Opinión
Comentando el artículo «la iglesia de otro tiempo» de mons. Ramón Alfredo de la Cruz Baldera
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Ese hecho, motivado por la pésima gestión de un príncipe comprometido con la alta corrupción y el conservadurismo católico, fue totalmente obviado por Mons. Alfredo Cruz, Obispo de San Francisco de Macorís, cuando procura diferenciar al episcopado actual del que encabezó López Rodríguez con la asistencia técnica de Agripino Núñez Collado.
Todo cambia, y en algo las entidades se tornan diferentes en épocas y periodos distintos. Pero hay valores, idearios, compromisos y convicciones que deben trascender esas variaciones epocales.
Más aún. si la clase dominante-gobernante y el sistema político, económico y social imperante siguen al servicio a los intereses del gran capital y de las serviles élites de la oligarquía local y la partidocracia pervertida.
Este es el caso de esta sociedad.
Cierto que «la historia reciente de la Iglesia en la República Dominicana exige una lectura atenta, crítica y equilibrada», pero esa necesidad tiene poco que ver con la exaltación y justificación del rol desempeñado en la historia reciente por figuras como el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez y monseñor Agripino Núñez Collado.
Ninguno de los dos se destacó por el voto de pobreza, ni por una mediación imparcial.
Tampoco optaron por un país soberano, una democracia real y la superación de las brutales desigualdades sociales y las mafias políticas, militares y empresariales.
En Nuestra América hemos contado con obispos cuestionadores radicales del capitalismo y del imperialismo, como monseñor Ruiz, obispo de Chiapa en México, Monseñor Pedro Casaldavia en Brasil, Monseñor Romero en El Salvador y otros de similar estirpe pastoral.
Pero López Rodríguez no puede erigirse en referente de virtudes y pastor de almas, menos aún se debe justificar su rol sacerdotal, apelando al contexto político de entonces, del que se derivan más razones para actuar de otra manera.
EL PASADO SE RECICLA CON NUEVAS VARIANTES Y NUEVAS CIRCUNSTANCIAS
No es accidental que todavía ellos dos sean modelos de Monseñor Benito Ángeles y del Arzobispo Ozoria, y uno de ellos protector del nuevo Obispo Manuel Ruiz, a pesar de los pesares.
Tampoco es accidental que un obispo capellán del ejército promueva abiertamente y con total impunidad que EEUU y otras potencias imperialistas agredan militarmente a la Venezuela bolivariana y se atreva además a justificar la invasión militar del Caribe y del Pacífico para amenazar naciones con gobiernos soberanos.
Esto agrede la inteligencia y la sensibilidad humana de nuestro pueblo y de la propia feligresía católica, sacerdotes y monjas que abrazan la opción por los pobres, o que asumen la teología de la liberación, incluidos algunos obispos que se inclinan con discreción por esa actitud o que abrazan abiertamente la Encíclica Ecológica de Papa Francisco y admiran su papado.
Como afirma el propio Obispo Alfredo de la Cruz, en la gestión del Papa Francisco se «comenzó a purificar sus estilos, orientándose hacia modelos de cercanía, sencillez, escucha y moderación en el uso de los bienes«, dejando huellas que han impactado sectores de la iglesia, sobre todo en el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra para preservar la vida de la humanidad y del planeta.
LA DIVERSIDAD DEFICITARIA DEL EPISCOPADO
Yo sé que no todos los integrantes de la Conferencia Episcopal Dominicana piensan y actúan igual.
Es evidente que ahora es algo más variada su composición, más diversa, pero no lo suficiente; mucho menos lo necesariamente critica del inhumano poder establecido aquí y en la gran órbita internacional del genocida, decadente y brutalmente opresor sistema imperialista.
Todo indica que esa diversidad del episcopado, no tiene en su seno ni la profundidad, ni la fuerza necesaria para, como entidad colectiva, ir a las raíces de los graves problemas que afectan esta sociedad y su inserción en este mundo capitalista afectado por la peor crisis de su historia; lo que lo aleja de identificar causas y soluciones.
Es preocupante que casos como los de los obispos Manuel Ruiz, Santiago Rodríguez, Ozoria y Benito Ángeles, no hayan producido las reacciones eclesiales que merecen; para que, en lugar de transparentar sus cuestionables conductas, hayan sido beneficiados con el predominio del silencio; lo que hace suponer la hegemonía de lo conservador.
