Opinión
Comentando el artículo «la iglesia de otro tiempo» de mons. Ramón Alfredo de la Cruz Baldera
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Ese hecho, motivado por la pésima gestión de un príncipe comprometido con la alta corrupción y el conservadurismo católico, fue totalmente obviado por Mons. Alfredo Cruz, Obispo de San Francisco de Macorís, cuando procura diferenciar al episcopado actual del que encabezó López Rodríguez con la asistencia técnica de Agripino Núñez Collado.
Todo cambia, y en algo las entidades se tornan diferentes en épocas y periodos distintos. Pero hay valores, idearios, compromisos y convicciones que deben trascender esas variaciones epocales.
Más aún. si la clase dominante-gobernante y el sistema político, económico y social imperante siguen al servicio a los intereses del gran capital y de las serviles élites de la oligarquía local y la partidocracia pervertida.
Este es el caso de esta sociedad.
Cierto que «la historia reciente de la Iglesia en la República Dominicana exige una lectura atenta, crítica y equilibrada», pero esa necesidad tiene poco que ver con la exaltación y justificación del rol desempeñado en la historia reciente por figuras como el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez y monseñor Agripino Núñez Collado.
Ninguno de los dos se destacó por el voto de pobreza, ni por una mediación imparcial.
Tampoco optaron por un país soberano, una democracia real y la superación de las brutales desigualdades sociales y las mafias políticas, militares y empresariales.
En Nuestra América hemos contado con obispos cuestionadores radicales del capitalismo y del imperialismo, como monseñor Ruiz, obispo de Chiapa en México, Monseñor Pedro Casaldavia en Brasil, Monseñor Romero en El Salvador y otros de similar estirpe pastoral.
Pero López Rodríguez no puede erigirse en referente de virtudes y pastor de almas, menos aún se debe justificar su rol sacerdotal, apelando al contexto político de entonces, del que se derivan más razones para actuar de otra manera.
EL PASADO SE RECICLA CON NUEVAS VARIANTES Y NUEVAS CIRCUNSTANCIAS
No es accidental que todavía ellos dos sean modelos de Monseñor Benito Ángeles y del Arzobispo Ozoria, y uno de ellos protector del nuevo Obispo Manuel Ruiz, a pesar de los pesares.
Tampoco es accidental que un obispo capellán del ejército promueva abiertamente y con total impunidad que EEUU y otras potencias imperialistas agredan militarmente a la Venezuela bolivariana y se atreva además a justificar la invasión militar del Caribe y del Pacífico para amenazar naciones con gobiernos soberanos.
Esto agrede la inteligencia y la sensibilidad humana de nuestro pueblo y de la propia feligresía católica, sacerdotes y monjas que abrazan la opción por los pobres, o que asumen la teología de la liberación, incluidos algunos obispos que se inclinan con discreción por esa actitud o que abrazan abiertamente la Encíclica Ecológica de Papa Francisco y admiran su papado.
Como afirma el propio Obispo Alfredo de la Cruz, en la gestión del Papa Francisco se «comenzó a purificar sus estilos, orientándose hacia modelos de cercanía, sencillez, escucha y moderación en el uso de los bienes«, dejando huellas que han impactado sectores de la iglesia, sobre todo en el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra para preservar la vida de la humanidad y del planeta.
LA DIVERSIDAD DEFICITARIA DEL EPISCOPADO
Yo sé que no todos los integrantes de la Conferencia Episcopal Dominicana piensan y actúan igual.
Es evidente que ahora es algo más variada su composición, más diversa, pero no lo suficiente; mucho menos lo necesariamente critica del inhumano poder establecido aquí y en la gran órbita internacional del genocida, decadente y brutalmente opresor sistema imperialista.
Todo indica que esa diversidad del episcopado, no tiene en su seno ni la profundidad, ni la fuerza necesaria para, como entidad colectiva, ir a las raíces de los graves problemas que afectan esta sociedad y su inserción en este mundo capitalista afectado por la peor crisis de su historia; lo que lo aleja de identificar causas y soluciones.
Es preocupante que casos como los de los obispos Manuel Ruiz, Santiago Rodríguez, Ozoria y Benito Ángeles, no hayan producido las reacciones eclesiales que merecen; para que, en lugar de transparentar sus cuestionables conductas, hayan sido beneficiados con el predominio del silencio; lo que hace suponer la hegemonía de lo conservador.
