Opinión
Colombia y los diálogos de paz
Por Narciso Isa Conde
1.– A partir de los diálogos de paz, el modelo de dominación clasista, el sistema político y las características de las instituciones del Estado colombiano, todavía no han sufrido cambios significativos.
El gobierno de Santos no ha variado sustancialmente. Es el mismo en esencia, aunque se ha visto forzado (y/o entiende conveniente a los intereses del presidente y su clan), modular su proceder: mostrarse favorable a la paz, aceptar en los hechos a la insurgencia- especialmente a las FARC y al ELN- como fuerzas beligerantes. Eso puede ser pasajero, o podría afirmarse como un dato más perdurable dentro de una nueva realidad.
El gobierno hegemonizado por todo lo que representa el Presidente Santos, ha adoptado un tono y un estilo diferente al de Uribe; sobretodo después de constatar la imposibilidad de sofocar la insurgencia popular (armada y sin armar) por la vía militar. Y de apreciar las dificultades para reelegirse sin por lo menos hacer una apuesta temporal a la paz y luego de ponderar los obstáculos para expandir el modelo minero-energético en medio de una guerra en ascenso.
Lo que si ha cambiado es la correlación de fuerza.
Las FARC-EP no han retrocedido militarmente y si han crecido políticamente. Su rostro propositivo tiene mucho mas poder de atracción.
Sus articulaciones políticas y sociales con la diversidad del campo popular y las fuerzas alternativas es cada vez mayor.
Su sintonía con el potente sentimiento de pro-paz, presente en gran parte de la sociedad colombiana, ha crecido en gran escala acompañada de una mayor conciencia colectiva sobre las causas sociales y políticas del conflicto armado y sobre la pertinencia de la propuesta de una paz digna, impregnada de justicia social, participación democrática y recuperación de la soberanía.
La agenda de la mesa en La Habana –contrario a lo que quiso inicialmente impedir el gobierno de Santos y toda la derecha- se ha convertido en una agenda nacional, de la cual se ha apoderado un gran abanico de autores y sujetos sociales que tienden a convertirse en un torrente político-social transformador con gran capacidad de movilización y convocatoria. Ejemplo de esto ha sido el surgimiento del Movimiento Político-social Marcha Patriótica y su confluencia con otros movimientos alternativos incorporados a la RUTA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES, entre ellos los Congresos de los Pueblos, las Mingas Campesinas y otros agrupamientos relacionados con el campo agropecuario, la minería y los pueblos originarios.
Esta coyuntura no es radicalmente distinta a la del inicio de los diálogos de paz, pero ha sufrido variaciones significativas en dirección a la perspectiva de la disputa por el poder a mediano plazo y al reordenamiento del cuadro político en favor de la transición democrática.
También ha cambiado en relación con los niveles de indignación y movilización social politizada, ahora expresada en el formidable paro nacional agropecuario, minero, estudiantil y del transporte que tiene en vilo al gobierno luego de que las movilizaciones pro-paz incorporaran más de un millón de personas de todas las edades.
Además, Colombia ha salido definitivamente del hueco informativo que facilitaba a sus opresores deformar su realidad, así como de un cierto estancamiento político; pasando ahora a ser escenario de un proceso con una dinámica ascendente en dirección a la conquista de cambios democráticos, parecidos a los registrados en los países punteros de la cuarta oleada transformadora continental.
En ese orden la firmeza de la insurgencia y su extraordinaria persistencia, hasta catapultarse como fuerza insoslayable del tránsito hacia la verdadera democracia y la justicia social, ha sido fundamental.
2.– En realidad lo que ha dividido a las derechas colombianas no es fundamentalmente la oportunista iniciativa de diálogo de Santos, ni tampoco la tozudez de Uribe –aunque eso influye y así en parte se expresa la contradicción en el seno del poder- sino el extraordinario sentimiento popular a favor de la paz, unido al enorme descrédito de la guerra sucia y del terrorismo de Estado.
Gravitan mucho también en estos resultados las peculiaridades de ambas facciones; una de ellas (la uribista) indisolublemente vinculadas al negocio de la guerra, a las narco-mafias y al para-militarismo; y la otra (la de Santos) a la gran burguesía tradicional y transnacional (mafiosa y tramposa también pero con métodos más sofisticados), y a sus planes de acumulación a través de la actividad minero-energética
En casos así, en plena disputa entre las derechas y entre éstas y las izquierdas alternativas, con el imperialismo detrás y al asecho, sería aventurado afirmar que las rupturas entre los de arriba sería irreversible, como también afirmar que es simplemente coyuntural.
Lo coyuntural tiene mucho que ver con el propósito táctico de la reelección de Santos, que en caso de ser lograda podría provocar un descenso de su tono pro- paz; pero sin que por ello quede superado el tema del modelo de expansión, ni los desafíos que plantea el auge de una gran confluencia alternativa en el plano político.
Debe contemplarse, además, que ante reales perspectivas de un cambio político que proclame reformas profundas, pueda darse una re-compactación de las derechas hoy divididas.
3- Surgen siempre inquietudes sobre el impacto del fallecimiento del comandante Chávez en ese país vecino. En general Chávez era un referente estimulante de un cambio político-social de bastante profundidad en Venezuela y mas allá de sus fronteras, aunque la política de Estado y los intereses coyunturales de la diplomacia en el caso de Colombia lo llevaron, por periodo y momentos, a trazar políticas de coexistencia y de colaboración interestatal no favorable al avance de las fuerzas revolucionarias vecinas.
