Opinión
Colombia y los diálogos de paz
Por Narciso Isa Conde
1.– A partir de los diálogos de paz, el modelo de dominación clasista, el sistema político y las características de las instituciones del Estado colombiano, todavía no han sufrido cambios significativos.
El gobierno de Santos no ha variado sustancialmente. Es el mismo en esencia, aunque se ha visto forzado (y/o entiende conveniente a los intereses del presidente y su clan), modular su proceder: mostrarse favorable a la paz, aceptar en los hechos a la insurgencia- especialmente a las FARC y al ELN- como fuerzas beligerantes. Eso puede ser pasajero, o podría afirmarse como un dato más perdurable dentro de una nueva realidad.
El gobierno hegemonizado por todo lo que representa el Presidente Santos, ha adoptado un tono y un estilo diferente al de Uribe; sobretodo después de constatar la imposibilidad de sofocar la insurgencia popular (armada y sin armar) por la vía militar. Y de apreciar las dificultades para reelegirse sin por lo menos hacer una apuesta temporal a la paz y luego de ponderar los obstáculos para expandir el modelo minero-energético en medio de una guerra en ascenso.
Lo que si ha cambiado es la correlación de fuerza.
Las FARC-EP no han retrocedido militarmente y si han crecido políticamente. Su rostro propositivo tiene mucho mas poder de atracción.
Sus articulaciones políticas y sociales con la diversidad del campo popular y las fuerzas alternativas es cada vez mayor.
Su sintonía con el potente sentimiento de pro-paz, presente en gran parte de la sociedad colombiana, ha crecido en gran escala acompañada de una mayor conciencia colectiva sobre las causas sociales y políticas del conflicto armado y sobre la pertinencia de la propuesta de una paz digna, impregnada de justicia social, participación democrática y recuperación de la soberanía.
La agenda de la mesa en La Habana –contrario a lo que quiso inicialmente impedir el gobierno de Santos y toda la derecha- se ha convertido en una agenda nacional, de la cual se ha apoderado un gran abanico de autores y sujetos sociales que tienden a convertirse en un torrente político-social transformador con gran capacidad de movilización y convocatoria. Ejemplo de esto ha sido el surgimiento del Movimiento Político-social Marcha Patriótica y su confluencia con otros movimientos alternativos incorporados a la RUTA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES, entre ellos los Congresos de los Pueblos, las Mingas Campesinas y otros agrupamientos relacionados con el campo agropecuario, la minería y los pueblos originarios.
Esta coyuntura no es radicalmente distinta a la del inicio de los diálogos de paz, pero ha sufrido variaciones significativas en dirección a la perspectiva de la disputa por el poder a mediano plazo y al reordenamiento del cuadro político en favor de la transición democrática.
También ha cambiado en relación con los niveles de indignación y movilización social politizada, ahora expresada en el formidable paro nacional agropecuario, minero, estudiantil y del transporte que tiene en vilo al gobierno luego de que las movilizaciones pro-paz incorporaran más de un millón de personas de todas las edades.
Además, Colombia ha salido definitivamente del hueco informativo que facilitaba a sus opresores deformar su realidad, así como de un cierto estancamiento político; pasando ahora a ser escenario de un proceso con una dinámica ascendente en dirección a la conquista de cambios democráticos, parecidos a los registrados en los países punteros de la cuarta oleada transformadora continental.
En ese orden la firmeza de la insurgencia y su extraordinaria persistencia, hasta catapultarse como fuerza insoslayable del tránsito hacia la verdadera democracia y la justicia social, ha sido fundamental.
2.– En realidad lo que ha dividido a las derechas colombianas no es fundamentalmente la oportunista iniciativa de diálogo de Santos, ni tampoco la tozudez de Uribe –aunque eso influye y así en parte se expresa la contradicción en el seno del poder- sino el extraordinario sentimiento popular a favor de la paz, unido al enorme descrédito de la guerra sucia y del terrorismo de Estado.
Gravitan mucho también en estos resultados las peculiaridades de ambas facciones; una de ellas (la uribista) indisolublemente vinculadas al negocio de la guerra, a las narco-mafias y al para-militarismo; y la otra (la de Santos) a la gran burguesía tradicional y transnacional (mafiosa y tramposa también pero con métodos más sofisticados), y a sus planes de acumulación a través de la actividad minero-energética
En casos así, en plena disputa entre las derechas y entre éstas y las izquierdas alternativas, con el imperialismo detrás y al asecho, sería aventurado afirmar que las rupturas entre los de arriba sería irreversible, como también afirmar que es simplemente coyuntural.