Es buenoque monseñor de la Cruz informeque, en la actualidad, los obispos, en su gran mayoría, no se identifican «con aquellas figuras principescas, sino como servidores del Pueblo de Dios, y que su misión se fundamenta en la humildad evangélica, la misericordia pastoral y la autoridad que brota de caminar con el pueblo, no de situarse por encima de él.»
Eso, en limitada medida, podría facilitar una renovación de la Iglesia Católica que la libere de la Teología de la Dominación y del acompañamiento institucional de la dominación capitalista-imperialista en su fase neoliberal, fuertemente influida de ultra conservadurismo.
Pero eso no basta, se queda muy corto, atrapado en una burbuja retórica de evangelización abstracta, al evadir la realidad opresora, las negaciones de derechos a mujeres y niños/as y a migrantes semi-esclavizados, las crueles consecuencias de la homofobia, el machismo, el adulto centrismo, y el odio racista contra el pueblo haitiano.
Evade el Concordato trujillista, reproduce en esta época lo esencial de su apego al poder establecido, puesto que no enfrenta las causas de la explotación y exclusión social, el aplastamiento de nuestra soberanía por EEUU, el neofascismo en auge, los genocidios de EEUU e Israel y potencias europeas, a la vez que ignora la denominada guerra global infinita decretada por el PENTÁGONO y la OTAN.
El Estado dominicano, amarrado por EEUU desde la invasión militar de 1965, ha terminado sometido al impacto de la crisis de decadencia de EEUU y del capitalismo imperialista occidental, a sus derivadas neoliberales-privatizadoras y empobrecedoras, a la nefasta intervención encubierta del poder imperialista estadounidense y a la influencia perniciosa de una alta dosis de populismo ultra conservador y su variante neofascista.
Frente a eso no se debe ser indiferente, ni justificar los silencios de alguien que se asuma defensor la justicia.
Cristo y sus apóstoles predicaban, evangelizaban y a la vez luchaban contra el despotismo monárquico y la explotación de siervos y esclavos. ¡Lucharon contra los ricos y en defensa de los pobres y excluidos/as!
Los seguidores de estos tiempos de ese cristianismo, en las iglesias que lo profesan, deberían traducir al presente aquello de «sacar a los fariseos del templo».
El mundo se está transformando: en medio de un duro y promisorio batallar de la humanidad, avanzamos hacia un mundo multipolar, respetuoso de la autodeterminación.
Un mundo pos-neoliberal, en el que el Sur Global se está convirtiendo en una fuerza determinante.
Pero el sistema capitalista-imperialista occidental ha cambiado para peor, con sociedades más injustas, enormes desigualdades, procesos de empobrecimiento y de degradación de sus democracias liberales.
El capitalismo se ha gansterizado en mayor grado en esta fase neoliberal y han surgido nuevas modalidades de fascismo y autoritarismo.
Los privilegios de presidentes y monarcas se han multiplicado y están muy distantes de la modestia y la sencillez.
En ese mundo, la política es un negocio privatizado, dominado por ricachones, por viejos y nuevos ricos, entre los que florecen los burgueses del lavado del dinero sucio, de la narco-economía y la narco-política.
Ejemplos de esas variadas degradaciones son los gobiernos de Trump, Meloni, Macron, Bukele, Noboa, Milei, Boluarte, las invasiones a Haití, la gobernación trumpista de Puerto Rico, el régimen de Abinader y otros tantos más.
Es, por tanto, evidentemente falsa la percepción del obispo franco-macorisano de que en esta época «la democracia se ha robustecido«… y ojalá rectifique a tiempo.
Muchas repúblicas, como la nuestra, son verdaderas seudo-repúblicas y seudo-democracias.
UNA NARRATIVA INSUFICIENTE, DIFUSA Y CONFUSA
En tales circunstancias y a la luz de la «guerra fría» que, al interior de la iglesia, ha desatado la implosión del caso Ozoria y su bochornosa carta de defensa, este texto del obispo Alfredo de la Cruz resulta insuficiente, difuso y confuso, a la vez que obstruye el análisis basado en hechos no debidamente revelados.
La etérea cobertura de un poder espiritual distante de la realidad del país y el mundo, perfila un papel de los obispos sin compromiso social, una evangelización al margen de la crisis que estremece al mundo, a la región, a la isla y al país.
