Opinión
Código Penal: el tollo
Por Rosario Espinal
Es lamentable e irracional que ya entrado el siglo XXI, el Estado dominicano constituido en sus diferentes poderes no asuma, como debe, que es su función establecer medidas públicas para regular toda la sociedad. El Estado tiene el poder y el deber de permitir o penalizar acciones, y por tanto, necesita pensar y actuar por encima de los intereses de cualquier grupo específico que se afane en imponer sus creencias restrictivas sobre el conglomerado social.
No es simplemente asunto de conciencia individual de cada presidente, legislador o juez. Se trata de establecer parámetros para el funcionamiento de toda la sociedad que garanticen derechos racionalmente concebidos para la pluralidad de creencias y situaciones. De eso se trata la democracia.
La aprobación inicial del Código Penal con la penalización absoluta del aborto revela la irresponsabilidad pública de los legisladores dominicanos.
Vulnera derechos castigar un médico y una mujer si se produce un aborto cuando peligra la vida de esa mujer. Vulnera derechos que se obligue una mujer que ha sufrido una violación sexual a concluir un embarazo producto de ese crimen.
Ese atropello a los derechos de las mujeres a la vida se manifestó en la discusión del Artículo 30 (luego 37) de la Constitución de 2010, y en la primera aprobación del Código Penal hace varias semanas.
Las iglesias, cuco de muchos políticos, pueden oponerse a todo tipo de aborto cuando predican a sus feligreses, pero no pueden imponerle a toda la sociedad su versión restrictiva de derechos, porque no todo lo que las religiones consideran pecado es un crimen público.
Si la vida comienza en la concepción o posteriormente es un tema controversial. Ciertamente la fecundación engendra la posibilidad de una vida de desarrollarse efectivamente el embarazo. Pero determinar si hay condiciones especiales en que interrumpir un embarazo es la mejor opción es y seguirá siendo fuente de desacuerdo.
Ante el desacuerdo, el Estado democrático debe erigirse en árbitro de los derechos de todos. Si existe un alto riesgo de que una mujer muera producto de un embarazo, la ley no debe penalizar al personal médico ni a la mujer embarazada de realizarse un aborto. Si una mujer es violada, la ley no debe penalizar doblemente a esa mujer de elegir ella un aborto.
Que la ley permita la posibilidad de un aborto en esas condiciones especiales no obliga a ninguna mujer a hacerlo. Se trata de poder decidir.
Quizás a muchas iglesias les disgusta la idea de que las mujeres puedan decidir, aún ante adversidades de muerte o violación sexual, porque son instituciones dominadas por hombres que históricamente han negado derechos de igualdad a las mujeres, a pesar de ser las mujeres quienes más participan en las iglesias. ¡Vaya paradoja!
Nuestros legisladores, en su mayoría violadores reincidentes de la ética pública (ejemplos: barrilito, cofrecito, exoneraciones injustificadas, maletines, etc.) temen perder votos porque curas y pastores amenazan con atacarlos en sus prédicas y medios de comunicación si despenalizan el aborto por riesgo de vida de la madre y violación sexual.
Por ese “miedo” los legisladores aprobaron primero un Código Penal con absoluta prohibición del aborto, y luego, después de la atinada observación presidencial que llamó a despenalizarlo por causales, la Cámara de Diputados aprobó unas modificaciones al vapor con un texto difuso y diferido.
Por ese mismo miedo, ni la Cámara ni el Presidente enviaron al Senado las modificaciones. Los senadores aspiran a reelegirse y temen.
No vivimos en un Estado teocrático, supuestamente, pero los poderes públicos dominicanos actúan como si viviéramos en uno. De ahí el tollo con el Código Penal.
Por Rommel Santos Diaz
El fundamento del proyecto de creación de una Corte Penal para Latinoamérica y el Caribe, de carácter complementario de las justicias nacionales, y dedicada a la desarticulación de esas cúpulas criminales, se presenta como una alternativa adecuada para resolver o tramitar algunos casos, cuando la jurisdicción nacional así lo entienda.
Los integrantes de la X Cumbre de las Américas deben expresar un apoyo contundente mediante una declaración de compromisos a la creación de la Corte Penal Latinoamericana y del Caribe Contra el Crimen Transnacional Organizado para la persecución y castigo de las cúpulas criminales en estrecha colaboración con las fuerzas de justicia y de seguridad nacionales y a la campaña que se está desarrollando con este objetivo
La COPLA se fundamenta jurídicamente en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, documentos que han sido suscritos por todos los Estados que conforman este cuerpo; cumpliéndose así con creces las medidas en materia de prevención y sanción de delitos transnacional organizado previstas en las referidas normas.
