Santo Domingo.- Sería perjudicial para los propietarios de automóviles si el Congreso Nacional convierte en ley el proyecto que cambiaría la forma de pagar el deducible por accidentes de tránsito.Nacionales
Cómo perjudica a dueños de vehículos el proyecto que cambiaría forma de pagar deducible por accidentes
Santo Domingo.- Sería perjudicial para los propietarios de automóviles si el Congreso Nacional convierte en ley el proyecto que cambiaría la forma de pagar el deducible por accidentes de tránsito.Así lo advirtió ayer el abogado y consultor de seguros para vehículos, Félix Correa, quien explicó que las compañías les ofrecen a los usuarios distintas modalidades, entre ellas pagar cero deducible
La propuesta de cambiar el sistema de deducible por accidentes de tránsito ha generado controversia en el país, debido a la oposición de los empresarios de la rama aseguradora, quienes alegan que de llegarse a aprobar la iniciativa, aumentará el costo de la póliza de vehículos de motor y encarecería los bienes y servicios en general.
El proyecto de ley del vicepresidente del Senado, Dionis Sánchez, propone que el deducible sea un 10% del pago de reparación del vehículo, no de la póliza.
El deducible es la cantidad de dinero que el propietario de un vehículo se compromete a pagar como parte de una reclamación, antes de que la aseguradora pague el resto del importe del accidente.
Las compañías de seguros los ofrecen debido a que reducen el número de reclamaciones de poco monto, los cuales resultan costosos de manejar.
“Lo que sugiero es que a la gente se les explique, que cuando vaya a comprar un seguro se les diga cuánto tiene de deducible, para que acepte o no. Hay un plan cero deducible. Pero el deducible es hasta saludable, porque obliga al asegurador a tener parte en el riesgo”, dijo.
Correa explicó que mientras más deducible pague el cliente, paga menos prima.
“Cuando ese proyecto no se ve bonito, cuando ese vehículo de un millón de pesos presente pérdidas por encima de 100 mil pesos, de 150 mil, 200 mil, 300 mil, entonces la gente se va ver afectada ahí, porque el deducible subirá de acuerdo al monto de la perdida”, explicó.
Refirió que la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores acudió a la Cámara de Diputados para pedir que se le invite a vistas públicas, a fin de discutir el proyecto.
Dionis Sánchez, autor de la pieza, advirtió que “nosotros legislamos para el país”, y que “mi proyecto es para beneficiar a los usuarios; es que el pago de una póliza de seguro, cuando su vehículo tiene un accidente, el deducible sale más caro que la reparación”.
El proyecto de Sánchez ya fue aprobado en dos lecturas por el Senado y será enviado a la Cámara de Diputados.
Es que se cuenta el deducible en función del valor de la póliza y no del valor de la reparación, explicó el senador de Pedernales, y refirió que el 40% de las reparaciones por accidentes no son reclamadas
“Nosotros entendemos que es injusto. Son por reclamadas, porque si tu póliza vale un monto de dinero y cuando se va a reparar cuesta 40,00, el deducible está por debajo de ese monto”, agregó.
Beneficiar a los usuarios
Es por eso, agregó, que se plantea en su proyecto que el deducible sea un 10%, en función del monto de la reparación, para que sean beneficiados los usuarios.
“Es que también aquí hay que desprenderse, que aportar, que ayudar; es que cada día las cosas son más caras y más caras para los consumidores”, consideró.
Dijo que todos los sectores deben de aportar para poder mantener lo establecida en los pasos. Sánchez llamó a los diputados a darle el mismo tratamiento que le dio el Senado
Mientras tanto, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) afirmó que de ser convertido en ley, este proyecto provocaría inconvenientes “importantes en la administración de los seguros en el país”.
Referencia: el valor de la pérdida
El Conep envió una carta al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, para referirse y plantear su posición en torno a un proyecto de ley que busca que los deducibles correspondientes a los pagos por daños sufridos por vehículos asegurados sean tomados como referencia el valor de la pérdida.
La carta, firmada por el presidente del Conep, Pedro Brache, contiene la opinión de esa agrupación en torno al proyecto de Dionis Sánchez.
Juzga importante que se conozca que para el sector agrupado en el Conep “cualquier modificación legislativa relacionada con los seguros de vehículos reviste singular importancia dado que los mismos constituyen activos importantes de las empresas y cualquier incremento en el costo de las pólizas de seguro afecta a las empresas e impacta su competitividad, razón por la cual agradecemos la oportunidad que nos brindó de canalizar por su intermedio nuestras observaciones, a la vez que solicitamos formalmente que tenga a bien coordinar que esta entidad sea invitada en las reuniones o vistas públicas a ser llevadas a cabo en relación con este proyecto de ley”.
Explicó que el citado proyecto de ley establece, en su artículo 3, que “se dispone que el deducible que debe pagar el asegurado en caso de daños por accidentes de vehículos de motor debidamente provisto de su póliza de seguros, sea de un 10% sobre el monto”.
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Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.