Lo coyuntural tiene mucho que ver con el propósito táctico de la reelección de Santos, que en caso de ser lograda podría provocar un descenso de su tono pro- paz; pero sin que por ello quede superado el tema del modelo de expansión, ni los desafíos que plantea el auge de una gran confluencia alternativa en el plano político.
Debe contemplarse, además, que ante reales perspectivas de un cambio político que proclame reformas profundas, pueda darse una re-compactación de las derechas hoy divididas.
3- Surgen siempre inquietudes sobre el impacto del fallecimiento del comandante Chávez en ese país vecino. En general Chávez era un referente estimulante de un cambio político-social de bastante profundidad en Venezuela y mas allá de sus fronteras, aunque la política de Estado y los intereses coyunturales de la diplomacia en el caso de Colombia lo llevaron, por periodo y momentos, a trazar políticas de coexistencia y de colaboración interestatal no favorable al avance de las fuerzas revolucionarias vecinas.
Su mejor momento fue cuando defendió el reconocimiento de las FARC-EP y el ELN como fuerzas beligerantes, el canje humanitario de de prisioneros y la línea crítica-confrontativa a la gestión de Uribe, que incluía la facción de Santos en su condición de ministro de guerra. Su peor, a raíz de los apresamientos y extradición a Colombia del periodista revolucionario de Joaquín Pérez Becerra y el apresamiento ilegal del canta-autor de las FARC Julián Conrado, con sus negativas derivaciones.
Ahora con su ausencia habrá que ver en que dirección marchan los cambios internos en Venezuela, en un periodo en que me parece imperioso combinar la defensa del proceso acosado por las derechas y el imperialismo con la profundización del mismo; entendiendo la profundización no solo como des-burocratización, aceleración de la socialización y mayor protagonismo popular, sino también como rescate del internacionalismo revolucionario y sus consecuencias prácticas. Todas esas cosas todavía pendientes y/o estancadas o a ritmo lento
4-Esos factores, junto a otros como el golpe fascistoide en Honduras, los avances de la derecha en Costa Rica y Chile, la derechización de Humala, la Alianza del Pacífico, el reforzamiento de la presencia militar y la restructuración de las fuerzas estratégicas de EEUU en el continente, son componentes relevantes de una persistente contraofensiva imperialista.
A nuestro entender ese contra-ataque amerita ser atacado, profundizando y extendiendo los cambios en dirección a mas soberanía, más anti-imperalismo, más democracia social, mas participación y construcción de poder popular… en un mayor número de países en la región y en aquellos que ya emprendieron esa ruta.
5- Esta interrogante ustedes la pueden responder con más propiedad que yo.
Pero de todas maneras no puedo dejar de decirles que en esa decisión del gobierno del PT, como en su intervención militar en Haití, junto a EEUU, percibo la impronta de un nuevo imperialismo que no tiene reparos en pactar y/o confluir -desde su particularidad- con la estrategia de EEUU, cuando tal paso facilita su expansión.
6- En la necesidad de arrancar de raíz las causas del conflicto social armado: las enormes desigualdades sociales, las represiones brutales y el modelo despótico, las políticas de empobrecimiento, la falta de soberanía y autodeterminación, la ingerencia militar de EEUU y sus fuerzas mercenarias, el latifundio, el saqueo minero-energético, las políticas neoliberales… En pocas palabras: la paz por una nueva Colombia, profunda y extensamente democrática, la paz con soberanía, sin bases militares gringas, sin pactos con la OTAN, sin militarismo “Made en USA”.
7- El problema no es el tiempo que se tomen los acuerdos, sino la profundidad y calidad de los mismos, para que haya vuelta atrás; siempre habrá de costar tiempo, trabajo, voluntad e inteligencia desmontar una guerra que ha durado más de medio siglo. Una paz calimocha sería fatal y falsa.
Un acuerdo que no se base en la superación de las raíces del conflicto social armado, no pasaría de ser una nueva frustración.
Observando los diálogos, es claro que los que piden celeridad, confundiendo paz con rendición, son precisamente los que dilatan las soluciones de fondo y se resisten al cese al fuego, demandando desarme unilateral.
