Santo Domingo.- Sería perjudicial para los propietarios de automóviles si el Congreso Nacional convierte en ley el proyecto que cambiaría la forma de pagar el deducible por accidentes de tránsito.Nacionales
Cómo perjudica a dueños de vehículos el proyecto que cambiaría forma de pagar deducible por accidentes
Santo Domingo.- Sería perjudicial para los propietarios de automóviles si el Congreso Nacional convierte en ley el proyecto que cambiaría la forma de pagar el deducible por accidentes de tránsito.Así lo advirtió ayer el abogado y consultor de seguros para vehículos, Félix Correa, quien explicó que las compañías les ofrecen a los usuarios distintas modalidades, entre ellas pagar cero deducible
La propuesta de cambiar el sistema de deducible por accidentes de tránsito ha generado controversia en el país, debido a la oposición de los empresarios de la rama aseguradora, quienes alegan que de llegarse a aprobar la iniciativa, aumentará el costo de la póliza de vehículos de motor y encarecería los bienes y servicios en general.
El proyecto de ley del vicepresidente del Senado, Dionis Sánchez, propone que el deducible sea un 10% del pago de reparación del vehículo, no de la póliza.
El deducible es la cantidad de dinero que el propietario de un vehículo se compromete a pagar como parte de una reclamación, antes de que la aseguradora pague el resto del importe del accidente.
Las compañías de seguros los ofrecen debido a que reducen el número de reclamaciones de poco monto, los cuales resultan costosos de manejar.
“Lo que sugiero es que a la gente se les explique, que cuando vaya a comprar un seguro se les diga cuánto tiene de deducible, para que acepte o no. Hay un plan cero deducible. Pero el deducible es hasta saludable, porque obliga al asegurador a tener parte en el riesgo”, dijo.
Correa explicó que mientras más deducible pague el cliente, paga menos prima.
“Cuando ese proyecto no se ve bonito, cuando ese vehículo de un millón de pesos presente pérdidas por encima de 100 mil pesos, de 150 mil, 200 mil, 300 mil, entonces la gente se va ver afectada ahí, porque el deducible subirá de acuerdo al monto de la perdida”, explicó.
Refirió que la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores acudió a la Cámara de Diputados para pedir que se le invite a vistas públicas, a fin de discutir el proyecto.
Dionis Sánchez, autor de la pieza, advirtió que “nosotros legislamos para el país”, y que “mi proyecto es para beneficiar a los usuarios; es que el pago de una póliza de seguro, cuando su vehículo tiene un accidente, el deducible sale más caro que la reparación”.
El proyecto de Sánchez ya fue aprobado en dos lecturas por el Senado y será enviado a la Cámara de Diputados.
Es que se cuenta el deducible en función del valor de la póliza y no del valor de la reparación, explicó el senador de Pedernales, y refirió que el 40% de las reparaciones por accidentes no son reclamadas
“Nosotros entendemos que es injusto. Son por reclamadas, porque si tu póliza vale un monto de dinero y cuando se va a reparar cuesta 40,00, el deducible está por debajo de ese monto”, agregó.
Beneficiar a los usuarios
Es por eso, agregó, que se plantea en su proyecto que el deducible sea un 10%, en función del monto de la reparación, para que sean beneficiados los usuarios.
“Es que también aquí hay que desprenderse, que aportar, que ayudar; es que cada día las cosas son más caras y más caras para los consumidores”, consideró.
Dijo que todos los sectores deben de aportar para poder mantener lo establecida en los pasos. Sánchez llamó a los diputados a darle el mismo tratamiento que le dio el Senado
Mientras tanto, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) afirmó que de ser convertido en ley, este proyecto provocaría inconvenientes “importantes en la administración de los seguros en el país”.
Referencia: el valor de la pérdida
El Conep envió una carta al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, para referirse y plantear su posición en torno a un proyecto de ley que busca que los deducibles correspondientes a los pagos por daños sufridos por vehículos asegurados sean tomados como referencia el valor de la pérdida.
La carta, firmada por el presidente del Conep, Pedro Brache, contiene la opinión de esa agrupación en torno al proyecto de Dionis Sánchez.
Juzga importante que se conozca que para el sector agrupado en el Conep “cualquier modificación legislativa relacionada con los seguros de vehículos reviste singular importancia dado que los mismos constituyen activos importantes de las empresas y cualquier incremento en el costo de las pólizas de seguro afecta a las empresas e impacta su competitividad, razón por la cual agradecemos la oportunidad que nos brindó de canalizar por su intermedio nuestras observaciones, a la vez que solicitamos formalmente que tenga a bien coordinar que esta entidad sea invitada en las reuniones o vistas públicas a ser llevadas a cabo en relación con este proyecto de ley”.
Explicó que el citado proyecto de ley establece, en su artículo 3, que “se dispone que el deducible que debe pagar el asegurado en caso de daños por accidentes de vehículos de motor debidamente provisto de su póliza de seguros, sea de un 10% sobre el monto”.
listindiario.com
Nacionales
Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.
Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.