Análisis Noticiosos
Colombia es el mayor cementerio mundial de defensores de la tierra
Al menos 177 líderes ambientales fueron asesinados en 2022 en todo el mundo, 60 de ellos en el país andino, según Global Witness. Latinoamérica sigue siendo la región más mortífera para los ecologistas y Honduras despunta por la tasa más alta per cápita
Bogotá.-Todos pensaron que debieron irse del Cesar. Que llevaban años recibiendo amenazas y que tarde o temprano pasaría; que matarían a Teófilo Acuña y a Jorge Tafur. El activismo contra el paramilitarismo y los grandes terratenientes de la región les iba a pasar factura. Ellos también lo presentían, pero decidieron quedarse y seguir en el proceso de recuperación de territorio campesino que empezaron a finales de los noventa. El 22 de febrero de 2022, dos sicarios llegaron caminando al municipio de San Martín y los asesinaron a balazos frente a familiares y amigos, tras años en disputas y amenazas con miembros de la Alcaldía. “¿Debieron haber migrado?”, se pregunta una y otra vez Nadia Umaña, compañera de luchas y vocera de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, Colombia. “Creo que las preguntas que nos tenemos que hacer son otras: ¿Dónde estaba el Estado cuando nos amenazaron por defender la tierra? ¿Hasta cuándo vamos a valer más muertos que vivos?”.
Ni los esquemas de seguridad, ni las denuncias, ni el historial de violencia contra los líderes ambientales de Colombia son suficientes para evitar la sangría de homicidios de defensores del territorio. Al menos 60 fueron asesinados en el país andino en 2022, según el último conteo de Global Witness. El país, que duplicó esta cifra de un año para otro, ha enterrado casi dos tercios de los 177 ecologistas muertos en el mundo. “Lo peor de esta escalofriante cifra es que sabemos que representa solo una pequeña gota en un océano de violencia”, lamenta Gabriella Bianchini, investigadora de la Global Witness. “Ellos protegen el territorio de todos, pero nadie los protege a ellos”.
La tendencia asusta. América Latina mantiene el deshonroso título de ser la región más mortífera para los activistas y acumula nueve de cada diez de estas muertes violentas que, desde 2012, suman 1.910 personas. Un activista cada dos días. Protectores de las ciénagas, líderes de comunidades indígenas invadidas, cuidadores de la Amazonía, defensores de los campesinos, voceros afrodescendientes. Elegir proteger el territorio, sea el que sea, es una sentencia de muerte. Umaña y otros cuatro compañeros del Cesar migraron hace más de un año a Bogotá, tras enterrar a cinco miembros de la organización en la última década. “Es injusto tener que decidir entre el desarraigo o la muerte. Los voceros no tenemos que ser mártires. Yo doy mi vida por la lucha campesina, sí, pero quiero morir con 90 años, de vieja. Aporto mucho más a mi comunidad viva”.
Para Lourdes Castro, activista de derechos humanos y coordinadora de Somos defensores, lo que está detrás de estos asesinatos es el interés económico. “Legal o ilegal. A los líderes se les estigmatiza diciéndoles que son enemigos del desarrollo económico. Pero hay que cuestionarse cuál es el desarrollo que estamos apoyando”, dice. Si bien es complejo conocer a ciencia cierta los autores intelectuales -pues son muy pocos los casos que acaban judicializados y menos aún los que cuentan con sentencia-, de acuerdo con las estimaciones de la organización más del 60% de estos crímenes están vinculados con el agronegocio, la minería y la extracción de madera.
“Los activistas molestamos a los poderosos”, defiende Castro. La forma de apagar sus voces es la misma de Sonora, en México, a Tierra del Fuego, en Argentina. Acoso, intimidación, violencia sexual, criminalización y amenazas que se amontonan hasta cumplirse. Muchos no lo denuncian. “¿Para qué?”, se pregunta Sofía Rivas, hermana de Hipólito Rivas, asesinado en Honduras en enero de 2023. “A él lo mataron igualmente, hasta con medidas de protección. Lo que consiguen es que muchos nos veamos forzados a huir. Los que nos quedamos, ya sabemos a qué nos enfrentamos”. Y quienes sí denuncian, lamentan los oídos sordos de las instituciones. “Parece que a los Gobiernos también les interesa mantenernos callados”, explica a América Futura Víctor Vásquez, líder indígena de Simpinula, al sur del país centroamericano, meses después de haber sido denunciado por su propio escolta.
