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Congreso aplaza hasta mayo de 2028 sanciones penales contra empresas.

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El Senado y la Cámara de Diputados aprobaron de urgencia la prórroga de las disposiciones del nuevo Código Penal que establecen la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La medida queda pendiente de promulgación por el Poder Ejecutivo.

Santo Domingo, República Dominicana. – El Congreso Nacional aprobó este miércoles 4 de noviembre una nueva modificación al Código Penal dominicano, mediante la cual se pospone hasta el 5 de mayo de 2028 la aplicación de las disposiciones que permiten establecer responsabilidades penales contra empresas, sociedades comerciales y otras personas jurídicas.

La decisión fue adoptada mediante un procedimiento de urgencia en ambas cámaras legislativas, ante la proximidad del vencimiento del plazo establecido para que estas disposiciones comenzaran a aplicarse, previsto para este jueves 5 de noviembre de 2026.

Con la aprobación de la iniciativa, los legisladores conceden 18 meses adicionales para que las organizaciones puedan adecuar sus estructuras administrativas, mecanismos de supervisión y procedimientos internos a las exigencias contempladas en la legislación penal.

Sin embargo, la modificación todavía requiere la promulgación del presidente Luis Abinader para completar el procedimiento correspondiente y producir los efectos jurídicos previstos.

Empresas tendrán más tiempo para adecuarse a la legislación

La prórroga comprende los artículos 8, 9, 10 y 11 de la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal, modificada por la Ley 44-26.

Estas disposiciones establecen las circunstancias bajo las cuales una persona jurídica puede responder penalmente por actuaciones u omisiones cometidas por sus representantes, órganos de dirección o subordinados, cuando concurran las condiciones previstas por la legislación.

La normativa contempla responsabilidades relacionadas con el incumplimiento de los deberes de dirección, control y supervisión, así como determinadas conductas derivadas de la negligencia o inobservancia de obligaciones legales.

De igual manera, establece mecanismos para valorar la existencia de programas de prevención de riesgos penales y políticas de cumplimiento normativo dentro de las organizaciones.

Responsabilidad empresarial no excluye sanciones individuales

Uno de los aspectos relevantes del nuevo régimen penal es que la eventual responsabilidad de una empresa no elimina la responsabilidad individual de las personas físicas que hayan participado en la comisión de una infracción.

En ese sentido, el artículo 9 establece que tanto una organización como sus representantes, directivos o colaboradores pueden enfrentar consecuencias penales por unos mismos hechos, siempre que se demuestre la responsabilidad correspondiente.

Asimismo, las disposiciones contemplan que determinadas transformaciones societarias o la disolución de una entidad no necesariamente extinguen la responsabilidad penal que pudiera haberse generado anteriormente.

Sector empresarial había solicitado ampliación del plazo

La discusión legislativa se produjo después de que representantes del sector empresarial manifestaran preocupación por el tiempo disponible para cumplir con las nuevas obligaciones.

Entre las organizaciones que solicitaron ampliar el período de adaptación figuran el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE).

Los gremios argumentaron que la implementación de programas de prevención, supervisión y cumplimiento requiere inversiones, asistencia técnica y ajustes administrativos, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Promulgación presidencial será determinante

Aunque el Congreso completó la aprobación de la modificación, su aplicación depende ahora de que el Poder Ejecutivo promulgue la ley.

La fecha del 5 de noviembre de 2026 continúa siendo jurídicamente relevante, debido a que fue establecida como el momento de entrada en vigencia de los cuatro artículos cuya aplicación se pretende aplazar.

De producirse la promulgación y entrada en vigor de la nueva modificación en los términos aprobados, la aplicación de este régimen de responsabilidad penal quedaría diferida hasta el 5 de mayo de 2028.

La decisión legislativa reabre el debate sobre la necesidad de equilibrar la adaptación del sector empresarial con el fortalecimiento de los mecanismos de prevención, fiscalización y sanción de las conductas delictivas cometidas en el ámbito corporativo.

El aplazamiento no supone la eliminación de la responsabilidad penal de las empresas, sino una extensión del período para preparar su aplicación, en un contexto en el que la transparencia, el cumplimiento de la ley y la rendición de cuentas adquieren creciente importancia dentro del sistema jurídico dominicano.