Su mejor momento fue cuando defendió el reconocimiento de las FARC-EP y el ELN como fuerzas beligerantes, el canje humanitario de de prisioneros y la línea crítica-confrontativa a la gestión de Uribe, que incluía la facción de Santos en su condición de ministro de guerra. Su peor, a raíz de los apresamientos y extradición a Colombia del periodista revolucionario de Joaquín Pérez Becerra y el apresamiento ilegal del canta-autor de las FARC Julián Conrado, con sus negativas derivaciones.
Ahora con su ausencia habrá que ver en que dirección marchan los cambios internos en Venezuela, en un periodo en que me parece imperioso combinar la defensa del proceso acosado por las derechas y el imperialismo con la profundización del mismo; entendiendo la profundización no solo como des-burocratización, aceleración de la socialización y mayor protagonismo popular, sino también como rescate del internacionalismo revolucionario y sus consecuencias prácticas. Todas esas cosas todavía pendientes y/o estancadas o a ritmo lento
4-Esos factores, junto a otros como el golpe fascistoide en Honduras, los avances de la derecha en Costa Rica y Chile, la derechización de Humala, la Alianza del Pacífico, el reforzamiento de la presencia militar y la restructuración de las fuerzas estratégicas de EEUU en el continente, son componentes relevantes de una persistente contraofensiva imperialista.
A nuestro entender ese contra-ataque amerita ser atacado, profundizando y extendiendo los cambios en dirección a mas soberanía, más anti-imperalismo, más democracia social, mas participación y construcción de poder popular… en un mayor número de países en la región y en aquellos que ya emprendieron esa ruta.
5- Esta interrogante ustedes la pueden responder con más propiedad que yo.
Pero de todas maneras no puedo dejar de decirles que en esa decisión del gobierno del PT, como en su intervención militar en Haití, junto a EEUU, percibo la impronta de un nuevo imperialismo que no tiene reparos en pactar y/o confluir -desde su particularidad- con la estrategia de EEUU, cuando tal paso facilita su expansión.
6- En la necesidad de arrancar de raíz las causas del conflicto social armado: las enormes desigualdades sociales, las represiones brutales y el modelo despótico, las políticas de empobrecimiento, la falta de soberanía y autodeterminación, la ingerencia militar de EEUU y sus fuerzas mercenarias, el latifundio, el saqueo minero-energético, las políticas neoliberales… En pocas palabras: la paz por una nueva Colombia, profunda y extensamente democrática, la paz con soberanía, sin bases militares gringas, sin pactos con la OTAN, sin militarismo “Made en USA”.
7- El problema no es el tiempo que se tomen los acuerdos, sino la profundidad y calidad de los mismos, para que haya vuelta atrás; siempre habrá de costar tiempo, trabajo, voluntad e inteligencia desmontar una guerra que ha durado más de medio siglo. Una paz calimocha sería fatal y falsa.
Un acuerdo que no se base en la superación de las raíces del conflicto social armado, no pasaría de ser una nueva frustración.
Observando los diálogos, es claro que los que piden celeridad, confundiendo paz con rendición, son precisamente los que dilatan las soluciones de fondo y se resisten al cese al fuego, demandando desarme unilateral.
No faltan los que aspiran a un acuerdo que haga las veces de trofeo electoral para garantizar una continuidad maquillada que le permita seguir la ruta de las injusticias sociales, la dependencia, el saqueo, la antidemocracia y la destrucción del país. Todo para salvar al gran capital. Esa paz conduciría de nuevo a los cementerios.
8–A la cooperación interestatal desde la óptica de la nueva independencia continental, hay que sumarle la unidad de pueblos, de los/as trabajadores/as, campesinos, jóvenes, indígenas, mujeres, movimientos sociales contestatarios, partidos y agrupaciones revolucionarias, democráticas, antiimperialistas, anticapitalistas, socialistas, comunistas…
El Movimiento Continental Bolivariano-MCB apunta en esa dirección: hacia el incorporación de los/as de abajo, de las fuerzas del trabajo y la cultura, de la diversidad anti-neoliberal, antiimperialista, anticapitalista… para hacer mas eficaz la lucha contra el capitalismo neoliberal y por las transiciones revolucionarias.
Hay que forjar nuevas vanguardias y articular las vanguardias revolucionarias de las diferentes países, al tiempo de auspiciar políticas de alianzas más amplias, pero con claras perspectivas alternativas frente al orden dominante y precisas propuestas transformadoras.
9-Creo en la necesidad de una nueva Internacional Anticapitalista, que a su vez forme parte de otros sistemas de alianzas antineoliberales y antiimperialistas. La presente decadencia del capitalismo, su insalvable multi-crisis, así lo exige. No hay de otra, si queremos sobrevivir y renunciamos al miedo a ser definitivamente felices.
Me parece que el XV Congreso PCB apuntó bien en ese sentido. Esto -repito- es algo imperioso, dado la presente declinación de la civilización capitalista y el carácter altamente destructivo del imperialismo actual.
La humanidad no se merece la destrucción en marcha que impone el capitalismo senil de estos tiempos.
Y si nos ponemos de acuerdo en que las grandes crisis generan grandes transformaciones, estamos ante una oportunidad sin precedente para emprender las nuevas revoluciones camino a un comunismo digno del siglo XVI y de las experiencias vividas.
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!