Análisis Noticiosos
Colombia es el mayor cementerio mundial de defensores de la tierra
Al menos 177 líderes ambientales fueron asesinados en 2022 en todo el mundo, 60 de ellos en el país andino, según Global Witness. Latinoamérica sigue siendo la región más mortífera para los ecologistas y Honduras despunta por la tasa más alta per cápita
Bogotá.-Todos pensaron que debieron irse del Cesar. Que llevaban años recibiendo amenazas y que tarde o temprano pasaría; que matarían a Teófilo Acuña y a Jorge Tafur. El activismo contra el paramilitarismo y los grandes terratenientes de la región les iba a pasar factura. Ellos también lo presentían, pero decidieron quedarse y seguir en el proceso de recuperación de territorio campesino que empezaron a finales de los noventa. El 22 de febrero de 2022, dos sicarios llegaron caminando al municipio de San Martín y los asesinaron a balazos frente a familiares y amigos, tras años en disputas y amenazas con miembros de la Alcaldía. “¿Debieron haber migrado?”, se pregunta una y otra vez Nadia Umaña, compañera de luchas y vocera de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, Colombia. “Creo que las preguntas que nos tenemos que hacer son otras: ¿Dónde estaba el Estado cuando nos amenazaron por defender la tierra? ¿Hasta cuándo vamos a valer más muertos que vivos?”.
Ni los esquemas de seguridad, ni las denuncias, ni el historial de violencia contra los líderes ambientales de Colombia son suficientes para evitar la sangría de homicidios de defensores del territorio. Al menos 60 fueron asesinados en el país andino en 2022, según el último conteo de Global Witness. El país, que duplicó esta cifra de un año para otro, ha enterrado casi dos tercios de los 177 ecologistas muertos en el mundo. “Lo peor de esta escalofriante cifra es que sabemos que representa solo una pequeña gota en un océano de violencia”, lamenta Gabriella Bianchini, investigadora de la Global Witness. “Ellos protegen el territorio de todos, pero nadie los protege a ellos”.
La tendencia asusta. América Latina mantiene el deshonroso título de ser la región más mortífera para los activistas y acumula nueve de cada diez de estas muertes violentas que, desde 2012, suman 1.910 personas. Un activista cada dos días. Protectores de las ciénagas, líderes de comunidades indígenas invadidas, cuidadores de la Amazonía, defensores de los campesinos, voceros afrodescendientes. Elegir proteger el territorio, sea el que sea, es una sentencia de muerte. Umaña y otros cuatro compañeros del Cesar migraron hace más de un año a Bogotá, tras enterrar a cinco miembros de la organización en la última década. “Es injusto tener que decidir entre el desarraigo o la muerte. Los voceros no tenemos que ser mártires. Yo doy mi vida por la lucha campesina, sí, pero quiero morir con 90 años, de vieja. Aporto mucho más a mi comunidad viva”.
Para Lourdes Castro, activista de derechos humanos y coordinadora de Somos defensores, lo que está detrás de estos asesinatos es el interés económico. “Legal o ilegal. A los líderes se les estigmatiza diciéndoles que son enemigos del desarrollo económico. Pero hay que cuestionarse cuál es el desarrollo que estamos apoyando”, dice. Si bien es complejo conocer a ciencia cierta los autores intelectuales -pues son muy pocos los casos que acaban judicializados y menos aún los que cuentan con sentencia-, de acuerdo con las estimaciones de la organización más del 60% de estos crímenes están vinculados con el agronegocio, la minería y la extracción de madera.
“Los activistas molestamos a los poderosos”, defiende Castro. La forma de apagar sus voces es la misma de Sonora, en México, a Tierra del Fuego, en Argentina. Acoso, intimidación, violencia sexual, criminalización y amenazas que se amontonan hasta cumplirse. Muchos no lo denuncian. “¿Para qué?”, se pregunta Sofía Rivas, hermana de Hipólito Rivas, asesinado en Honduras en enero de 2023. “A él lo mataron igualmente, hasta con medidas de protección. Lo que consiguen es que muchos nos veamos forzados a huir. Los que nos quedamos, ya sabemos a qué nos enfrentamos”. Y quienes sí denuncian, lamentan los oídos sordos de las instituciones. “Parece que a los Gobiernos también les interesa mantenernos callados”, explica a América Futura Víctor Vásquez, líder indígena de Simpinula, al sur del país centroamericano, meses después de haber sido denunciado por su propio escolta.