El mismo obvia la temporalidad y los retos que se derivan de ella, al tiempo de justificar un pasado reciente de alianza con poderes espurios y contubernios en hechos indefendibles; alegando un contexto pasado, que lejos de justificarlos, obligaban a rechazarlos.
Ese estilo nuevo y particular, en un periodo distinto, pero no tan distinto como se pinta, no debería ser una prédica religiosa que obvie los graves problemas terrenales de la sociedad.
Tampoco los cambios que se han producido en los últimos años -muchos de ellos para peor- se deben evadir cambiando de «príncipes a servidores» abrazados a un evangelio desconectado de los abusos y saqueos del poder establecido.
No soy de los que les sugiere a las iglesias cristianas fundir el poder con el altar.
La separación debe hacerse ya, en lugar de seguir auspiciando -junto a Abinader, al CONEP y al sistema tradicional de partidos-un estado eclesial-dogmático, reñido con la libertad de creencias y los avances de las ciencias sociales y humanísticas. ¡Pro neo colonial, patriarcal, racista y elitista!
Sugiero sí, que la renuncia a ser «príncipes» y la independencia de las iglesias cristianas respecto al Estado, sirvan para renovarlas respetando las huellas y enseñanzas del Jesucristo revolucionario, enfrentado a las injusticias y crímenes de sus tiempos y asesinado por el Rey Herodes, ahora súper modernizadas y con mejores técnicas y recursos para sobre-explotar, saquear, exterminar pueblos, como acontece actualmente en Palestina, e imponer la post verdad: mentiras y medias verdades a granel.
Por ROMMEL SANTOS DIAZ
Cuando se haya remitido a la CPI una situación en virtud del artículo 13 y el Fiscal haya determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación, o el Fiscal inicie una investigación en virtud de los artículos 13 y 15, éste lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerán normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate. El Fiscal podrá hacer la notificación a esos Estados con carácter confidencial y, cuando lo considere necesario a fin de proteger personas , impedir la destrucción de pruebas o impedir la fuga de personas,, podrá limitar el alcance de la información proporcionada a los Estados.
Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha notificación, el Estado podrá informar a la CPI que esta llevando a cabo o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 del Estatuto de Roma y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados.
A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia a favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal, autorizar la investigación.
El Fiscal podrá volver a examinar la cuestión de la inhibición de su competencia al cabo de seis meses a partir de la fecha de la inhibición o cuando se haya producido un cambio significativo de circunstancias en vista de que el Estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo.
El Estado de que se trate o el Fiscal podrán apelar ante la Sala de Apelaciones de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el artículo 82. La apelación podrá sustanciarse en forma sumaria.
Cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en relación con la investigación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, podrá pedir al Estado de que se trate que le informe periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes responderán a esas peticiones sin dilaciones indebidas.
El Fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya emitido su decisión, o en cualquier momento si se hubiere inhibido de su competencia en virtud de este artículo, pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares, con carácter excepcional, que le autorice a llevar adelante las indagaciones que estime necesarias cuando exista una oportunidad única de obtener pruebas importantes o exista un riesgo significativo de que esas pruebas no estén disponibles ulteriormente.
Finalmente, el Estado que haya apelado una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares en virtud del artículo 18 podrá impugnar la admisibilidad de un asunto en virtud del artículo 19, haciendo valer hechos nuevos importantes o un cambio significativo de las circunstancias.
Por Isaías Ramos
Un país no fracasa porque le falten recursos. Fracasa cuando sus instituciones dejan de servir al ciudadano y comienzan a servir a los privilegios. Fracasa cuando la Constitución promete dignidad, bienestar y justicia social, pero la práctica política reparte exenciones, contratos, subsidios mal diseñados, deuda y cargas tributarias sobre los mismos hombros de siempre.
La República Dominicana no necesita escoger entre Estado y mercado. Nuestra Constitución consagra un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de poderes. También garantiza la libre empresa y la propiedad privada; pero ordena proteger la competencia libre y leal, evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, y reconoce que la propiedad tiene una función social. Mercado, sí; empresa, sí; propiedad, sí; pero nunca por encima de la dignidad del ciudadano.
