Opinión
Congreso Nacional ha devenido un proactivo fiscalizador
Por Víctor Mateo
Introducción
El Poder Legislativo es una de las tres ramas en que se divide el poder Estados democráticos como República Dominicana. Su principal rol consiste en decidir normas con rango de ley. También sirve de contrapeso ante los actos que emanan de los demás poderes (Ejecutivo y Judicial). Este segundo rol se conoce como fiscalización.
Cuando se utiliza el término “fiscalizar” en cuestiones legislativas, se hace alusión a la intervención o comprobación del Poder Legislativo en algún aspecto referente a los demás poderes del Estado. En este orden, el profesor Manuel Delgado-Iribarren García-Campero (2012) establece que “las atribuciones en materia de fiscalización y control indicadas en la Constitución dominicana de 2010, dan cuenta de la existencia de tales facultades sobre el Poder Ejecutivo en el ámbito de un régimen presidencialista de separación de poderes” (p. 550).
Los últimos meses, el Congreso Nacional ha dado muestras de una creciente pro actividad en materia de fiscalización. Este artículo repasa los cambios constitucionales detrás de este nuevo y creciente fenómeno, y además reseña algunos de los más sonados casos de acción fiscalizadora del Congreso.
Fiscalización congresual de 1942 a 2010
El modelo que configuró las atribuciones del Congreso Nacional hasta el 2002 fue instaurado el 10 de enero del año 1942, durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. El artículo 33 de la Carta Sustantiva de esa época incorporó 24 numerales que contemplaron las atribuciones generales del Congreso, entre las que se encontraban las de fiscalización y control. Esta redacción se mantuvo vigente e inalterable hasta 1966.
La modificación realizada en 1966 suprimió la facultad de crear o suprimir secretarías o subsecretarías de Estado, eliminando así un numeral a las atribuciones del Congreso.
La Constitución vigente a partir de 1994 recogió las mismas atribuciones del Congreso definidas en 1966 y que venían de la Constitución de 1942. Lo mismo sucedió en la reforma constitucional del año 2002.
Las constituciones de 1994 y de 2002 contienen, ambas, en su artículo 37 las atribuciones del Congreso Nacional en materia de fiscalización y control:
1. Aprobar o desaprobar, con vista del informe de la Cámara de Cuentas, el estado de recaudación e inversión de las rentas que debe presentarle el Poder Ejecutivo.
2. Proveer la conservación y fructificación de los bienes nacionales, y a la enajenación de los bienes del dominio privado de la nación, excepto lo que dispone el inciso 10 del artículo 55 y el artículo 110.
3. Examinar anualmente todos los actos del Poder Ejecutivo y aprobarlos, si son ajustados a la Constitución y a las leyes.
4. Interpelar a los secretarios de Estado y a los directores administradores de organismos autónomos del Estado, sobre asuntos de su competencia, cuando así lo acordaren las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara que lo solicite, a requerimiento de uno o varios de sus miembros.
Fiscalización congresual en la Constitución de 2010
La Constitución de la República del año 2010 describe las atribuciones del Congreso Nacional en el artículo 93, que está dividido en dos numerales: el primero relativo a las atribuciones generales en materia legislativa -que contiene 19 literales-, y el segundo, en torno a las atribuciones en materia de fiscalización y control, con seis literales específicos para abordar el tema, a saber:
a) Aprobar o rechazar el estado de recaudación e inversión de las rentas que debe presentarle el Poder Ejecutivo durante la primera legislatura ordinaria de cada año, tomando como base el informe de la Cámara de Cuentas.
b) Velar por la conservación y fructificación de los bienes nacionales en beneficio de la sociedad y aprobar o rechazar la enajenación de los bienes de dominio privado de la Nación, excepto lo que dispone el artículo 128, numeral 2, literal d).
c) Citar a ministros, viceministros, directores o administradores de organismos autónomos y descentralizados del Estado ante las comisiones permanentes del Congreso, para edificarlas sobre la ejecución presupuestaria y los actos de su administración.
d) Examinar anualmente todos los actos del Poder Ejecutivo y aprobarlos, si son ajustados a la Constitución y a las leyes.
e) Nombrar comisiones permanentes y especiales, a instancia de sus miembros, para que investiguen cualquier asunto que resulte de interés público, y rindan el informe correspondiente.
f) Supervisar todas las políticas públicas que implemente el gobierno y sus instituciones autónomas y descentralizadas, sin importar su naturaleza y alcance.
