Análisis Noticiosos
Colombia es el mayor cementerio mundial de defensores de la tierra
Al menos 177 líderes ambientales fueron asesinados en 2022 en todo el mundo, 60 de ellos en el país andino, según Global Witness. Latinoamérica sigue siendo la región más mortífera para los ecologistas y Honduras despunta por la tasa más alta per cápita
Bogotá.-Todos pensaron que debieron irse del Cesar. Que llevaban años recibiendo amenazas y que tarde o temprano pasaría; que matarían a Teófilo Acuña y a Jorge Tafur. El activismo contra el paramilitarismo y los grandes terratenientes de la región les iba a pasar factura. Ellos también lo presentían, pero decidieron quedarse y seguir en el proceso de recuperación de territorio campesino que empezaron a finales de los noventa. El 22 de febrero de 2022, dos sicarios llegaron caminando al municipio de San Martín y los asesinaron a balazos frente a familiares y amigos, tras años en disputas y amenazas con miembros de la Alcaldía. “¿Debieron haber migrado?”, se pregunta una y otra vez Nadia Umaña, compañera de luchas y vocera de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, Colombia. “Creo que las preguntas que nos tenemos que hacer son otras: ¿Dónde estaba el Estado cuando nos amenazaron por defender la tierra? ¿Hasta cuándo vamos a valer más muertos que vivos?”.
Ni los esquemas de seguridad, ni las denuncias, ni el historial de violencia contra los líderes ambientales de Colombia son suficientes para evitar la sangría de homicidios de defensores del territorio. Al menos 60 fueron asesinados en el país andino en 2022, según el último conteo de Global Witness. El país, que duplicó esta cifra de un año para otro, ha enterrado casi dos tercios de los 177 ecologistas muertos en el mundo. “Lo peor de esta escalofriante cifra es que sabemos que representa solo una pequeña gota en un océano de violencia”, lamenta Gabriella Bianchini, investigadora de la Global Witness. “Ellos protegen el territorio de todos, pero nadie los protege a ellos”.
La tendencia asusta. América Latina mantiene el deshonroso título de ser la región más mortífera para los activistas y acumula nueve de cada diez de estas muertes violentas que, desde 2012, suman 1.910 personas. Un activista cada dos días. Protectores de las ciénagas, líderes de comunidades indígenas invadidas, cuidadores de la Amazonía, defensores de los campesinos, voceros afrodescendientes. Elegir proteger el territorio, sea el que sea, es una sentencia de muerte. Umaña y otros cuatro compañeros del Cesar migraron hace más de un año a Bogotá, tras enterrar a cinco miembros de la organización en la última década. “Es injusto tener que decidir entre el desarraigo o la muerte. Los voceros no tenemos que ser mártires. Yo doy mi vida por la lucha campesina, sí, pero quiero morir con 90 años, de vieja. Aporto mucho más a mi comunidad viva”.
Para Lourdes Castro, activista de derechos humanos y coordinadora de Somos defensores, lo que está detrás de estos asesinatos es el interés económico. “Legal o ilegal. A los líderes se les estigmatiza diciéndoles que son enemigos del desarrollo económico. Pero hay que cuestionarse cuál es el desarrollo que estamos apoyando”, dice. Si bien es complejo conocer a ciencia cierta los autores intelectuales -pues son muy pocos los casos que acaban judicializados y menos aún los que cuentan con sentencia-, de acuerdo con las estimaciones de la organización más del 60% de estos crímenes están vinculados con el agronegocio, la minería y la extracción de madera.
“Los activistas molestamos a los poderosos”, defiende Castro. La forma de apagar sus voces es la misma de Sonora, en México, a Tierra del Fuego, en Argentina. Acoso, intimidación, violencia sexual, criminalización y amenazas que se amontonan hasta cumplirse. Muchos no lo denuncian. “¿Para qué?”, se pregunta Sofía Rivas, hermana de Hipólito Rivas, asesinado en Honduras en enero de 2023. “A él lo mataron igualmente, hasta con medidas de protección. Lo que consiguen es que muchos nos veamos forzados a huir. Los que nos quedamos, ya sabemos a qué nos enfrentamos”. Y quienes sí denuncian, lamentan los oídos sordos de las instituciones. “Parece que a los Gobiernos también les interesa mantenernos callados”, explica a América Futura Víctor Vásquez, líder indígena de Simpinula, al sur del país centroamericano, meses después de haber sido denunciado por su propio escolta.
