Opinión
Comunicología y fuentes noticiosas emergentes (I)
Por Oscar López Reyes
En la historia de la humanidad, la comunicación social se apuntala como una de las disciplinas científicas que ha crecido con más rapidez y diversidad, espoleada por las invenciones y descubrimientos tecnológicos. Esa expansión ha abierto las puertas a nuevas fuentes informativas y sub-especialidades y, por consiguiente, a originales contenidos y géneros noticiosos, modelos de negocios en la industria comunicacional, la cultura y las competencias profesionales.
En esta posmodernidad, estamos inmersos en un filón fenomenológico y hermenéutico, que ha deparado nuevos vocablos: web, hipertextualidad, interactividad, software, hardware, fake news, chatgpt, chatbots, big data, bots y trols, blockshain, algoritmo, etc., que articulan nuevos lenguajes y otras funciones en el periodismo de alta tecnología, periodismo computacional y periodismo automatizado, con el predominio de la realidad virtual, en la construcción de significados para nuevas audiencias.
La compactación de las ciencias humano/sociales y los sistemas electrónicos, en la conectiva retroalimentación, han fundado la comunicología, que aldaba como epicentro la mediología, que estudia y privilegia las interacciones de lenguajes, normas de conducta, relatos tradicionales, creencias, experiencias y destrezas, y no se circunscribe al simple accionar mediático.
Esos otros datos y otras fuentes informativas propulsadas por la cibernética, que sustituyen el capital humano de escaso valor por máquinas, tienen como genealogía epistemológica y principios constructivistas a seis campos académicos: sociología, psicología social, semiótica, lingüística, política y cultura.
Y el compuesto de esos pensamientos conceptuales interdisciplinarios modelan, en una larga travesía, a las ciencias de la comunicación social, que se cimenta en un corpus de teorías para el análisis y la comprensión, en un objeto de estudio, un método científico para investigar y validar, y la sistematización de saberes para una mejor formación socio-cultural y abordar los temas relativos al poder y las identidades.
En su interaccionismo simbólico, esa comunicología se mapea como una veta fenomenológica, que apabulla en una colectividad subyugada por la ignorancia y el morbo, y que se visualiza carente de capacidad para evaluar y depurar el alto flujo de informaciones inexactas, desdibujadas, falaces y descontextualizadas, en el horizonte de la anarquía informativa. Se diseminan “noticias” de exigua utilidad, especialmente por las fuentes emergentes, en las cuales estas son compartidas con más multiplicidad que las informaciones veraces.
¿Y cuáles son las viejas y nuevas fuentes informativas?
Las fuentes tradicionales son el Palacio Nacional, el Congreso Nacional, el Poder Judicial, las Altas Cortes, la Policía Nacional, los ministerios e instituciones gubernamentales, los líderes políticos, los empresarios, directivos sindicales, gremios profesionales, grupos comunitarios y Ong.
¿Y las fuentes emergentes?
Estas fuentes -genuinamente las sociopsicofenomenológicas, se montan en las innovaciones tecnológicas y, sustancialmente, en la inteligencia artificial, como son:
1.- Los portales institucionales:
– jefes de redacción asignan a periodistas para que indaguen en las páginas Web en busca de evidencias, soportes o hechos noticiosos.
2.- Plataformas digitales y redes sociales:
– X (antes Twitter): fuente en tiempo real de declaraciones, tendencias y noticias de última hora o en progreso.
– TikTok / Instagram Reels / YouTube Shorts: narrativas audiovisuales instantáneas, incluso de testigos directos.
– LinkedIn: discursos empresariales, profesionales y tendencias corporativas.
– Facebook & Grupos cerrados: comunidades activas con información de nicho.
3.- Fuentes ciudadanas (contenidos generados por usuarios):
– Testigos presenciales, compartiendo fotos y videos.
– Live streams espontáneos (Facebook Live, Twitch, TikTok Live).
– Grupos de WhatsApp y Telegram, filtrando primicias.
4.- Bases de datos abiertas y tecnología:
– Data abierta (gobiernos y Ongs.): estadísticas oficiales en tiempo real.
– APIs públicas: acceso directo a flujos de información (ejemplo: tráfico, clima, finanzas).
– Blockchain: registros inalterables de contratos, transacciones y hasta campañas.
5.- Herramientas de inteligencia digital:
– OSINT: análisis de datos públicos en internet.
– Plataformas de factores colaborativos: (ejemplos: Chequeado, PolitiFact).
– IA generativa y buscadores avanzados: como Chatgpt, Perplexity, o motores de búsqueda especializados.
6. Comunidades virtuales:
– Reddit, Discord y foros especializados: microcosmos de conversación sobre cualquier tema.
– Espacios de nicho: podcasts, campañas de correos independientes y blogs especializados.