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Nacionales

Policía Nacional apresa a 13 personas y desmantela cinco puntos de venta de drogas en Santo Domingo Norte

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Durante los operativos, las autoridades ocuparon tres armas de fuego ilegales, incautaron presuntas sustancias narcóticas y recuperaron motocicletas, teléfonos celulares y otros artículos reportados como robados.

Santo Domingo, República Dominicana. – La Policía Nacional informó sobre el apresamiento de 13 personas durante una serie de operativos preventivos realizados en distintos sectores del municipio Santo Domingo Norte, donde también fueron desmantelados cinco presuntos puntos de distribución de sustancias narcóticas.

De acuerdo con el informe policial, las intervenciones se desarrollaron durante un período de 24 horas, como parte de las acciones dirigidas a combatir la delincuencia, el microtráfico de drogas y otras actividades ilícitas en esa demarcación.

Durante los procedimientos, los agentes ocuparon tres armas de fuego ilegales, dos de fabricación convencional y una de fabricación artesanal, además de ejecutar una orden de arresto contra una persona requerida por las autoridades.

Desmantelan cinco puntos de distribución de drogas

La institución del orden indicó que, como resultado de las intervenciones, fueron desmantelados cinco lugares identificados como presuntos puntos de comercialización de sustancias controladas.

En esos espacios se ocuparon varias porciones de sustancias presumiblemente cocaína, marihuana y crack, las cuales deberán ser sometidas a los análisis correspondientes para determinar su composición.

Asimismo, una persona fue detenida por presunta posesión de drogas, mientras las autoridades continúan las investigaciones relacionadas con las actividades ilícitas detectadas durante los operativos.

Las acciones forman parte de los esfuerzos de vigilancia y prevención desarrollados en sectores considerados vulnerables a la comercialización de narcóticos y otros hechos delictivos.

Recuperan motocicletas, celulares y objetos robados

La Policía Nacional también reportó la recuperación de seis teléfonos celulares, tres motocicletas, dinero en efectivo, una batería de vehículo, un radiador y otros artículos que habían sido denunciados como robados.

Los objetos recuperados serán sometidos a los procedimientos de verificación correspondientes para establecer su procedencia y facilitar su eventual devolución a los legítimos propietarios.

De igual manera, fueron retenidas 12 motocicletas cuyos conductores no presentaron la documentación requerida durante las inspecciones realizadas por los agentes.

Las autoridades señalaron que estas actuaciones buscan fortalecer los controles sobre la circulación de vehículos y prevenir su utilización en actividades delictivas.

Detienen a dos personas por carreras clandestinas

Como parte de los operativos, dos personas fueron sorprendidas participando en carreras clandestinas de motocicletas, una práctica que representa un riesgo para la seguridad de conductores, peatones y residentes de las comunidades donde se desarrolla.

Las carreras ilegales constituyen una preocupación para las autoridades debido a la posibilidad de accidentes de tránsito y a las alteraciones del orden público que pueden generar.

Durante las intervenciones también fue ocupada una máquina tragamonedas que, según el informe policial, operaba de manera ilegal.

Refuerzan acciones preventivas en Santo Domingo Norte

Los operativos se enmarcan en las estrategias de seguridad ciudadana dirigidas a prevenir delitos, retirar armas ilegales de circulación y combatir la distribución de sustancias narcóticas.

La institución indicó que las personas detenidas serán sometidas a los procedimientos correspondientes, mientras continúan las investigaciones para establecer las circunstancias particulares de cada caso.

Las actuaciones también ponen de relieve la importancia de mantener una vigilancia permanente sobre las actividades ilícitas que afectan la tranquilidad de los residentes de Santo Domingo Norte.

El desmantelamiento de los cinco presuntos puntos de venta de drogas y la recuperación de objetos robados constituyen resultados reportados por la Policía Nacional, aunque la efectividad de estas intervenciones dependerá también del seguimiento judicial, las investigaciones y las acciones preventivas que se mantengan en las comunidades.

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Nacionales

Suprema Corte inicia transición institucional para dar paso a nuevo presidente

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Henry Molina y Justiniano Montero sostuvieron su primer encuentro de coordinación para garantizar un traspaso ordenado de la dirección del máximo tribunal. La juramentación del nuevo presidente y de seis jueces está prevista para el próximo 10 de noviembre.