Como se puede apreciar, en la última modificación constitucional se agregaron los literales c), e) y f) a los cuatro literales provenientes de textos constitucionales anteriores. Los tres literales nuevos están a la raíz de la reciente pro actividad del Congreso en el examen de los actos del Poder Ejecutivo.
El literal c), en especial, significa un cambio sustancial en relación a los textos anteriores. El Congreso tiene facultad de invitar a los funcionarios del Poder Ejecutivo a los fines de “edificar sobre la ejecución presupuestaria y los actos de su administración”. Mientras las constituciones anteriores aludían solo a la figura de la interpelación que -en términos estrictos- se refiere a una fase de acusación.
Los artículos 94 y 95 de la presente Constitución establecen claramente el procedimiento a seguir para la «invitación» y la «interpelación» de funcionarios públicos. Resalta el cambio en relación al texto constitucional de 2002, que requería de las dos terceras partes de la Cámara para que fuese aprobada una solicitud de interpelación, y que la misma fuera solicitada por uno o varios legisladores. Actualmente, se especifica que la interpelación procederá siempre y cuando la mayoría simple del quórum así lo requiera y a solicitud de al menos tres representantes.
El nuevo marco constitucional vigente en República Dominicana desde 2010, estimula y facilita la actividad fiscalizadora del Congreso. Ello explica el significativo aumento de las acciones de fiscalización de la Cámara de Diputado y el Senado de la República los últimos meses. Para sostener esta afirmación, se presentan cuatro casos ocurridos los últimos meses, impensables antes de la reforma constitucional de 2010:
a) Barrick Gold
En julio de 2012, el diputado Carlos Gabriel García planteó la necesidad de que el Estado dominicano reclame el 50 % de los beneficios de la explotación minera que realiza la minera Barrick Gold en Pueblo Viejo, provincia Sánchez Ramírez. El 10 de septiembre de 2012, la Comisión Permanente de Energía de la Cámara de Diputados inició la revisión del contrato, en virtud de la aprobación de la propuesta del diputado García, convertido en resolución.
El 27 de febrero de 2013, luego de opiniones y debates, el presidente de la República, Lic. Danilo Medina, anunció en su primer discurso de rendición de cuentas, la necesidad de que fuese revisado el contrato. Desde ese momento, el Gobierno dominicano y la empresa Barrick Gold negociaron durante varios meses con la finalidad de rendir un informe que el pueblo dominicano esperaba con ansias.
Finalmente, el 25 de septiembre del año en curso, el Senado de la República aprobó la modificación del acuerdo entre la Administración Central y la empresa Barrick Gold. La enmienda permitirá al Gobierno recibir más de once mil millones de pesos proyectados a veinticinco años de explotación de la mina.
b) Junta Central Electoral (JCE)
Los medios de comunicación debatieron durante el primer semestre del año 2013 la crisis institucional por la que atravesaba la Junta Central Electoral (JCE), producto de una diferencia de criterios entre José Ángel Aquino, miembro titular de la Junta, y Roberto Rosario, presidente del organismo electoral.
El primero de ellos afirmó la existencia de 22,000 expedientes de descendientes haitianos que reclamaban la entrega de documentos personales, mientras que el segundo alegó que solo se trataba de unos 1,800 casos que ya se encontraban en la justicia a la espera de fallo. Los planteamientos de Aquino movieron a que diversos sectores acusaran al presidente de la Junta de negarse a emitir documentos a quienes los solicitaron.
En esos días se habló de un posible juicio político, en virtud de los artículos 80 y 83 de la Constitución. La Cámara de Diputados entrevistó a los cinco miembros de la JCE y a funcionarios de la entidad con la finalidad de conocer las interioridades del conflicto. El suceso no pasó de los acontecimientos relatados y ninguno de los miembros fue removido ni conducido a un juicio político ante el Congreso Nacional. El informe rendido por la comisión investigadora dio testimonio de ello.
c) Antena Latina
La prensa también se hizo eco de la posible venta de las acciones del Estado en los medios de comunicación de la empresa Antena Latina. El senador por la provincia Espaillat, José Rafael Vargas, sometió una iniciativa ante la Cámara Alta, que fue acogida por los 24 senadores presentes el pasado 11 de septiembre de 2013.