Es buenoque monseñor de la Cruz informeque, en la actualidad, los obispos, en su gran mayoría, no se identifican «con aquellas figuras principescas, sino como servidores del Pueblo de Dios, y que su misión se fundamenta en la humildad evangélica, la misericordia pastoral y la autoridad que brota de caminar con el pueblo, no de situarse por encima de él.»
Eso, en limitada medida, podría facilitar una renovación de la Iglesia Católica que la libere de la Teología de la Dominación y del acompañamiento institucional de la dominación capitalista-imperialista en su fase neoliberal, fuertemente influida de ultra conservadurismo.
Pero eso no basta, se queda muy corto, atrapado en una burbuja retórica de evangelización abstracta, al evadir la realidad opresora, las negaciones de derechos a mujeres y niños/as y a migrantes semi-esclavizados, las crueles consecuencias de la homofobia, el machismo, el adulto centrismo, y el odio racista contra el pueblo haitiano.
Evade el Concordato trujillista, reproduce en esta época lo esencial de su apego al poder establecido, puesto que no enfrenta las causas de la explotación y exclusión social, el aplastamiento de nuestra soberanía por EEUU, el neofascismo en auge, los genocidios de EEUU e Israel y potencias europeas, a la vez que ignora la denominada guerra global infinita decretada por el PENTÁGONO y la OTAN.
El Estado dominicano, amarrado por EEUU desde la invasión militar de 1965, ha terminado sometido al impacto de la crisis de decadencia de EEUU y del capitalismo imperialista occidental, a sus derivadas neoliberales-privatizadoras y empobrecedoras, a la nefasta intervención encubierta del poder imperialista estadounidense y a la influencia perniciosa de una alta dosis de populismo ultra conservador y su variante neofascista.
Frente a eso no se debe ser indiferente, ni justificar los silencios de alguien que se asuma defensor la justicia.
Cristo y sus apóstoles predicaban, evangelizaban y a la vez luchaban contra el despotismo monárquico y la explotación de siervos y esclavos. ¡Lucharon contra los ricos y en defensa de los pobres y excluidos/as!
Los seguidores de estos tiempos de ese cristianismo, en las iglesias que lo profesan, deberían traducir al presente aquello de «sacar a los fariseos del templo».
El mundo se está transformando: en medio de un duro y promisorio batallar de la humanidad, avanzamos hacia un mundo multipolar, respetuoso de la autodeterminación.
Un mundo pos-neoliberal, en el que el Sur Global se está convirtiendo en una fuerza determinante.
Pero el sistema capitalista-imperialista occidental ha cambiado para peor, con sociedades más injustas, enormes desigualdades, procesos de empobrecimiento y de degradación de sus democracias liberales.
El capitalismo se ha gansterizado en mayor grado en esta fase neoliberal y han surgido nuevas modalidades de fascismo y autoritarismo.
Los privilegios de presidentes y monarcas se han multiplicado y están muy distantes de la modestia y la sencillez.
En ese mundo, la política es un negocio privatizado, dominado por ricachones, por viejos y nuevos ricos, entre los que florecen los burgueses del lavado del dinero sucio, de la narco-economía y la narco-política.
Ejemplos de esas variadas degradaciones son los gobiernos de Trump, Meloni, Macron, Bukele, Noboa, Milei, Boluarte, las invasiones a Haití, la gobernación trumpista de Puerto Rico, el régimen de Abinader y otros tantos más.
Es, por tanto, evidentemente falsa la percepción del obispo franco-macorisano de que en esta época «la democracia se ha robustecido«… y ojalá rectifique a tiempo.
Muchas repúblicas, como la nuestra, son verdaderas seudo-repúblicas y seudo-democracias.
UNA NARRATIVA INSUFICIENTE, DIFUSA Y CONFUSA
En tales circunstancias y a la luz de la «guerra fría» que, al interior de la iglesia, ha desatado la implosión del caso Ozoria y su bochornosa carta de defensa, este texto del obispo Alfredo de la Cruz resulta insuficiente, difuso y confuso, a la vez que obstruye el análisis basado en hechos no debidamente revelados.
La etérea cobertura de un poder espiritual distante de la realidad del país y el mundo, perfila un papel de los obispos sin compromiso social, una evangelización al margen de la crisis que estremece al mundo, a la región, a la isla y al país.