Honduras es el país con mayor tasa de homicidios a activistas per cápita. Con apenas 10 millones de habitantes, perdió 14 líderes en 2022. Más de uno al mes. Aunque Xiomara Castro, la primera presidenta de Honduras, se comprometió a proteger a los defensores, en los cuatro primeros meses del año ya reportaron al menos ocho asesinatos. Para Víctor Fernández, miembro del Bufete de Derechos Humanos Estudios para la Dignidad, las medidas de protección no están ni cerca de ser suficientes: “A estas alturas, la agroindustria ya ha logrado un nivel de relación con la institucionalidad que, además de permitirles la violencia, les garantiza impunidad”.
Comunidades indígenas: un tercio de los asesinados
Brasil perdió 34 líderes, frente a los 26 de 2021. Un aumento que los investigadores achacan a las políticas del entonces presidente Jair Bolsonaro, que favorecieron la explotación de la Amazonia y las invasiones ilegales en territorio indígena. En México, el país con el mayor número de asesinatos en 2021, registró una caída notable, ya que pasó de 54 homicidios en 2021 a 31 en 2022. Sin embargo, los ataques no mortales siguen siendo una constante en el día a día de los defensores y dificultan su trabajo. El miedo no se va.
La investigación, publicada este martes, concluyó que las comunidades indígenas del mundo se enfrentan a un nivel desproporcionado de agresiones con consecuencias mortales, ya que fueron víctimas de más de un tercio (34%) de los asesinatos a líderes, a pesar de que sólo constituyen el 5% de la población mundial. “Los estudios han demostrado una y otra vez que los pueblos indígenas son los mejores custodios de los bosques y, por tanto, son imprescindibles en la mitigación de la crisis climática”, dijo Laura Furones, asesora principal de la campaña de Global Witness, durante la presentación del informe. “Sin embargo, en países como Brasil, Perú y Venezuela los están asediando precisamente por llevar a cabo esa labor […] Las medidas contra la creciente emergencia climática y la defensa de los derechos humanos deben ir a la par”.
La tendencia violenta es una consecuencia de políticas débiles, sin apenas presupuesto y con poca capacidad de reacción. Si bien salvaguardar a los líderes es el corazón del Acuerdo de Escazú, el primer tratado regional sobre derechos humanos y medio ambiente de América Latina y el Caribe, solo 16 países lo han ratificado. Las naciones que no lo han hecho son Brasil, Costa Rica, Dominica, Guatemala, Haití, Jamaica, Paraguay, Perú, y República Dominicana. Colombia fue el último en adherirse tras dos años de atrasos en el Congreso. Este entrará en vigor en unos meses. “El Gobierno de Gustavo Petro ha demostrado voluntad política”, narra Lourdes Castro. “Que reconozca que sí existen violencias contra nosotros es algo histórico. Pero no hay tiempo que perder para implementar políticas nacionales que lo materialicen”. Este pacto incluye una para mayor transparencia para acceder a la información, justicia ambiental y mejor protección de líderes.
Hasta ahora, los mecanismos varían en función de cada país. Estas medidas suelen incluir patrullas semanales o quincenales, llamadas de monitoreo o esquemas de seguridad individuales o colectivos permanentes. Sin embargo, la demanda supera los recursos. O los requisitos para recibir los esquemas de seguridad dejan por fuera a cientos. En Colombia, según datos oficiales, hay 5.038 líderes y defensores de derechos humanos con medidas de protección concedidas. En Brasil son 506. En Honduras estos datos no son públicos. “Las medidas de protección no suelen ser suficientes y muchos de los liderazgos no califican para beneficiarse de ellas”, lamenta Bianchini.