Honduras es el país con mayor tasa de homicidios a activistas per cápita. Con apenas 10 millones de habitantes, perdió 14 líderes en 2022. Más de uno al mes. Aunque Xiomara Castro, la primera presidenta de Honduras, se comprometió a proteger a los defensores, en los cuatro primeros meses del año ya reportaron al menos ocho asesinatos. Para Víctor Fernández, miembro del Bufete de Derechos Humanos Estudios para la Dignidad, las medidas de protección no están ni cerca de ser suficientes: “A estas alturas, la agroindustria ya ha logrado un nivel de relación con la institucionalidad que, además de permitirles la violencia, les garantiza impunidad”.
Comunidades indígenas: un tercio de los asesinados
Brasil perdió 34 líderes, frente a los 26 de 2021. Un aumento que los investigadores achacan a las políticas del entonces presidente Jair Bolsonaro, que favorecieron la explotación de la Amazonia y las invasiones ilegales en territorio indígena. En México, el país con el mayor número de asesinatos en 2021, registró una caída notable, ya que pasó de 54 homicidios en 2021 a 31 en 2022. Sin embargo, los ataques no mortales siguen siendo una constante en el día a día de los defensores y dificultan su trabajo. El miedo no se va.
La investigación, publicada este martes, concluyó que las comunidades indígenas del mundo se enfrentan a un nivel desproporcionado de agresiones con consecuencias mortales, ya que fueron víctimas de más de un tercio (34%) de los asesinatos a líderes, a pesar de que sólo constituyen el 5% de la población mundial. “Los estudios han demostrado una y otra vez que los pueblos indígenas son los mejores custodios de los bosques y, por tanto, son imprescindibles en la mitigación de la crisis climática”, dijo Laura Furones, asesora principal de la campaña de Global Witness, durante la presentación del informe. “Sin embargo, en países como Brasil, Perú y Venezuela los están asediando precisamente por llevar a cabo esa labor […] Las medidas contra la creciente emergencia climática y la defensa de los derechos humanos deben ir a la par”.
La tendencia violenta es una consecuencia de políticas débiles, sin apenas presupuesto y con poca capacidad de reacción. Si bien salvaguardar a los líderes es el corazón del Acuerdo de Escazú, el primer tratado regional sobre derechos humanos y medio ambiente de América Latina y el Caribe, solo 16 países lo han ratificado. Las naciones que no lo han hecho son Brasil, Costa Rica, Dominica, Guatemala, Haití, Jamaica, Paraguay, Perú, y República Dominicana. Colombia fue el último en adherirse tras dos años de atrasos en el Congreso. Este entrará en vigor en unos meses. “El Gobierno de Gustavo Petro ha demostrado voluntad política”, narra Lourdes Castro. “Que reconozca que sí existen violencias contra nosotros es algo histórico. Pero no hay tiempo que perder para implementar políticas nacionales que lo materialicen”. Este pacto incluye una para mayor transparencia para acceder a la información, justicia ambiental y mejor protección de líderes.
Hasta ahora, los mecanismos varían en función de cada país. Estas medidas suelen incluir patrullas semanales o quincenales, llamadas de monitoreo o esquemas de seguridad individuales o colectivos permanentes. Sin embargo, la demanda supera los recursos. O los requisitos para recibir los esquemas de seguridad dejan por fuera a cientos. En Colombia, según datos oficiales, hay 5.038 líderes y defensores de derechos humanos con medidas de protección concedidas. En Brasil son 506. En Honduras estos datos no son públicos. “Las medidas de protección no suelen ser suficientes y muchos de los liderazgos no califican para beneficiarse de ellas”, lamenta Bianchini.
La Amazonía, en jaque
Si hay un lugar del globo amenazado por grupos armados es la Amazonía. Este es uno de los puntos calientes de la violencia contra los defensores. En estas 6,9 millones de hectáreas, uno de los rincones más biodiversos del mundo, murieron 39 ambientalistas en 2022. El desenlace de estos crímenes suelen ser idénticos: un puñado de organismos internacionales que condenan lo sucedido, Gobiernos locales y nacionales que se comprometen a tomar medidas, una comunidad en luto y condenas que casi nunca llegan. Según los expertos, la impunidad de los crímenes fomenta nuevas agresiones.