La inclusión de la creación de la Corte Penal Latinoamericana y del Caribe Contra el Crimen Transnacional Organizado en la Declaración Final de Compromiso de la X Cumbre de las Américas representa una gran oportunidad para los participantes en esta Cumbre mandar un mensaje inequívoco a las organizaciones criminales que desarrollan sus actividades delictivas en la América Latina y el Caribe.
De la Declaración de Compromiso de la X Cumbre de las Américas deberá resultar un plan de acción con los mandatos de las reuniones ministeriales para la implementación y seguimiento de estos mandatos a través del Grupo de Revisión de la implementación de la Cumbre (GRC).
Entre las instituciones internacionales que esperamos se comprometan con la creación de la Corte Penal Latinoamericana y del Caribe Contra el Crimen Transnacional Organizado (COPLA), se encuentran la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entre otras.
Finalmente, el éxito de la cumbre dependerá de la adopción de una agenda objetiva y orientada a la acción, y del cumplimiento de los compromisos que los líderes asuman en la República Dominicana para hacer frente a los desafíos de la región dentro de los cuales está la urgencia de crear la Corte Penal Latinoamericana y del Caribe Contra el Crimen Transnacional Organizado (COPLA) para dar respuestas contundentes al fenómeno del crimen transnacional organizado en la región de Latinoamérica y el Caribe.
Por Narciso Isa Conde
Los medios de EEUU y sus reflejos en el Caribe ocultan la verdad, desviando la atención de temas cruciales.
- El texto critica el resurgimiento de fascismos y tiranos que amenazan derechos fundamentales.
- Se cuestiona la democracia liberal occidental por ser controlada por minorías corruptas.
- Se destaca la resistencia de Irán y Cuba frente al poderío militar de EE.UU.
De sus entrañas brotan los fascismos de estos tiempos, con sus nuevos tiranos y nuevos sátrapas. Esos que aplastan los derechos de los trabajadores y de las mujeres, la soberanía de pueblos y naciones, la libertad de opción sexual y los derechos de niños.
La mediática de EEUU, y la de aquí, que es uno de sus espejos en el Caribe, escamotean la verdad.
Crisis de la democracia liberal
La democracia liberal promovida por Occidente, que prometió igualdad y fraternidad, ha devenido en un sistema político secuestrado por minorías y/o tutelado por un poder supranacional altamente corrompido.
De sus entrañas brotan los fascismos de estos tiempos, con sus nuevos tiranos y nuevos sátrapas. Esos que aplastan los derechos de los trabajadores y de las mujeres, la soberanía de pueblos y naciones, la libertad de opción sexual y los derechos de niños.
Brotan los políticos, generales y empresarios racistas, que odian a los inmigrantes y a las culturas no occidentales. Esos son los Trump, los Biden, los Elon Musk, los Netanyahu, Macri, Meloni, Milei, Noboa, Kast y Bolsonaro… las ultraderechas y todo lo ultraconservador y mafioso asociado a Trump, Macron y Abinader.
La humanidad estaría condenada a morir y a sacrificar el futuro de su descendencia si no toma conciencia, se organiza y lucha para transformar esta trágica realidad.
Debilidades del sistema dominante
Ahora bien, este cuadro, un tanto lúgubre, no es señal de fortaleza del sistema de dominación que ha encabezado EEUU. Es más bien consecuencia directa de sus profundas debilidades en todo lo que no es poderío militar y capacidad de matar, mentir y engañar. Es desesperación por su decadencia.
- Incluso con la agresión a Irán, EEUU e Israel van hacia una crisis y un declive mayor. Allí también brotan evidencias de que el poderío militar gringo no es invencible.
No es cualquier cosa que una potencia media como Irán, bloqueada, hostilizada por décadas, esté dando una demostración insólita, destruyéndole gran cantidad de bases militares, aviones y buques de guerra al imperio estadounidense en esa región; poniendo en jaque a los estados lacayos que les alquilan sus territorios, a lo Abinader.
Resistencia de Irán y Cuba
Entonces, es importante que se entienda que, por más duro que se presente el momento, es posible vencer a un imperio en crisis de decadencia; y para lograrlo, no hay que darle espacio al pesimismo y a la rendición. Vencer la desesperanza, despreciar el miedo y el terror, y desplegar el optimismo del triunfador.
Es la actitud de Irán y también la de Cuba, ambas distantes en geografía y cultura, pero cercanas en heroísmo y firmeza: sometidas durante décadas al escarnio imperialista sin gritar, dispuestas a resistir hasta que la humanidad, desde el Sur Global y desde las entrañas del hemisferio occidental, le diga basta ya, al mismísimo verdugo.
