Opinión
Comentando el artículo «la iglesia de otro tiempo» de mons. Ramón Alfredo de la Cruz Baldera
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Ese hecho, motivado por la pésima gestión de un príncipe comprometido con la alta corrupción y el conservadurismo católico, fue totalmente obviado por Mons. Alfredo Cruz, Obispo de San Francisco de Macorís, cuando procura diferenciar al episcopado actual del que encabezó López Rodríguez con la asistencia técnica de Agripino Núñez Collado.
Todo cambia, y en algo las entidades se tornan diferentes en épocas y periodos distintos. Pero hay valores, idearios, compromisos y convicciones que deben trascender esas variaciones epocales.
Más aún. si la clase dominante-gobernante y el sistema político, económico y social imperante siguen al servicio a los intereses del gran capital y de las serviles élites de la oligarquía local y la partidocracia pervertida.
Este es el caso de esta sociedad.
Cierto que «la historia reciente de la Iglesia en la República Dominicana exige una lectura atenta, crítica y equilibrada», pero esa necesidad tiene poco que ver con la exaltación y justificación del rol desempeñado en la historia reciente por figuras como el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez y monseñor Agripino Núñez Collado.
Ninguno de los dos se destacó por el voto de pobreza, ni por una mediación imparcial.
Tampoco optaron por un país soberano, una democracia real y la superación de las brutales desigualdades sociales y las mafias políticas, militares y empresariales.
En Nuestra América hemos contado con obispos cuestionadores radicales del capitalismo y del imperialismo, como monseñor Ruiz, obispo de Chiapa en México, Monseñor Pedro Casaldavia en Brasil, Monseñor Romero en El Salvador y otros de similar estirpe pastoral.
Pero López Rodríguez no puede erigirse en referente de virtudes y pastor de almas, menos aún se debe justificar su rol sacerdotal, apelando al contexto político de entonces, del que se derivan más razones para actuar de otra manera.
EL PASADO SE RECICLA CON NUEVAS VARIANTES Y NUEVAS CIRCUNSTANCIAS
No es accidental que todavía ellos dos sean modelos de Monseñor Benito Ángeles y del Arzobispo Ozoria, y uno de ellos protector del nuevo Obispo Manuel Ruiz, a pesar de los pesares.
Tampoco es accidental que un obispo capellán del ejército promueva abiertamente y con total impunidad que EEUU y otras potencias imperialistas agredan militarmente a la Venezuela bolivariana y se atreva además a justificar la invasión militar del Caribe y del Pacífico para amenazar naciones con gobiernos soberanos.
Esto agrede la inteligencia y la sensibilidad humana de nuestro pueblo y de la propia feligresía católica, sacerdotes y monjas que abrazan la opción por los pobres, o que asumen la teología de la liberación, incluidos algunos obispos que se inclinan con discreción por esa actitud o que abrazan abiertamente la Encíclica Ecológica de Papa Francisco y admiran su papado.
Como afirma el propio Obispo Alfredo de la Cruz, en la gestión del Papa Francisco se «comenzó a purificar sus estilos, orientándose hacia modelos de cercanía, sencillez, escucha y moderación en el uso de los bienes«, dejando huellas que han impactado sectores de la iglesia, sobre todo en el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra para preservar la vida de la humanidad y del planeta.
LA DIVERSIDAD DEFICITARIA DEL EPISCOPADO
Yo sé que no todos los integrantes de la Conferencia Episcopal Dominicana piensan y actúan igual.
Es evidente que ahora es algo más variada su composición, más diversa, pero no lo suficiente; mucho menos lo necesariamente critica del inhumano poder establecido aquí y en la gran órbita internacional del genocida, decadente y brutalmente opresor sistema imperialista.
Todo indica que esa diversidad del episcopado, no tiene en su seno ni la profundidad, ni la fuerza necesaria para, como entidad colectiva, ir a las raíces de los graves problemas que afectan esta sociedad y su inserción en este mundo capitalista afectado por la peor crisis de su historia; lo que lo aleja de identificar causas y soluciones.
Es preocupante que casos como los de los obispos Manuel Ruiz, Santiago Rodríguez, Ozoria y Benito Ángeles, no hayan producido las reacciones eclesiales que merecen; para que, en lugar de transparentar sus cuestionables conductas, hayan sido beneficiados con el predominio del silencio; lo que hace suponer la hegemonía de lo conservador.
