Opinión
Comentando el artículo «la iglesia de otro tiempo» de mons. Ramón Alfredo de la Cruz Baldera
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Ese hecho, motivado por la pésima gestión de un príncipe comprometido con la alta corrupción y el conservadurismo católico, fue totalmente obviado por Mons. Alfredo Cruz, Obispo de San Francisco de Macorís, cuando procura diferenciar al episcopado actual del que encabezó López Rodríguez con la asistencia técnica de Agripino Núñez Collado.
Todo cambia, y en algo las entidades se tornan diferentes en épocas y periodos distintos. Pero hay valores, idearios, compromisos y convicciones que deben trascender esas variaciones epocales.
Más aún. si la clase dominante-gobernante y el sistema político, económico y social imperante siguen al servicio a los intereses del gran capital y de las serviles élites de la oligarquía local y la partidocracia pervertida.
Este es el caso de esta sociedad.
Cierto que «la historia reciente de la Iglesia en la República Dominicana exige una lectura atenta, crítica y equilibrada», pero esa necesidad tiene poco que ver con la exaltación y justificación del rol desempeñado en la historia reciente por figuras como el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez y monseñor Agripino Núñez Collado.
Ninguno de los dos se destacó por el voto de pobreza, ni por una mediación imparcial.
Tampoco optaron por un país soberano, una democracia real y la superación de las brutales desigualdades sociales y las mafias políticas, militares y empresariales.
En Nuestra América hemos contado con obispos cuestionadores radicales del capitalismo y del imperialismo, como monseñor Ruiz, obispo de Chiapa en México, Monseñor Pedro Casaldavia en Brasil, Monseñor Romero en El Salvador y otros de similar estirpe pastoral.
Pero López Rodríguez no puede erigirse en referente de virtudes y pastor de almas, menos aún se debe justificar su rol sacerdotal, apelando al contexto político de entonces, del que se derivan más razones para actuar de otra manera.
EL PASADO SE RECICLA CON NUEVAS VARIANTES Y NUEVAS CIRCUNSTANCIAS
No es accidental que todavía ellos dos sean modelos de Monseñor Benito Ángeles y del Arzobispo Ozoria, y uno de ellos protector del nuevo Obispo Manuel Ruiz, a pesar de los pesares.
Tampoco es accidental que un obispo capellán del ejército promueva abiertamente y con total impunidad que EEUU y otras potencias imperialistas agredan militarmente a la Venezuela bolivariana y se atreva además a justificar la invasión militar del Caribe y del Pacífico para amenazar naciones con gobiernos soberanos.
Esto agrede la inteligencia y la sensibilidad humana de nuestro pueblo y de la propia feligresía católica, sacerdotes y monjas que abrazan la opción por los pobres, o que asumen la teología de la liberación, incluidos algunos obispos que se inclinan con discreción por esa actitud o que abrazan abiertamente la Encíclica Ecológica de Papa Francisco y admiran su papado.
Como afirma el propio Obispo Alfredo de la Cruz, en la gestión del Papa Francisco se «comenzó a purificar sus estilos, orientándose hacia modelos de cercanía, sencillez, escucha y moderación en el uso de los bienes«, dejando huellas que han impactado sectores de la iglesia, sobre todo en el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra para preservar la vida de la humanidad y del planeta.
LA DIVERSIDAD DEFICITARIA DEL EPISCOPADO
Yo sé que no todos los integrantes de la Conferencia Episcopal Dominicana piensan y actúan igual.
Es evidente que ahora es algo más variada su composición, más diversa, pero no lo suficiente; mucho menos lo necesariamente critica del inhumano poder establecido aquí y en la gran órbita internacional del genocida, decadente y brutalmente opresor sistema imperialista.
Todo indica que esa diversidad del episcopado, no tiene en su seno ni la profundidad, ni la fuerza necesaria para, como entidad colectiva, ir a las raíces de los graves problemas que afectan esta sociedad y su inserción en este mundo capitalista afectado por la peor crisis de su historia; lo que lo aleja de identificar causas y soluciones.
Es preocupante que casos como los de los obispos Manuel Ruiz, Santiago Rodríguez, Ozoria y Benito Ángeles, no hayan producido las reacciones eclesiales que merecen; para que, en lugar de transparentar sus cuestionables conductas, hayan sido beneficiados con el predominio del silencio; lo que hace suponer la hegemonía de lo conservador.
Es buenoque monseñor de la Cruz informeque, en la actualidad, los obispos, en su gran mayoría, no se identifican «con aquellas figuras principescas, sino como servidores del Pueblo de Dios, y que su misión se fundamenta en la humildad evangélica, la misericordia pastoral y la autoridad que brota de caminar con el pueblo, no de situarse por encima de él.»
Eso, en limitada medida, podría facilitar una renovación de la Iglesia Católica que la libere de la Teología de la Dominación y del acompañamiento institucional de la dominación capitalista-imperialista en su fase neoliberal, fuertemente influida de ultra conservadurismo.