No faltan los que aspiran a un acuerdo que haga las veces de trofeo electoral para garantizar una continuidad maquillada que le permita seguir la ruta de las injusticias sociales, la dependencia, el saqueo, la antidemocracia y la destrucción del país. Todo para salvar al gran capital. Esa paz conduciría de nuevo a los cementerios.
8–A la cooperación interestatal desde la óptica de la nueva independencia continental, hay que sumarle la unidad de pueblos, de los/as trabajadores/as, campesinos, jóvenes, indígenas, mujeres, movimientos sociales contestatarios, partidos y agrupaciones revolucionarias, democráticas, antiimperialistas, anticapitalistas, socialistas, comunistas…
El Movimiento Continental Bolivariano-MCB apunta en esa dirección: hacia el incorporación de los/as de abajo, de las fuerzas del trabajo y la cultura, de la diversidad anti-neoliberal, antiimperialista, anticapitalista… para hacer mas eficaz la lucha contra el capitalismo neoliberal y por las transiciones revolucionarias.
Hay que forjar nuevas vanguardias y articular las vanguardias revolucionarias de las diferentes países, al tiempo de auspiciar políticas de alianzas más amplias, pero con claras perspectivas alternativas frente al orden dominante y precisas propuestas transformadoras.
9-Creo en la necesidad de una nueva Internacional Anticapitalista, que a su vez forme parte de otros sistemas de alianzas antineoliberales y antiimperialistas. La presente decadencia del capitalismo, su insalvable multi-crisis, así lo exige. No hay de otra, si queremos sobrevivir y renunciamos al miedo a ser definitivamente felices.
Me parece que el XV Congreso PCB apuntó bien en ese sentido. Esto -repito- es algo imperioso, dado la presente declinación de la civilización capitalista y el carácter altamente destructivo del imperialismo actual.
La humanidad no se merece la destrucción en marcha que impone el capitalismo senil de estos tiempos.
Y si nos ponemos de acuerdo en que las grandes crisis generan grandes transformaciones, estamos ante una oportunidad sin precedente para emprender las nuevas revoluciones camino a un comunismo digno del siglo XVI y de las experiencias vividas.
(I)
Por Oscar López Reyes
Desde 1950, tres años a posteriori de su creación -1947- la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos comenzó a instrumentalizar a periodistas para manipular y moldear a la opinión pública mundial, en una abominable labor de zapa, en el cenit geopolítico de la Guerra Fría entre dos superpotencias imperiales. Su proyecto primigenio, y el más escalofriante, ha sido la encubierta Operación Mockingbird, mediante la cual se ocultaron y tergiversaron informaciones para influir a favor de los designios norteamericanos, y desde 2019 ejecuta a gran escala una campaña de reclutamiento para difundir noticias y entretenimiento en redes sociales y plataformas streaming.
En estos 78 años, la CIA ha invertido miles de millones de dólares en el enlistamiento de periodistas anti-éticos y anti-democráticos y en infiltración en medios de comunicación para divulgar programas propagandísticos, engendrando el descrédito y la desconfianza ciudadana, así como la animadversión de adversarios en guerras.
La operación Mockingbird, que inicialmente consistió en escuchas telefónicas periodísticas sin orden judicial, fue llevada a cabo por la CIA para identificar fuentes de filtraciones de datos de alta inteligencia. Principió grabando conversaciones privadas de Hanson Baldwin, reportero de seguridad nacional del New York Times, entre el 12 de marzo y el 15 de junio de 1963, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Las grabaciones fueron por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Jhon F. Kennedy, luego que se incomodara por un reportaje de primera plana publicado por Baldwin (ganador del Premio Pulitzer en 1943 por su cobertura de la Segunda Guerra Mundial) en la edición del 26 de julio de 1962 del New York Times en el que, amparado en una información clasificada, revelaba el número de misiles nucleares en el arsenal estadounidense. A su vez, comparaba esos depósitos atómicos de Estados Unidos con los de la Unión Soviética, y el afán de esta última superpotencia por resguardar sus emplazamientos de misiles balísticos intercontinentales.
A seguidas, la CIA también intervino los teléfonos residenciales de los columnistas Robert S. Allen y Paul Scott (The Allen-Scott Report, publicada en unos 300 periódicos), tras estos dar a conocer secretos clasificados de Estados Unidos. Más adelante, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se incorporó a las averiguaciones y vigilancia para detectar quienes desde los organismos de inteligencia estaban infiltrando informaciones a la prensa. También produjo la intercepción telefónica a la periodista de Newsweek, Lloyd Nornam, y el secretario de Estado Dean Rusk presionó para que CBS News no difundiera un reportaje del periodista Daniel Schorr sobre el espectacular escape de ciudadanos de Alemania Oriental a través de un túnel bajo el Muro de Berlín.