En junio de 2022, hubo un caso que dio la vuelta al mundo. El asesinato del periodista británico de The Guardian Dom Phillips, de 57 años, y Bruno Pereira, de 41, experto en pueblos indígenas. Fueron asesinados brutalmente mientras recorrían territorio indígena en la región amazónica de Brasil. “Tuvo la repercusión que tuvo porque uno de ellos era europeo. No está mal que fuera mundialmente conocido, pero los asesinatos de otros activistas que también están en primera línea no llegan a ese alcance”, dice Bianchini. Desde 2014 se ha asesinado a, por lo menos, 296 personas defensoras en la Amazonía. “El papel de la prensa y de la sociedad civil es fundamental para que los asesinatos no se conviertan en números”, agrega.
“Mataron a dos ambientalistas y a mis dos maestros”
En la sabana del Cesar crece la flor del cañaguate. La mayoría del tiempo pasa desapercibida como un palo seco y sin gracia. Y solo cuando transcurre un tiempo sin llover es que florece como una enorme campanilla amarilla. En época de lluvias, usa todos los nutrientes del agua para echar raíces y expandirse.
La organización de campesinos a la que pertenece Umaña es, dice, el cañaguate. “Teo [Acuña] y [Jorge] Tafur fueron el agua que permitía que las raíces se ramificaran y llegaran a más rincones”. Para la joven activista de 35 años, la muerte de ambos defensores traspasa lo político. “Lo que soy, lo que pienso y cómo veo la vida. Todo es gracias a ellos y a los demás compañeros. Mataron a dos voceros y a mis dos maestros. Pero las raíces del cañaguate están echadas”.
elpais.com
Por Nelson Valdez
Hay momentos en que el cansancio de un pueblo se vuelve ira y la ira se desplaza como inteligencia. Es cuando dejamos de preguntarnos quién está preparado para gobernar y empezamos a pensar contra quién votar.
República Dominicana está en uno de esos momentos.
El fenómeno de Santiago Matías (Alofoke) no es solo el ascenso de un comunicador o empresario digital; es la manifestación sociológica de un electorado cansado de los partidos tradicionales, de promesas envejecidas y discursos vacíos. La política tradicional generó esta desconfianza. Primero buscamos al empresario, luego al outsider y ahora podemos estar buscando al espectáculo.
Pero el fracaso de la política tradicional no convierte automáticamente en estadista a quien triunfa en el entretenimiento.
El algoritmo premia la indignación, la controversia y la velocidad. El Estado funciona al revés: la inflación no baja por un video viral, la deuda no se administra con carisma ni la salud mejora por tener seguidores. Las redes premian la reacción; el Estado cobra la improvisación.
La antipolítica seduce diciendo: «Ellos te fallaron, nosotros somos distintos». ¿Pero distintos en qué? ¿Con qué equipo, programa o conocimiento de la administración pública? Gobernar es la parte aburrida de la política, pero es la única que importa cuando se apagan las cámaras.
El riesgo es convertir la decepción en un «voto de castigo»: «Como todos me fallaron, votaré por quien más daño les haga». Eso no es transformación, es desahogo. El voto es un instrumento demasiado poderoso para entregárselo a la ira.
Detrás de este fenómeno hay ciudadanos hartos que deben ser escuchados, pero la indignación debe ser el comienzo de una pregunta, no el final del razonamiento: ¿Qué propone? ¿Con quién? ¿Cómo?
No se trata de elegir entre política tradicional y espectáculo, sino de recuperar el criterio: no venerar al famoso por serlo ni condenar al político por serlo.
Antes nos engañaron con la promesa del cambio; ahora podrían seducirnos con la del castigo. La rabia es un pésimo combustible para gobernar. La próxima elección exige pensar.
#republicadominicana🇩🇴 #santiagomatias #alofoke @pr1ncematias
https://www.instagram.com/p/DcRz3lRCZhz/?igsh=MXMyMnF6ZGp5Mm56NA==
Por Nelson Valdez
Hay en la sociología del espectáculo un afán dañino por confundir la celebridad con el estadismo, un deslumbramiento de mercado que pretende equiparar el ruido mediático con la solvencia del pensamiento. La política no es un plato de televisión ni un debate de utilería donde la estridencia sustituye a la doctrina. Pretender que la conducción de un Estado pueda entregarse al primer charlatán con micrófono es confundir el circo con el templo, la muchedumbre enfervorizada con el ciudadano consciente.