Honduras es el país con mayor tasa de homicidios a activistas per cápita. Con apenas 10 millones de habitantes, perdió 14 líderes en 2022. Más de uno al mes. Aunque Xiomara Castro, la primera presidenta de Honduras, se comprometió a proteger a los defensores, en los cuatro primeros meses del año ya reportaron al menos ocho asesinatos. Para Víctor Fernández, miembro del Bufete de Derechos Humanos Estudios para la Dignidad, las medidas de protección no están ni cerca de ser suficientes: “A estas alturas, la agroindustria ya ha logrado un nivel de relación con la institucionalidad que, además de permitirles la violencia, les garantiza impunidad”.
Comunidades indígenas: un tercio de los asesinados
Brasil perdió 34 líderes, frente a los 26 de 2021. Un aumento que los investigadores achacan a las políticas del entonces presidente Jair Bolsonaro, que favorecieron la explotación de la Amazonia y las invasiones ilegales en territorio indígena. En México, el país con el mayor número de asesinatos en 2021, registró una caída notable, ya que pasó de 54 homicidios en 2021 a 31 en 2022. Sin embargo, los ataques no mortales siguen siendo una constante en el día a día de los defensores y dificultan su trabajo. El miedo no se va.
La investigación, publicada este martes, concluyó que las comunidades indígenas del mundo se enfrentan a un nivel desproporcionado de agresiones con consecuencias mortales, ya que fueron víctimas de más de un tercio (34%) de los asesinatos a líderes, a pesar de que sólo constituyen el 5% de la población mundial. “Los estudios han demostrado una y otra vez que los pueblos indígenas son los mejores custodios de los bosques y, por tanto, son imprescindibles en la mitigación de la crisis climática”, dijo Laura Furones, asesora principal de la campaña de Global Witness, durante la presentación del informe. “Sin embargo, en países como Brasil, Perú y Venezuela los están asediando precisamente por llevar a cabo esa labor […] Las medidas contra la creciente emergencia climática y la defensa de los derechos humanos deben ir a la par”.
La tendencia violenta es una consecuencia de políticas débiles, sin apenas presupuesto y con poca capacidad de reacción. Si bien salvaguardar a los líderes es el corazón del Acuerdo de Escazú, el primer tratado regional sobre derechos humanos y medio ambiente de América Latina y el Caribe, solo 16 países lo han ratificado. Las naciones que no lo han hecho son Brasil, Costa Rica, Dominica, Guatemala, Haití, Jamaica, Paraguay, Perú, y República Dominicana. Colombia fue el último en adherirse tras dos años de atrasos en el Congreso. Este entrará en vigor en unos meses. “El Gobierno de Gustavo Petro ha demostrado voluntad política”, narra Lourdes Castro. “Que reconozca que sí existen violencias contra nosotros es algo histórico. Pero no hay tiempo que perder para implementar políticas nacionales que lo materialicen”. Este pacto incluye una para mayor transparencia para acceder a la información, justicia ambiental y mejor protección de líderes.
Hasta ahora, los mecanismos varían en función de cada país. Estas medidas suelen incluir patrullas semanales o quincenales, llamadas de monitoreo o esquemas de seguridad individuales o colectivos permanentes. Sin embargo, la demanda supera los recursos. O los requisitos para recibir los esquemas de seguridad dejan por fuera a cientos. En Colombia, según datos oficiales, hay 5.038 líderes y defensores de derechos humanos con medidas de protección concedidas. En Brasil son 506. En Honduras estos datos no son públicos. “Las medidas de protección no suelen ser suficientes y muchos de los liderazgos no califican para beneficiarse de ellas”, lamenta Bianchini.
La Amazonía, en jaque
Si hay un lugar del globo amenazado por grupos armados es la Amazonía. Este es uno de los puntos calientes de la violencia contra los defensores. En estas 6,9 millones de hectáreas, uno de los rincones más biodiversos del mundo, murieron 39 ambientalistas en 2022. El desenlace de estos crímenes suelen ser idénticos: un puñado de organismos internacionales que condenan lo sucedido, Gobiernos locales y nacionales que se comprometen a tomar medidas, una comunidad en luto y condenas que casi nunca llegan. Según los expertos, la impunidad de los crímenes fomenta nuevas agresiones.
En junio de 2022, hubo un caso que dio la vuelta al mundo. El asesinato del periodista británico de The Guardian Dom Phillips, de 57 años, y Bruno Pereira, de 41, experto en pueblos indígenas. Fueron asesinados brutalmente mientras recorrían territorio indígena en la región amazónica de Brasil. “Tuvo la repercusión que tuvo porque uno de ellos era europeo. No está mal que fuera mundialmente conocido, pero los asesinatos de otros activistas que también están en primera línea no llegan a ese alcance”, dice Bianchini. Desde 2014 se ha asesinado a, por lo menos, 296 personas defensoras en la Amazonía. “El papel de la prensa y de la sociedad civil es fundamental para que los asesinatos no se conviertan en números”, agrega.
