El Gobierno buscará disminuir subsidios, como en el sector eléctrico, y aplicar impuestos que no requieran aprobación del Congreso.
Por Rosario Espinal
En los últimos años he dicho en distintas ocasiones que en la República Dominicana no habrá pacto fiscal, independientemente de que lo establezca la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Por qué he planteado eso? Porque no hay formas de lograr acuerdos entre los distintos sectores en conflicto con respecto a los impuestos y las exenciones, y de eso se trata un pacto fiscal.
Primero, ningún sector social del país quiere pagar más impuestos y el Gobierno necesita recaudar más dinero. De entrada, eso complica la posibilidad de lograr un pacto.
Segundo, los sectores empresariales, grandes beneficiarios de exenciones fiscales y evasiones, tienen suficiente poder para proteger sus intereses frente al Gobierno. Ahora han preferido oponerse a una reforma fiscal para que no los toquen, en un contexto económico difícil por la pandemia y un movimiento internacional donde resuena el tema de la justicia fiscal.
Tercero, la clase media es ya suficientemente grande en el país y tiene una vocería propia en las redes sociales para hacer oposición y resistir más impuestos.
Cuarto, la situación es actualmente más adversa para aumentar impuestos porque hay un incremento generalizado de precios por la pandemia.
No sé si fue planeado para que el presidente Luis Abinader se la luciera con el anuncio de la no reforma fiscal (ni siquiera se habla ya de pacto fiscal, sino de reforma, que no es lo mismo ni es igual). Lo que sí es evidente es que varios funcionarios hablaron de la inminencia de la reforma, y eso generó reacciones contrarias de amplios sectores.
Sin dudas, fue una buena decisión política de Abinader no impulsar la reforma fiscal, eso calma el país; y, de paso, renueva la narrativa política que sustenta su liderazgo presidencial: un hombre de buenas intenciones que escucha la gente.
En resumen, las razones fundamentales que llevaron al presidente Abinader a no someter la reforma fiscal al Congreso son las siguientes: 1) todos los sectores sociales se oponían, incluidos los empresarios; 2) someterla era brindar en bandeja de plata un tema urticante a la oposición; 3) hubiese crecido el movimiento por la justicia fiscal que enarbola más impuestos a los más ricos; y 4) con los Papeles de Pandora era difícil para Abinader justificar con legitimidad un aumento de impuestos al país.
¿Cuándo entonces aumentará el Gobierno los impuestos? Cuando fuerzas externas (calificadoras de riesgo, por ejemplo) exijan mayor holgura fiscal para asegurar el pago de la deuda externa y poder seguir colocando bonos a tasas de interés aceptables. Cuando eso ocurra, no habrá pacto fiscal, si por pacto se entiende un acuerdo amplio entre sectores políticos y sociales. Habrá un acuerdo mínimo entre el Gobierno y los empresarios para aumentar impuestos, y a eso se le llamará pacto.
¿Qué ocurrirá ahora? Ante la imposibilidad de una reforma fiscal en este momento, el Gobierno buscará disminuir subsidios, como en el sector eléctrico, y aplicar impuestos que no requieran aprobación del Congreso. Al final, el pueblo siempre paga las cuentas