Opinión
Congreso Nacional ha devenido un proactivo fiscalizador
Por Víctor Mateo
Introducción
El Poder Legislativo es una de las tres ramas en que se divide el poder Estados democráticos como República Dominicana. Su principal rol consiste en decidir normas con rango de ley. También sirve de contrapeso ante los actos que emanan de los demás poderes (Ejecutivo y Judicial). Este segundo rol se conoce como fiscalización.
Cuando se utiliza el término “fiscalizar” en cuestiones legislativas, se hace alusión a la intervención o comprobación del Poder Legislativo en algún aspecto referente a los demás poderes del Estado. En este orden, el profesor Manuel Delgado-Iribarren García-Campero (2012) establece que “las atribuciones en materia de fiscalización y control indicadas en la Constitución dominicana de 2010, dan cuenta de la existencia de tales facultades sobre el Poder Ejecutivo en el ámbito de un régimen presidencialista de separación de poderes” (p. 550).
Los últimos meses, el Congreso Nacional ha dado muestras de una creciente pro actividad en materia de fiscalización. Este artículo repasa los cambios constitucionales detrás de este nuevo y creciente fenómeno, y además reseña algunos de los más sonados casos de acción fiscalizadora del Congreso.
Fiscalización congresual de 1942 a 2010
El modelo que configuró las atribuciones del Congreso Nacional hasta el 2002 fue instaurado el 10 de enero del año 1942, durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. El artículo 33 de la Carta Sustantiva de esa época incorporó 24 numerales que contemplaron las atribuciones generales del Congreso, entre las que se encontraban las de fiscalización y control. Esta redacción se mantuvo vigente e inalterable hasta 1966.
La modificación realizada en 1966 suprimió la facultad de crear o suprimir secretarías o subsecretarías de Estado, eliminando así un numeral a las atribuciones del Congreso.
La Constitución vigente a partir de 1994 recogió las mismas atribuciones del Congreso definidas en 1966 y que venían de la Constitución de 1942. Lo mismo sucedió en la reforma constitucional del año 2002.
Las constituciones de 1994 y de 2002 contienen, ambas, en su artículo 37 las atribuciones del Congreso Nacional en materia de fiscalización y control:
1. Aprobar o desaprobar, con vista del informe de la Cámara de Cuentas, el estado de recaudación e inversión de las rentas que debe presentarle el Poder Ejecutivo.
2. Proveer la conservación y fructificación de los bienes nacionales, y a la enajenación de los bienes del dominio privado de la nación, excepto lo que dispone el inciso 10 del artículo 55 y el artículo 110.
3. Examinar anualmente todos los actos del Poder Ejecutivo y aprobarlos, si son ajustados a la Constitución y a las leyes.
4. Interpelar a los secretarios de Estado y a los directores administradores de organismos autónomos del Estado, sobre asuntos de su competencia, cuando así lo acordaren las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara que lo solicite, a requerimiento de uno o varios de sus miembros.
Fiscalización congresual en la Constitución de 2010
La Constitución de la República del año 2010 describe las atribuciones del Congreso Nacional en el artículo 93, que está dividido en dos numerales: el primero relativo a las atribuciones generales en materia legislativa -que contiene 19 literales-, y el segundo, en torno a las atribuciones en materia de fiscalización y control, con seis literales específicos para abordar el tema, a saber:
a) Aprobar o rechazar el estado de recaudación e inversión de las rentas que debe presentarle el Poder Ejecutivo durante la primera legislatura ordinaria de cada año, tomando como base el informe de la Cámara de Cuentas.
b) Velar por la conservación y fructificación de los bienes nacionales en beneficio de la sociedad y aprobar o rechazar la enajenación de los bienes de dominio privado de la Nación, excepto lo que dispone el artículo 128, numeral 2, literal d).
c) Citar a ministros, viceministros, directores o administradores de organismos autónomos y descentralizados del Estado ante las comisiones permanentes del Congreso, para edificarlas sobre la ejecución presupuestaria y los actos de su administración.
d) Examinar anualmente todos los actos del Poder Ejecutivo y aprobarlos, si son ajustados a la Constitución y a las leyes.
e) Nombrar comisiones permanentes y especiales, a instancia de sus miembros, para que investiguen cualquier asunto que resulte de interés público, y rindan el informe correspondiente.
f) Supervisar todas las políticas públicas que implemente el gobierno y sus instituciones autónomas y descentralizadas, sin importar su naturaleza y alcance.