Santo Domingo, República Dominicana. – La Suprema Corte de Justicia inició formalmente el proceso de transición de sus autoridades, luego de una reunión sostenida entre su presidente saliente, Henry Molina, y el recién electo titular del alto tribunal, Justiniano Montero Montero, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios judiciales y administrativos.

El encuentro, celebrado este miércoles 4 de noviembre, constituye el primer paso hacia el relevo institucional que se producirá tras la elección de Montero como presidente de la Suprema Corte de Justicia por parte del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Durante la reunión, ambos magistrados intercambiaron impresiones sobre la situación actual del Poder Judicial, los avances alcanzados durante la gestión saliente y los principales desafíos que deberá enfrentar la nueva administración.

La coordinación entre las autoridades busca asegurar que el cambio de dirección se desarrolle sin afectar el funcionamiento de los tribunales ni la prestación de los servicios de justicia a la ciudadanía.

Justiniano Montero asumirá la presidencia el 10 de noviembre

La juramentación del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia está programada para el martes 10 de noviembre en el Palacio Nacional, junto a los seis magistrados seleccionados recientemente para integrar el máximo tribunal.

Posteriormente, se realizará la ceremonia de traspaso de mando en la sede de la Suprema Corte de Justicia, donde Montero asumirá formalmente las responsabilidades correspondientes a su nueva posición.

El magistrado fue escogido por unanimidad por el Consejo Nacional de la Magistratura durante la sesión celebrada el pasado lunes 2 de noviembre.

Su designación reviste especial importancia institucional, debido a que se trata de un juez de carrera que ha desarrollado una extensa trayectoria dentro del sistema judicial dominicano.

Un magistrado con experiencia en materia civil y comercial

Justiniano Montero forma parte de la Suprema Corte de Justicia desde abril de 2019 y, antes de su elección como presidente, se desempeñaba como titular de la Primera Sala, especializada en asuntos civiles y comerciales.

Su experiencia en el ejercicio de la función jurisdiccional constituye uno de los aspectos destacados de su trayectoria profesional.

Con su elección, el Consejo Nacional de la Magistratura apuesta por una dirección surgida de la propia carrera judicial, en un momento en que el sistema de justicia enfrenta importantes demandas relacionadas con la eficiencia, la transparencia y el fortalecimiento de la confianza ciudadana.

Continuidad de la justicia y desafíos pendientes

El proceso de transición también permitirá evaluar los proyectos institucionales actualmente en ejecución, así como las iniciativas administrativas y jurisdiccionales que requieren seguimiento.

Entre los desafíos generales del sistema judicial dominicano se encuentran la reducción de la mora judicial, la agilización de los procesos, la modernización tecnológica y la necesidad de garantizar una justicia más accesible y oportuna.

La nueva presidencia tendrá además el reto de continuar fortaleciendo la independencia judicial, la seguridad jurídica y la calidad de las decisiones emanadas de los tribunales.

La disposición mostrada por Henry Molina y Justiniano Montero para desarrollar una transición coordinada representa una señal de continuidad institucional dentro del Poder Judicial.

El relevo en la Suprema Corte de Justicia abre una nueva etapa para el máximo tribunal dominicano, en la que las expectativas estarán centradas en la consolidación de los avances institucionales y en la capacidad de la nueva gestión para responder a las necesidades de justicia de la población.

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Nacionales

Falta de intérprete provoca tercer aplazamiento de audiencia contra cuatro colombianos acusados de asaltos en Piantini y Naco

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El tribunal conocerá el próximo viernes 6 de noviembre la solicitud de medidas de coerción contra los extranjeros, señalados por presuntos robos a mano armada de relojes de lujo y dinero en efectivo en el Distrito Nacional.

SANTO DOMINGO. — Por tercera ocasión consecutiva fue aplazada la audiencia para conocer la solicitud de medidas de coerción contra cuatro ciudadanos colombianos investigados por su presunta participación en varios asaltos a mano armada cometidos en los sectores Piantini y Naco, del Distrito Nacional.

La decisión se produjo debido a la ausencia de un intérprete que permita traducir las declaraciones de una de las víctimas, un ciudadano de nacionalidad holandesa que figura como querellante en el proceso judicial.