– Microinfluencers: nuevos “corresponsales” digitales en temas específicos.
7. Tecnología inmersiva y sensores:
– Drones: cobertura visual en lugares de difícil acceso.
– CCTV público: flujos de video que ya se usan como prueba.
– Internet de las Cosas: dispositivos que generan datos (ejemplos: sensores ambientales y medidores urbanos).
– Realidad aumentada: nuevas formas de experimentar el hecho noticioso.
8. Inteligencia colectiva:
– Crowdsourcing: audiencias participando en investigación (ejemplo: Bellingcat).
– Plataformas de denuncia ciudadana: filtraciones anónimas (ej. Wikileaks, GlobaLeaks).
– Periodismo colaborativo internacional: proyectos conjuntos de varios medios y ONGs.
Ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de ellas?
Las ventajas de las fuentes tradicionales son:
– Credibilidad y rigor editorial: medios como periódicos, radio y TV cuentan con procesos de verificación más sólidos.
– Contexto y profundidad: ofrecen análisis, antecedentes y jerarquización de la información.
– Acceso a fuentes oficiales: mayor facilidad para cubrir declaraciones institucionales, voceros y ruedas de prensa.
– Archivo histórico: los periódicos impresos, hemerotecas y noticieros sirven como repositorios de referencia.
– Estándares éticos: suelen regirse por códigos deontológicos que fortalecen la confianza.
– Cobertura amplia y estructurada: recursos técnicos y humanos que permiten llegar a todo el país.
– Jerarquización clara: ayudan a la audiencia a distinguir qué es relevante y qué es secundario.
¿Cuáles son las ventajas de las fuentes emergentes?
– Velocidad y actualidad: permiten acceder a primicias en tiempo real (ejemplo: un live en TikTok desde el lugar de los hechos).
– Diversidad de voces: amplifican perspectivas ciudadanas, comunidades y expertos fuera de los grandes medios.
– Acceso directo a la audiencia: redes como Instagram, TikTok o Newsletters permiten llegar sin intermediarios.
– Interactividad: la audiencia no solo recibe la noticia, también la comenta, aporta y corrige en tiempo real.
– Personalización: algoritmos y la IA ajustan la información a intereses individuales.
-Costo bajo: un periodista puede monitorear plataformas sociales sin grandes inversiones técnicas.
– Innovación narrativa: videos cortos, infografías interactivas, hilos explicativos y podcasts: nuevos formatos para captar interés.
¿Acaso tienen desventajas las fuentes tradicionales?
– Menor velocidad: los procesos editoriales hacen que publiquen más tarde que las redes sociales.
– Limitación de formatos: suelen ser menos interactivos e innovadores que las plataformas digitales.
– Alcance generacional limitado: los jóvenes consumen cada vez menos prensa y TV tradicionales.
– Costos altos: mantener redacciones, imprentas y equipos de transmisión es más costoso que lo digital.
– Concentración mediática: en algunos países, pocos grupos controlan los medios, reduciendo la pluralidad.
– Dependencia de agendas oficiales: muchas veces priorizan discursos institucionales sobre voces alternativas.
– Menor personalización: la audiencia recibe la misma información, sin adaptaciones a sus intereses.
¿Revelan desventajas las fuentes emergentes?
– Falsa información y bulos: la rapidez puede sacrificar la veracidad, aumentando el riesgo de difundir fake news.
– Falta de jerarquización: la relevancia no siempre se mide por impacto social, sino por algoritmos de popularidad.
– Sobrecarga informativa: el exceso de fuentes dispersas dificulta filtrar lo esencial.
– Sesgo algorítmico: lo que vemos no es necesariamente lo más importante, sino lo que las plataformas quieren destacar.
– Credibilidad cuestionable: al no existir filtros editoriales, muchas fuentes carecen de rigor periodístico.
– Vulnerabilidad tecnológica: manipulación digital o bots automatizados generando tendencias falsas.
– Efecto efímero: la noticia en redes puede desaparecer en horas, sin dejar archivo ni trazabilidad.
Las fuentes -instituciones, personas o canales- donde se obtienen informaciones en intervalos de tiempo, precisan ser constatadas y confrontadas, a fin de garantizar su fiabilidad y autenticidad para la redacción del género multimedia pertinente. El reto actual está en verificar, depurar y jerarquizar la avalancha de datos de las fuentes emergentes, que naufragan en la inmediatez, la superficialidad y la ausencia de veracidad y que, lamentablemente, es lo que más consumen y usan los ciudadanos.
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El autor: Dos veces presidente y actual vicepresidente Asoc. Dom. Escuelas de Comunicación Social (AdecomRP) y presidente Asoc. Dom. de Profesionales de Relaciones Públicas (Asodoprep).
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.