Opinión
Colombia: contradicciones o pacto a la sombra
Por Narciso Isa Conde
La decisión del presidente de la Cámara de Representantes Rodrigo Lara Restrepo, de impedir el ingreso a los miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) al recinto del Congreso de la Nación, no solo viola un derecho ciudadano amparado por la Constitución, sino una bofetada a los Acuerdos de Paz firmados por el presidente Juan Manuel Santos y el actual presidente del nuevo Partido, integrado por militantes y simpatizantes del antiguo movimiento guerrillero FARC-EP.
Está decisión vista aisladamente pareciera que se trata de una contradicción al interior de la oligarquía y al sistema neoliberal que representa Lara Restrepo, como integrante del partido Cambio Radical.
Partido que formaba parte del gobierno desde el segundo mandato de Santos Calderón y la respuesta del ministro del Interior Guillermo Rivera, adversando al presidente Lara Restrepo, no es más que él juego que ha venido haciendo el Gobierno, para cubrir la forma y justificarse.
Sin embargo, si tomamos en cuenta los actuales incumplimientos en los que el Gobierno viene incurriendo con los Acuerdos de paz, y las trampas que tendieron desde que comenzaron las conversaciones en febrero del 2012, podemos colegir que no se trata de contradicciones, sino de un pacto a la sombra, donde el Gobierno y sus delegados aparecieron como conciliadores y hombres de paz y los “opositores a la paz” liderados por el senador Álvaro Uribe Vélez, montando el escenario mediático de que Santos y su gobierno estaban entregando el país a la guerrilla y al castro-chavismo.
La primera pregunta que me hice cuando se hizo público que el Gobierno colombiano había iniciado conversaciones con las FARC allá por agosto del 2012, fue: ¿Cuál será el objetivo de que el Gobierno colombiano está tan interesado en hacer la paz con las FARC? Mis conclusiones fueron dos: a) Los grandes inversionistas agrarios y minero-energéticos estadounidenses, europeos y colombianos, presionaron al Gobierno para que iniciara un proceso de paz, no podían invertir sin garantías de seguridad y no estaban en condiciones de pagarle impuestos a la guerrilla por los secuestros y los riesgos. b) La guerrilla colombiana en este caso ELN y FARC son un gran impedimento ante la hipótesis, hoy más creciente, de una intervención militar gringa en Venezuela, la insurgencia se le convertía en la retaguardia segura a la Revolución Bolivariana, había que eliminar ese obstáculo.
El impedimento al ingreso al Congreso, es un fuerte mensaje de los opositores a la paz, acompañado a una cada vez más peligrosa escalada del Gobierno, en contra del movimiento popular y directamente contra líderes comunales, afro-descendientes e indígenas y de organizaciones sociales y de derechos humanos, el asesinato de 35 excombatientes de la guerrilla, 16 familiares de los guerrilleros y 116 líderes comunales, el crecimiento del paramilitarismo, el incumplimiento de la amnistía a los presos políticos, la masacre de Tumaco, la represión en el Catatumbo y otras regiones del país, la detención de jóvenes y líderes estudiantiles como la del joven Mateo Gutiérrez León, preso en la Cárcel Modelo de Bogotá sin que se hayan aportados pruebas de los delitos políticos que le atribuyen.
Se está aplicando desde la firma de esos acuerdos, lo que los manuales de la CIA y el Pentágono distribuyeron a las Fuerzas Militares y de Seguridad en nuestra región, y poner en práctica una de las modalidades de la “guerra de baja intensidad”.
O golpe de Estado o manejo de los instrumentos que dotan las Constituciones de los países con herramientas que defienden al sistema político burgués. (Casos Lugo en Paraguay y Dilma en Brasil) irrespetando a 54 millones de electores en Brasil y en Honduras Golpe Militar.
Las FARC aceptó este camino, “sin vencedores ni vencidos” por cansancio e inaceptable costo pero todos saben quien ganó. La ecuación de la negociación en la doctrina de guerra de baja intensidad es ganar-perder. 56 Salvedades o temas estratégicos, algunos de ellos para lograr cambios estructurales, no se incluyeron nunca, a pesar de que se acordó que “nada está acordado hasta que todo esté acordado” en realidad, el Gobierno admitía pero nunca aceptó ese principio, debía ganar tiempo, el referendo era clave y su resultado respaldó el abandono de ese acuerdo, quedando absolutamente relegados los temas que fueron la fuente originaria para el nacimiento de la guerrilla de las FARC en 1964.