El mismo obvia la temporalidad y los retos que se derivan de ella, al tiempo de justificar un pasado reciente de alianza con poderes espurios y contubernios en hechos indefendibles; alegando un contexto pasado, que lejos de justificarlos, obligaban a rechazarlos.
Ese estilo nuevo y particular, en un periodo distinto, pero no tan distinto como se pinta, no debería ser una prédica religiosa que obvie los graves problemas terrenales de la sociedad.
Tampoco los cambios que se han producido en los últimos años -muchos de ellos para peor- se deben evadir cambiando de «príncipes a servidores» abrazados a un evangelio desconectado de los abusos y saqueos del poder establecido.
No soy de los que les sugiere a las iglesias cristianas fundir el poder con el altar.
La separación debe hacerse ya, en lugar de seguir auspiciando -junto a Abinader, al CONEP y al sistema tradicional de partidos-un estado eclesial-dogmático, reñido con la libertad de creencias y los avances de las ciencias sociales y humanísticas. ¡Pro neo colonial, patriarcal, racista y elitista!
Sugiero sí, que la renuncia a ser «príncipes» y la independencia de las iglesias cristianas respecto al Estado, sirvan para renovarlas respetando las huellas y enseñanzas del Jesucristo revolucionario, enfrentado a las injusticias y crímenes de sus tiempos y asesinado por el Rey Herodes, ahora súper modernizadas y con mejores técnicas y recursos para sobre-explotar, saquear, exterminar pueblos, como acontece actualmente en Palestina, e imponer la post verdad: mentiras y medias verdades a granel.
Por Rommel Santos Diaz
El Fiscal, después de evaluar la información de que disponga, iniciará una investigación a menos que determine que no existe fundamento razonable para proceder a ella con arreglo en cuenta las siguientes circunstancias:
- a)La información de que dispone constituye fundamento razonable para creer que se ha cometido o se está cometiendo un crimen de la competencia de la Corte Penal Internacional;
- b)La causa es o sería admisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma;
- c)Existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no redundaría en interés de la justicia.
El Fiscal, si determinare que no hay fundamento razonable para proceder a la investigación y la determinación se basará únicamente en lo señalado anteriormente, lo comunicará a la Sala de Cuestiones Preliminares.
Si, tras la investigación, el Fiscal llega a la conclusión de que no hay fundamento suficiente para el enjuiciamiento ya que:
- a)No existe una base suficiente de hecho o de derecho para pedir una orden de detención o de comparecencia de conformidad con el artículo 58 del Estatuto de Roma;
- b)La causa es inadmisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma ; o
- c)El enjuiciamiento no redundaría en interés de la justicia, teniendo en cuenta todas las circunstancias, entre ellas la gravedad del crimen, los intereses de las víctimas y la edad o enfermedad del presunto autor y su participación en el presunto crimen, notificará su conclusión motivada a la Sala de Cuestiones Preliminares y al Estado que haya remitido el asunto de conformidad con el artículo 14 del Estatuto o al Consejo de Seguridad si se trata de un caso previsto en el artículo 13 del Estatuto de Roma.
Por otro lado, a petición del Estado que haya remitido el asunto con arreglo al artículo 14 del Estatuto de Roma o del Consejo de Seguridad de conformidad con el artículo 13, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá examinar la decisión del Fiscal de no proceder a la investigación de conformidad con este mismo artículo y pedir al Fiscal que reconsidere esa decisión.
Además la Sala de Cuestiones Preliminares podrá, de oficio, revisar una decisión del Fiscal de no proceder a la investigación si dicha decisión se basará únicamente en el párrafo 1 c) o 2 c) del artículo 13 del Estatuto de Roma. En este caso, la decisión del Fiscal únicamente surtirá efecto si es confirmada por la Sala de Cuestiones Preliminares.
Finalmente, el Fiscal podrá reconsiderar en cualquier momento su decisión de iniciar una investigación o enjuiciamiento sobre la base de nuevos hechos o nuevas informaciones.
Por Isaías Ramos
Mil doscientos millones de pesos para señalización turística. A la vez, se denuncian escuelas de jornada extendida con carencias de agua, baños, aulas, comedores y espacios adecuados.