Como se puede apreciar, en la última modificación constitucional se agregaron los literales c), e) y f) a los cuatro literales provenientes de textos constitucionales anteriores. Los tres literales nuevos están a la raíz de la reciente pro actividad del Congreso en el examen de los actos del Poder Ejecutivo.
El literal c), en especial, significa un cambio sustancial en relación a los textos anteriores. El Congreso tiene facultad de invitar a los funcionarios del Poder Ejecutivo a los fines de “edificar sobre la ejecución presupuestaria y los actos de su administración”. Mientras las constituciones anteriores aludían solo a la figura de la interpelación que -en términos estrictos- se refiere a una fase de acusación.
Los artículos 94 y 95 de la presente Constitución establecen claramente el procedimiento a seguir para la «invitación» y la «interpelación» de funcionarios públicos. Resalta el cambio en relación al texto constitucional de 2002, que requería de las dos terceras partes de la Cámara para que fuese aprobada una solicitud de interpelación, y que la misma fuera solicitada por uno o varios legisladores. Actualmente, se especifica que la interpelación procederá siempre y cuando la mayoría simple del quórum así lo requiera y a solicitud de al menos tres representantes.
El nuevo marco constitucional vigente en República Dominicana desde 2010, estimula y facilita la actividad fiscalizadora del Congreso. Ello explica el significativo aumento de las acciones de fiscalización de la Cámara de Diputado y el Senado de la República los últimos meses. Para sostener esta afirmación, se presentan cuatro casos ocurridos los últimos meses, impensables antes de la reforma constitucional de 2010:
a) Barrick Gold
En julio de 2012, el diputado Carlos Gabriel García planteó la necesidad de que el Estado dominicano reclame el 50 % de los beneficios de la explotación minera que realiza la minera Barrick Gold en Pueblo Viejo, provincia Sánchez Ramírez. El 10 de septiembre de 2012, la Comisión Permanente de Energía de la Cámara de Diputados inició la revisión del contrato, en virtud de la aprobación de la propuesta del diputado García, convertido en resolución.
El 27 de febrero de 2013, luego de opiniones y debates, el presidente de la República, Lic. Danilo Medina, anunció en su primer discurso de rendición de cuentas, la necesidad de que fuese revisado el contrato. Desde ese momento, el Gobierno dominicano y la empresa Barrick Gold negociaron durante varios meses con la finalidad de rendir un informe que el pueblo dominicano esperaba con ansias.
Finalmente, el 25 de septiembre del año en curso, el Senado de la República aprobó la modificación del acuerdo entre la Administración Central y la empresa Barrick Gold. La enmienda permitirá al Gobierno recibir más de once mil millones de pesos proyectados a veinticinco años de explotación de la mina.
b) Junta Central Electoral (JCE)
Los medios de comunicación debatieron durante el primer semestre del año 2013 la crisis institucional por la que atravesaba la Junta Central Electoral (JCE), producto de una diferencia de criterios entre José Ángel Aquino, miembro titular de la Junta, y Roberto Rosario, presidente del organismo electoral.
El primero de ellos afirmó la existencia de 22,000 expedientes de descendientes haitianos que reclamaban la entrega de documentos personales, mientras que el segundo alegó que solo se trataba de unos 1,800 casos que ya se encontraban en la justicia a la espera de fallo. Los planteamientos de Aquino movieron a que diversos sectores acusaran al presidente de la Junta de negarse a emitir documentos a quienes los solicitaron.
