Opinión
Comentando el artículo «la iglesia de otro tiempo» de mons. Ramón Alfredo de la Cruz Baldera
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Ese hecho, motivado por la pésima gestión de un príncipe comprometido con la alta corrupción y el conservadurismo católico, fue totalmente obviado por Mons. Alfredo Cruz, Obispo de San Francisco de Macorís, cuando procura diferenciar al episcopado actual del que encabezó López Rodríguez con la asistencia técnica de Agripino Núñez Collado.
Todo cambia, y en algo las entidades se tornan diferentes en épocas y periodos distintos. Pero hay valores, idearios, compromisos y convicciones que deben trascender esas variaciones epocales.
Más aún. si la clase dominante-gobernante y el sistema político, económico y social imperante siguen al servicio a los intereses del gran capital y de las serviles élites de la oligarquía local y la partidocracia pervertida.
Este es el caso de esta sociedad.
Cierto que «la historia reciente de la Iglesia en la República Dominicana exige una lectura atenta, crítica y equilibrada», pero esa necesidad tiene poco que ver con la exaltación y justificación del rol desempeñado en la historia reciente por figuras como el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez y monseñor Agripino Núñez Collado.
Ninguno de los dos se destacó por el voto de pobreza, ni por una mediación imparcial.
Tampoco optaron por un país soberano, una democracia real y la superación de las brutales desigualdades sociales y las mafias políticas, militares y empresariales.
En Nuestra América hemos contado con obispos cuestionadores radicales del capitalismo y del imperialismo, como monseñor Ruiz, obispo de Chiapa en México, Monseñor Pedro Casaldavia en Brasil, Monseñor Romero en El Salvador y otros de similar estirpe pastoral.
Pero López Rodríguez no puede erigirse en referente de virtudes y pastor de almas, menos aún se debe justificar su rol sacerdotal, apelando al contexto político de entonces, del que se derivan más razones para actuar de otra manera.
EL PASADO SE RECICLA CON NUEVAS VARIANTES Y NUEVAS CIRCUNSTANCIAS
No es accidental que todavía ellos dos sean modelos de Monseñor Benito Ángeles y del Arzobispo Ozoria, y uno de ellos protector del nuevo Obispo Manuel Ruiz, a pesar de los pesares.
Tampoco es accidental que un obispo capellán del ejército promueva abiertamente y con total impunidad que EEUU y otras potencias imperialistas agredan militarmente a la Venezuela bolivariana y se atreva además a justificar la invasión militar del Caribe y del Pacífico para amenazar naciones con gobiernos soberanos.
Esto agrede la inteligencia y la sensibilidad humana de nuestro pueblo y de la propia feligresía católica, sacerdotes y monjas que abrazan la opción por los pobres, o que asumen la teología de la liberación, incluidos algunos obispos que se inclinan con discreción por esa actitud o que abrazan abiertamente la Encíclica Ecológica de Papa Francisco y admiran su papado.
Como afirma el propio Obispo Alfredo de la Cruz, en la gestión del Papa Francisco se «comenzó a purificar sus estilos, orientándose hacia modelos de cercanía, sencillez, escucha y moderación en el uso de los bienes«, dejando huellas que han impactado sectores de la iglesia, sobre todo en el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra para preservar la vida de la humanidad y del planeta.
LA DIVERSIDAD DEFICITARIA DEL EPISCOPADO
Yo sé que no todos los integrantes de la Conferencia Episcopal Dominicana piensan y actúan igual.
Es evidente que ahora es algo más variada su composición, más diversa, pero no lo suficiente; mucho menos lo necesariamente critica del inhumano poder establecido aquí y en la gran órbita internacional del genocida, decadente y brutalmente opresor sistema imperialista.
Todo indica que esa diversidad del episcopado, no tiene en su seno ni la profundidad, ni la fuerza necesaria para, como entidad colectiva, ir a las raíces de los graves problemas que afectan esta sociedad y su inserción en este mundo capitalista afectado por la peor crisis de su historia; lo que lo aleja de identificar causas y soluciones.
Es preocupante que casos como los de los obispos Manuel Ruiz, Santiago Rodríguez, Ozoria y Benito Ángeles, no hayan producido las reacciones eclesiales que merecen; para que, en lugar de transparentar sus cuestionables conductas, hayan sido beneficiados con el predominio del silencio; lo que hace suponer la hegemonía de lo conservador.
Es buenoque monseñor de la Cruz informeque, en la actualidad, los obispos, en su gran mayoría, no se identifican «con aquellas figuras principescas, sino como servidores del Pueblo de Dios, y que su misión se fundamenta en la humildad evangélica, la misericordia pastoral y la autoridad que brota de caminar con el pueblo, no de situarse por encima de él.»
Eso, en limitada medida, podría facilitar una renovación de la Iglesia Católica que la libere de la Teología de la Dominación y del acompañamiento institucional de la dominación capitalista-imperialista en su fase neoliberal, fuertemente influida de ultra conservadurismo.
