Opinión
Constituyente soberana o nuevas frustraciones
El sistema electoral y el régimen de partidos han sido estructurados para impedir el desarrollo de una democracia participativa; para convertir la política en negocio.
Por Narciso Isa Conde
En este 178 aniversario de la Constitución de la República, en el contexto de la JORNADA POR LOS DERECHOS DEL PUEBLO DOMINICANO que realizan un conjunto de organizaciones sociales y político-sociales, entiendo conveniente dar a conocer de manera resumida las ideas que sobre la cuestión constitucional hemos venido elaborando y proponiendo diversos sectores de las izquierdas; todos comprometidos con la necesidad de romper este largo círculo vicioso y viciado de colonización, exclusión y opresión social, corrupción estatal y recolonización neoliberal…y abrir cauce al proceso de creación de una sociedad justa, soberana y solidaria.
La verdad es que en la prolongada etapa republicana de nuestro país, solo la CONSTITUCIÓN de 1963 -bloqueada por la invasión militar estadounidense de 1963- merece ser calificada de democrática, socialmente avanzada y asumida por el pueblo.
Este criterio ha sido refrendado por la vida al punto de que su defensa desató una hermosa revolución política, cultural y social, que abrió las compuertas a la construcción de un nuevo poder basado en los comandos de pueblo y soldados constitucionalistas armados; poder soberano, democrático y participativo, obstruido y finalmente derrotado por una violenta contrarrevolución imperialista que dura ya casi 60 años.
Esa contrarrevolución imperialista auspicio un modelo de dependencia y predominio élites partidistas y oligárquico-capitalistas, con una fuerte carga de despotismo enmascarado con un esquema democrático-representativo, basado en las constituciones de 1966 (balaguerista) y del 2010 (leonelista), cuyos productos políticos han resultado realmente nefastos para nuestro país.
Los continuismos y las alternancias políticas registradas en los últimos 22 años han confirmado que por la vía de esta institucionalidad -actualmente basada en la Constitución neoliberal, conservadora y autoritaria del 2010- no habrá salida positiva para las demandas fundamentales de los movimientos feministas, ambientalistas, anti-impunidad, anti-represión juveniles, estudiantiles, niños, niñas y adolescentes, campesinos, comunitarios, populares. Patrióticos y clasistas, del sector salud, educación, deporte, justicia derechos de inmigrantes.
No habrá soberanía nacional ni derecho del pueblo a decidir.
Todas las reivindicaciones chocan con el poder constituido, con las instituciones controladas por los tutumpotes capitalistas, EEUU, la partidocracia y los agentes del patriarcado.
Vuelven a repetirse los escándalos de corrupción y entreguismo… los abusos de poder y los crímenes.
Eso es lo que está pasando y es lo que da razón a quienes planteamos la necesidad de un proceso capaz de crear una CONSTITUYENTE POPULAR y SOBERANA, electa por el pueblo; para dar paso a una nueva Constitución y una nueva institucionalidad, que posibiliten cambiar todo lo que impide que el pueblo decida todo lo que le atañe.
El Congreso Nacional o Asamblea Nacional Legislativa generalmente ha rechazado esa posibilidad, dado que desde 1844 hasta la fecha las Constituciones le han asignado exclusivamente a ese organismo la función de revisarla y reformarla a su antojo, siempre en función de los intereses que representan sus integrantes.
La excepción fue en 1963 cuando el Congreso electo, antes de legislar fue establecido como Asamblea Constituyente con poder para elaborar una nueva Constitución inspirada en un proyecto profundamente democrático, no simplemente para revisar la anterior; situación que asumió un gran legitimidad popular durante la insurgencia de Abril 65, centrada en el restablecimiento de la derogada Constitución de 1963.
La regla conservadora quedó restablecida en la Constitución del 1966, seguida de la del 2010, imponiendo en ambos casos un sistema constitucional cerrado, anti-democrático, en el que se anula la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente por elección popular, independiente del poder legislativo; atribuyéndole por el contrario al Congreso actual tanto las funciones legislativas como la de reformar la Constitución.
La cuestión se agrava, cuando además -como ha pasado en las últimas décadas- el Congreso Nacional se convierte en un mecanismo totalmente controlado por una partidocracia corrupta y conservadora, en la que predominan “riferos”, personas sobornables, políticos clientelistas, narcotraficantes, empresarios sin escrúpulos y negociantes de la política, que pervierten gran parte de lo que tocan y se siente protegidos por un sistema constitucional y un conjunto de leyes que garantiza la continuidad de esta degradación impune.
· RECHAZAR ASAMBLEA REVISORA, RESPALDAR PROCESO CONSTITUYENTE.
Es a ese Congreso Nacional, convocado por ley especial como Asamblea Revisora, que el Presidente Abinader pretende (o pretendía) someterle determinadas reformas constitucionales. Y eso debe ser rechazado por nuestro pueblo.