Es buenoque monseñor de la Cruz informeque, en la actualidad, los obispos, en su gran mayoría, no se identifican «con aquellas figuras principescas, sino como servidores del Pueblo de Dios, y que su misión se fundamenta en la humildad evangélica, la misericordia pastoral y la autoridad que brota de caminar con el pueblo, no de situarse por encima de él.»
Eso, en limitada medida, podría facilitar una renovación de la Iglesia Católica que la libere de la Teología de la Dominación y del acompañamiento institucional de la dominación capitalista-imperialista en su fase neoliberal, fuertemente influida de ultra conservadurismo.
Pero eso no basta, se queda muy corto, atrapado en una burbuja retórica de evangelización abstracta, al evadir la realidad opresora, las negaciones de derechos a mujeres y niños/as y a migrantes semi-esclavizados, las crueles consecuencias de la homofobia, el machismo, el adulto centrismo, y el odio racista contra el pueblo haitiano.
Evade el Concordato trujillista, reproduce en esta época lo esencial de su apego al poder establecido, puesto que no enfrenta las causas de la explotación y exclusión social, el aplastamiento de nuestra soberanía por EEUU, el neofascismo en auge, los genocidios de EEUU e Israel y potencias europeas, a la vez que ignora la denominada guerra global infinita decretada por el PENTÁGONO y la OTAN.
El Estado dominicano, amarrado por EEUU desde la invasión militar de 1965, ha terminado sometido al impacto de la crisis de decadencia de EEUU y del capitalismo imperialista occidental, a sus derivadas neoliberales-privatizadoras y empobrecedoras, a la nefasta intervención encubierta del poder imperialista estadounidense y a la influencia perniciosa de una alta dosis de populismo ultra conservador y su variante neofascista.
Frente a eso no se debe ser indiferente, ni justificar los silencios de alguien que se asuma defensor la justicia.
Cristo y sus apóstoles predicaban, evangelizaban y a la vez luchaban contra el despotismo monárquico y la explotación de siervos y esclavos. ¡Lucharon contra los ricos y en defensa de los pobres y excluidos/as!
Los seguidores de estos tiempos de ese cristianismo, en las iglesias que lo profesan, deberían traducir al presente aquello de «sacar a los fariseos del templo».
El mundo se está transformando: en medio de un duro y promisorio batallar de la humanidad, avanzamos hacia un mundo multipolar, respetuoso de la autodeterminación.
Un mundo pos-neoliberal, en el que el Sur Global se está convirtiendo en una fuerza determinante.
Pero el sistema capitalista-imperialista occidental ha cambiado para peor, con sociedades más injustas, enormes desigualdades, procesos de empobrecimiento y de degradación de sus democracias liberales.
El capitalismo se ha gansterizado en mayor grado en esta fase neoliberal y han surgido nuevas modalidades de fascismo y autoritarismo.
Los privilegios de presidentes y monarcas se han multiplicado y están muy distantes de la modestia y la sencillez.
En ese mundo, la política es un negocio privatizado, dominado por ricachones, por viejos y nuevos ricos, entre los que florecen los burgueses del lavado del dinero sucio, de la narco-economía y la narco-política.
Ejemplos de esas variadas degradaciones son los gobiernos de Trump, Meloni, Macron, Bukele, Noboa, Milei, Boluarte, las invasiones a Haití, la gobernación trumpista de Puerto Rico, el régimen de Abinader y otros tantos más.
Es, por tanto, evidentemente falsa la percepción del obispo franco-macorisano de que en esta época «la democracia se ha robustecido«… y ojalá rectifique a tiempo.
Muchas repúblicas, como la nuestra, son verdaderas seudo-repúblicas y seudo-democracias.
UNA NARRATIVA INSUFICIENTE, DIFUSA Y CONFUSA
En tales circunstancias y a la luz de la «guerra fría» que, al interior de la iglesia, ha desatado la implosión del caso Ozoria y su bochornosa carta de defensa, este texto del obispo Alfredo de la Cruz resulta insuficiente, difuso y confuso, a la vez que obstruye el análisis basado en hechos no debidamente revelados.