Según informaron los abogados de las partes, la audiencia fue reprogramada para el próximo viernes 6 de noviembre, fecha en la que se espera que el tribunal pueda examinar la solicitud de prisión preventiva presentada contra los imputados.

Los extranjeros permanecen detenidos desde finales de octubre, mientras sus representantes legales procuran demostrar que cuentan con condiciones suficientes para presentarse ante la justicia sin necesidad de permanecer bajo prisión preventiva.

Identifican a los cuatro extranjeros investigados

Los imputados fueron identificados como Fabio Nelson Herrera Bedoya, de 45 años; Carlos Andrés López Usuga, de 31; Víctor Alfonzo Salamanca Cruz, de 38, y Diego Alexander Cetina Liberato, de 42.

De acuerdo con las investigaciones de la Policía Nacional, los detenidos estarían vinculados a una serie de hechos delictivos registrados los días 24 y 25 de octubre de 2026, durante los cuales varias personas habrían sido amenazadas con armas de fuego para despojarlas de pertenencias de alto valor económico.

Las autoridades sostienen que los sospechosos utilizaban vehículos y motocicletas para desplazarse, vigilar a sus presuntas víctimas y ejecutar los asaltos.

Investigan robo de reloj Rolex y dinero en efectivo

Uno de los hechos investigados ocurrió en el establecimiento Auto Shine, ubicado en la plaza Acrópolis, en Piantini.

Según la acusación preliminar, Herrera Bedoya y López Usuga habrían intentado despojar de su reloj a un ciudadano, a quien presuntamente amenazaron con un arma de fuego.

La víctima logró resistirse mediante un forcejeo y utilizó una silla para impedir que los atacantes concretaran el robo.

El incidente habría quedado registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento, cuyas imágenes forman parte de los elementos recopilados durante la investigación.

En otro hecho, ocurrido en el establecimiento Atelier, del sector Naco, las autoridades atribuyen a los investigados el robo de un reloj Rolex Cosmograph Daytona de oro y 1,500 dólares en efectivo.

Policía ocupó arma de fuego, vehículos y objetos de valor

Durante el operativo que permitió la detención de los cuatro extranjeros, las autoridades informaron haber ocupado una pistola calibre nueve milímetros, acompañada de 13 cápsulas, así como un reloj Rolex Daytona de oro de 18 quilates.

También fueron incautados dos vehículos, una motocicleta y seis teléfonos celulares, objetos que forman parte de las evidencias sometidas a investigación.

Entre los medios de transporte identificados figuran una yipeta Ford Escape, un Kia Seltos y una motocicleta, presuntamente utilizados para dar seguimiento a las víctimas.

Los investigadores procuran establecer la participación individual de cada imputado y determinar si existen vínculos con otros hechos delictivos de características similares.

Primeros aplazamientos fueron solicitados por la defensa

A diferencia del tercer aplazamiento, motivado por la ausencia de un intérprete, las dos suspensiones anteriores fueron solicitadas por los abogados defensores.

Los representantes de los imputados argumentaron que necesitaban tiempo adicional para presentar elementos que permitieran acreditar que sus defendidos comparecerían ante el tribunal sin necesidad de ser sometidos a prisión preventiva.

La nueva suspensión pone de relieve la importancia de garantizar que las partes puedan comprender y participar adecuadamente en el procedimiento judicial, especialmente cuando intervienen personas que no dominan el idioma español.

Tribunal deberá decidir sobre la prisión preventiva

La audiencia del viernes 6 de noviembre será determinante para establecer las medidas cautelares que podrían imponerse a los cuatro ciudadanos colombianos mientras continúan las investigaciones.

El tribunal deberá examinar los elementos presentados por el Ministerio Público y los argumentos de la defensa, particularmente los relacionados con el peligro de fuga y la necesidad de garantizar la presencia de los imputados durante el proceso.

La decisión sobre las medidas de coerción no constituye una declaración de culpabilidad, sino una valoración judicial de las condiciones necesarias para asegurar el desarrollo del procedimiento penal.

Por el momento, los cuatro extranjeros mantienen su condición de imputados y están amparados por el principio constitucional de presunción de inocencia, hasta que una sentencia definitiva establezca lo contrario.

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