“Mataron a dos ambientalistas y a mis dos maestros”
En la sabana del Cesar crece la flor del cañaguate. La mayoría del tiempo pasa desapercibida como un palo seco y sin gracia. Y solo cuando transcurre un tiempo sin llover es que florece como una enorme campanilla amarilla. En época de lluvias, usa todos los nutrientes del agua para echar raíces y expandirse.
La organización de campesinos a la que pertenece Umaña es, dice, el cañaguate. “Teo [Acuña] y [Jorge] Tafur fueron el agua que permitía que las raíces se ramificaran y llegaran a más rincones”. Para la joven activista de 35 años, la muerte de ambos defensores traspasa lo político. “Lo que soy, lo que pienso y cómo veo la vida. Todo es gracias a ellos y a los demás compañeros. Mataron a dos voceros y a mis dos maestros. Pero las raíces del cañaguate están echadas”.
elpais.com
Por José Cabral
La elección presidencial en los países latinoamericanos envía un mensaje preocupante, el cual consiste en que mientras más vínculos con el bajo mundo se tenga, mayores son las posibilidades de salir triunfante.
Este meta mensaje lo hemos vivido en Colombia, Honduras, Perú, Panamá y ahora en Brasil, lo cual quiere decir que para ser un buen candidato presidencial hay que tener vínculos con el bajo mundo, porque parece que la conducta ética no es apreciada por el votante latinoamericano.
Flavio Bonsonaro es buen ejemplo de la tendencia en este sentido, quien en las elecciones celebradas este domingo 4 de octubre en Brasil ha logrado quedar en primer lugar con una votación que llega casi al 50 por ciento.
Sin embargo, será el próximo 25 del presente mes cuando se celebre la segunda vuelta de los referidos comicios, en los que una serie de pequeños partidos han obtenido algo más del siete por ciento de la votación general, lo que de alguna manera representa lo que podría darle el triunfo a Bolsonaro, un hombre de derecha e imputado de una serie de irregularidades,
En Brasil se ha repetido la misma historia de otros lugares de Latinoamérica, donde el apoyo de Donald Trump a gente vinculada al bajo mundo logran imponerse en las elecciones presidenciales.
Este cuadro plantea si lo que ocurre en Latinoamérica significa que la lucha en contra del crimen transnacional carece de sinceridad y que se valora más al que anda en ese mundo que al hombre serio.
Son muchos los discursos en contra del crimen transnacional, pero todo parece indicar que esa narrativa no luce que sea sincera.
En consecuencia, me parece que el real mensaje que se envía es que meterse al lavado de activo y negocios ilícitos es la mejor vía para hacer política.
El triunfo de Bolsonaro y de otros elegidos en Latinoamérica no deja dudas de que el bajo mundo ha ganado la batalla e incluso entre los que dicen combatirlo.
Parece que no tiene sentido escoger el camino de la ética en la política, porque si bien hay quienes dicen combatir el problema del no respeto de la ley, pero en la práctica hacen todo lo contrario y el votante al final de la jornada también se inclina por esta tendencia.
Todo anda al revés de como lo plantea gente que busca cambios profundos en los países latinoamericanos, donde la ética parece importar muy poco.
Les hablo desde la responsabilidad ciudadana, no desde la trinchera partidaria. Les hablo porque la democracia dominicana atraviesa un umbral peligroso y pretender que todo sigue igual es una irresponsabilidad histórica.Análisis Noticiosos
La República Dominicana entre las estadísticas y la realidad de la delincuencia en el pais.
Las cifras oficiales presentan una supuesta tendencia descendente en los homicidios durante 2026, pero los robos, los hechos violentos de alto impacto y el temor ciudadano son el pan de cada día.
Por la redacción
La delincuencia sigue ocupando un espacio central en la conversación pública dominicana, pese a que las estadísticas oficiales hablan de avances en algunos indicadores, especialmente en la reducción de los homicidios, pero los hechos y la percepción de inseguridad continúa presente en la mayoria de la población.
Al 11 de septiembre de 2026, la Fuerza de Tarea Conjunta reportó una tasa acumulada de 7.41 homicidios por cada 100,000 habitantes, inferior a los registros de 2025, 2024, 2023 y 2022. Además, pero lo que se se observa no parece corresponderse con esas estadisticas.
Ese dato muestra una aparente tendencia favorable en materia de violencia homicida. Sin embargo, por sí solo no permite concluir que la inseguridad haya dejado de ser un problema de primer orden en la preocupacion de la gente.
En el reporte correspondiente al corte del 31 de agosto, las autoridades contabilizaron 4,402 robos, junto con 91 homicidios y 183 personas heridas. Esto evidencia que la criminalidad no puede analizarse únicamente a través de las muertes violentas.