No son partidas presupuestarias jurídicamente intercambiables. Pero sí revelan algo más profundo: qué problemas reciben recursos y urgencia del Estado, y cuáles continúan esperando.
La pregunta es inevitable:
¿Para quién está funcionando nuestro crecimiento?
La República Dominicana ha crecido. Negarlo sería absurdo. Han aumentado el turismo, la inversión extranjera, las exportaciones y el PIB. Pero durante más de tres décadas hemos confundido crecimiento con desarrollo, como si una cifra macroeconómica pudiera sustituir el bienestar de una familia.
Nuestra Constitución establece otra jerarquía. El artículo 8 dispone que la función esencial del Estado es proteger los derechos de la persona, respetar su dignidad y procurar su desarrollo dentro de un marco de justicia social y bienestar general. El artículo 217 ordena orientar el régimen económico hacia el desarrollo humano.
La Constitución no coloca al ciudadano al servicio de la economía. Coloca la economía al servicio del ciudadano.
El crecimiento es un medio, no el fin de la República. Podemos exhibir excelentes indicadores mientras demasiados dominicanos compran agua, pagan de su bolsillo educación y salud y viven en comunidades donde el progreso parece pasar de largo.
El modelo ha consolidado rasgos de rentismo, extractivismo y exclusión. Extraemos minerales, pero también obtenemos rentas del agua, las costas, el suelo y el paisaje. Facilitamos inversiones, concedemos incentivos y construimos infraestructura pública. Eso puede ser legítimo y necesario. La pregunta es qué recibe la nación a cambio.
Las playas muestran esa contradicción con claridad. El artículo 15 de la Constitución las reconoce como bienes de dominio público y de libre acceso. Sin embargo, en distintos lugares el ciudadano encuentra dificultades para acceder a costas rodeadas por proyectos que monetizan aquello que pertenece a todos.
La empresa construyó el hotel.
Pero no construyó el mar.
No creó la playa.
No produjo el paisaje.
Cuando un bien natural colectivo se convierte de hecho en atributo de exclusividad comercial, debemos preguntar quién captura la renta, quién asume los costos y qué pierde la nación.
El turismo no es enemigo del país. La empresa privada tampoco. Necesitamos inversión que genere empleos dignos, fortalezca proveedores nacionales, contribuya fiscalmente, transfiera conocimientos, respete el medioambiente y deje comunidades más prósperas.
No queremos menos crecimiento. Queremos crecimiento que produzca desarrollo.
No queremos menos inversión. Queremos inversión que fortalezca a la nación que la hace posible.
No todo incremento del PIB equivale a mayor bienestar ni necesariamente a mayor riqueza nacional neta. Si al crecer agotamos acuíferos, degradamos costas, acumulamos pasivos ambientales o convertimos privilegios temporales en derechos permanentes, podemos contabilizar como progreso la pérdida de nuestro patrimonio. Ninguna nación puede llamar desarrollo a aquello que mejora las cuentas de esta generación a costa de la siguiente.
El Estado no está ausente. Está selectivamente presente.
Construye carreteras, facilita inversiones, protege propiedades, concede incentivos y promueve destinos. Y debe hacerlo. El problema es que demasiadas veces no muestra la misma eficacia y urgencia para garantizar agua potable, educación, salud, seguridad, saneamiento y servicios públicos dignos.
Ese desequilibrio erosiona la esencia del Estado social y democrático de derecho.
No necesitamos escoger entre empresa y pueblo, ni entre inversión y justicia social. Esa es una falsa disyuntiva. Debemos medir el éxito nacional no solo por cuánto crece la economía, sino por cómo crece, quién recibe sus beneficios, quién asume sus costos y qué deja en el país.
Eso exige proteger el acceso público a los bienes comunes; condicionar los incentivos fiscales a resultados verificables; incorporar los costos ambientales; promover empleo formal, encadenamientos productivos y contribución fiscal; y someter las grandes decisiones al interés general.
Pero la transformación no corresponde únicamente al Estado. Requiere ciudadanos dispuestos a vigilar, participar, exigir cuentas y defender aquello que pertenece a todos.
La República Dominicana necesita más que corregir políticas aisladas. Necesita un proyecto de nación capaz de unificar esfuerzos, ordenar prioridades y fijar metas para saldar una deuda social acumulada durante décadas: un proyecto que convierta crecimiento en desarrollo, desarrollo en derechos y derechos en oportunidades reales.