La etérea cobertura de un poder espiritual distante de la realidad del país y el mundo, perfila un papel de los obispos sin compromiso social, una evangelización al margen de la crisis que estremece al mundo, a la región, a la isla y al país.
El mismo obvia la temporalidad y los retos que se derivan de ella, al tiempo de justificar un pasado reciente de alianza con poderes espurios y contubernios en hechos indefendibles; alegando un contexto pasado, que lejos de justificarlos, obligaban a rechazarlos.
Ese estilo nuevo y particular, en un periodo distinto, pero no tan distinto como se pinta, no debería ser una prédica religiosa que obvie los graves problemas terrenales de la sociedad.
Tampoco los cambios que se han producido en los últimos años -muchos de ellos para peor- se deben evadir cambiando de «príncipes a servidores» abrazados a un evangelio desconectado de los abusos y saqueos del poder establecido.
No soy de los que les sugiere a las iglesias cristianas fundir el poder con el altar.
La separación debe hacerse ya, en lugar de seguir auspiciando -junto a Abinader, al CONEP y al sistema tradicional de partidos-un estado eclesial-dogmático, reñido con la libertad de creencias y los avances de las ciencias sociales y humanísticas. ¡Pro neo colonial, patriarcal, racista y elitista!
Sugiero sí, que la renuncia a ser «príncipes» y la independencia de las iglesias cristianas respecto al Estado, sirvan para renovarlas respetando las huellas y enseñanzas del Jesucristo revolucionario, enfrentado a las injusticias y crímenes de sus tiempos y asesinado por el Rey Herodes, ahora súper modernizadas y con mejores técnicas y recursos para sobre-explotar, saquear, exterminar pueblos, como acontece actualmente en Palestina, e imponer la post verdad: mentiras y medias verdades a granel.
(I)
Por Oscar López Reyes
Desde 1950, tres años a posteriori de su creación -1947- la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos comenzó a instrumentalizar a periodistas para manipular y moldear a la opinión pública mundial, en una abominable labor de zapa, en el cenit geopolítico de la Guerra Fría entre dos superpotencias imperiales. Su proyecto primigenio, y el más escalofriante, ha sido la encubierta Operación Mockingbird, mediante la cual se ocultaron y tergiversaron informaciones para influir a favor de los designios norteamericanos, y desde 2019 ejecuta a gran escala una campaña de reclutamiento para difundir noticias y entretenimiento en redes sociales y plataformas streaming.
En estos 78 años, la CIA ha invertido miles de millones de dólares en el enlistamiento de periodistas anti-éticos y anti-democráticos y en infiltración en medios de comunicación para divulgar programas propagandísticos, engendrando el descrédito y la desconfianza ciudadana, así como la animadversión de adversarios en guerras.
La operación Mockingbird, que inicialmente consistió en escuchas telefónicas periodísticas sin orden judicial, fue llevada a cabo por la CIA para identificar fuentes de filtraciones de datos de alta inteligencia. Principió grabando conversaciones privadas de Hanson Baldwin, reportero de seguridad nacional del New York Times, entre el 12 de marzo y el 15 de junio de 1963, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Las grabaciones fueron por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Jhon F. Kennedy, luego que se incomodara por un reportaje de primera plana publicado por Baldwin (ganador del Premio Pulitzer en 1943 por su cobertura de la Segunda Guerra Mundial) en la edición del 26 de julio de 1962 del New York Times en el que, amparado en una información clasificada, revelaba el número de misiles nucleares en el arsenal estadounidense. A su vez, comparaba esos depósitos atómicos de Estados Unidos con los de la Unión Soviética, y el afán de esta última superpotencia por resguardar sus emplazamientos de misiles balísticos intercontinentales.
A seguidas, la CIA también intervino los teléfonos residenciales de los columnistas Robert S. Allen y Paul Scott (The Allen-Scott Report, publicada en unos 300 periódicos), tras estos dar a conocer secretos clasificados de Estados Unidos. Más adelante, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se incorporó a las averiguaciones y vigilancia para detectar quienes desde los organismos de inteligencia estaban infiltrando informaciones a la prensa. También produjo la intercepción telefónica a la periodista de Newsweek, Lloyd Nornam, y el secretario de Estado Dean Rusk presionó para que CBS News no difundiera un reportaje del periodista Daniel Schorr sobre el espectacular escape de ciudadanos de Alemania Oriental a través de un túnel bajo el Muro de Berlín.