La moción consistió en dejar sin efecto el acuerdo de venta en el cual el Estado dominicano cedía el 47.5 % de sus acciones en Antena Latina. El senador Tommy Galán, quien a la vez fungió como presidente de la comisión investigadora, explicó que los muebles e inmuebles fueron vendidos muy por debajo de la tasación real, entre 211 y 260 millones de pesos, una diferencia de entre 141 y 190 millones. Finalmente, la venta no procedió por las irregularidades señaladas por los legisladores.
d) Aerodom
El martes 17 de septiembre de 2013, la Comisión de Defensa y Seguridad del Senado se reunió con el Director General de Impuestos Internos, el Ministro de Obras Públicas, el Superintendente de Valores y el Director de Autoridad Aeroportuaria, para conocer la emisión de bonos por US$550 millones de dólares hecha por Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM).
Declaraciones ofrecidas por el senador Adriano Sánchez Roa dan cuenta de que en el ámbito financiero surgieron contradicciones que obligaron a profundizar no solo el destino de los bonos y la propuesta de inversión hecha por AERODOM, sino las inversiones que ha realizado la empresa, conforme al contrato de concesión otorgado en 1999. El legislador anunció que esa entidad se propone hacer un descenso en los aeropuertos del país en un plazo de 15 días para verificar su situación y emitir un informe final.
Conclusión
Como ente público de la nación dominicana, el Congreso Nacional está llamado a rendir resultados en base a las facultades y poderes que le otorgan la Constitución y las leyes. Su naturaleza reside en intervenir en las acciones que realicen las demás instituciones estatales con el firme propósito de representar los intereses de las distintas demarcaciones del país.
Es evidente la existencia de un amplio catálogo de posibilidades de control por parte del Legislativo sobre la actuación del Ejecutivo. Dentro de esas posibilidades se encuentra una de las nuevas facultades que el legislador agregó a la Carta Magna de 2010: las comisiones de investigación a los fines de edificarse en torno a un tema de interés general.
Desde siempre, el órgano legislativo ha jugado un rol importante en el desenvolvimiento socio-político dominicano, pero lo cierto es que este último año ha sido testigo de un Congreso Nacional más activo y fiscalizador que antes.
En definitiva, se puede afirmar que en cada uno de los renombrados casos citados en este trabajo, el Congreso Nacional se ha manifestado apegado a criterios constitucionales. En tal sentido, se puede concluir que el actual Congreso Nacional ha sido uno de los más dinámicos con que ha contado República Dominicana desde su fundación, puesto que la nueva versión de la Carta Magna le contempla facultades y mecanismos amplios en materia de fiscalización y control.
Opinión
La constitunalizacion del derecho sólo existe en la mente de algunos, pero no en la realidad.
Por José Cabral
La República Dominicana vive de grandes sueños, sobre todo en el campo de una buena o aceptable democracia. No es mucho lo logrado en el campo de la ejecución de sentencias tras el proceso de constitucionalización del derecho a partir del año 2010, lo cual permite medir qué buena o mala es la calidad de la democracia nacional.
Los textos en que se apoyan las normas podrán ser muy buenos, pero cuando los mismos se analizan en función de los hechos el país se queda corto en lo que respecta a avances democráticos. Definitivamente, el derecho sucumbe ante la política, ya que los partidos son los dueños del sistema.
Un buen ejemplo, para sólo citar un caso, es la sentencia TC/0788/24 sobre las candidaturas independientes, la cual ya nadie menciona y mucho menos lo hace el propio Tribunal Constitucional, que tuvo la misión de interpretar los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 del régimen electoral.
Pese a que ha quedado claro que las candidaturas independientes pueden coexistir con conjuntamente con las que presenten los partidos políticos, la oposición ha sido muy cerrada en su contra y como la dominicana se trata de una constitución de fachada, todo sigue su curso sin que nadie se moleste en exigir una explicación con lógica jurídica y convincente del por qué la misma duerme el sueño eterno ante la indiferencia de los mecanismos estatales para que esto no ocurra.
