El gasto por habitante en las familias peruanas aumentó de 378 soles a 415 soles por mes (112 dólares), que equivale a un 9,7% en relación al 2021. El estudio estableció que aquellos ciudadanos cuyo consumo es mayor que 415 soles mensuales (112 dólares) son considerados “no pobres”. No obstante, a fines de 2022 por lo menos nueve millones de peruanos (de 34 millones de población) podían ser considerados pobres, registrándose un aumento de 628.000 en comparación al 2021. Son 2.694.000 más respecto al 2019, el año anterior a la pandemia.
El informe Evolución de la Pobreza Monetaria 2011-2022 fue elaborado con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) y tomó como muestra a 36.848 viviendas a nivel nacional. En él se señala que “en el 2022, la pobreza extrema alcanzó al 5% de la población del país (1.673.000 peruanos) y aumentó un 0.9% respecto al año 2021; mientras que, al compararla con el año 2019, fue mayor en 2.1 puntos porcentuales”. En el caso de la pobreza extrema, la medición del gasto mensual por habitante en 2022 fue de 226 soles (61 dólares).
Otro aspecto que despierta preocupación entre los analistas es la incidencia de la vulnerabilidad monetaria, es decir, aquellos que están en riesgo de pasar a ser considerados pobres. Se cerró el 2022 con 10.795.000 personas balanceándose en esa cuerda floja, que equivalen al 32.3% de la población. Si bien se registra una disminución de 2,3% respecto al 2021 (34.6%) y un 1,7% en cuanto al 2019 (34%), sigue siendo la tercera parte de los peruanos.
El documento arroja que ligeramente hay más mujeres en condición de pobreza: 27,8% mientras que los varones afectados constituyen el 27,2%. La escasez de recursos también ha golpeado en mayor proporción a los menores de 17 años (36,7%) y solo el 11,2% de las personas en estado de pobreza alcanzaron la educación superior.
Análisis Noticiosos
Con barro hasta las rodillas: ladrilleras argentinas quieren que se formalice su trabajo
Unas 160.000 familias están involucradas en la fabricación artesanal del insumo básico para la construcción. El rol de las mujeres estuvo históricamente invisibilizado en un trabajo exigente y masculinizado
Buenos Aires.-La producción de ladrillos es una actividad tan arraigada como artesanal en todo el territorio argentino. Aunque las estadísticas oficiales son escasas, las últimas de la Secretaría de Minería de la Nación indicaban que unas 160.000 familias se dedican a esta tarea ligada a la construcción y fuertemente influenciada por los ciclos económicos del país. Para entonces, 2011, estos datos no estaban segregados por género, así que es muy difícil saber cuántas trabajan en el sector. Así, la historia de las mujeres ladrilleras estuvo históricamente invisibilizada.
“Al recorrer el país, cuando nos encontrábamos con los trabajadores, ellos decían que hacían las tareas con sus hermanos o sus padres. A los pocos minutos llegaban las mujeres con el barro de los ladrillos hasta las rodillas. Cuando les preguntábamos, ellas decían: ‘Yo ayudo en el horno’. Así fue como comenzamos a juntarnos y charlar para cuantificar y valorar su tarea”, agregó Lemos.
Dos integrantes de la Cooperativa Unión Ladrillera, durante la elaboración artesanal de ladrillos.
Así fue como las mujeres ladrilleras comenzaron a organizarse. En 2016, lograron modificar el estatuto del sindicato para la creación de una Secretaría de Igualdad y Géneros en UOLRA, que tiene presencia en 18 de las 23 provincias del país. Y hace tres años comenzaron con la campaña de visibilización del rol de las mujeres en la actividad ladrillera, con cursos, charlas, conversatorios sobre violencia de género, y otras actividades sociales bajo la siguiente frase: “Trabajo, no ayudo”, con la idea de empoderarse y reconocerse como trabajadoras.
La preparación del ladrillo tiene varias etapas: preparar el barro; cortar y apilar el adobe crudo; armar el horno; quemar y paletizar el ladrillo; desarmar el horno… “Las mujeres estamos involucradas en todos los procesos, aunque la tarea estuvo históricamente masculinizada”, cuenta.