En esos días se habló de un posible juicio político, en virtud de los artículos 80 y 83 de la Constitución. La Cámara de Diputados entrevistó a los cinco miembros de la JCE y a funcionarios de la entidad con la finalidad de conocer las interioridades del conflicto. El suceso no pasó de los acontecimientos relatados y ninguno de los miembros fue removido ni conducido a un juicio político ante el Congreso Nacional. El informe rendido por la comisión investigadora dio testimonio de ello.
c) Antena Latina
La prensa también se hizo eco de la posible venta de las acciones del Estado en los medios de comunicación de la empresa Antena Latina. El senador por la provincia Espaillat, José Rafael Vargas, sometió una iniciativa ante la Cámara Alta, que fue acogida por los 24 senadores presentes el pasado 11 de septiembre de 2013.
La moción consistió en dejar sin efecto el acuerdo de venta en el cual el Estado dominicano cedía el 47.5 % de sus acciones en Antena Latina. El senador Tommy Galán, quien a la vez fungió como presidente de la comisión investigadora, explicó que los muebles e inmuebles fueron vendidos muy por debajo de la tasación real, entre 211 y 260 millones de pesos, una diferencia de entre 141 y 190 millones. Finalmente, la venta no procedió por las irregularidades señaladas por los legisladores.
d) Aerodom
El martes 17 de septiembre de 2013, la Comisión de Defensa y Seguridad del Senado se reunió con el Director General de Impuestos Internos, el Ministro de Obras Públicas, el Superintendente de Valores y el Director de Autoridad Aeroportuaria, para conocer la emisión de bonos por US$550 millones de dólares hecha por Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM).
Declaraciones ofrecidas por el senador Adriano Sánchez Roa dan cuenta de que en el ámbito financiero surgieron contradicciones que obligaron a profundizar no solo el destino de los bonos y la propuesta de inversión hecha por AERODOM, sino las inversiones que ha realizado la empresa, conforme al contrato de concesión otorgado en 1999. El legislador anunció que esa entidad se propone hacer un descenso en los aeropuertos del país en un plazo de 15 días para verificar su situación y emitir un informe final.
Conclusión
Como ente público de la nación dominicana, el Congreso Nacional está llamado a rendir resultados en base a las facultades y poderes que le otorgan la Constitución y las leyes. Su naturaleza reside en intervenir en las acciones que realicen las demás instituciones estatales con el firme propósito de representar los intereses de las distintas demarcaciones del país.
Es evidente la existencia de un amplio catálogo de posibilidades de control por parte del Legislativo sobre la actuación del Ejecutivo. Dentro de esas posibilidades se encuentra una de las nuevas facultades que el legislador agregó a la Carta Magna de 2010: las comisiones de investigación a los fines de edificarse en torno a un tema de interés general.
Desde siempre, el órgano legislativo ha jugado un rol importante en el desenvolvimiento socio-político dominicano, pero lo cierto es que este último año ha sido testigo de un Congreso Nacional más activo y fiscalizador que antes.
En definitiva, se puede afirmar que en cada uno de los renombrados casos citados en este trabajo, el Congreso Nacional se ha manifestado apegado a criterios constitucionales. En tal sentido, se puede concluir que el actual Congreso Nacional ha sido uno de los más dinámicos con que ha contado República Dominicana desde su fundación, puesto que la nueva versión de la Carta Magna le contempla facultades y mecanismos amplios en materia de fiscalización y control.
Por Narciso Isa Conde
¡Habría que intentar tumbarlas o aplastarlas con armas e invasiones de alto calibre!, y eso no es fácil, porque los invasores corren el riego de empantanarse como le ha pasado en otras partes del planeta.
Esta América es nuestra, la de ellos es la del “Norte Revuelto y Brutal”, destinado a «sembrar de miseria” nuestra América.
No somos “patio trasero” de nadie.