Pero eso no basta, se queda muy corto, atrapado en una burbuja retórica de evangelización abstracta, al evadir la realidad opresora, las negaciones de derechos a mujeres y niños/as y a migrantes semi-esclavizados, las crueles consecuencias de la homofobia, el machismo, el adulto centrismo, y el odio racista contra el pueblo haitiano.
Evade el Concordato trujillista, reproduce en esta época lo esencial de su apego al poder establecido, puesto que no enfrenta las causas de la explotación y exclusión social, el aplastamiento de nuestra soberanía por EEUU, el neofascismo en auge, los genocidios de EEUU e Israel y potencias europeas, a la vez que ignora la denominada guerra global infinita decretada por el PENTÁGONO y la OTAN.
El Estado dominicano, amarrado por EEUU desde la invasión militar de 1965, ha terminado sometido al impacto de la crisis de decadencia de EEUU y del capitalismo imperialista occidental, a sus derivadas neoliberales-privatizadoras y empobrecedoras, a la nefasta intervención encubierta del poder imperialista estadounidense y a la influencia perniciosa de una alta dosis de populismo ultra conservador y su variante neofascista.
Frente a eso no se debe ser indiferente, ni justificar los silencios de alguien que se asuma defensor la justicia.
Cristo y sus apóstoles predicaban, evangelizaban y a la vez luchaban contra el despotismo monárquico y la explotación de siervos y esclavos. ¡Lucharon contra los ricos y en defensa de los pobres y excluidos/as!
Los seguidores de estos tiempos de ese cristianismo, en las iglesias que lo profesan, deberían traducir al presente aquello de «sacar a los fariseos del templo».
El mundo se está transformando: en medio de un duro y promisorio batallar de la humanidad, avanzamos hacia un mundo multipolar, respetuoso de la autodeterminación.
Un mundo pos-neoliberal, en el que el Sur Global se está convirtiendo en una fuerza determinante.
Pero el sistema capitalista-imperialista occidental ha cambiado para peor, con sociedades más injustas, enormes desigualdades, procesos de empobrecimiento y de degradación de sus democracias liberales.
El capitalismo se ha gansterizado en mayor grado en esta fase neoliberal y han surgido nuevas modalidades de fascismo y autoritarismo.
Los privilegios de presidentes y monarcas se han multiplicado y están muy distantes de la modestia y la sencillez.
En ese mundo, la política es un negocio privatizado, dominado por ricachones, por viejos y nuevos ricos, entre los que florecen los burgueses del lavado del dinero sucio, de la narco-economía y la narco-política.
Ejemplos de esas variadas degradaciones son los gobiernos de Trump, Meloni, Macron, Bukele, Noboa, Milei, Boluarte, las invasiones a Haití, la gobernación trumpista de Puerto Rico, el régimen de Abinader y otros tantos más.
Es, por tanto, evidentemente falsa la percepción del obispo franco-macorisano de que en esta época «la democracia se ha robustecido«… y ojalá rectifique a tiempo.
Muchas repúblicas, como la nuestra, son verdaderas seudo-repúblicas y seudo-democracias.
UNA NARRATIVA INSUFICIENTE, DIFUSA Y CONFUSA
En tales circunstancias y a la luz de la «guerra fría» que, al interior de la iglesia, ha desatado la implosión del caso Ozoria y su bochornosa carta de defensa, este texto del obispo Alfredo de la Cruz resulta insuficiente, difuso y confuso, a la vez que obstruye el análisis basado en hechos no debidamente revelados.
La etérea cobertura de un poder espiritual distante de la realidad del país y el mundo, perfila un papel de los obispos sin compromiso social, una evangelización al margen de la crisis que estremece al mundo, a la región, a la isla y al país.
El mismo obvia la temporalidad y los retos que se derivan de ella, al tiempo de justificar un pasado reciente de alianza con poderes espurios y contubernios en hechos indefendibles; alegando un contexto pasado, que lejos de justificarlos, obligaban a rechazarlos.
Ese estilo nuevo y particular, en un periodo distinto, pero no tan distinto como se pinta, no debería ser una prédica religiosa que obvie los graves problemas terrenales de la sociedad.
Tampoco los cambios que se han producido en los últimos años -muchos de ellos para peor- se deben evadir cambiando de «príncipes a servidores» abrazados a un evangelio desconectado de los abusos y saqueos del poder establecido.
No soy de los que les sugiere a las iglesias cristianas fundir el poder con el altar.
La separación debe hacerse ya, en lugar de seguir auspiciando -junto a Abinader, al CONEP y al sistema tradicional de partidos-un estado eclesial-dogmático, reñido con la libertad de creencias y los avances de las ciencias sociales y humanísticas. ¡Pro neo colonial, patriarcal, racista y elitista!
Sugiero sí, que la renuncia a ser «príncipes» y la independencia de las iglesias cristianas respecto al Estado, sirvan para renovarlas respetando las huellas y enseñanzas del Jesucristo revolucionario, enfrentado a las injusticias y crímenes de sus tiempos y asesinado por el Rey Herodes, ahora súper modernizadas y con mejores técnicas y recursos para sobre-explotar, saquear, exterminar pueblos, como acontece actualmente en Palestina, e imponer la post verdad: mentiras y medias verdades a granel.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.