Soledad Casals es una de las mujeres dedicadas a la producción y quinta generación de una familia de ladrilleros. En Santa Elena, un municipio de 17.000 habitantes en la provincia litoraleña de Entre Ríos, fundó la Cooperativa Unión Ladrillera, formada por once mujeres que fabrican ladrillos y otros productos, como adoquines y grillas de césped, que venden al municipio de su ciudad. La formación de la cooperativa les permitió formalizar su trabajo y adquirir derechos, que en el rubro fueron postergados.
“Mi bisabuelo hacía ladrillos con las mismas condiciones y herramientas que usamos hoy. No se tecnificó la actividad y las herramientas que usamos son similares a las de hace 100 años. Eso tiene relación con la poca visibilidad que tiene la actividad. Todo el mundo conoce el ladrillo pero pocos saben cómo se hace de forma artesanal. El ladrillo se fabrica a cielo abierto y depende de condiciones climáticas. Por ejemplo, cuando llueve no hay actividad porque se perdería la producción”, cuenta Casals.
La formalización del trabajo de las mujeres permitió, en algunos casos, mejorar las condiciones laborales de una actividad que suele desarrollarse en zonas rurales y periféricas. “Con la cooperativa, comenzamos también a producir adoquines, con máquinas y moldes y adentro de un galpón. En ese caso, las condiciones ya son distintas, con la posibilidad de tener un baño cercano; necesitamos mejorarlas en la fabricación de los ladrillos y tener calidad en el ambiente donde producimos. Es un sector postergado porque siempre fue invisibilizado”, consideró.
Una ladrillera de la cooperativa enseña los tabiques que elaboran.
La presencia del sindicato en las provincias posibilitó la organización de las mujeres y el reconocimiento integral como trabajadoras. La creación de parques ladrilleros, el relevamiento oficial de la actividad y la participación y el protagonismo de las mujeres en todo el proceso organizativo son algunos de los grandes desafíos, junto a la cuestión ambiental.
La incorporación de tecnología es fundamental para lograr estos objetivos planeados por Casals. “No es lo mismo quemar en los hornos con leña que hacerlo con gas natural. En este último caso tendríamos ladrillos de mejor calidad y no usaríamos leñas de los bosques nativos aminorando el impacto ambiental. También necesitamos estudios de suelo para poder tener una cava. Nuestra actividad es minera y con investigación podemos saber de dónde sacar la tierra”, dice Casals. Sin un registro certero de familiares que se dedican a la actividad y hornos en actividad, tampoco hay normativas claras sobre el impacto ambiental de una actividad artesanal. “La minería se piensa en este país bajo el parámetro de la megaminería”.
Entre sus etapas, la actividad ladrillera comprende la extracción de suelo; por esa razón, la Secretaría de Minería de la Nación tiene injrencia en el tema. “Hay un componente importante de la actividad ladrillera que se desarrolla de manera artesanal, pero otra sucede a escala industrial y cuenta con procesos mucho más avanzados. Las segundas tienen impactos menores que las primeras, en términos de unidad de producción, que tienden a relacionarse con la extracción de suelos y la generación de emisiones gaseosas. Dependiendo de la fuente de combustible y tecnología, pueden tener mayor o menor incidencia en la calidad del aire y en la contribución por huella de carbono”, analiza Leonardo Pflüguer, director nacional de Producción Minera Sustentable.
Lemos, de UOLRA, cree que la actividad minera en Argentina siempre se pensó “con la óptica de la megaminería, sin darnos demasiada bolilla”. “Se nos exigía el mismo estudio de impacto ambiental a nosotros que a una minera a cielo abierto. Lo cierto es que hay un gran mito sobre nuestra actividad pero pocos números duros sobre el impacto ambiental real de la actividad ladrillera”, dijo Lemos.
La creación de un Parque Industrial Ladrillero en la provincia de San Juan es un paso hacia la regularización de la actividad en todas sus variables, incluso la ambiental. “A través de canteras autorizadas y reglamentadas, habrá un salto para la formalización de la actividad y la comercialización. Así podremos regularizar el tema extractivista y el ordenamiento territorial. Al sacar los hornos de las casas y llevarlos a los parques, también se lucha contra el trabajo infantil”, agregó Lemos, con la esperanza de construir una actividad ladrillera sustentable, que no excluya a las mujeres y que salga de la marginalidad.
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