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Conocen hoy coerción contra sacerdote acusado de asesinar menor de Villa Mella
SANTO DOMINGO. El Tribunal de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo conocerá en la mañana de este jueves la solicitud de un año de prisión preventiva como medida de coerción solicitada por el Ministerio Público en contra del sacerdote Elvin Taveras Durán, acusado del asesinato de Fernelis Carrión Saviñón.
La medida fue aplazada en la tarde del miércoles para las 9:00 a.m. de la mañana de este jueves, porque Taveras aún no tiene abogado, y para que la parte civil querellante se documente sobre el caso, según explicó el fiscal Gilberto Castillo.
Taveras Durán fue llevado hasta la Fiscalía de la provincia Santo Domingo al mediodía del miércoles, donde se depositó la solicitud de medida de coerción, en medio de un amplio dispositivo de seguridad, y evadió contestar preguntas de los periodistas que lo abordaron.
El imputado fue recluido en la cárcel de San Luis.
La Policía Nacional dijo ayer que no tiene informaciones que ofrecer sobre el caso del sacerdote Elvin Taveras Durán, señalado de haber ultimado a un adolescente en Santo Domingo Norte, porque el caso ya lo maneja el Ministerio Público.
El vocero de la Policía, general Nelson Rosario, dijo que ese caso ya está en poder de la justicia. Ya le corresponde al Ministerio Público dar los detalles del mismo.
Religiosos condenaron el asesinato del que se acusa al sacerdote Elvin Taveras Durán.
El obispo de la diócesis de Baní, monseñor Víctor Masalles, dijo en su cuenta de Twitter: “Me uno en oración al dolor y al clamor de justicia de la familia de Fernelis Carrión y de toda la sociedad”.
“El abuso y la violencia deben llevar a la justicia al que lo comete, y no importa la investidura tenga”, agrega el obispo.
En tanto que el sacerdote Rogelio Cruz consideró que “eso es demasiado. No hay forma de describir ni buscar explicación que no sea la descomposición al extremo de un ser humano. No importa tu condición de sacerdote, porque él no era nuevo. Ese proceso es algo doloroso para todos”, expresó.
“Se ha llegado al límite de la descomposición de un ser humano. Tiene que caerle todo el peso de la ley. Afecta la imagen de la iglesia cuando tenemos tantos problemas y nos tira por el suelo a nosotros como sacerdotes”, afirmó.
Familiares de Fernelis Carrión Saviñón reiteraron el pedido de justicia en el caso, y saludaron la medida de la Arquidiócesis de Santo Domingo de suspender de su ejercicio sacerdotal, como medida cautelar a Taveras Durán y pedir perdón por el hecho a la familia de la víctima. El tío del adolescente ultimado, Víctor Saviñón, dijo que esa medida demuestra que no todos son iguales, y le devuelve confianza de que la justicia actuará sin injerencia.
El suspendido sacerdote Elvin Taveras Durán dejó una buena impresión a los miembros de la parroquia San Nicolás de la urbanización Máximo Gómez, de Villa Mella, donde dicen que sólo ofició tres eucaristías hace alrededor de dos años.
El catequista José Polanco expresó que para los feligreses de esa iglesia ha sido una sorpresa que el cura sea acusado de la muerte del adolescente Fernelis Carrión Saviñón, de 16 años, a quien también conocían, porque durante un tiempo prestó sus servicios como monaguillo en ese templo.
“El sacerdote Elvin Durán no pertenecía a esta iglesia, vino, no te voy a mentir, pero a oficiar tres misas, porque nuestro sacerdote Crisanto García estaba fuera del país. Su parroquia es la Santa Cecilia en Hainamosa, El Tamarindo”, explicó a Diario Libre el catequista, quien lleva 32 años residiendo en el sector. Asegura que en el poco tiempo que el religioso estuvo en esa comunidad se manejó con respeto. “La noticia nos ha dejado sorprendidos, pero tú sabes que el demonio tienta a los seres humanos. Cuando oficiaba la eucaristía todos decían: ¡qué padre más bueno!, siempre hacía una historia en medio de la misa, era una maravilla”.
Resaltó que en esa parroquia no han tenido problemas con sacerdotes, y desde hace años tienen prohibido a los jóvenes subir a la residencia de estos. “Una noche me sorprendí con él (en referencia al padre Elvin) porque cuando vio a una mujer con un vestido descotado, ella era nueva en la iglesia, y de una vez lo prohibió, dijo: no podemos aceptar mujeres con vestidos descotados ni cortos, porque detrás de esta sotana hay un hombre”, relató Polanco, al recordar las pocas celebraciones eucarísticas que hizo el cuestionado sacerdote en esa parroquia.
diariolibre.com
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.