Opinión
Colegio de Periodistas, anarquía destructiva
Por Oscar López Reyes
(Manifiesto de 45 gremialistas)**
En las últimas décadas, el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) ha estado dando tumbos en la boca de la mendicidad asistencialista, el populismo demagógico y la negligencia gerencial, gravitando en el desfase frente al ecosistema mediático y en la estrechez del sectarismo de unos pocos que lo han colocado en la puerta del colapso definitivo.
Por esa vorágine en la cola de nubarrones exteriores, como la ampliación de los oligopolios mediáticos y la fractura de los valores humanísticos más auténticos, nuestra institución sigue enclavada en los estentóreos del pasado, alimentada por un vanguardismo grupal intransigente, que se resiste a la renovación gremial interna y la transformación académico/profesional.
Directivas van y directivas vienen, sin el reporte visible de solución a los acuciantes problemas que sacuden a los periodistas, en el péndulo de la autoalabanza por la realización de actividades comunes. Se parecen a los pacientes que se niegan a aceptar el diagnóstico de su grave enfermedad, lo que agrava su cuadro patológico.
La usurpación lacerante en el ejercicio profesional del periodismo, sin respuesta del CDP; la apatía y exigua integración de sus miembros, porque entienden que poco le aporta; el alargamiento de la corruptela mediática, la incapacidad para cobrar el impuesto del medio por ciento de la publicidad insertada en los instrumentos comunicativos, la carencia de propuestas para afrontar la crisis financiera y los retos estructurales en el sector, el incremento exponencial de la desinformación interesada en el chantaje para la extorsión y la obsolescencia del modelo gremial han desgastado peligrosamente la imagen del periodismo y la institución, en la pérdida de confianza.
Para muestra, ocho botones del retroceso del periodismo puro y el CDP, en la deriva de la creciente falta de transparencia y el ocultamiento de hechos graves:
1.- La aprobación irregular como miembros del CDP de personas sin título universitario en comunicación social, ni el aval de un ejercicio profesional probado y reconocido, lo que pone en entredicho su legalidad, por violación a la Ley 10-91 que creó al Colegio Dominicano de Periodistas (CDP). Acciones de esa naturaleza no sintonizan con la honestidad, y advierte que estamos en el umbral del derrumbe más rotundo.
2.- El alquiler de la tercera planta del edificio del CDP y el litigio judicial: Una vergüenza! En el 2013, el presidente del CDP suscribió el alquiler de ese espacio físico con una persona que en numerosas ocasiones ha sido sometido a la Justicia y encarcelado por estafa y falsificación. En el 2014, un grupo de periodistas lo sacó del local, y desde entonces trata – bajo presión y chantaje- de apoderarse del inmueble perteneciente al gremio de los periodistas. El 31 de julio de 2014, el sujeto logró una sentencia favorable en el Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción del Distrito Nacional para la devolución de la tercera planta y el pago de una astreinte de RD$700,000.00, que no ha podido ejecutar porque al CDP le adeuda más de RD$1,585,000.00 por retraso en el referido arrendamiento. Han sido evacuados nueve sentencias a favor del CDP y una favorable al citado demandante. El expediente ha rodado por unos 10 tribunales, y actualmente está en estado de fallo en la Corte de Apelación del Centro de los Héroes. ¡Fatalidad!
3.- La actual directiva del CDP asumió, en nombre de la institución, todos los términos de la propuesta Ley de Expresión y Medios Audiovisuales sin consultar a los ex presidentes de la institución, y menos socializarla con los directivos provinciales ni la membresía. La Asamblea General Ordinaria del 31 de mayo de 2025 aprobó que sean iniciadas jornadas regionales a los fines de su estudio más profundo por todas las instancias gremiales. ¿Será cumplida esa disposición?
4.- La actual directiva del CDP ha decidido presentar al Congreso Nacional una propuesta para la modificación de la Ley 10-91, sin agotar el anterior procedimiento. ¿Seguirá como el caballo con anteojeras?
5.- La actual directiva del CDP se ha mostrado incapaz, por debilidad en el liderazgo y la falta de carácter de sus dirigentes, de gestionar, ventilar y remediar una descarrilada confrontación entre periodistas de Santiago, por la administración del Club Recreativo de Santiago, que por difamación e injuria descansa en un tribunal de Justicia de esa ciudad.
6.- Que la actual directiva del CDP explique por qué áreas del parqueo de la Casa Nacional del Periodista se ha convertido en un almacén de vehículos variopintos del Poder Judicial, que restringe el estacionamiento de colegiados.