Los países que se desarrollan no subsidian la ineficiencia: financian productividad. Usan crédito, incentivos y subsidios para crear empleo formal, innovación, exportaciones, infraestructura, energía eficiente y salarios dignos. Los países capturados hacen lo contrario: convierten el subsidio en dependencia, la exención en renta privada, el contrato en premio político y la deuda en hipoteca contra el pueblo.
La deuda pública consolidada ya no permite eufemismos. A abril de 2026, alcanzó US$82,790.8 millones, equivalente al 61.4 % del PIB: US$66,408.5 millones del Sector Público No Financiero y US$16,382.2 millones del Banco Central. Esa cifra compromete ingresos futuros y estrecha el margen para salud, educación, seguridad, vivienda, agua, transporte y energía.
Y aun así, el problema puede ser mayor. RDVial muestra la zona gris. En 2024, el fideicomiso registró recaudación de peajes por RD$9,065.7 millones, pagó intereses por RD$5,332.6 millones y cerró con RD$67,076.5 millones en deuda a largo plazo y bonos por pagar. Dicho sin maquillaje: un monto equivalente a casi el 59 % de lo recaudado en peajes terminó destinado al pago de intereses. Cuando los peajes del ciudadano financian principalmente el costo financiero de la deuda, ya no hablamos solo de infraestructura: hablamos de ingresos públicos futuros comprometidos para pagar obligaciones presentes.
La discusión constitucional es inevitable: si un fideicomiso administra patrimonio público, derechos de cobro públicos o flujos pagados por ciudadanos, su deuda y sus riesgos fiscales deben transparentarse. No basta decir que no está en el presupuesto ordinario. Si el pueblo paga, el pueblo tiene derecho a saber. En RDVial, los estados financieros identifican como activos intangibles los derechos recibidos del Estado dominicano sobre ingresos por cobro y recaudación de peajes.
Ahora se presenta la Ley 30-26 bajo el discurso de crecimiento, sostenibilidad fiscal y protección social. El Gobierno afirma que busca captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales, sin modificar la tasa ni la base del ITBIS. Pero incluye el aumento del impuesto a cheques y transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.2 % y diez dólares adicionales al impuesto sobre pasajes aéreos.
La pregunta no es solo quién firma el impuesto; es quién termina pagándolo. En mayo de 2026, la inflación interanual fue 5.35 %, con alimentos y bebidas no alcohólicas en 6.56 % y transporte en 7.47 %. En ese contexto, elevar costos financieros, operativos y de transporte puede trasladarse a precios, servicios y consumo. Tal vez no se llame impuesto a la canasta básica, pero cuando sube el costo de mover dinero, transportar personas y operar negocios, el consumidor termina pagando.
La contradicción se agrava al mirar las exenciones. Para 2026, el gasto tributario estimado asciende a RD$393,541.54 millones, equivalente al 4.54 % del PIB: casi ocho veces la meta máxima de la reforma. No todo gasto tributario es privilegio; algunas exenciones protegen bienes y servicios esenciales. Pero cuando una exención no demuestra retorno social, empleo digno, productividad, innovación, competencia o reducción de precios, deja de ser incentivo y se convierte en privilegio. Y cuando ese privilegio se financia con deuda e impuestos al pueblo, se vuelve ilegítimo, injusto e inmoral.
También se castiga a la diáspora. El aumento de diez dólares al pasaje aéreo golpea al dominicano ausente que viene a ver a su madre, invertir sus ahorros, enterrar a un familiar o traer a sus hijos para que no pierdan la patria. Esa misma diáspora envió US$5,170.1 millones en remesas entre enero y mayo de 2026. No es una caja registradora: es parte viva de la nación. No se puede celebrarla cuando envía remesas y castigarla cuando regresa.
En el Frente Cívico y Social entendemos que la República Dominicana necesita una reforma, sí; pero una reforma que empiece por el poder, no por el bolsillo del pueblo. Una reforma que audite exenciones, condicione incentivos, transparente fideicomisos, revise subsidios, reduzca deuda improductiva, transparente gastos e inversiones públicas y proteja a quienes sostienen la economía real: la clase media, los trabajadores, los productores, los emprendedores y la diáspora dominicana. Una reforma para que el crecimiento deje de ser estadística y se convierta en dignidad cotidiana. No estamos contra la empresa. Estamos contra el abuso. No estamos contra la riqueza. Estamos contra un Estado corporativo, clientelar y de privilegios.