Una cosa es la estadística y otra la experiencia cotidiana
El ciudadano no mide la seguridad solamente por la tasa nacional de homicidios.
La mide cuando sale de su casa, cuando utiliza su teléfono en la calle, cuando deja un vehículo estacionado, cuando abre un negocio o cuando un familiar regresa tarde de trabajar.
Por eso, puede existir una aparente reducción de algunos delitos y, al mismo tiempo, mantenerse una percepción elevada de inseguridad.
El problema se vuelve aún más visible cuando ocurren hechos violentos de gran repercusión mediática. Casos de homicidios, atracos, ataques dentro de viviendas o enfrentamientos armados generan un impacto social que va más allá de las estadísticas.
En septiembre, por ejemplo, la Policía ha informado sobre varios operativos vinculados a robos, atracos y homicidios, incluyendo casos en Boca Chica y Santo Domingo Norte.
Los robos siguen siendo parte importante del problema
Uno de los puntos que merece mayor atención es el comportamiento de los delitos contra la propiedad.
En apenas una semana, con corte al 4 de septiembre, el reporte policial registró 563 robos.
Aunque ese número necesita ser interpretado dentro del total nacional y comparado con períodos equivalentes, refleja que miles de ciudadanos continúan enfrentándose a situaciones relacionadas con sustracción de bienes, atracos y otros delitos patrimoniales.
Las propias autoridades han informado que, durante el primer semestre de 2026, los robos mostraban una reducción interanual de alrededor de 27 % frente a igual período de 2025.
La conclusión, por tanto, no es que los robos estén aumentando necesariamente, sino que siguen siendo numerosos y visibles, aun dentro de una tendencia oficial de esgrimir una narrativa de reducción del fenómeno..
El reto no es solo detener, sino prevenir
Otro elemento central del debate es la estrategia de seguridad.
La Policía ha intensificado patrullajes, operativos, allanamientos y ejecución de órdenes de arresto. A junio de 2026, las autoridades reportaban más de 1.7 millones de acciones preventivas, 3,220 órdenes de arresto ejecutadas y 845 allanamientos.
Pero una política de seguridad pública sostenible necesita ir más allá de la reacción policial.
Debe incluir prevención comunitaria, inteligencia criminal, control de armas ilegales, investigación de redes delictivas, persecución financiera del crimen organizado y fortalecimiento de la justicia.
También requiere atender factores sociales que, sin ser una causa automática de la delincuencia, pueden crear contextos de mayor vulnerabilidad: abandono escolar, falta de oportunidades laborales, consumo problemático de drogas, violencia familiar y presencia de estructuras criminales en determinados sectores.
La confianza ciudadana es parte de la seguridad
Existe otro desafío menos visible: la confianza en las instituciones.
Cuando una víctima no denuncia porque considera que “no vale la pena”, cuando teme represalias o cuando piensa que el expediente no avanzará, el sistema de seguridad pierde información esencial.
La lucha contra la delincuencia también depende de que el ciudadano confíe en la Policía, el Ministerio Público y los tribunales.
Una investigación bien realizada, un proceso judicial transparente y una sanción conforme al debido proceso pueden tener un efecto preventivo tan importante como el patrullaje.
Una realidad con dos caras
Los datos actuales permiten identificar una realidad compleja.
Por un lado, la tasa de homicidios presenta una tendencia supuestamente descendente: pasó de niveles superiores a 13 por cada 100,000 habitantes en 2022 a alrededor de 7.4 en septiembre de 2026, según las estadísticas oficiales, pero en la práctica no parece ser esa la realidad.
Por otro, los robos, los delitos violentos de alto impacto y la constante difusión de hechos criminales mantienen viva la preocupación social.
La cuestion es que eso explica por qué puede existir una diferencia entre lo que muestran las cifras y lo que siente la gente.
El desafío: que la mejoría estadística llegue a las calles
La verdadera prueba para cualquier política de seguridad no será únicamente reducir una tasa.
Será conseguir que esa reducción se traduzca en una experiencia cotidiana diferente.
Que el comerciante pueda cerrar su negocio con menos temor.
Que una persona pueda caminar por su comunidad sin sentirse permanentemente vulnerable.
Que una familia pueda confiar en que, si ocurre un delito, habrá una investigación seria y una respuesta institucional.
La República Dominicana muestra, de acuerdo a los informes oficiales, supuestos avances en algunos indicadores, particularmente en homicidios, pero el desafío de la seguridad ciudadana continúa siendo mucho más amplio: reducir el delito, fortalecer la justicia y lograr que la población también perciba esa mejoría en su vida diaria.