Por intermedio del proyecto Mockingbird -según variadas fuentes- para divulgar propaganda proestadounidense y truquear a la opinión pública contra la influencia comunista, aceptaron ser asalariados de la CIA cientos de periodistas de The New York Times, The Washington Post, Newsweek, ABC, CBS, NBC, la revista Time, Louisville Courier Jounal, Copley News Service, la agencia internacional Reuters y otros medios de América Latina, Europa y otras regiones.
Los objetivos bien definidos de la contratación a sueldo de la red de periodistas, publicaciones, televisoras y emisoras tengo que segmentarlos en siete:
1.- Difundir relatos preescritos por la CIA, para tratar de cambiar la percepción global sobre situaciones y personas, siempre favorables a Estados Unidos.
2.- Controlar la política editorial de medios comunicativos, a través de altos ejecutivos y editores, en una novedosa interacción subrepticia gobierno-prensa.
3.- Ocultar informaciones perjudiciales o desfavorables a Estados Unidos, en una intromisión estatal sin precedentes.
4.- Inclinar la balanza para conveniencia estratégica de Estados Unidos en coberturas informativas, artículos de opinión, editoriales y otros géneros periodísticos.
5.- Contrarrestar la propaganda e influencia de la Unión Soviética, con mecanismos sofisticados de persuasión pública.
6.- Suministrar datos de inteligencia, en una típica tarea de espionaje.
7.- Detectar a agentes o empleados de organismos de inteligencia que confidencialmente suministraban informaciones a periodistas.
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El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano y autor exclusivo del libro “La Ética en el Periodismo. Los cinco factores que interactúan en la deontología profesional”.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD
Por Rommel Santos Díaz
A diferencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto es el resultado de varios años de debates y de la Conferencia de Plenipotenciarios, los tribunales Ad –Hoc para la Ex Yugoslavia y Ruanda son la expresión de una respuesta a dos situaciones específicas caracterizadas por la comisión de atrocidades en el territorio de estos países.
Fue precisamente la gravedad de las circunstancias lo que obligó al Consejo de Seguridad a ejercer las atribuciones que le confiere el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para crear las jurisdicciones penales Ad – Hoc para la Ex Yugoslavia ( Resolución 827 de 1993) y para Ruanda (Resolución 955 de 1994)
En estos casos, ambos tribunales tienen virtualmente estatutos idénticos y también compartieron algunas instituciones comunes, como por ejemplo el Fiscal, dado que a partir del 15 de septiembre del 2003, el Consejo de Seguridad designo a Hassan Bubacar Jallow como Fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
La Fiscal Carla Del Ponte ejerce su competencia exclusivamente en relación al Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Las características comunes entre ambos tribunales han tenido como consecuencia, al menos en el ámbito teórico, la economía y uniformidad en el ámbito fiscal hasta el año 2003 así como en el desarrollo de una línea jurisprudencial sólida y constante en el análisis de sus respectivos casos.
De esta forma la creación de dichos tribunales Ad-Hoc constituye un desarrollo sin precedentes a favor de la implementación de las normas sobre derechos humanos que a su vez ha favorecido una dinámica positiva en el proceso de creación de un sistema de justicia penal internacional que se concreta casi una década después con el inicio de las funciones de la Corte Penal Internacional.
Por su lado el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad en virtud de las cuales son considerados como órganos judiciales subsidiarios del mismo.
Se ha establecido que aun cuando fueron creados por el Consejo de Seguridad, el cual no es un órgano judicial, esto no afecta la validez del acto jurídico de creación puesto que ambos son el reflejo del ejercicio del mandato del principal órgano de las Naciones Unidas para mantener la seguridad y la paz internacional.
Esta línea de razonamiento concuerda con la establecida por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre los efectos de las compensaciones concedidas por el tribunal administrativo de las Naciones Unidas de 1954.
Por tanto, mientras la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son órganos judiciales subsidiarios del Consejo de Seguridad Conforme al Artículo 2 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional mantiene relaciones de cooperación con el sistema de de las Naciones Unidas, pero ello no afecta su independencia con respecto a dicha organización internacional.