Ya basta. Es tiempo de gobernar. Es tiempo de activar el orden constitucional.
Por Rosario Espinal
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población.
La reciente posibilidad de una candidatura presidencial de Santiago Matías (Alofoke) ha generado debates, entusiasmo y preocupación en diversos sectores de la sociedad dominicana. Más allá de las simpatías o rechazos que pueda despertar su figura, el fenómeno merece un análisis más profundo, pues no se trata únicamente de una persona, sino de un síntoma de una transformación política que se viene gestando desde hace años.
El historiador británico Eric Hobsbawm, en el capítulo «La caída del liberalismo» de su obra Historia del siglo XX (1998), explicó cómo los períodos de crisis de representación y pérdida de confianza en las instituciones tradicionales crean espacios para el surgimiento de nuevos liderazgos capaces de canalizar el descontento social. Aunque la República Dominicana actual está muy lejos de las dramáticas circunstancias de la Europa de entreguerras, existen elementos que invitan a la reflexión.
Los partidos políticos dominicanos continúan siendo las principales estructuras de acceso al poder, pero enfrentan un progresivo deterioro de su capacidad para representar las aspiraciones de la ciudadanía. Como señala el sociólogo Bernardo Matías, la principal característica de la crisis política dominicana es la creciente desconexión entre los partidos y la sociedad. La militancia ideológica ha sido sustituida por el pragmatismo electoral, el clientelismo y la búsqueda de beneficios individuales.
Esta realidad ha provocado que amplios sectores de la población, especialmente los jóvenes, perciban a los partidos tradicionales como organizaciones alejadas de sus preocupaciones cotidianas. El aumento de la abstención electoral y la disminución de la identificación partidaria son señales evidentes de este fenómeno.
Es precisamente en ese escenario donde emerge la figura de Alofoke. Su fortaleza no proviene de una estructura política tradicional ni de una larga trayectoria partidaria. Su principal capital es una comunidad digital construida durante años a través de las redes sociales y los medios de comunicación alternativos. En una época en que la comunicación política se desarrolla cada vez más en plataformas digitales, su capacidad de influencia constituye una ventaja que pocos actores políticos poseen.
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población. Tampoco es casual que su propuesta surja en un contexto donde más de la mitad de los ciudadanos no manifiestan simpatía por ninguna organización política.
Sin embargo, la historia demuestra que la popularidad mediática por sí sola no garantiza el éxito político. Gobernar un país requiere mucho más que influencia comunicacional. Exige propuestas concretas, equipos técnicos, capacidad institucional y una visión clara sobre los desafíos nacionales. La verdadera prueba para cualquier outsider político consiste en transformar el apoyo emocional de sus seguidores en un proyecto de gobierno viable.
De cara a las elecciones de 2028, la República Dominicana podría enfrentar uno de los procesos electorales más interesantes de las últimas décadas. Si los partidos tradicionales no logran renovar sus liderazgos, fortalecer sus vínculos con la sociedad y ofrecer respuestas efectivas a las demandas ciudadanas, es probable que continúen surgiendo figuras ajenas al sistema político convencional.
La lección que ofrece Hobsbawm es clara: cuando las instituciones dejan de representar eficazmente a la sociedad, aparecen nuevos actores dispuestos a ocupar ese espacio. La pregunta no es si Alofoke puede convertirse en presidente, sino qué condiciones sociales y políticas han hecho posible que una candidatura como la suya sea considerada seriamente por una parte importante de la población.
El desafío para la democracia dominicana no consiste en impedir la aparición de nuevos liderazgos, sino en fortalecer las instituciones para que la competencia política se base en propuestas, programas y soluciones reales a los problemas nacionales. De lo contrario, la crisis de representación seguirá profundizándose y los ciudadanos continuarán buscando alternativas fuera de los canales tradicionales de la política.
Bibliografía
Hobsbawm, E. J. (1998). Historia del siglo XX (J. Faci, J. Ainaud y C. Castells, trads.). Buenos Aires, Argentina: Crítica.
Matías, B. (2020, 23 de junio). La crisis de los partidos en República Dominicana. Acento. La crisis de los partidos en República Dominicana
Jovine Rijo, F. A. (2026, 22 de junio). ¿Alofoke, presidente? Listín Diario. ¿Alofoke, presidente?