Nadie tiene dudas en el país de que esa sentencia tiene los perfiles que indica que la República Dominicana entró en un proceso de constitucionalización del derecho, pero también de que todavía la nación es una presa del partidarismo político.
La jurisprudencia sentada al respecto proviene de lo que en derecho constitucional se conoce como sentencias interpretativas, la cual se basta por sí misma y que en este caso lo único que se necesita es que la Junta Central Electoral (JCE) emita una resolución para regular un derecho ciudadano que sirve de base a la democracia, como es el de elegir y ser elegido.
Sin embargo, ese mandato, que se deriva de la facultad que otorga la Constitución al Tribunal Constitucional, es burlado por los partidos políticos, los cuales son los principales saboteadores de los avances democráticos que sólo son propios de los discursos, pero no de la realidad.
La primera instancia en incurrir con un gran descaro en una grave violación del juego democrático fue la Junta Central Electoral (JCE), la cual fue tan audaz que concebió un proyecto de ley que violentaba una serie de principios y valores constitucionales.
La segunda en hacerlo fue el Congreso Nacional, cuya Cámara de Diputados, crea una comisión de estudio de la sentencia del TC y se atreve a tomar una decisión que viola principios elementales del derecho constitucional cuando dijo que para la aplicación de la decisión del alto tribunal había que modificar la Constitución de la República.
Se olvidaron los diputados que estudiaron la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ese órgano extra poder es el único con la facultad para llevar el control de la constitucionalidad mediante la emisión de una serie de decisiones como las sentencias interpretativas, pero además que, si bien es cierto que los legisladores pueden interpretar la carta magna en el marco de su labor legislativa, pero que la misma no es definitiva ni vinculante como las que provienen de la alta corte.
Pero al final todo se ha quedado como si nada hubiera ocurrido, pese a que estas acciones de actores importantes de los partidos políticos, como son los diputados y senadores, quienes se la pasan hablando de democracia, demuestra que por lo menos en el país la Constitución es una de papel que no tiene ningún valor cuando se analiza a partir de los derechos fundamentales y del Estado Social Democrático de Derecho.
Por Isaías Ramos
Nuestra nación no pierde su libertad de golpe. La pierde cada día en la indiferencia, en la resignación y en la delegación pasiva de la responsabilidad histórica. Hoy, la República Dominicana enfrenta un momento crítico: generaciones enteras han sido educadas para sobrevivir, no para decidir; para recibir migajas, no para exigir justicia; para mirar desde la grada, no para protagonizar la historia.
La transformación del ciudadano en espectador no es casualidad: termina operando como un diseño funcional al abuso: mantenernos cansados, divididos y desorientados mientras sectores políticos y económicos consolidan su poder sobre lo público. No se trata solo de corrupción visible; la tragedia más profunda es la corrupción estructural que roba identidad, carácter y propósito. Cuando se roba la identidad de un pueblo, se roba también su futuro.
El método es constante y silencioso. Servicios deficientes, educación precaria, salarios insuficientes y cultura del “parche” acostumbran al pueblo a aceptar migajas como logros. Los derechos se convierten en favores y los favores en cadenas. Se gobierna desde el miedo, la ira y la desesperanza: emociones que paralizan la razón y apagan la acción consciente. Una sociedad así observa, pero no ve; oye, pero no comprende; se indigna, pero no persiste. Además, la conversación pública se manipula con propaganda, desinformación y distracciones que terminan por cansar, dividir y confundir.
Y sobre esta realidad se instala la mentira más peligrosa: “Esto no se puede cambiar”. La partidocracia teme al ciudadano despierto, no al pobre; teme al que, informado y organizado, exige justicia. Por eso termina alimentando desesperanza y cinismo. Sin embargo, la historia nos enseña que los pueblos despiertan cuando deciden actuar.
Para nosotros, el símbolo es el 27 de febrero de 1844, cuando Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella demostraron que la libertad no nace de la comodidad ni de la obediencia, sino del sacrificio, la disciplina y la organización moral. Ellos no esperaron que otros resolvieran el problema: asumieron la responsabilidad de cambiar el rumbo.