Pero eso no basta, se queda muy corto, atrapado en una burbuja retórica de evangelización abstracta, al evadir la realidad opresora, las negaciones de derechos a mujeres y niños/as y a migrantes semi-esclavizados, las crueles consecuencias de la homofobia, el machismo, el adulto centrismo, y el odio racista contra el pueblo haitiano.
Evade el Concordato trujillista, reproduce en esta época lo esencial de su apego al poder establecido, puesto que no enfrenta las causas de la explotación y exclusión social, el aplastamiento de nuestra soberanía por EEUU, el neofascismo en auge, los genocidios de EEUU e Israel y potencias europeas, a la vez que ignora la denominada guerra global infinita decretada por el PENTÁGONO y la OTAN.
El Estado dominicano, amarrado por EEUU desde la invasión militar de 1965, ha terminado sometido al impacto de la crisis de decadencia de EEUU y del capitalismo imperialista occidental, a sus derivadas neoliberales-privatizadoras y empobrecedoras, a la nefasta intervención encubierta del poder imperialista estadounidense y a la influencia perniciosa de una alta dosis de populismo ultra conservador y su variante neofascista.
Frente a eso no se debe ser indiferente, ni justificar los silencios de alguien que se asuma defensor la justicia.
Cristo y sus apóstoles predicaban, evangelizaban y a la vez luchaban contra el despotismo monárquico y la explotación de siervos y esclavos. ¡Lucharon contra los ricos y en defensa de los pobres y excluidos/as!
Los seguidores de estos tiempos de ese cristianismo, en las iglesias que lo profesan, deberían traducir al presente aquello de «sacar a los fariseos del templo».
El mundo se está transformando: en medio de un duro y promisorio batallar de la humanidad, avanzamos hacia un mundo multipolar, respetuoso de la autodeterminación.
Un mundo pos-neoliberal, en el que el Sur Global se está convirtiendo en una fuerza determinante.
Pero el sistema capitalista-imperialista occidental ha cambiado para peor, con sociedades más injustas, enormes desigualdades, procesos de empobrecimiento y de degradación de sus democracias liberales.
El capitalismo se ha gansterizado en mayor grado en esta fase neoliberal y han surgido nuevas modalidades de fascismo y autoritarismo.
Los privilegios de presidentes y monarcas se han multiplicado y están muy distantes de la modestia y la sencillez.
En ese mundo, la política es un negocio privatizado, dominado por ricachones, por viejos y nuevos ricos, entre los que florecen los burgueses del lavado del dinero sucio, de la narco-economía y la narco-política.
Ejemplos de esas variadas degradaciones son los gobiernos de Trump, Meloni, Macron, Bukele, Noboa, Milei, Boluarte, las invasiones a Haití, la gobernación trumpista de Puerto Rico, el régimen de Abinader y otros tantos más.
Es, por tanto, evidentemente falsa la percepción del obispo franco-macorisano de que en esta época «la democracia se ha robustecido«… y ojalá rectifique a tiempo.
Muchas repúblicas, como la nuestra, son verdaderas seudo-repúblicas y seudo-democracias.
UNA NARRATIVA INSUFICIENTE, DIFUSA Y CONFUSA
En tales circunstancias y a la luz de la «guerra fría» que, al interior de la iglesia, ha desatado la implosión del caso Ozoria y su bochornosa carta de defensa, este texto del obispo Alfredo de la Cruz resulta insuficiente, difuso y confuso, a la vez que obstruye el análisis basado en hechos no debidamente revelados.
La etérea cobertura de un poder espiritual distante de la realidad del país y el mundo, perfila un papel de los obispos sin compromiso social, una evangelización al margen de la crisis que estremece al mundo, a la región, a la isla y al país.
El mismo obvia la temporalidad y los retos que se derivan de ella, al tiempo de justificar un pasado reciente de alianza con poderes espurios y contubernios en hechos indefendibles; alegando un contexto pasado, que lejos de justificarlos, obligaban a rechazarlos.
Ese estilo nuevo y particular, en un periodo distinto, pero no tan distinto como se pinta, no debería ser una prédica religiosa que obvie los graves problemas terrenales de la sociedad.
Tampoco los cambios que se han producido en los últimos años -muchos de ellos para peor- se deben evadir cambiando de «príncipes a servidores» abrazados a un evangelio desconectado de los abusos y saqueos del poder establecido.
No soy de los que les sugiere a las iglesias cristianas fundir el poder con el altar.
La separación debe hacerse ya, en lugar de seguir auspiciando -junto a Abinader, al CONEP y al sistema tradicional de partidos-un estado eclesial-dogmático, reñido con la libertad de creencias y los avances de las ciencias sociales y humanísticas. ¡Pro neo colonial, patriarcal, racista y elitista!
Sugiero sí, que la renuncia a ser «príncipes» y la independencia de las iglesias cristianas respecto al Estado, sirvan para renovarlas respetando las huellas y enseñanzas del Jesucristo revolucionario, enfrentado a las injusticias y crímenes de sus tiempos y asesinado por el Rey Herodes, ahora súper modernizadas y con mejores técnicas y recursos para sobre-explotar, saquear, exterminar pueblos, como acontece actualmente en Palestina, e imponer la post verdad: mentiras y medias verdades a granel.
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!