Ese proyecto no supone renunciar al turismo, al capital ni a empresas prósperas. Supone ponerlos al servicio de algo superior: una economía al servicio de una nación.
Debemos reconocer una verdad incómoda: hemos sido mucho más persistentes construyendo crecimiento que construyendo desarrollo.
Es tiempo de recuperar la jerarquía constitucional:
Primero la persona.
Primero su dignidad.
Primero el bien común.
Y entonces el mercado, la inversión y el crecimiento como instrumentos para alcanzarlos.
Al final, la historia no nos preguntará cuánto creció la economía. Nos preguntará qué país dejamos.
Entonces tendremos que responder:
¿De qué sirvió crecer si, mientras crecíamos, fuimos perdiendo aquello que pertenecía a todos?
Ante esa pregunta, la indiferencia no debe ser una opción.
Por Oscar López Reyes
En 1976, en Barahona yo ganaba 100 pesos mensuales en dos trabajos –en el gobierno y en un medio de comunicación- cubría holgadamente los gastos de mi recién formada familia de cuatro miembros, y me sobraba dinero. Caminaba las calles del pueblo como un privilegiado, sin deudas ni estrés. Dormía como un lirón por el estilo de vida sobrio y albergaba una gran esperanza en el futuro.
Como en la mayoría de las casas, en la mía no había televisión, teléfono, nevera, aire acondicionado y mucho menos un vehículo de motor. Tampoco estufa, licuadora, inversor ni botellones de agua, porque por una tubería llegaba sin pagar un solo centavo, igual que la basura, y se pagaban chelitos por el consumo de luz. En el liceo no se cobraba.
En los patios de las dos casas alquiladas donde vivía, en las céntricas calles Colón casi esquina Duvergé y Jaime Mota casi esquina José María Cabral, había frondosos árboles de mangos y limoncillos (quenepas), y en la última anafres (hornillos para cocinar con carbón) y una letrina surtida con periódicos y fundas de papel –provenientes de colmados- para el aseo defecatorio.
Esos pliegos sanitarios representaban una muestra de progreso, porque en las afueras de la ciudad y en las lomas, como Chene, en Enriquillo, para la limpieza tras las necesidades fisiológicas se acudía, en los montes, a piedras, hojas verdes, tusas de maíz y troncos leñosos -en forma giratoria- que se ramificaban desde el suelo.
Entre 1973-1976 en colmados y almacenes –no existían supermercados- se compraban menos de 20 productos hogareños, con precios establecidos por la Dirección General de Control de Precios. Una libra de arroz costaba 8 centavos, una libra de habichuelas 7 centavos, una libra de azúcar 4 cheles, una libra de carne 10 cheles y una botella de aceite comestible valía 30 centavos.
A primera hora de la mañana y en la tardecita se vendía a 8 y 10 cheles una botella o litro de leche de vaca, bien pura, acabada de llegar en bidones desde fincas ganaderas de Amador Pons, Sarita Báez, Buchinche Pérez Espinosa, los hermanos Milongo y Napó (Napoleón) Pérez, los hermanos Dámaso y Zulema López (mis tíos) y otros.
Los gastos eran restringidos, y los regalos escasos, porque muy pocos celebraban cumpleaños o visitaban restaurantes. Predominaba el consumo de helados, principalmente los domingos, antes y después de las retretas del Parque Central.
Esos precios son recordados por mercaderes y amas de casa de la época, debido a que no existían estadísticas de la canasta básica de consumo en pesos dominicanos, en virtud de que, justamente en 1976, el Banco Central fue cuando inició la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH).
A la postre, la compra alimenticia mensual para ocho personas –porque había que separar manjares para los vecinos más cercanos y los padres de los esposos- ascendía a menos de 20 pesos mensuales. Otros gastos: Un par de zapatos de la fábrica gubernamental Fac Doc costaba 4 pesos, y cuando al prestamista “Viste Encuero”, muy conocido en el mercado público y los predios judiciales de Barahona, los días 25 –fecha de pago en el gobierno- le avanzaban 50 centavos de un crédito de 7 pesos, los aceptaba gustosamente.