Hoy enfrentamos un desafío semejante, aunque distinto en sus formas. La dominación ya no llega solo con fusiles ni invasiones militares; también llega mediante estructuras de control financiero, contratos de largo plazo y alianzas público-privadas que pueden erosionar la soberanía cuando la ciudadanía pierde vigilancia y promueven dependencia. La captura puede ser pacífica y silenciosa, pero igualmente efectiva: convierte derechos en privilegios, dignidad en favor y futuro en incertidumbre.
El asistencialismo convertido en instrumento político refuerza esta trampa: carencias estructurales, alivio temporal, obediencia, silencio y perpetuación de pobreza. Eso no es justicia social; es clientelismo. Cuando se suman instituciones duplicadas, nóminas infladas, contrataciones opacas y controles débiles, el Estado se transforma en botín. La pregunta no es si tenemos recursos; es si tenemos carácter.
El cambio exige un ciudadano protagonista. Uno que entienda que sus derechos son límites que el poder no puede violar y que sus deberes son la disciplina que sostiene la convivencia. Que actúe con constancia, no con ruido. Que vigile contratos y resultados. Que forme parte de veedurías locales. Que vote con conciencia, no con gratitud fingida.
Necesitamos un ciudadano nuevo: manso ante Dios, firme ante la injusticia; que no intercambie dignidad por favores ni normalice la corrupción como “viveza”. La libertad no se sostiene con discursos; se sostiene con carácter. Y el carácter se forja en la familia, la comunidad, la educación y la fe auténtica.
Recuperar la patria también es recuperar la identidad y la memoria. Una nación sin símbolos ni historia es fácil de manipular. La patria no es un eslogan: es un hogar colectivo, un legado de sacrificio y un compromiso con el futuro. La enseñanza de Duarte sigue vigente: un país solo permanece libre si sus ciudadanos viven con moral, justicia y amor a la nación.
El camino de liberación es claro y práctico.
Primero: conciencia cívica. Conocer derechos y deberes, aprender a fiscalizar y exigir información pública.
Segundo: control institucional. Justicia independiente, auditorías verificables y consecuencias reales por abuso de poder.
Tercero: dignidad social. Trabajo decente, servicios públicos como derechos, educación y salud como patrimonio de la ciudadanía.
Cuarto: organización comunitaria. Liderazgo moral local, veedurías efectivas, redes de vigilancia y acción cívica sostenida.
El punto de quiebre está frente a nosotros: pasar de la comodidad del espectador a la responsabilidad del protagonista. El precio del cambio no es violencia ni odio; es disciplina, constancia y vigilancia. Es dejar de premiar la viveza y empezar a honrar la honestidad.
Desde el Foro y Frente Cívico y Social llamamos a formar y organizar ciudadanía en cada localidad. Allí nace la República que debemos rescatar; allí comienza la liberación verdadera.
El amanecer no llega solo. Llega cuando una sociedad deja de mirar desde la grada y entra al terreno de la responsabilidad histórica. Cuando eso ocurre, el ciudadano deja de ser espectador, la nación deja de ser botín y la patria vuelve a ser proyecto común.
El reloj de la libertad sigue marcando. Su permanencia depende de nosotros: de nuestra conciencia moral, nuestra fe y nuestra valentía. Porque cuando un pueblo vuelve a la verdad, deja de ser manipulable; cuando se organiza, deja de ser presa; cuando mantiene su carácter, la dignidad reemplaza al ocaso.
Del ciudadano espectador al ciudadano protagonista. Del silencio a la conciencia nacional que hace historia.
Despierta RD
(Quinta parte)
Por Oscar López Reyes
Desde las épocas más primitivas, la atracción romántica y relaciones entre personas de igual sexo ha estado zarandeada por la interpretación: ¿nacida o adquirida?, en una suplida de mitos, fábulas y cuentos legendarios y morbosos, por ventanales de perogrulladas. Tardíamente, las exploraciones clínicas contemporáneas están diagnosticando que el cerebro de los homosexuales se marca distinto al de los varones o heterosexuales, por lo que su estructura y funcionalidad predisponen hacia esa preferencia carnal.