La Amazonía, en jaque
Si hay un lugar del globo amenazado por grupos armados es la Amazonía. Este es uno de los puntos calientes de la violencia contra los defensores. En estas 6,9 millones de hectáreas, uno de los rincones más biodiversos del mundo, murieron 39 ambientalistas en 2022. El desenlace de estos crímenes suelen ser idénticos: un puñado de organismos internacionales que condenan lo sucedido, Gobiernos locales y nacionales que se comprometen a tomar medidas, una comunidad en luto y condenas que casi nunca llegan. Según los expertos, la impunidad de los crímenes fomenta nuevas agresiones.
En junio de 2022, hubo un caso que dio la vuelta al mundo. El asesinato del periodista británico de The Guardian Dom Phillips, de 57 años, y Bruno Pereira, de 41, experto en pueblos indígenas. Fueron asesinados brutalmente mientras recorrían territorio indígena en la región amazónica de Brasil. “Tuvo la repercusión que tuvo porque uno de ellos era europeo. No está mal que fuera mundialmente conocido, pero los asesinatos de otros activistas que también están en primera línea no llegan a ese alcance”, dice Bianchini. Desde 2014 se ha asesinado a, por lo menos, 296 personas defensoras en la Amazonía. “El papel de la prensa y de la sociedad civil es fundamental para que los asesinatos no se conviertan en números”, agrega.
“Mataron a dos ambientalistas y a mis dos maestros”
En la sabana del Cesar crece la flor del cañaguate. La mayoría del tiempo pasa desapercibida como un palo seco y sin gracia. Y solo cuando transcurre un tiempo sin llover es que florece como una enorme campanilla amarilla. En época de lluvias, usa todos los nutrientes del agua para echar raíces y expandirse.
La organización de campesinos a la que pertenece Umaña es, dice, el cañaguate. “Teo [Acuña] y [Jorge] Tafur fueron el agua que permitía que las raíces se ramificaran y llegaran a más rincones”. Para la joven activista de 35 años, la muerte de ambos defensores traspasa lo político. “Lo que soy, lo que pienso y cómo veo la vida. Todo es gracias a ellos y a los demás compañeros. Mataron a dos voceros y a mis dos maestros. Pero las raíces del cañaguate están echadas”.
elpais.com
Por José Cabral.
Nadie puede negar que la República Dominicana está en medio de la gran posibilidad de que pueda surgir un “outsider” en la política nacional, aunque el problema descansa en que no se ha articulado una propuesta que responda al nicho que se ha creado en esta dirección.
Prácticamente todas las encuestas colocan en un 54 ó 55 por ciento, aunque se piensa que es mucho mayor, las personas que no sienten ningún respeto ni vinculación con los partidos políticos, los cuales han llegado a un nivel de descrédito que nadie podía imaginarse.
Es tan grave el problema que esa realidad amenaza la democracia representativa, ya que en las últimas elecciones el país ha terminado con autoridades que no cuentan con la legitimidad necesaria para garantizar una buena gobernabilidad.
Pero frente a esa realidad la pregunta que todo el mundo se hace es si valdría la pena que en el país se produzca el fenómeno del “outsider” como que ya ha pasado en muchas naciones latinoamericanos e incluso en los Estados Unidos de América.
El último caso de este tipo se ha producido en Colombia, donde un abogado penalista, un depravado, defensor de narcotraficantes, de evasores de impuestos y de los paramilitares ha quedado en primer lugar en las elecciones presidenciales.
A Abelardo de la Espriella, un ultraderechista, sin ningún mérito, pero sin venir de las estructuras tradicionales del partidarismo político, se ha colocado en la puerta de la presidencia de Colombia, con un discurso agresivo y con una visión de cuestionamiento del derecho internacional que lo acerca al actual jefe de Estado de los Estados Unidos, Donald Trump, quien incluso ya lo ha apoyado.
El asunto es que este tipo de “outsider” no es saludable para que ningún país del mundo, porque representa un antivalor, un enemigo del derecho internacional y además un depravado que no respeta absolutamente nada ni a nadie.