A estas alturas del proceso, consideramos inaceptable una nueva apelación al monroísmo y más aún las demenciales pretensiones del trumpismo y otras variantes del neofascismo.
En esta América…el oro, el litio, las tierras raras, el titanio, la Amazonía, la biodiversidad, las costas, las playas y los ríos, no son de EEUU.
Son nuestros y los vamos a defender.
¡Que lo sepan bien Trump, Elon Musk, Laura Richardson y Marco Rubio!
¡Que lo sepan su CIA, USAID, Comando Sur, el Pentágono y su gabinete de halcones!
Ni su retórica de terror, ni el coloniaje racista, ni sus guerras de variadas intensidades y generaciones, nos asustan.
Carecen de capacidad para intimidar los estados y pueblos que ejercen el derecho a la autodeterminación
Son huesos duros de roer.
Ni Cuba, ni Venezuela, ni Nicaragua se caen con palabras y fantocherías cobardes, tampoco con guerras de baja intensidad.
Eso está requeté demostrado.
¡Habría que intentar tumbarlas o aplastarlas con armas e invasiones de alto calibre!, y eso no es fácil, porque los invasores corren el riego de empantanarse como le ha pasado en otras partes del planeta.
Pero, además, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia no están solas en el mundo, ni en este continente.
Cuba y Venezuela tienen poder militar para devolver. Como pasa, en otras latitudes con Corea del Norte en la cercanía de Corea de Sur y Japón, aliados carnales y sedes de base militares de EEUU.
El odio colonial neofascista incluso apunta contra México, Colombia y Brasil en favor de las ultraderechas de esas naciones, a pesar de la traición de Lula a Venezuela y las recientes inconsecuencias de Petro con la patria de Bolívar y de Chávez.
Hacia México el trumpismo derrama hiel y desde sus entrañas se esgrimen sanciones y amenazas inaceptables para la dignidad de su gobierno y de su pueblo, y no le será fácil al Gobierno de Trump imponer sus designios; como tampoco le será fácil ejecutar su xenofobia brutal, ni cumplir sus promesas racistas contra los flujos migratorios y la inmigración “tercermundista” que las propias potencias neocoloniales han provocado
· LOS DESIGNIOS NEFASTOS DEL TRUMPISMO HAN SIDO CONFESADOS.
Todas esas pretensiones imperiales han sido confesadas por los halcones “electos” o designados, con todo el descaro del mundo.
Sabemos, además, para que pueden dar Trump, Vance, Musk, Laura Richardson y Rubio, para solo dejarlo en ese nefasto quinteto, hermanado en el anticomunismo, el racismo, la xenofobia y la voracidad sobre riquezas naturales ajenas.
Rubio es más rubio que Trump y más colonialista y neofascista que la sombra de los dos nuevos principales inquilinos de la Casa Blanca. Se crio y formó políticamente en la madriguera de Miami, mientras Musk es un producto del apartheid sudafricano, del elitismo capitalista y de su opulenta existencia.
Estamos enterados, por sus propios alardes que sus “panas full” en estos lares son Milei, Noboa, Bukele, Bolsonaro, Kast, Murillo, Uribe, Duque, Marie Corina-González Urrutia … y con ellos y con otros de parecida calaña, se propone construir el bloque regional de neofascismo mundial; que de seguro va ha ser bendecido por Trump, Netanhau, Zelensky, Giorgia Meloni y la Len Pen…
El plan incluye la ampliación de ese bloque, el asalto a otros estados del continente y el programa para intentar revertir por la fuerza todos los procesos que a escala continental EEUU no controla.
A Puerto Rico le esperan las agresiones consabidas del trumpismo y de su envenenada oferta de estadidad, ahora con menos posibilidades de éxitos, dados acontecimientos (electorales y no electorales) que revelan el ascenso de la conciencia independentista del pueblo de Borinquén.
Y a Haití una mayor dosis de violencia, racismo y opresión.