El resentimiento hacia la clase política es comprensible; el desgaste de las siglas tradicionales y la fatiga ante los discursos gastados son heridas abiertas en la sociedad. Sin embargo, el hastío no puede convertirse en pasaje hacia el abismo. La figura de Leonel Fernández, con todas las contradicciones que la historia pueda atribuirle, pertenece al ámbito de la formación intelectual, del manejo de la diplomacia y de la comprensión profunda de las instituciones. Medirlo en el mismo rasero que a la cultura de la chabacanería y el algoritmo no solo es un desatino conceptual, sino un insulto a la inteligencia colectiva.
La búsqueda de un cambio no se resuelve dinamitando la casa para librarse de las goteras. Entregar la responsabilidad de una nación a la frivolidad del espectáculo no es renovación: es un suicidio asistido por el aplauso fácil. El verdadero liderazgo exige lectura, sobriedad y sentido de la historia; lo demás es pura escenografía para un público distraído que confunde la pantalla con la patria.
Caracas.- Norellys Marrero dejó un ejemplar del libro Vida, de Paulo Coelho, en la mesa de noche de su hija Liz el día antes de abandonar Los Ángeles. Viajaba de vuelta a Venezuela luego de vivir tres años con ella y esperar la respuesta de una solicitud de asilo que le fue negada. “Te lo dejo aquí para que nunca te olvides de que, pase lo que pase, uno nunca puede perder la esperanza de vivir hasta el final”, le dijo. Dos meses después, Norellys murió junto a su otra hija y su nuero en La Guaira, durante el doblete sísmico del 24 de junio en Venezuela.
Pero, a diferencia de otras historias, Liz vivió la tragedia por videollamada. Estaba a punto de ir a dar clases a la academia de baile donde trabaja desde hace 11 años cuando su mejor amigo —que también es artista y vive en Turquía— la llamó para decirle que había habido un terremoto catastrófico y que llamara a su familia. “Aparecieron todos, excepto mi núcleo familiar. Y ahí, cuando yo veo que todo el mundo contesta, que todo el mundo escribe y no escucho a los míos y llamo, llamo, llamo… ahí yo, automáticamente, ya sabía”, dice Liz.
La bailarina contactó desde Los Ángeles a motorizados en La Guaira para que fueran a ver el estado del edificio; también a su canosa tía Maribel, que perdió carro y casa pero se fue a participar en las labores de rescate, e incluso le mostraron las manos del cadáver de su hermana para que las reconociera. “¿Pero para qué iba a reconocer unas manos? Quería ver el cuerpo completo de mi hermana, que apareció debajo de su esposo. Yo creo que ellos quedaron vivos y con la fuerza que les quedaba empujaron a su hijo para que pudiera salir, porque los encontraron impulsando los brazos hacia arriba y Samuel estaba encima de ellos”, describe Liz.
Sus sobrinos sobrevivieron. Sebastián, de 16 años, estaba en la playa de Macuto celebrando la fiesta de San Juan y vio cómo todo se desplomaba a su paso. Samuel, de 11, quedó atrapado junto a su familia, y un turista lo rescató 24 horas después tras ver cómo su cabeza sobresalía entre los escombros. Ahora Samuel tiene cuatro fracturas y una parálisis facial. “Está en el hospital, todavía muy delicado. No habla, no puede mover la cara, tiene que hacer terapia de lenguaje, terapia ocupacional, y lo atienden entre fisioterapeutas, neurocirujanos e intensivistas. Lo acompaña una enfermera las 24 horas, y no se le puede dar de alta porque, cuando lo intentaron, convulsionó”, explica Liz.
Fue ella quien organizó cómo decirle a su otro sobrino que sus padres habían muerto. De nuevo, por videollamada: “Contacté a un psiquiatra y fue mi sobrino con toda la familia a su consultorio. El abuelo le dio a Sebastián la noticia y ese fue el momento más difícil de mi vida: ver a Sebastián tirándose al piso y gritando, a través de la pantalla. Porque ese dolor también lo tengo yo, yo también perdí a mi mamá en el mismo momento que él”, recuerda Liz.
Desde entonces, sus sobrinos están bajo la custodia de su abuelo paterno, mientras Liz ha organizado una campaña en GoFundMe a beneficio de su futuro como beisbolistas profesionales, carrera de la que sueña ser manager. “Gracias a la danza he reunido más de 70 mil dólares en un mes. Ya tengo 13 ciudades confirmadas donde se van a hacer talleres de danza para donar a los niños. También en la ciudad hacen un festival que se llama Next Fest LA y, gracias a las redes, vieron lo que estoy haciendo y me llamaron para patrocinar un escenario a beneficio de mi familia”, explica.