Santos es un maestro en la guerra de baja intensidad y ha coordinado todo el proceso con expertos en este tipo de negociación. El movimiento de Uribe, su NO al referendo fue un manejo soterrado de la oligarquía para quitarle a las FARC lo que el Gobierno le concedieron en la negociación de La Habana y además para demostrarle a la opinión pública nacional e internacional que no tenían el apoyo de la población. Allí perdió las FARC, no el Gobierno, a pesar de que las FARC siempre estuvieron en desacuerdo con el referendo y no lo avalaron.
Tampoco el gobierno de Santos hizo política electoral para que ganara el SI, era una forma muy sutil de favorecer lo que estratégicamente le favorecía, la derrota para el gobierno era coyuntural, para la guerrilla no, tal es así que hubo de volver a La Habana a modificar acuerdos y eliminar otros, a pesar de que el referendo que se había realizado no era vinculante, pero no fue así, los ganadores del referendo con los millones de votos de respaldo, exigieron cambios y modificaciones.
Todo es una gran operación política de la oligarquía, ahora se pondrá en práctica un paso más en la estrategia que deja descolocada a las FARC, cuando la Corte Constitucional deje sin efecto el próximo mes, la aprobación por el Congreso de los acuerdos con el método del Fact Track.
Un argumento absolutamente jurídico lo invalida, mientras que en realidad es un tema político y de interés nacional y como se sabe que aplicando un análisis individual articulo por articulo y someterlo al pleno de ambas cámaras, muchos de estos pueden o no ser aprobados o modificados. Aunque según la Corte Constitucional estos no pueden ser modificados.
La aceptación en la Mesa de los diálogos de La Habana, de que los Acuerdos de Paz, no fueran llevados a la refrendación por una Asamblea Nacional Constituyente, los dejo desprotegido y que no se consideren como una política de Estado.
Más aún, están contra el tiempo y si no se acelera la aprobación de los Acuerdos de La Habana, estos pasaran a ser tratados el próximo año, un año electoral y con la espada de Damocles sobre ellos, porque las pitonisas auguran el triunfo de un candidato y una composición en el Congreso poco favorable a la gestión de paz del gobierno de Santos.
Hay que señalar que ese pacto oligárquico llevó a Santos a perder en lo táctico, pero ganó en lo estratégico, al lograr concentrar a la guerrilla, desarmar a la más grande y poderosa organización insurgente y sentar en la mesa de diálogo al Ejército de Liberación Ncional (ELN,) cuyo final es aún incierto..
Por Elba García Hernández
En los últimos días del presente año 2024 he tenido la obligación y el deber de defender derechos fundamentales ante el Tribunal Superior Administrativo y he podido comprobar lo mal que está el país en materia de justicia.
Los abusos de poder se observan en esta jurisdicción de Derecho Administrativo en cualquiera de las salas que conocen las litis que se presentan entre la administración y los administrados.
Es penoso ver como los abogados repiten como papagayos los mismos argumentos en los diferentes casos que en esta instancia se conocen. Pero peor aún el nivel de los jueces que manejan los casos.
En esta jurisdicción hay un nivel de razonabilidad que sonroja a cualquier profesional del derecho, pero las cosas se complican cuando se examinan las sentencias que emiten los juzgadores de una jurisdicción que está estrechamente vinculada con el Derecho Constitucional.
Es tanto así, que muchos de los jueces están más interesados en penalizar a las partes sobre la base de disposiciones arbitrarias e ilegales de comisionar un alguacil de estrado para que haga nuevas notificaciones y cobrarles a los litigantes por ese concepto hasta 20 mil pesos cuando se trata de conflictos legales que provienen del interior del país.
Cualquiera se forja la impresión de que existe una sociedad para hacer dinero mediante las notificaciones entre los alguaciles de estrados y los magistrados que presiden salas en el Tribunal Superior Administrativo.
Lo preocupante de este asunto es que cuando no se satisface el deseo del juez o del alguacil de estrado, ese disgusto se refleja en la sentencia que emite el tribunal.
Otro detalle importante de lo mal que se manejan algunas salas del Tribunal Superior Administrativo es que se agarran de cualquier detalle insignificante para justificar una sentencia en contra del que no se acoge a la comisión de un alguacil para fines de nueva notificación.
Impresiona, además, el poco nivel de razonabilidad de los que participan de las audiencias que se celebraran en el Tribunal Superior Administrativo.
En realidad, parece un juego de niños, lo cual desmiente los supuestos avances en Derecho Administrativo, porque la verdad es que lo ocurre en esta jurisdicción de la justicia deja mucho que desear.
Por José Cabral
El panorama que se observa en el país lleva a cualquier persona, por optimista que sea, a sentir que todo se derrumba y que nada tiene solución. No hay un solo estamento estatal que indique que el país transita por un buen camino.
