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Mayoría miembros Comisión de Reforma y Profesionalización de Policía conoce muy poco del asunto.
Por Elba García
Desde hace décadas que la Policía Nacional es uno de los órganos que más preocupa a los diferentes sectores que confirman la vida nacional por los niveles de corrupción que se producen en su seno, ya que sin lugar a dudas es la mas corrupta de todos los órganos que forman parte del Estado dominicano.
El asunto es tan grave que hubo algún momento y parece que todavía ocurre que en cada atraco a mano armada que se ejecutaba en el país había agentes como protagonistas de los hechos, lo cual coloca a la Policía Nacional como la institución que más genera preocupación por estar conformada por hombres armados que en su mayoría no están al servicio de la ley y los intereses de la sociedad.
Sin embargo, no se puede ver al margen de un problema integral que impacta a todas las instituciones del Estado, cuya realidad ha llevado a diferentes sectores, entre los que está este periódico, a plantear que la Policía Nacional debe ser abolida por lo menos por dos años y que se traiga a desarrollar su labor a la parte más sana del Ejército Nacional que ha estado al margen de labores de gran contaminación, como ejemplo la vigilancia de la frontera.
Esto así, porque nadie puede poner en duda los niveles en que han sido permeados los demás cuerpos castrenses del país por fenómenos como el narcotráfico, cuyos mejores ejemplos son la Armada y la Fuerza Aérea Dominicana (FA), las cuales tienen la misión de vigilar y preservar el espacio marítimo y aéreo del país, las cuales no constituyen una garantía de seguridad nacional.
En tal virtud, este medio ha sido partidario de la abolición periódica de la Policía Nacional y que esa medida vaya acompañada de la creación de una nueva academia para que este órgano se maneje sobre la base de criterios éticos que no dañen y distorsionen su misión.
La propuesta en este sentido debe incluir el derribamiento del Palacio de la Policía Nacional para no dejar rastros de sus compromisos con lo mal hecho, porque el asunto es tan grave que no importa en que proporción se aumenten los sueldos de los agentes, es decir, que los mismos pueden llegar a un millón de pesos y el problema va a seguir presente, porque la corrupción ya es una cultura en el seno de esa institución y sus miembros de cualquier modo van a continuar por el camino de la delincuencia y de los hechos al margen de la ley.
Es una corrupción que se expande al Ministerio Público y a otras instituciones del Estado, ya que se impactan recíprocamente y el problema se constituye en uno de los más preocupantes y peligrosos para la sociedad.
Visto lo complejo de la seguridad nacional y las razones que explican el comportamiento de la Policía Nacional, entonces hay que concluir que se trata de un asunto que atañe a expertos y técnicos y no a cualquier ciudadano no importa que buen intencionado esté y el presidente ha incurrido en el error como regularmente ocurre en el Gobierno de crear una comisión de personas que no tienen la menor idea del problema.
La Comisión está llena de personas que no han pasado de emitir algunas opiniones por los medios de comunicación, pero que no entienden ni tienen la menor idea de lo que se debe hacer para transformar un órgano corrompido desde los pies hasta la cabeza.
No existe la menor idea de quién le pudo haber sugerido al presidente una serie de personas que no tienen la formación ni la experiencia para plantear las medidas que podrían cambiar la Policía Nacional, porque en vez de algunos comunicadores ahí debieron estar técnicos que son ampliamente conocidos por sus conocimientos sobre el tema de la seguridad.
Ha sido una norma en el presente Gobierno escoger a personas que no conocen ni son especialistas en la materia para la que son seleccionados, como por ejemplo la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, que se desempeña como jefa del gabinete de salud sin ser médico y sin conocer el sector.
Lo propio ocurre con muchos otros funcionarios del Gobierno de Luis Abinader, lo que en consecuencia le da muy poca credibilidad a la medida tomada ahora para la transformación y profesionalización de la Policía Nacional.
En esa comisión hay personas que nunca podrán hablar con propiedad de los problemas que aquejan a la Policía Nacional, ya que no tienen la experiencia, la formación y los conocimientos para proponer cuestiones que en realidad puedan transformarla y profesionalizarla.
Sólo algunos de los escogidos podrán tener una función útil en el mecanismo creado con muchas personas que no tienen la menor idea de lo que es este órgano, porque además no tienen ninguna experiencia de Estado para tener soluciones a un problema tan complejo y técnico.
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Una intensa lucha por convertirse en títere de una potencia que desprecia el respeto que impone la dignidad humana.
El chantaje de visas por dignidad y un control político, económico y social a ultranza define hoy día la fuerza y el poder de una nación, donde prevalece el criterio «conmigo o con nadie».
La administración del presidente Donald Trump sólo entiende de la fuerza, de las armas y de todo mecanismo de romper con relaciones armoniosas con los demás Estados.
En ese trance está sometida Venezuela y todos los demás países del llamado primer, segundo y tercer mundo, cuyas reglas del juego es el sometimiento a la voluntad de los Estados Unidos de América.
Sin embargo, donde la prenda preciosa de la dignidad humana parece esfumarse es en Venezuela, ya que gobierno y oposición rinden pleitesías a Trump para en la competencia de ver quién resulta más gracioso o más títere a favor de los planes de dominación de la potencia del norte.