Creencias y leyendas de alto rango, asentadas en manifestaciones conductuales de los gais, son desmitificadas por la neurociencia, que autentifica que estos suelen tener el hemisferio derecho más grande que el izquierdo, que existen diferenciaciones en la magnitud de la sustancia gris en el hipotálamo y la amígdala, y que procesan los olores indistintamente.
Los exámenes sobre esa identidad son variados y muchos coincidentes respecto a las células nerviosas que se alojan en el cráneo. El investigador y profesor titular de Psicología de la Sexualidad de la Universidad del País Vasco, Javier Gómez Zapiain, postula que “cuando los chicos y las chicas llegan a la adolescencia, probablemente su orientación sexual está determinada” y que “la falta de aceptación del rol sexual y la orientación homosexual pudieran ser explicadas sobre la base del tipo de diferenciación cerebral o a los diferentes niveles hormonales que circulación en el organismo” (1).
Rastreos de Tomografía por Emisión de Positrones (PET) han estipulado, asimismo, que el encéfalo de las lesbianas tiene similitud con el de los machos o heterosexuales, estructuras cerebrales que conducen a la orientación sexual. O sea, aclaran que el cerebro de los homosexuales está feminizado y el de las lesbianas masculinizado.
Los datos expuestos previamente matizan que el órgano anatómico de la homosexualidad encuadra en la epigenética (“epi” encima y genética hereditaria) y que, según neuropsicólogos, neurofisiólogos y neurobiológos, “todos nuestros genes se activan y desactivan en el cerebro humano a medida que se desarrolla” “sin alterar la secuencia del ADN”. En otras palabras, la homosexualidad no depende de un único «gen gay», sino también de otros constituyentes biológicos, neurológicos y ambientales, como la crianza o separación paterno/materno, eventos traumáticos y preferencias de juegos infantiles.
La predilección hacia personas de su propio género, neurocientíficos no la consideran una elección voluntaria, sino un empuje, conectado “con una combinación compleja de polimorfismos genéticos”, como el “entorno familiar y social, personalidad, educación y experiencias propias”, conforme a un estudio de Asociación de Genoma Completo (GWAS por sus siglas en inglés) en 493,001 participantes de los Estados Unidos, Reino Unido y Suecia. Fue publicado, en agosto de 2019, por el equipo investigador liderado por Ganna en la revista estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences (2).
Iguales hallazgos encontraron científicos del Instituto Karolinska de Estocolmo, en una investigación dirigida por los neurobiólogos suecos Ivanka Savic y Per Lindström, quienes observaron la estructura y el funcionamiento cerebral de 90 voluntarios de diversa condición sexual, según una publicación de la revista PNAS, órgano de la Academia de Ciencias de Estados Unidos. Ese equipo demostró, en 2006, la diferente manera que tienen homosexuales y heterosexuales de percibir los olores, así como el empleo desigual de los hemisferios cerebrales entre sexos y sus nexos entre la configuración cerebral y la orientación sexual.
A las 90 personas, Savic y Per Linström realizaron resonancias magnéticas cerebrales, divididas en cuatro grupos de edades similares de acuerdo a su sexo. Ellas mostraron que el hemisferio derecho del cerebro en los hombres heterosexuales era típicamente un 2 % más grande que el izquierdo, y que las lesbianas tenían el hemisferio derecho del cerebro un 1 % más grande que el izquierdo (3).
Asimismo, en 1991 otro neurofisiólogo abiertamente gay, Simon LeVay (nacido en Inglaterra y radicado en Estados Unidos), difundió en la revista “Science” un estudio que concluyó que las estructuras encefálicas de homosexuales y heterosexuales no son iguales, porque una pequeña zona del cerebro, el Núcleo Intersticial del Hipotálamo 3 (INAH 3, por sus siglas en inglés), era considerablemente menor en mujeres y gais (4).
Otro profesor, esta vez de fisiología humana de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, el doctor en Neurociencia y especialista en Neuroeducación Francisco Mora Teruel, sostiene que «los patrones culturales son capaces de modificar física y químicamente el cerebro», por lo que las observaciones de Savic y Lindström pueden explicarse a partir del ambiente y no serían innatas sino adquiridas, lo que refuerza la teoría multifactorial, como el entorno, la genética y las hormonas» (5).