7.- Que la actual directiva del CDP exprese las razones para que fuera alquilada la azotea de la Casa Nacional del Periodista, donde fue instalada una antena empresarial, que no sabemos si provoca o no daños a los que se cobijan en ese edificio.
8.- Las quejas por discriminación en las solicitudes, en la capital, el interior y el exterior, y el deterioro de la imagen del CDP han demorado el proyecto de remodelación de la Casa Nacional del Periodista y la implementación del programa de pensiones para los periodistas.
Por los puntos señalados, con el predominio de las falencias en el ejercicio ético y la competencia profesional, los suscribientes proponemos:
1.- Emplazar a las autoridades del CDP a que divulguen masivamente un boletín explicativo sobre los ingresos irregulares en el padrón de membresía, y que los integrantes de la institución que se sientan lesionados que acudan a las instancias judiciales correspondientes.
2.- Que la directiva del CDP publique un informe pormenorizado, a la mayor brevedad y con amplia difusión, en torno a la sentencia contra la institución y el proceso judicial que envuelve a la Casa Nacional del Periodista.
3.- Que las autoridades del CDP emitan un boletín detallando los motivos para alquilar o facilitar los parqueos y la azotea.
4.- Que sea designada una comisión de alto nivel, cuyos integrantes no estén ligados a los movimientos internos del CDP, para mediar en el grave conflicto judicial que involucra a colegas de Santiago sobre el Club Recreativo de esa ciudad.
5.- Que sean desarrolladas las jornadas de socialización sobre la propuesta Ley de Expresión y Medios Audiovisuales, aprobadas en la Asamblea General Ordinaria del CDP del 31 de mayo de 2025, y que igual ocurra con la sugerida modificación de la Ley 10-91 que creó al CDP.
6.- Por el rescate del CDP. Instar a los movimientos que interactúan en el CDP, a que ponderen a la institución por encima de las apetencias personales, aúnen esfuerzos para consensuar un candidato a la presidencia de la institución para las elecciones del 29 de agosto de 2025, con idoneidad y entereza para contraponer y superar las malventuras, percances y deficiencias administrativas, así como las apuestas tecno-profesionales. Para no volver por los mismos fueros, indefectiblemente que el pacto por el que postulamos ha de ser reconocido por su ejercicio profesional y sus valores éticos, lo cual otorgará confianza, respeto y reconocimiento; que tenga pericia gerencial y dedique el tiempo requerido para cumplir sus funciones.
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*Expresidente Colegio de Periodistas.
**Manifiesto del 26 de junio de 2025.
(I)
Por Oscar López Reyes
Desde 1950, tres años a posteriori de su creación -1947- la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos comenzó a instrumentalizar a periodistas para manipular y moldear a la opinión pública mundial, en una abominable labor de zapa, en el cenit geopolítico de la Guerra Fría entre dos superpotencias imperiales. Su proyecto primigenio, y el más escalofriante, ha sido la encubierta Operación Mockingbird, mediante la cual se ocultaron y tergiversaron informaciones para influir a favor de los designios norteamericanos, y desde 2019 ejecuta a gran escala una campaña de reclutamiento para difundir noticias y entretenimiento en redes sociales y plataformas streaming.
En estos 78 años, la CIA ha invertido miles de millones de dólares en el enlistamiento de periodistas anti-éticos y anti-democráticos y en infiltración en medios de comunicación para divulgar programas propagandísticos, engendrando el descrédito y la desconfianza ciudadana, así como la animadversión de adversarios en guerras.
La operación Mockingbird, que inicialmente consistió en escuchas telefónicas periodísticas sin orden judicial, fue llevada a cabo por la CIA para identificar fuentes de filtraciones de datos de alta inteligencia. Principió grabando conversaciones privadas de Hanson Baldwin, reportero de seguridad nacional del New York Times, entre el 12 de marzo y el 15 de junio de 1963, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Las grabaciones fueron por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Jhon F. Kennedy, luego que se incomodara por un reportaje de primera plana publicado por Baldwin (ganador del Premio Pulitzer en 1943 por su cobertura de la Segunda Guerra Mundial) en la edición del 26 de julio de 1962 del New York Times en el que, amparado en una información clasificada, revelaba el número de misiles nucleares en el arsenal estadounidense. A su vez, comparaba esos depósitos atómicos de Estados Unidos con los de la Unión Soviética, y el afán de esta última superpotencia por resguardar sus emplazamientos de misiles balísticos intercontinentales.