Entre los/as candidatos/as con “méritos” para esa ampliación están Luis Abinader, el nuevo primer ministro de Haití, Alí Dipré Fil Bien Amé, la presidenta Buluarte de Perú, el presidente Santiago Peña Palacios de Paraguay, entre otros y otras.
· CAUSAS DEL REPLIEGUE VIOLENTO HACIA NUESTRA AMÉRICA.
Trump y sus halcones, no lo confiesan así, pero realmente se trata de un repliegue al “patio trasero”, con un fuerte énfasis en desplazar a China, Rusia e Irán de esta región; desestabilizar y tumbar los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua y la determinación de apoderarse por cualquier medio de su patrimonio natural.
La voracidad minera y el nuevo asalto a la naturaleza no humana tiene portavoces.
La Generala Laura Richardson, Jefa del Comando Sur, organismo encargado de preservar militarmente para EEUU esas riquezas ajenas, ha proclamado abiertamente el interés que tiene esa súper potencia en “el triángulo del litio (Argentina, Chile y Bolivia)”, en “las reservas de petróleo (la más grande del mundo), gas natural, cobre y oro de Venezuela”, en “los bosques de la Amazonia (los pulmones del planeta)” y en “el 31 % del agua dulce del mundo”.
Por su parte, Elon Musk confesó su auspicio al golpe de estado contra Evo Morales en Bolivia y declaró que tras el litio y los minerales imprescindibles para las tecnologías de punta estaba en disposición de dar golpe de estado donde fuera necesario.
Corporaciones petroleras, mineras, químicas e informáticas y el Pentágono, su Comando Sur, la CIA y el Departamento de Estado, confluyen en la misma dirección rapaz. Su hambre de combustibles fósiles, litio, titanio, oro, tierras raras, agua y biodiversidad, potencia la voracidad imperial.
La hostilidad contra China ha tenido una matriz bipartidista y un carácter estratégico hasta hace poco, y está claro que Trump y sus halcones estas prestos a subirle el tono.
Pero recientemente la momia de Biden ha sido usada en la transición por una facción del fracturado poder estadounidense, para meterle una piedra en el camino a TRUMP; asumiendo sorpresivamente la actual Administración una actitud conciliadora con China, la cual ha sido aprovechada por el liderazgo del gigante oriental para reiterar y dejar aún más claro lo que esa súper potencia no aceptaría ni de Biden, ni de Trump, ni de nadie.
El repliegue hacia acá, con la contraofensiva anunciada, tiene su razón de ser en la derrota de la OTAN en Ucrania y en el criterio de importantes sectores de poder que auparon al trumpismo, sobre la necesidad de apaciguar ese capítulo desgastante de la guerra global infinita desatada por EEUU, no otros.
A esa negociación, el mismo Biden, ha respondido autorizando a Ucrania a usar de misiles de largo alcance contra Rusia, lo que ha sido rechazado por Francia e Inglaterra; otra evidencia de la creciente fractura de las elites imperialistas europeas y estadounidenses, y de los riesgos que asechan a la humanidad en medio de este tumultuoso proceso de decadencia y descomposición del sistema imperialista occidental.
· TRUMP Y SUS HALCONES NO REPRESENTAN LA PAZ.
No es que Trump y sus halcones son pacifistas, sino que EEUU ha perdido esa guerra y de continuarla le puede ir peor.
El poder político-militar estadounidense está obligado a negociar con Rusia y el ascenso de Trump ofrece esa oportunidad. La condición no la impondrá Trump, sino Putin que controla territorio y podría avanzar más. De todas formas, se trata de una negociación necesaria y a la vez compleja, que puede dilatar.
El complejo militar-industrial-financiero-informático en estos últimos años ha obtenido enormes beneficios y se puede dar el lujo de un receso de guerra en Europa, en favor del alivio a la carga sobre el deficitario presupuesto de EEUU y su colosal endeudamiento. Así opera el poder profundo de ese Coloso decadente.