La situación actual exige crear progresivamente, desde el pueblo y sus luchas, un PODER CONSTITUYENTE que posibilite en lo inmediato derrotar esa pretensión, superar ese tranque y abrirle camino a las diferentes componentes y fases del PROCESO CONSTITUYENTE, sobre lo cual procuraremos escribir y hablar próximamente con más detenimiento.
La premisa fundamental de esa trascendente creación es lograr que el pueblo comprenda esa necesidad, tome conciencia colectiva de ella y se apodere de la idea de que él es el SOBERANO, de que debe y puede decidir el éxito de esa nueva y promisoria ruta.
Que entienda que debe y puede unirse, organizarse, y movilizarse en todo el territorio nacional para protagonizar el PROCESO CONSTITUYENTE y el cambio imprescindible que ponga fin a la larga era de las Constituciones conservadoras, neocoloniales , oligárquicas, anti-democráticas, negadoras de derechos, autodeterminación popular y de la dignidad del pueblo y la Nación.
Que tiene derecho a elaborar la Constitución que merece y a elegir a quienes deben participar en Asamblea Constituyente instalada al margen de ese Congreso usurpador de las funciones constituyente, controlado por la partidocracia corrupta y la plutocracia capitalista voraz.
El sistema tradicional de partidos, cuyos principales dirigentes son responsables, junto con otros sectores del poder actual, de la degradación de la política y las penurias padecidas por nuestro pueblo, está descalificado para auspiciar o facilitar ese proceso constituyente soberano.
El sistema electoral y el régimen de partidos han sido estructurados para impedir el desarrollo de una democracia participativa; para convertir la política en negocio, los electores en clientes, los comicios en votaciones manipulables por el poder del dinero, y la Nación en una dependencia de EE.UU, tal y como sigue aconteciendo en el régimen presidido por LUIS ABINADER y sustentado en la partidocracia del PRM y las elites capitalistas locales y transnacionales.
Aquí, ese sistema electoral sirve para atajar las rebeldías populares y crear la ilusión de que es posible cambiar el estado de cosas, aceptando las reglas de juego del sistema y solo cambiando personas y partidos que defienden intereses similares o parecidos, subordinados al dominio imperial
Al pueblo lo convocan a votar, no a elegir ni a ejercer poder. Los candidatos/as en la mayoría de los casos los/as escogen los partidos y las decisiones la toman sus cúpulas y quienes más dinero poseen bajo la tutela de EE.UU.
En tales circunstancias, un PROCESO CONSTITUYENTE con esas características, podría abrir la ruta de las transformaciones constitucionales, institucionales y estructurales que posibiliten crear progresivamente un Estado y una sociedad diferentes, liberados de opresiones y a tono con el ideal de Patria Grande Soberana, que en la actualidad toma fuerza renovada en Nuestra América. (6-1 1 -22, Santo Domingo, RD.)
(I)
Por Oscar López Reyes
Desde 1950, tres años a posteriori de su creación -1947- la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos comenzó a instrumentalizar a periodistas para manipular y moldear a la opinión pública mundial, en una abominable labor de zapa, en el cenit geopolítico de la Guerra Fría entre dos superpotencias imperiales. Su proyecto primigenio, y el más escalofriante, ha sido la encubierta Operación Mockingbird, mediante la cual se ocultaron y tergiversaron informaciones para influir a favor de los designios norteamericanos, y desde 2019 ejecuta a gran escala una campaña de reclutamiento para difundir noticias y entretenimiento en redes sociales y plataformas streaming.
En estos 78 años, la CIA ha invertido miles de millones de dólares en el enlistamiento de periodistas anti-éticos y anti-democráticos y en infiltración en medios de comunicación para divulgar programas propagandísticos, engendrando el descrédito y la desconfianza ciudadana, así como la animadversión de adversarios en guerras.
La operación Mockingbird, que inicialmente consistió en escuchas telefónicas periodísticas sin orden judicial, fue llevada a cabo por la CIA para identificar fuentes de filtraciones de datos de alta inteligencia. Principió grabando conversaciones privadas de Hanson Baldwin, reportero de seguridad nacional del New York Times, entre el 12 de marzo y el 15 de junio de 1963, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Las grabaciones fueron por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Jhon F. Kennedy, luego que se incomodara por un reportaje de primera plana publicado por Baldwin (ganador del Premio Pulitzer en 1943 por su cobertura de la Segunda Guerra Mundial) en la edición del 26 de julio de 1962 del New York Times en el que, amparado en una información clasificada, revelaba el número de misiles nucleares en el arsenal estadounidense. A su vez, comparaba esos depósitos atómicos de Estados Unidos con los de la Unión Soviética, y el afán de esta última superpotencia por resguardar sus emplazamientos de misiles balísticos intercontinentales.