Entonces, si la República Dominicana se viera en ese espejo estaría en un escenario que significa un evidente retroceso al bienestar que se supone debe garantizar todo aquel que se opone a la partidocracia, que nadie puede negar que en todas estas naciones ha implicado una gran desgracia para los pueblos.
Por esta razón es que creo que, si en la República Dominicana se crean las condiciones, como ya parece que ocurre, para desplazar del poder a los partidos políticos, tiene que ser para bien, no para mal, ya que debe ser un “outsider” que cuente con un plan programático y estratégico a corte, mediano y largo plazo para poder lograr las transformaciones que demanda la sociedad.
Naturalmente, la preocupación de que el problema del país no sólo descansa en el funcionario público, el cual procede de los partidos políticos, instancias totalmente corrompidas y enemigas del progreso nacional, sino también en la visión y actitud distorsionada del ciudadano como resultado del neoliberalismo salvaje introducido en el país por Leonel Fernández.
Tal vez ahí esté la explicación de que una opción con una visión colectiva, no individual, no haya podido consolidarse en el país, ya que articular este tipo de propuesta implica, según lo que se ve, romper con lo que luce ser una utopía por la forma en que el neoliberalismo se ha apropiado de la mente y el sentir de la gente.
Pero si Dios quiere y en razón de que las condiciones están dadas para que en el país surja un “outsider”, ojalá sea para bien y no para mal, contrario a como se observa que se produce en Colombia y en otros países latinoamericanos.
El “outsider” dominicano tiene que ser para romper con la vieja política, a los fines de acabar con la corrupción y los principales males que aquejan a la sociedad en asuntos tan fundamentales para tener crecimiento y desarrollo nacionales como el empleo, la institucionalidad, la seguridad pública y ciudadana y en otros aspectos que durante décadas han representado una retranca para la nación.
Por José Cabral.
Los jueces y juezas son considerados emperadores que tienen el privilegio de juzgar la conducta de los demás, pero nunca la de ellos, convirtiéndose muchas veces en los funcionarios públicos que violan más que cualquier otro agente del Estado los derechos de las personas.
La explicación del abuso de poder desde la condición de juez, jueza o fiscal consiste en que somos una nación donde la democracia existe más de apariencia que de realidad y que ello obedece a la herencia patriarcal, machista, caudillista y de amiguismo que genera mucha tolerancia con el que infringe la ley desde la sombrilla del Estado, cuya visión descansa en la herencia histórico-cultural anti-democrática.
La República Dominicana ha pretendido desarrollar una democracia en la que prevalezca el principio de legalidad, juridicidad y de igualdad, pero este propósito ha resultado ser una utopía porque los tiempos de dictaduras tienen un fuerte peso en la vida nacional.
En el Estado democrático los derechos no están por encima de los deberes, ambos van de la mano, pero en los países con escaso nivel de desarrollo la gente piensa que no tiene que cumplir con sus obligaciones y que los derechos son absolutos.
Hace muy pocos días que los actores del sistema de justicia se lanzaron a un paro de labores en demandas de mejores condiciones salariales y de trabajo en sentido general, lo que nadie le regatea porque la realidad es que las mismas son deprimentes, aunque ello no justifica la forma en que muchos tribunales se manejan en los casos que les llegan.
Todo el mundo sabe o por lo menos constitucionalmente está establecido que los jueces son garantes fundamentales de la justicia y la paz social, ya que su principal papel es administrar justicia mediante la solución de conflictos de manera imparcial, aunque este concepto luce ser una utopía.
Los jueces se supone que actúan como puente mediador entre las leyes y los ciudadanos, asegurando la equidad, el respeto a las garantías constitucionales y la estabilidad del Estado de Derecho, ya que en la sociedad contemporánea el ejercicio de la judicatura abarca funciones esenciales que van más allá de simplemente aplicar la ley escrita, sobre todo en una época en que el derecho ha entrado en un profundo proceso de constitucionalización.
