Opinión
Condenado por cogerse un salchichón y condecorado por robarse el país ¡sopla!
Por Narciso Isa Conde
Es muy fuerte –como decía “El Brodel”- que un salchichón y una guayaba sean considerado cuerpos de delitos graves, mientras se pasa por alto desfalcar al Estado, convertir las privatizaciones en mecanismo de robo y transformar el gobierno en un narco-gobierno. Esto a propósito de un hecho pasado y otros muy recientes.
- · Historia del salchichón y la guayaba.
Hubo una vez un hombre muy pobre, que por robarse un salami para paliar el hambre eterna que lo agobiaba, pasó diez años en la cárcel, después de condenado a veinte. Recuerdo, que tal record del sistema de injusticia imperante en este país, fue reseñado en su tiempo por el diario El Siglo, propiedad del tristemente célebre grupo Baninter.
No sé a “ciencia cierta” si aquel salami estada o no “sazonado” con la bacteria “echerichia coli”, porque entonces Pro-consumidor no osaba hacerle “análisis clínicos” a los salchichones. Pero es muy posible que así sucediera y que además como pasa ahora los salchichones y/o salamis fueran sumamente bajos en nutrientes y ricos en nitritos.
De todas maneras, ese hombre hambriento se chupó una década en las cárceles del país -sin derecho a aire acondicionado- por el hecho de cogerse un salchichón, posiblemente de mala calidad.
En estos días recibimos la noticia de que otro infeliz fue a parar a un destacamento policial por “robarse una guayaba”, tomándola de una mata plantada en patio ajeno.
Ciertamente ignoro si la guayaba estaba o no podrida, si tenía o no gusanos, si estaba verde, alcojolada o madura; lo cual, claro está, no sería culpa de su dueño.
Tampoco sabemos cuánto tiempo habrá de pasarse ese joven en la cárcel por cogerse esa guayaba, que aunque no era de su propiedad el dueño debió regalársela para no pasar de “pijotero” y de abusador.
- · Recurrencia a una policía delincuente y a una justicia venal.
En ambos casos, tanto el dueño del salami como el de la guayaba, recurrieron a la
nada santa Policía Nacional, siempre asociada desde sus estructuras de mando a todo tipo de delitos de Estado, empresariales, civiles y militares. Y siempre con gran vocación para abusar de los/as pobres de esta tierra.
Y no es que el pobre hombre del salchichón o el joven infeliz de la guayaba recibieran el castigo mayor contemplado para casos de violación de la ley que protege la “sagrada” e intocable propiedad privada de los que mucho tienen, pues es bien conocida la abundancia de jovenzuelos empobrecidos que caen sistemáticamente abatidos por la implacable metralla policial, siendo o no culpables de delitos, muchas veces simplemente “por sospecha”, por ser negro, mulato, con aspectote haitiano o “mal vestido”, según el gusto oficial.
La Justicia del gran capital y sus partidos tiene reglas precisas, pero nunca explicitadas:
-A robo menor, pena mayor.
-A robo mayor, impunidad absoluta.
-Robar por hambre lo “privado” puede conllevar hasta la pena de muerte.
-Robar muchísimo, y hacerlo desde el poder o desde la opulencia, es razón para grandes condecoraciones, reconocimientos, alabanzas, pleitesías, candidaturas y nombramientos encumbrados; incluidos calificativos de filántropos (si se trata de grandes empresarios) o diploma del “mejor estadista del año” (si se trata de un ex-presidente socio en suciedad de una voraz o feroz corporación transnacional como la Barrick Gold). Esto último confirmado con lo acontecido a raíz de la reciente visita de Leonel a Canadá.
Así ha sido en tiranías y post-tiranías, durante las ladrocracias (balagueristas, perredeístas y peledeístas) y durante las democracias, seudo-democracias y narcocracias capitalistas.
- · Hechos que disipan dudas sobre el reino de la impunidad.
Y si les asaltan dudas sobre el “arreglo” que le han hecho a la balanza de Doña Justicia o no alcanzan a ver los agujeros en la venda que supuestamente le impide la visión, observen bien a los Ladroneles de hoy, presentes incluso en el gabinete de Danilo.
Los asociados a la estafa de la Sun Land y los conspicuos receptores de la ayuda multimillonaria a FUNGLODE.
Los sobornados por Barrick Gold, Falcondo, Gold Corp, Uni Gold y todo el cártel de la mega-minería.
Los tigres del PEME.
La mafia importadora desplazada.
La mafia eléctrica.
La mafia de los combustibles.
La de las deudas y los bonos soberanos.
Los cárteles de la construcción, con conocidas firmas santiaguera y brasileña a la cabeza
Contemplen sin apasionamiento a todas las alcancías humanas de Ladronel.
Pónganle el ojo clínico a narcos-generales.
Soliciten que transparenten las cuentas en rojo del Estado, las evasiones de impuestos, las compras y ventas sobrevaluadas o subvaluadas del gobierno, las operaciones gobierno-empresarios, la contabilidad del Despacho de la “primera dama”, la procedencia de los fondos de FUNGLODE y los ingresos y egresos de las campañas el PLD.
Y entonces podrían valorar la suerte que esos tipos han tenido por no limitarse a cogerse una guayaba o un salchichón chimbo.
- · Las excepciones confirman las reglas.
Claro las reglas de reino de la impunidad pueden tener sus excepciones. Las tubo con el caso de Leonel Almonte y el propio Jorge Blanco, con el amago contra los involucrados en escándalos como los del PEME y RENOVE y las descaradas estafas bancarias.
La podría tener ahora con los eslabones más débiles del Consorcio de la Corrupción Leonelista, tales como Félix Bautista y NG Cortiña, aunque vale recordar que el abogado de Bautista en el caso de la estafa de la Sin Land es hoy el Presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¡Sopla!
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.