A seguidas, la CIA también intervino los teléfonos residenciales de los columnistas Robert S. Allen y Paul Scott (The Allen-Scott Report, publicada en unos 300 periódicos), tras estos dar a conocer secretos clasificados de Estados Unidos. Más adelante, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se incorporó a las averiguaciones y vigilancia para detectar quienes desde los organismos de inteligencia estaban infiltrando informaciones a la prensa. También produjo la intercepción telefónica a la periodista de Newsweek, Lloyd Nornam, y el secretario de Estado Dean Rusk presionó para que CBS News no difundiera un reportaje del periodista Daniel Schorr sobre el espectacular escape de ciudadanos de Alemania Oriental a través de un túnel bajo el Muro de Berlín.
Por intermedio del proyecto Mockingbird -según variadas fuentes- para divulgar propaganda proestadounidense y truquear a la opinión pública contra la influencia comunista, aceptaron ser asalariados de la CIA cientos de periodistas de The New York Times, The Washington Post, Newsweek, ABC, CBS, NBC, la revista Time, Louisville Courier Jounal, Copley News Service, la agencia internacional Reuters y otros medios de América Latina, Europa y otras regiones.
Los objetivos bien definidos de la contratación a sueldo de la red de periodistas, publicaciones, televisoras y emisoras tengo que segmentarlos en siete:
1.- Difundir relatos preescritos por la CIA, para tratar de cambiar la percepción global sobre situaciones y personas, siempre favorables a Estados Unidos.
2.- Controlar la política editorial de medios comunicativos, a través de altos ejecutivos y editores, en una novedosa interacción subrepticia gobierno-prensa.
3.- Ocultar informaciones perjudiciales o desfavorables a Estados Unidos, en una intromisión estatal sin precedentes.
4.- Inclinar la balanza para conveniencia estratégica de Estados Unidos en coberturas informativas, artículos de opinión, editoriales y otros géneros periodísticos.
5.- Contrarrestar la propaganda e influencia de la Unión Soviética, con mecanismos sofisticados de persuasión pública.
6.- Suministrar datos de inteligencia, en una típica tarea de espionaje.
7.- Detectar a agentes o empleados de organismos de inteligencia que confidencialmente suministraban informaciones a periodistas.
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El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano y autor exclusivo del libro “La Ética en el Periodismo. Los cinco factores que interactúan en la deontología profesional”.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD
Por Rommel Santos Díaz
A diferencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto es el resultado de varios años de debates y de la Conferencia de Plenipotenciarios, los tribunales Ad –Hoc para la Ex Yugoslavia y Ruanda son la expresión de una respuesta a dos situaciones específicas caracterizadas por la comisión de atrocidades en el territorio de estos países.
Fue precisamente la gravedad de las circunstancias lo que obligó al Consejo de Seguridad a ejercer las atribuciones que le confiere el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para crear las jurisdicciones penales Ad – Hoc para la Ex Yugoslavia ( Resolución 827 de 1993) y para Ruanda (Resolución 955 de 1994)
En estos casos, ambos tribunales tienen virtualmente estatutos idénticos y también compartieron algunas instituciones comunes, como por ejemplo el Fiscal, dado que a partir del 15 de septiembre del 2003, el Consejo de Seguridad designo a Hassan Bubacar Jallow como Fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
La Fiscal Carla Del Ponte ejerce su competencia exclusivamente en relación al Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Las características comunes entre ambos tribunales han tenido como consecuencia, al menos en el ámbito teórico, la economía y uniformidad en el ámbito fiscal hasta el año 2003 así como en el desarrollo de una línea jurisprudencial sólida y constante en el análisis de sus respectivos casos.
De esta forma la creación de dichos tribunales Ad-Hoc constituye un desarrollo sin precedentes a favor de la implementación de las normas sobre derechos humanos que a su vez ha favorecido una dinámica positiva en el proceso de creación de un sistema de justicia penal internacional que se concreta casi una década después con el inicio de las funciones de la Corte Penal Internacional.
Por su lado el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad en virtud de las cuales son considerados como órganos judiciales subsidiarios del mismo.
Se ha establecido que aun cuando fueron creados por el Consejo de Seguridad, el cual no es un órgano judicial, esto no afecta la validez del acto jurídico de creación puesto que ambos son el reflejo del ejercicio del mandato del principal órgano de las Naciones Unidas para mantener la seguridad y la paz internacional.
Esta línea de razonamiento concuerda con la establecida por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre los efectos de las compensaciones concedidas por el tribunal administrativo de las Naciones Unidas de 1954.
Por tanto, mientras la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son órganos judiciales subsidiarios del Consejo de Seguridad Conforme al Artículo 2 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional mantiene relaciones de cooperación con el sistema de de las Naciones Unidas, pero ello no afecta su independencia con respecto a dicha organización internacional.