Guiándose de la anatomía del cerebro, que indica que la masculinidad o feminidad (ser hombre o mujer) empieza a forjarse entre el primer y el tercer año de existencia, la comunidad LGBTQ+ intensifica sus esfuerzos por el reconocimiento de la identidad sexual o la inclusión de género de niños y adolescentes, como mecanismo de apoyo, según sus señalamientos, para fundamentar el sentido de la vida y la aceptación familiar, a fin de evitar que caigan en la ansiedad y la depresión.
Los mensajes sobre la construcción social de la sexualidad o sexuación a través de dibujos o muñequitos, elaborados por psicólogos especialistas en intervenciones en crisis y traumas, en Identidad Sexual y Terapia Afirmativa LGBTQI+, son transmitidos por la televisión, el cine, el canal Cartoon Network y las plataformas como YouTube, Netflix y Disney+. Estos contenidos buscan seducir a niños y jóvenes, bajo la argumentación de que el matrimonio de parejas homosexuales es normal y necesario para convivir en sociedad y ser felices.
En esos relatos y descripciones afeminados y masculinizados se insiste en que los juguetes, los colores y los muñequitos no definen la orientación sexual de un niño, porque esta no se pega ni se enseña, sino que se descubre en los procesos de estimulación individual.
Son abundantes las caricaturas o muñequitos con personajes LGBT+ homosexuales o lésbicos que se alinean en esta dinámica, como Los Simpson, Víctor y Valentino, Hora de Aventura, la Casa Búho, The Loud House (Nickelodeon), Sha-Ra y las princesas del poder, Arthur (PBS Kiks), Steven Universe, Sailor Moon, Dipo y la Era de las bestias maravillosas, Bob’s Burgers, Gravity Falls, Steven Universe , BoJack Horseman, Big Mouth, Super Drags, My Little Pony: Friendship is Magic, Steven Universe, The Owl House, Legend of Korra y otros.
Como remate, las indagatorias científicas, husmeando hasta la coronilla, y reflexiones facilitan reconocer que el cerebro rosa de los homosexuales los hace distintos biológica, psicológica y socialmente a los heterosexuales. Ya hemos visualizado que ha sido atribuida, en primera instancia, al dimorfismo sexual o diferencia del tamaño corporal, la forma y los colores entre machos y hembras, debajo de los huesos craneales y faciales, así como por el hipotálamo y la “alteración de los receptores andrógenos”.
Todavía sexólogos, psicoanalistas y psicoterapeutas tienen mucha tela por donde cortar en esta encorvadura de convergencia anatómica, genética y hormonal. La neurociencia sigue teniendo un gran reto.
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El autor: Expresidente Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), vicepresidente de Asoc. Escuelas de Comunicación Social (AdecomRD), presidente Asoc. de Profesionales de Relaciones Públicas (Asodoprep) y columnista de decenas de digitales.
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Citas bibliográficas:
1.- Psicología de la Sexualidad”, Javier Gómez Zapiain, Alianza Editorial, Madrid, España, 2022, págs. 155 y 156.
2.- “Neuropsicología de la Infancia y la Adolescencia”, Natalia López Moratalla y María Font Arellano, Universidad de Piura, Perú, Eunsa, 2020, pág. 42.
3.- https://www.nationalgeographic.com/science/article/brains-of-gay-people-resemble-those-of-straight-people-of-opposite-sex.
4.- Alberto Montagut, El País, Washington, 30 de agosto de 1991.
5.https://www.colegar.com/colegar/archivo_aporte_id209_1599168691253.pdf.
Bibliografía:
1.- El Cerebro del Adolescente. Descubre cómo funciona para entenderlos y acompañarlos, David Bueno, Penguín Random House Grupo Editorial, Barcelona, España, 2023.
2.- Cómo aprende el cerebro, David A. Sousa, Ediciones Obelisco, Barcelona, España, 2019.
3.- Historia del Cerebro, José Ramón Alonso, Ediciones de María Ávila, España, 2019.
4.- El Cerebro Infantil. Los secretos del Desarrollo Cognitivo, Rita Reig Viader, RBA Coleccionables, Barcelona, España, 2019.
5.- Cómo Aprende el Cerebro. Las claves para la educación, Sarah-Jayne Blakemore y Utra Frith, Editorial Planeta, Barcelona, España, 2007.