Por Isaías Ramos
La República Dominicana no puede seguir financiando su vulnerabilidad energética como si fuera una política transitoria. Solo en 2025, el subsidio al sector eléctrico ascendió a RD$105,849.1 millones, una cifra superior al presupuesto conjunto de Obras Públicas, Agricultura y Vivienda. Y a esa carga estructural se añade el repunte del subsidio a los combustibles, que solo para la semana del 14 al 20 de marzo de 2026 obligó al Estado a destinar RD$1,189.8 millones adicionales.
Después de más de dos décadas de subsidios al sector eléctrico, que según distintas estimaciones han absorbido recursos equivalentes a decenas de miles de millones de dólares sin corregir las fallas estructurales del sistema, la República Dominicana sigue sosteniendo un modelo que ha probado su insostenibilidad.
Que esto ocurra, además, sin una auditoría integral e independiente desde la generación hasta la distribución, mientras el Estado continúa asumiendo nuevos subsidios extraordinarios, revela que el problema ya no es únicamente de sostenibilidad fiscal: también es de seriedad institucional.
Los subsidios no focalizados, opacos y escasamente auditables crean un terreno fértil para la discrecionalidad, la ineficiencia y el riesgo de desvío de fondos públicos. Cuando el Estado subsidia sin focalización clara, sin trazabilidad y sin evaluación verificable, termina destinando recursos de todos a esquemas que no necesariamente protegen mejor a quienes más lo necesitan. Por eso, la corrección no debe consistir en abandonar a los sectores vulnerables, sino en sustituir subsidios generalizados por apoyos directos, transparentes y auditables, preservando de manera expresa un subsidio focalizado al GLP doméstico para los hogares de menores ingresos.
Pero el problema no termina ahí. El mundo atraviesa una etapa de desorden e incertidumbre marcada por guerras, rivalidades geopolíticas y tensiones sobre rutas energéticas estratégicas. Para una economía abierta y dependiente de importaciones como la dominicana, esos choques externos no son noticias lejanas: se traducen en inflación, presión fiscal, encarecimiento del transporte y aumento del costo de vida.
Las crisis internacionales rara vez llegan sin aviso. Antes de convertirse en emergencia, suelen anunciarse durante años. En tiempos inciertos, la esperanza sin previsión no es una estrategia. La verdadera prudencia consiste en prepararse para lo peor mientras se trabaja por lo mejor. Gobernar, en tiempos difíciles, es anticipar.
Por eso, la República Dominicana necesita algo más que administración cotidiana del Estado. Necesita una doctrina nacional sobria, realista y sostenida, capaz de ordenar prioridades, reducir vulnerabilidades y garantizar continuidad estratégica más allá de los ciclos políticos. Esa doctrina debería comenzar, al menos, por tres prioridades: seguridad energética, soberanía alimentaria y fortaleza institucional.
La primera es la seguridad energética. Persistir indefinidamente en un esquema de subsidios generalizados sería una temeridad fiscal y estratégica. Un país vulnerable no puede darse el lujo de subsidiar su propia fragilidad. Un país que subsidia el consumo sin corregir las fallas estructurales del sistema no está protegiendo su futuro: está hipotecando su propia estabilidad.
La segunda es la soberanía alimentaria. Cuando sube la energía, no solo se tensionan las cuentas públicas: se encarece el transporte, aumenta el costo de producción y suben los alimentos que llegan a la mesa de las familias dominicanas. Por eso, fortalecer la producción nacional de alimentos no es únicamente una política agrícola. Es una política de estabilidad económica y seguridad nacional.
La tercera es la fortaleza institucional. La República Dominicana ha preservado una estabilidad democrática relativa, pero todavía no puede darse por sentada. Existen reglas y órganos de control en el plano formal; sin embargo, persiste con demasiada frecuencia una distancia incómoda entre la norma y su aplicación efectiva. Cuando esa brecha se amplía, la confianza se resiente, la seguridad jurídica se debilita y la estabilidad deja de ser una fortaleza para convertirse en una vulnerabilidad.
Corregir estas vulnerabilidades no debería ser materia de improvisación ni de cálculo partidario. Debería convertirse en un acuerdo mínimo de Estado sobre lo que la República Dominicana debe proteger primero en un mundo cada vez más caro, más volátil y más incierto.
La pregunta ya no es si el mundo seguirá siendo incierto, sino si la República Dominicana corregirá a tiempo sus vulnerabilidades antes de que esa incertidumbre la obligue a hacerlo bajo presión. Porque en tiempos de desorden global, los países que llegan a puerto seguro no son los que improvisan el rumbo, sino los que protegen con claridad aquello que consideran esencial.