A seguidas, la CIA también intervino los teléfonos residenciales de los columnistas Robert S. Allen y Paul Scott (The Allen-Scott Report, publicada en unos 300 periódicos), tras estos dar a conocer secretos clasificados de Estados Unidos. Más adelante, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se incorporó a las averiguaciones y vigilancia para detectar quienes desde los organismos de inteligencia estaban infiltrando informaciones a la prensa. También produjo la intercepción telefónica a la periodista de Newsweek, Lloyd Nornam, y el secretario de Estado Dean Rusk presionó para que CBS News no difundiera un reportaje del periodista Daniel Schorr sobre el espectacular escape de ciudadanos de Alemania Oriental a través de un túnel bajo el Muro de Berlín.
Por intermedio del proyecto Mockingbird -según variadas fuentes- para divulgar propaganda proestadounidense y truquear a la opinión pública contra la influencia comunista, aceptaron ser asalariados de la CIA cientos de periodistas de The New York Times, The Washington Post, Newsweek, ABC, CBS, NBC, la revista Time, Louisville Courier Jounal, Copley News Service, la agencia internacional Reuters y otros medios de América Latina, Europa y otras regiones.
Los objetivos bien definidos de la contratación a sueldo de la red de periodistas, publicaciones, televisoras y emisoras tengo que segmentarlos en siete:
1.- Difundir relatos preescritos por la CIA, para tratar de cambiar la percepción global sobre situaciones y personas, siempre favorables a Estados Unidos.
2.- Controlar la política editorial de medios comunicativos, a través de altos ejecutivos y editores, en una novedosa interacción subrepticia gobierno-prensa.
3.- Ocultar informaciones perjudiciales o desfavorables a Estados Unidos, en una intromisión estatal sin precedentes.
4.- Inclinar la balanza para conveniencia estratégica de Estados Unidos en coberturas informativas, artículos de opinión, editoriales y otros géneros periodísticos.
5.- Contrarrestar la propaganda e influencia de la Unión Soviética, con mecanismos sofisticados de persuasión pública.
6.- Suministrar datos de inteligencia, en una típica tarea de espionaje.
7.- Detectar a agentes o empleados de organismos de inteligencia que confidencialmente suministraban informaciones a periodistas.
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El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano y autor exclusivo del libro “La Ética en el Periodismo. Los cinco factores que interactúan en la deontología profesional”.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD
Por Rommel Santos Díaz
A diferencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto es el resultado de varios años de debates y de la Conferencia de Plenipotenciarios, los tribunales Ad –Hoc para la Ex Yugoslavia y Ruanda son la expresión de una respuesta a dos situaciones específicas caracterizadas por la comisión de atrocidades en el territorio de estos países.
Fue precisamente la gravedad de las circunstancias lo que obligó al Consejo de Seguridad a ejercer las atribuciones que le confiere el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para crear las jurisdicciones penales Ad – Hoc para la Ex Yugoslavia ( Resolución 827 de 1993) y para Ruanda (Resolución 955 de 1994)
En estos casos, ambos tribunales tienen virtualmente estatutos idénticos y también compartieron algunas instituciones comunes, como por ejemplo el Fiscal, dado que a partir del 15 de septiembre del 2003, el Consejo de Seguridad designo a Hassan Bubacar Jallow como Fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
La Fiscal Carla Del Ponte ejerce su competencia exclusivamente en relación al Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Las características comunes entre ambos tribunales han tenido como consecuencia, al menos en el ámbito teórico, la economía y uniformidad en el ámbito fiscal hasta el año 2003 así como en el desarrollo de una línea jurisprudencial sólida y constante en el análisis de sus respectivos casos.
De esta forma la creación de dichos tribunales Ad-Hoc constituye un desarrollo sin precedentes a favor de la implementación de las normas sobre derechos humanos que a su vez ha favorecido una dinámica positiva en el proceso de creación de un sistema de justicia penal internacional que se concreta casi una década después con el inicio de las funciones de la Corte Penal Internacional.
Por su lado el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad en virtud de las cuales son considerados como órganos judiciales subsidiarios del mismo.
Se ha establecido que aun cuando fueron creados por el Consejo de Seguridad, el cual no es un órgano judicial, esto no afecta la validez del acto jurídico de creación puesto que ambos son el reflejo del ejercicio del mandato del principal órgano de las Naciones Unidas para mantener la seguridad y la paz internacional.
Esta línea de razonamiento concuerda con la establecida por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre los efectos de las compensaciones concedidas por el tribunal administrativo de las Naciones Unidas de 1954.
Por tanto, mientras la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son órganos judiciales subsidiarios del Consejo de Seguridad Conforme al Artículo 2 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional mantiene relaciones de cooperación con el sistema de de las Naciones Unidas, pero ello no afecta su independencia con respecto a dicha organización internacional.