Por intermedio del proyecto Mockingbird -según variadas fuentes- para divulgar propaganda proestadounidense y truquear a la opinión pública contra la influencia comunista, aceptaron ser asalariados de la CIA cientos de periodistas de The New York Times, The Washington Post, Newsweek, ABC, CBS, NBC, la revista Time, Louisville Courier Jounal, Copley News Service, la agencia internacional Reuters y otros medios de América Latina, Europa y otras regiones.
Los objetivos bien definidos de la contratación a sueldo de la red de periodistas, publicaciones, televisoras y emisoras tengo que segmentarlos en siete:
1.- Difundir relatos preescritos por la CIA, para tratar de cambiar la percepción global sobre situaciones y personas, siempre favorables a Estados Unidos.
2.- Controlar la política editorial de medios comunicativos, a través de altos ejecutivos y editores, en una novedosa interacción subrepticia gobierno-prensa.
3.- Ocultar informaciones perjudiciales o desfavorables a Estados Unidos, en una intromisión estatal sin precedentes.
4.- Inclinar la balanza para conveniencia estratégica de Estados Unidos en coberturas informativas, artículos de opinión, editoriales y otros géneros periodísticos.
5.- Contrarrestar la propaganda e influencia de la Unión Soviética, con mecanismos sofisticados de persuasión pública.
6.- Suministrar datos de inteligencia, en una típica tarea de espionaje.
7.- Detectar a agentes o empleados de organismos de inteligencia que confidencialmente suministraban informaciones a periodistas.
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El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano y autor exclusivo del libro “La Ética en el Periodismo. Los cinco factores que interactúan en la deontología profesional”.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD
Por Rommel Santos Díaz
A diferencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto es el resultado de varios años de debates y de la Conferencia de Plenipotenciarios, los tribunales Ad –Hoc para la Ex Yugoslavia y Ruanda son la expresión de una respuesta a dos situaciones específicas caracterizadas por la comisión de atrocidades en el territorio de estos países.
Fue precisamente la gravedad de las circunstancias lo que obligó al Consejo de Seguridad a ejercer las atribuciones que le confiere el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para crear las jurisdicciones penales Ad – Hoc para la Ex Yugoslavia ( Resolución 827 de 1993) y para Ruanda (Resolución 955 de 1994)
En estos casos, ambos tribunales tienen virtualmente estatutos idénticos y también compartieron algunas instituciones comunes, como por ejemplo el Fiscal, dado que a partir del 15 de septiembre del 2003, el Consejo de Seguridad designo a Hassan Bubacar Jallow como Fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
La Fiscal Carla Del Ponte ejerce su competencia exclusivamente en relación al Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Las características comunes entre ambos tribunales han tenido como consecuencia, al menos en el ámbito teórico, la economía y uniformidad en el ámbito fiscal hasta el año 2003 así como en el desarrollo de una línea jurisprudencial sólida y constante en el análisis de sus respectivos casos.
De esta forma la creación de dichos tribunales Ad-Hoc constituye un desarrollo sin precedentes a favor de la implementación de las normas sobre derechos humanos que a su vez ha favorecido una dinámica positiva en el proceso de creación de un sistema de justicia penal internacional que se concreta casi una década después con el inicio de las funciones de la Corte Penal Internacional.
Por su lado el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad en virtud de las cuales son considerados como órganos judiciales subsidiarios del mismo.
Se ha establecido que aun cuando fueron creados por el Consejo de Seguridad, el cual no es un órgano judicial, esto no afecta la validez del acto jurídico de creación puesto que ambos son el reflejo del ejercicio del mandato del principal órgano de las Naciones Unidas para mantener la seguridad y la paz internacional.
Esta línea de razonamiento concuerda con la establecida por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre los efectos de las compensaciones concedidas por el tribunal administrativo de las Naciones Unidas de 1954.
Por tanto, mientras la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son órganos judiciales subsidiarios del Consejo de Seguridad Conforme al Artículo 2 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional mantiene relaciones de cooperación con el sistema de de las Naciones Unidas, pero ello no afecta su independencia con respecto a dicha organización internacional.