Sin embargo, cuando el sistema de justicia no cumple con su rol, entonces llega la distorsión que tiene que ver con la vía de hecho, dado que éste tiene la misión teórica de darle a cada ciudadano lo que le corresponde, a los fines de evitar hacer justicia con sus propias manos y para garantizar una convivencia ordenada.
La justicia también debe velar porque prevalezca el principio de legalidad y de juridicidad para el control del poder, ya que representa un contrapeso vital al supervisar que los actos de los otros órganos del Estado se ajusten a la Constitución y al bien común, pero todo ello requiere, además, que los jueces, juezas y demás actores de la judicatura nacional también ajusten sus actuaciones a los deberes que les impone la ley sustantiva de la nación y las normas por las que se rige el Poder Judicial.
Análisis Noticiosos
Es imperdonable que Subero Isa haya mal asesorado al presidente de la República.
Por José Cabral
Cuando el Congreso Nacional aprobó en violación de la Constitución la promulgada Ley 13-26 que persigue anular las candidaturas independientes, muchos confiamos en la amplia formación y la vocación democrática del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien ahora se desempeña como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.
Siempre pensé que lo mínimo que podía sugerirle Subero Isa a Luis Abinader era no promulgar esa pretendida ley y en su lugar recomendar observarla por constituir una violación muy grave a la Constitución de la República y a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el jefe de Estado prometió cumplir cuando se juramentó en el cargo.
Pero aun después de la promulgación en una conversación con el promotor de la acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Alberto Fiallo, éste decía que parece que Subero Isa no había jugado ningún papel en semejante agravio a la democracia y al proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana.
E incluso planteó el amigo Fiallo que Subero Isa no había tenido ninguna participación en semejante disparate jurídico, porque se veía que se trataba de un asunto manejado políticamente desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo cual parece lógico en razón de que fue algo manejado por los cuadros más importantes de la organización oficial.
Sin embargo, luego de ver la recomendación al presidente Abinader de Subero Isa en su condición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo de que no se meta en lo referente al conflicto entre los jueces, juezas y demás personal del Consejo del Poder Judicial, todo indica que de igual modo debió haberlo hecho con la promulgación de la Ley 13—26.
No hay ninguna razón de que Subero Isa no haya intervenido en la decisión del presidente en lo que respecta a la promulgación de la Ley 13-26, máxime cuando el consultor jurídico ya había hecho pública su posición en contra de las candidaturas independientes.
De ser así, Subero Isa ha incurrido en su peor error como hombre público y jurista de una larga trayectoria, porque se trata de una acción antijurídica y que de alguna manera desmiente la creencia que nos hemos creado muchos de que este expresidente de la Suprema Corte de Justicia es un profesional del derecho lo suficientemente acabado y formado para el mejor de los consejos.
Si esta hipótesis es cierta entonces estaríamos ante un gran fiasco, porque no sé si Subero Isa sabe que con lo que podría ser esa asesoría a un hombre como el presidente Abinader, quien no tiene la menor idea de asuntos constitucionales, lo ha sumergido en una grave violación al derecho interno y externo, lo cual perdurará para toda la historia del país.
Sería imperdonable que Subero Isa no entienda la importancia que tiene en la democracia nacional el proceso de constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del 2010 y de la que se deriva la referida figura jurídica y que tampoco digiera el fenómeno que tiene que ver con la defensa y preservación de los derechos fundamentales en la sociedad dominicana, ya que la decisión de Abinader busca arruinar y eliminar el derecho, valores y principios de legalidad, proporcionalidad, pro participación y de dignidad humana.
No es que Subero Isa no tiene el derecho de estar en contra de lo que considere, pero de igual modo se entiende que es totalmente inaceptable que él se ponga en contra de una jurisprudencia que tiene el sustento del mandato de la Constitución.
Considero que la figura de Subero Isa se degrada y queda muy mal parada cuando entra en el juego de la politiquería al recomendar, si fue que así ocurrió, la promulgación de la Ley 13-26, que en buen derecho no es más que un contrasentido jurídico y que no puede tener otro destino que su nulidad.