En esos años, el peso dominicano tenía una paridad con el dólar estadounidense, o sea, uno por uno. Para las transacciones cotidianas, junto a las monedas de 5, 10, 25 y 50 centavos, la de un centavo circuló hasta 1987, con la efigie de Caonabo, cuyo poder adquisitivo fue anulado por la inflación, aunque no se conoce la emisión de una resolución definitiva del Banco Central que la despoje de su poder liberatorio.
Aquellos conmemorados, bien recordados y limpiecitos 100 pesos mensuales: 60 de la Corte de Apelación (no se registraba ninguna deducción de impuestos sobre la renta ni de seguridad social) y 40 pesos de Radio Barahona equivalen, a junio de 2026, a 125 mil 898 pesos con 56 centavos nominales, calculando el Índice de Precios al Consumidor, año por año, el valor del capital y el efecto inflacionario. A este último salario, la Dirección General de Impuestos Internos le reduce a 98 mil 400 pesos con 44 centavos, porque se le aplica un descuento de 27 mil 498 pesos con 12 por aportes de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y el Impuesto sobre la Renta (ISR).
¡Ah, consumismo y lujos!
¡Uy, prima del dólar!
¡Guau, globalización!
Entre 1973 y 1976 yo andaba despacio, a pie, relax y divertido, de un sitio a otro por las calles de Barahona como un afortunado, porque en la Corte de Apelación (juicios penales y civiles) me desempeñaba como mecanógrafo y mensajero ocasional, ya que estaba responsabilizado de buscar, el 25 de cada mes en las oficinas de Correo, los cheques de los jueces Federico Neftalio Cuello López (Nene), Doro Buenaventura Vásquez, Máximo Deñó, Rafael Dotel Recio y David Vicente Vidal Matos, y el procurador general de ese tribunal, Secundino Gómez Pérez (Jumito), máximas autoridades judiciales de la provincia.
El día 25, los magistrados arribaban a la Corte más temprano que nunca, caminando desde sus casas, sin parafernalias. Recuerdo cuando los secretarios de la Corte, Rafael Alfredo Pérez Rocha (Fellito Tinina), y la Procuraduría, Alejandro Rocha Peña (Mingolito), les entregaban a los jueces los emolumentos que devengaban: unos 250 pesos. Fungían como alguaciles Rafael Matos (Alito), Ignacio Mota y Luis Marino Arias. De unos 20 empleados de ese tribunal, solo sobreviven este último, hoy notario público; el extogado David Vidal, la entonces escribiente Teresa Peña y este servidor.
Yo era el menor de edad y el de más bajo salario: 60 pesos mensuales, el mínimo estatal, y cumplía el horario de 7:30 a.m. a 1:30 p. m. En la segunda jornada laboraba, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, como secretario auxiliar de Rodolfo Z. Lama Jaar, propietario de Radio Barahona, Radio Pedernales, Radio Jimaní y Radio Neyba. Redactaba cartas, anuncios y notas luctuosas, nutrido por mis primeras prácticas escriturales en los clubes culturales y en los murales de la Juventud Comunista (Pacoredo) del liceo secundario Federico Henríquez y Carvajal.
El 11 de febrero de 2026 -justo 50 años después, porque ingresé en el citado mes- volví a las oficinas de la Corte de Apelación de Barahona y la nostalgia me envolvió con los cambios experimentados: existía uno que otro escritorio de caoba, pero ni en sombra las máquinas mecánicas Olympia, Olivetti y Remington, y prácticamente todos los jueces y empleados de 1973-1976 viajaron a un espacio inhóspito. El salario mínimo es de 20 mil 500 pesos y los titulares de Corte de Apelación ganan desde 260 mil 859 hasta más de 362 mil 304 pesos.
Albricias: Aparecieron los datos de mi ingreso al Poder Judicial, y me expidieron la certificación pertinente. El juez presidente de la Cámara Penal de la Corte y juez coordinador del Departamento Judicial (Barahona, Pedernales, Bahoruco e Independencia), Joselín Moreta Carrasco, me dispensó la más esplendorosa atención. Lo que no dijo el texto fue que fui cancelado -el más próspero premio de mi vida, porque tuve que emigrar forzosamente a Santo Domingo- por negarme a ingresar al Partido Reformista del gobernante presidente Joaquín Balaguer. ¡Qué vida Balaguer!
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y comentarista de medios escritos, televisivos y digitales.