La carga económica estadounidense en la OTAN es alta y Europa Occidental, sensiblemente diezmada, está bajo la presión de Trump en materia de financiamiento, forzada también a ceder frente a Rusia.
No es el caso de la guerra contra Palestina, ya sensiblemente regionalizada en el Oriente Medio.
Las relaciones carnales con Israel y el lobby estadounidense del gran capital sionista, obligan a continuarla.
Trump no admite la existencia del Estado Palestino e incita a Netanhau a completar el holocausto palestino, para luego intentar colonizar el litoral occidental de Gaza, cesar los combates y concentrar la presión contra IRÁN.
Sigue siendo difícil aplastar a Hamas y más aún derrotar los Huties yemenitas y a Hebollag,
El “pacifismo” de Trump se fue al carajo al referirse a la guerra en esa región, donde, además existe una resistencia palestina que no cree en cuento y con demostrada capacidad ofensiva frente un sionismo cada vez más desacreditado y vulnerable.
Cierto que los jefes del Partido Demócratas-PD y sus enclaves globalistas son terriblemente guerreristas, pero suponer adversidad a las guerras en las entrañas del pacto neofascista que sustenta a Trump, al trumpismo y a su nueva admiración, es más que una tontería, dado que su esencia es la dominación violenta y que el repliegue en Ucrania es fruto de un gran revés militar, como lo fue en Afganistán. Incluso ese pacto contiene fuertes ingredientes del globalismo “demócrata”, traspasado a los “republicanos” leales a Trump.
Del neofascismo como producto de una decadencia agresiva del imperialismo occidental y su súper potencia dominante, en el contexto de un endurecimiento del neoliberalismo neocolonial, en general solo puede esperarse una continuidad de la política con la modalidad de variadas combinaciones de guerras.
Solo la insurgencia global de la humanidad amenazada de extinción. puede derrotar esos designios imperiales y crear lo nuevo, combinando todos los actores de esa gran transformación hacia un mundo justo, diverso, multicultural y solidario.
Por Isaías Ramos
Las recientes declaraciones del gobierno dominicano sobre el llamado “abastecimiento navideño” han generado indignación y descontento en un sector importante de la población. Con anuncios de 10 millones de raciones de alimentos cocidos y productos festivos como manzanas y dulces, se nos presenta un espectáculo que oculta la dura realidad de miles de familias que enfrentan hambre y pobreza durante todo el año.
El director de comedores económicos afirmó que personas hacen filas desde las 11:00 p. m. del día anterior para recibir su ración navideña. Esto no es motivo de celebración; es una muestra alarmante de la humillación y la dependencia extrema que este modelo asistencialista perpetúa. Que miles tengan que someterse a estas condiciones para acceder a lo más básico evidencia el fracaso de un sistema que prioriza lo mediático sobre lo estructural.
En lugar de atacar las raíces del hambre y la pobreza, el gobierno opta por paliativos temporales. La pregunta es inevitable: ¿por qué esperar hasta diciembre para responder a una crisis alimentaria constante? Estas acciones parecen diseñadas más para apaciguar críticas y desviar la atención pública que para ofrecer soluciones reales. Mientras tanto, el campo dominicano continúa en abandono, con agricultores que trabajan arduamente sin el apoyo necesario del Estado.
Hablar de “multiplicar lo que se da al pueblo”, como mencionó el presidente, es irónico cuando ese mismo pueblo ha sido despojado de oportunidades dignas y sostenibles. El acceso a alimentos no debería depender de campañas temporales, sino ser el resultado de políticas agrarias efectivas que fortalezcan la producción nacional, garanticen la seguridad alimentaria y promuevan el desarrollo rural.
La dependencia del clientelismo o asistencialismo crea un ciclo vicioso: cada diciembre, las familias esperan con resignación una mano tendida, mientras el resto del año se ignoran sus necesidades. Esto no solo perpetúa la pobreza, sino que se convierte en una forma de control social, diseñada para mantener el poder en lugar de empoderar al pueblo.