Es impresionante ver como gobierno y oposición están dispuestos a dar alma y corazón a Trump para entregarse sin límites y servir sin condicionamiento a los intereses que mancillar su dignidad como si se tratara de cualquier mercancía
El escenario escogido es la Casa Blanca, donde acuden o por lo menos comunican su disposición de entregarse a cambio de lo que sea para rendirse ante los pies de quien se expresa con aires de emperador.
Ahora quien acudió al Reynaldo de Trump fue María Corina Machado, quien es Premio Nobel de La Paz, sin haber pacificado nada, pero que busca complacer al jefe de Estado norteamericano en su afán de ser favorecida con el referido reconocimiento
Es la lucha y el vencimiento de la irracionalidad sobre los principios que se suponen deben prevalecer en un mundo que hace siglos que pasó de la barbarie a la civilización.
Machado llegó a la Casa Blanca con el premio muy bien adornado para hacerlo extensivo a Trump en su lucha sin límites por ser títere.
El asunto no tiene fronteras y lo mismo ocurre en cualquiera de los continentes que conforman el mundo, cuyo sometimiento deja muy claro lo vulnerable del planeta.
La era Trump ha impuesto la regla del más fuerte dejando atrás el supuesto respeto del derecho internacional y constitucional.
La era Trump no sólo ha relegado a un segundo plano el derecho, sino también la razón y en consecuencia las reglas de una buena democracia.
Todo ser define la fuerza y el poder con que cuenta, mientras que el que no tiene los mismos sólo tiene la opción de plegarse y convertirse en un títere gracioso ante el imperio.
El Instituto Oslo advirtió a Machado que el premio es intransferible como forma de evitar que la política venezolana hiciera lo que hizo con Trump.
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Pretensiones imperiales toman tanto impulso en era trumpista que borra del mapa derecho internacional
El mundo atraviesa por grandes tensiones como resultado de las no disimuladas acciones de la administración Trump de retornar el planeta a una selva en la que no se respetan derechos, no sólo de las personas físicas, sino también de los Estados.
Hablar después de lo ocurrido en Venezuela con la incursión militar de EE.UU. para la aparente aprehensión de Maduro, cuyo real trasfondo es apropiarse de sus riquezas naturales, principalmente del petróleo, implica tocar un tema que se pensaba superado sin que existan argumentos válidos para justificar esa conducta al margen de la ley y de la civilización.
En pleno siglo 21 que un Estado ocupe el territorio de otro es una medida al margen del derecho internacional contenido en tratados y convenciones y muy concretamente en la Carta de la ONU, pero lo que ha importado muy poco para la administración Trump.
Y ello crea una situación que pone en peligro los territorios soberanos que conforman el mundo y que justificarla o tolerarla mínimamente conlleva que las diferentes sociedades se rijan por la Edad de Piedra en la que el más grande se traga al más chiquito, cuya opción parece predominar en los Estados Unidos, donde luce que se impone la irracionalidad y la falta de razonabilidad.
La vulneración de las fronteras toma tanta fuerza que ahora la administración Trump habla de que por razones de seguridad debe tomar por la fuerza a Groenlandia, isla autónoma de Dinamarca y de igual manera amenaza a Colombia y México mediante la excusa de combatir el narcotráfico.
Lo preocupante del fenómeno es que los medios de comunicación y una serie de gobiernos justifiquen el apresamiento de Maduro y en consecuencia den luz verde a la intervención de un Estado en contra de otro que se supone que debe tener sus propios mecanismos de solución de cualquier distorsión del Estado Social Democrático de Derecho.
Las acciones ilegales del imperio del norte toman tanta fuerza que ya el tema se aborda como si se hablara de una acción legal y legítima, lo cual lleva a la normalidad decir que ahora funcionarios estadounidenses tendrán el control de Venezuela.
Este peligro no sólo se observa en los actuales momentos en que Maduro, un presidente seriamente cuestionado por la comunidad internacional, pero cuyo apresamiento es ilegal desde cualquier perspectiva que se vea, esta recluido en una cárcel de Nueva York tras un secuestro de una Estado que no es el suyo, el cual se supone que, es en todo caso, es el que debe enjuiciarle.
De manera, que una o varias acciones ilegales no pueden generar otras de igual naturaleza las cuales no se apoyan en derechos, porque entonces se entra en una violación y contradicción con el derecho internacional.
Hay una famosa expresión muy popular que dice que se amuela cuchillo para su propia garganta, la cual es aplicable en el presente caso, lo que pone en una situación muy difícil a los gobiernos que se prestan a ese juego como la República Dominicana y otras naciones de los hemisferios occidental y oriental, cuyas soberanías están hoy muy mancilladas.
Son tantos los controles imperiales de la era trumpista, que la sola amenaza de violar la soberanía de los territorios de paises que se suponen libres, surten unos efectos que no disminuyen con la presión mediática o a través de organismos de concertación pública de carácter internacional.
Inexplicablemente este comportamiento hegemónico ilegal se empodera, mientras el derecho internacional muere sin que los países víctimas den una respuesta en bloques como una forma de sustentarse en la herramienta que lo salvaría de la barbarie como lo constituye el derecho internacional.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.