Los vecinos al rescate de supervivientes
El caso de Crismar Chacín es similar. Su vida transcurre en Los Ángeles desde 2021, cuando consiguió una beca para The American Academy of Dramatic Arts. Desde entonces, no ha vuelto a La Guaira. Su papá se suicidó hace cuatro años, cuando ya Crismar vivía en el extranjero, y su hermano Cristian, de 19 años, murió atrapado en uno de los edificios que se derrumbó en Los Corales el día del terremoto.
“Hija, hubo un terremoto”, le dijo su mamá a través de una llamada mientras Crismar estaba en una biblioteca. “La primera persona que me contó fue mi mamá, que estaba en Caribe y me llamó para decirme que todo se había venido abajo. La llamada duró menos de cinco minutos y sentí que se estaba acabando el mundo. La escuché cuando logró llegar al edificio, gritar por Cristian y que no respondiera”, recuerda.
Al edificio no llegaron rescatistas hasta el día siguiente y, en ese momento, estaban priorizando el rescate solamente donde se escuchara vida: “Eran vecinos a mano limpia tratando de salvar gente. Mi tío se lanzó una travesía desde Catia La Mar hacia Los Corales porque la policía había dado la orden de que no se metieran a los edificios, y mi tío dijo que él sí iba a meterse. Así encontraron a Cristian y a otros vecinos el viernes 26 de junio”, explica.
Crismar estaba con su mamá en la llamada cuando identificaron a su hermano. “A pesar de estar en la distancia, algo me dijo que intentara llamarla a ver si entraba la señal, y fue justo en el momento en el que lo identificaron por su tatuaje”, dice. Sin embargo, ahí no lo pudieron extraer y tuvieron que echarle cal al cuerpo para preservarlo. “El piso tres quedó en planta baja y todo el peso del edificio estaba encima de nuestros familiares. Así que no fue posible sacarlos sin la ayuda correcta, que llegó cuatro días después gracias a los topos mexicanos”, explica.
Por eso Liz destaca el sentido de comunidad que ha vivido gracias a este momento: “Pasó lo peor en La Guaira, y la única razón por la que mis sobrinos están vivos es porque en ese momento había comunidad. El único que te puede salvar cuando no hay luz, no hay agua, no hay internet, es el que te quiere”, dice.
Crismar enfrenta una larga espera por la legalización de su estatus en Estados Unidos, lo que le impide salir del país para estar con su mamá, que ahora se quedó sola. “Lo peor ha sido estar pegada al teléfono hablando con mi mamá y sentirme completamente inútil porque no puedo ni ir para allá ni traérmela, porque ya los venezolanos venimos con ciertas limitaciones. No es la primera pérdida que vivo lejos después de haberme ido de Venezuela, y tampoco es la primera vez que no puedo ir y abrazar inmediatamente a mi mamá”, dice.
Liz, en cambio, está esperando una residencia permanente en Estados Unidos y el trámite no le permite salir del país. “Pero olvídate. En el momento en que se resuelva lo de mi green card, que debe ser en un par de meses, estaré volando a Venezuela a ver a mis sobrinos”, dice.
Liz Marrero y Crismar Chacín son ejemplo de los nueve millones de venezolanos que emigraron masivamente entre 2014 y 2024 debido a la crisis humanitaria compleja que vive el país. Ambas están tratando de entender cómo avanzar legalmente para estar más cerca de los suyos. “Tengo que validar ante Estados Unidos y Venezuela que soy una persona trabajadora de bien, que hace impacto en la comunidad, que siempre ha sido generosa, profesional y súper exitosa. Pero es muy difícil, porque uno tiene que lidiar con sus sentimientos y, a la vez, tienes que lidiar con trámites legales y frenar un poco el corazón”, dice Liz.
Ambas se hacen preguntas que las ayuden a aliviar la pena, pero las respuestas no llegan tan fácilmente. Crismar lo resume así: “No sé por qué a los venezolanos nos está tocando esto y es un sentimiento muy específico e indescriptible el que tú estés buscando un mejor futuro y trabajando por tu familia afuera pero no puedes estar ahí cuando estas cosas pasan”. Liz, por su parte, lo deja a la fe: “¿Por qué nos pasan estas cosas? Ya yo me molesté con Dios y lo perdoné. Ahora tengo que seguir”.
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