Más preocupante aún es cómo estas medidas superficiales distraen de los problemas estructurales: falta de empleo digno, educación adecuada y sistemas de salud funcionales. Ofrecer comida en épocas festivas es insuficiente e inaceptable. La solución pasa por un cambio profundo en la gestión de los recursos y en la priorización de las necesidades del pueblo.
El “abastecimiento navideño” debería ser un recordatorio de lo que está mal con nuestro sistema actual. No podemos permitir que nuestras autoridades sigan utilizando estas medidas como herramientas para maquillar el hambre y la pobreza. Es hora de exigir políticas públicas basadas en justicia social, que aseguren salarios justos, inviertan en infraestructura rural y fortalezcan a los agricultores locales.
En el Frente Cívico y Social hacemos un llamado al pueblo dominicano: despertemos ante esta realidad. Cada vez que hacemos fila por un plato de comida, aceptamos la normalización del hambre y la precariedad. Debemos rechazar este sistema que perpetúa ciclos de pobreza y vulnerabilidad.
Movilicémonos por nuestros derechos. Exijamos transparencia, rendición de cuentas y acciones concretas que prioricen las necesidades del pueblo. Las festividades no deberían ser un recordatorio de nuestro fracaso institucional, sino una celebración de logros fruto del esfuerzo colectivo entre el gobierno y su gente.
En el FCS creemos que llegó el momento de construir un país donde la dignidad, la justicia y la igualdad sean accesibles para todos. La lucha por un futuro mejor comienza aquí y ahora.
¡Despierta, RD!
Por Nelson Encarnación
El plan de seguridad vial anunciado el lunes por el presidente Luis Abinader y varios funcionarios es una iniciativa que si se llevara a la práctica debería tener un impacto significativo en la reducción de la siniestralidad en el tránsito, un renglón negativo en el cual nuestro país ocupa uno de los primeros lugares en la región como principal causa de muerte.
Lo delineado apunta a una relevancia si se implementa en su plenitud, aunque se generan interrogantes que deben ser despejadas. Una de ellas—probablemente la más trascendental—es qué hacer con los 3.7 millones de motocicletas que circulan sin ningún control por toda la República Dominicana, que representan el factor determinante para que el país tenga tan elevado sitial en las mediciones sobre siniestralidad vial.
La preocupación no es solo eso, sino que se fundamenta en las estadísticas disponibles—que son muy pobres, por cierto—sobre el impacto de los motores en el flagelo de los accidentes y en el papel que estos juegan como causantes de fallecimientos y lesiones permanentes.
Las únicas estadísticas disponibles las recibimos luego de ocasiones especiales, como Semana Santa, Navidad y festividades que incrementan la movilidad vial, cuando las autoridades montan los llamados operativos. Al pasar balance de esos operativos puntuales nos enteramos de que, en promedio, el 70% de los eventos viales, las muertes y las lesiones es aportado por las motocicletas, un medio de transporte que se ha masificado de manera inimaginable y sin controles efectivos.
Es decir, que al desagregar el factor motocicletas, las estadísticas relacionadas a accidentes viales tenderían a una reducción significativa, y, por consiguiente, nuestro país bajaría a los lugares menos punteros en cuanto a muertes, heridos y discapacidades permanentes que se derivan de ellos.
Esta dramática circunstancia nos lleva a ser escépticos respecto del resultado a obtener del importante plan que se ejecutará, pero también representa una decisión retadora para las autoridades.
¿Qué se contempla frente al desafío de millones motocicletas conducidas por desaprensivos para quienes no existen normas?
Y lo más relevante todavía: ¿Cuál será la conducta de los agentes encargados de hacer cumplir las leyes, y para quienes—frente a motoristas y “padres de familia” que conducen “conchos” y voladoras—las disposiciones son nulas? Esta es una cuestión determinante para que el plan vial alcance el éxito que todos esperamos.