Esto así, porque si al azar se escoge cualquier instancia, pública o privada, fácilmente se llega a la conclusión de que prácticamente todo está perdido. Son prácticamente nulos los referentes que indican que en el futuro se alcanzaría una mejor nación.
El principal fracaso de la sociedad dominicana tiene que ver con el fiasco que representa el Ministerio Público y la judicatura nacional, donde uno apoya la ilegalidad del otro. Es un asunto para mantenerse seriamente preocupado.
En realidad, no se sabe cuál si el fiscal o juez anda peor, pero de lo que sí se puede estar seguro es de que ambos transitan por un camino que solo garantiza el abismo de la nación.
En el país no hay proceso penal que termine de buena manera, pero tanto el Ministerio Público como los jueces recurren permanentemente a decisiones al margen de las leyes que les sirven de sustento.
El Ministerio Público sólo parece ser bueno para manejar casos de importancia mediática, mientras que los jueces se han especialistas en emitir sentencias al margen de las normas y de los derechos, deberes y principios fundamentales.
Es una verdadera vergüenza lo que ocurre en el país, ya que tribunales como el Superior Administrativo, donde el administrado busca liberarse de los abusos de la administración, tiene un nivel similar al de un juzgado de paz. Sus jueces carecen de razonabilidad y muchas veces hasta de sentido común.
En el sistema de justicia nacional se produce una verdadera negación de derechos, pero el hecho de que los jueces no puedan ser procesados por muchos de los casos que fallan, ya que hasta las acciones de amparo no pueden ser interpuestas en contra de los tribunales nacionales, habla claro de la trampa en que está envuelto el ciudadano.
Es decir, que, aunque existe la querella disciplinaria, la recusación e incluso la prevaricación, es una batalla como aquella siempre citada entre el huevo y la piedra, porque la complicidad se extiende de un lado a otro sin excluir a prácticamente la totalidad de los actores del sistema de justicia.
Adentrarse en el comportamiento de la justicia y del Ministerio Público es una razón determinante para frustrarse o resentirse, aunque, naturalmente, este mal debe combatirse con herramientas que tal vez algún día surtan efecto.
Por Nelson Encarnación
Algunas personas han llegado a afirmar que el juego de béisbol no es un deporte, sino un pasatiempo que sirve de entretenimiento a toda la familia, la que puede tener un importante consumo mientras transcurre un partido de nueve entradas, por lo general lento.
Sin embargo, somos más los que sostenemos lo contrario, no porque seamos fanáticos o seguidores, sino porque una contienda en la que medie la aplicación de estrategias no puede ser un simple pasatiempo.
Las estrategias son fundamentales en el juego de pelota, sin las cuales el resultado no puede ser el esperado, aunque no siempre estas funcionen. Como en toda actividad humana, inclusive en la guerra.
Hechas estas disquisiciones, pasamos a no entender qué ha provocado el impresionante descalabro, el resbalón sin final que ha abatido a los Leones del Escogido.
No se explica que un equipo que en los primeros 20 juegos del presente campeonato obtuvo quince victorias, haya caído a un abismo, tan profundo que, al día de hoy, está en la peligrosa ruta de quedar fuera de la siguiente ronda.
Es como estar con respiración asistida, mantenerse vivo gracias a la buena fortaleza física que se acumuló—15 victorias contra 5 derrotas—, pero no suficiente como para rebasar de manera exitosa un estado comatoso.
¿Qué hará la gerencia del equipo capitalino para tratar de revertir la ruta hacia el fondo? No preveo una opción, sobre todo, al recordar lo declarado hace un par de años por uno de los dueños del “Duro de matar”.
¿Qué dijo ese ejecutivo? Que al equipo le es económicamente más rentable quedar fuera en la serie regular que pasar a las siguientes. Algo así o algo peor, según recuerdo.
Cuando leí aquello tuve que remontarme a los pleitos con mi difunto padre—liceísta furibundo—que no asimilaba derrota frente al “eterno rival”, y yo, como escogidista, le daba la cuerda, corriendo riesgo de unos correazos por irreverente. De este tamaño ha sido mi escogidismo.
¿Hay escasez de cartera en la gerencia del equipo rojo? No lo creo. ¿Falta estrategia para la ofensiva? Lo creo un poco. ¿Cayó por un barranco irrecuperable el pitcheo de los Leones? Me quedo con esta.
Frente al despeñadero actual, los rojos no tenemos muchas esperanzas. Y por favor, no echemos la culpa al mánager Pujols.