Opinión
Constituyente soberana o nuevas frustraciones
El sistema electoral y el régimen de partidos han sido estructurados para impedir el desarrollo de una democracia participativa; para convertir la política en negocio.
Por Narciso Isa Conde
En este 178 aniversario de la Constitución de la República, en el contexto de la JORNADA POR LOS DERECHOS DEL PUEBLO DOMINICANO que realizan un conjunto de organizaciones sociales y político-sociales, entiendo conveniente dar a conocer de manera resumida las ideas que sobre la cuestión constitucional hemos venido elaborando y proponiendo diversos sectores de las izquierdas; todos comprometidos con la necesidad de romper este largo círculo vicioso y viciado de colonización, exclusión y opresión social, corrupción estatal y recolonización neoliberal…y abrir cauce al proceso de creación de una sociedad justa, soberana y solidaria.
La verdad es que en la prolongada etapa republicana de nuestro país, solo la CONSTITUCIÓN de 1963 -bloqueada por la invasión militar estadounidense de 1963- merece ser calificada de democrática, socialmente avanzada y asumida por el pueblo.
Este criterio ha sido refrendado por la vida al punto de que su defensa desató una hermosa revolución política, cultural y social, que abrió las compuertas a la construcción de un nuevo poder basado en los comandos de pueblo y soldados constitucionalistas armados; poder soberano, democrático y participativo, obstruido y finalmente derrotado por una violenta contrarrevolución imperialista que dura ya casi 60 años.
Esa contrarrevolución imperialista auspicio un modelo de dependencia y predominio élites partidistas y oligárquico-capitalistas, con una fuerte carga de despotismo enmascarado con un esquema democrático-representativo, basado en las constituciones de 1966 (balaguerista) y del 2010 (leonelista), cuyos productos políticos han resultado realmente nefastos para nuestro país.
Los continuismos y las alternancias políticas registradas en los últimos 22 años han confirmado que por la vía de esta institucionalidad -actualmente basada en la Constitución neoliberal, conservadora y autoritaria del 2010- no habrá salida positiva para las demandas fundamentales de los movimientos feministas, ambientalistas, anti-impunidad, anti-represión juveniles, estudiantiles, niños, niñas y adolescentes, campesinos, comunitarios, populares. Patrióticos y clasistas, del sector salud, educación, deporte, justicia derechos de inmigrantes.
No habrá soberanía nacional ni derecho del pueblo a decidir.
Todas las reivindicaciones chocan con el poder constituido, con las instituciones controladas por los tutumpotes capitalistas, EEUU, la partidocracia y los agentes del patriarcado.
Vuelven a repetirse los escándalos de corrupción y entreguismo… los abusos de poder y los crímenes.
Eso es lo que está pasando y es lo que da razón a quienes planteamos la necesidad de un proceso capaz de crear una CONSTITUYENTE POPULAR y SOBERANA, electa por el pueblo; para dar paso a una nueva Constitución y una nueva institucionalidad, que posibiliten cambiar todo lo que impide que el pueblo decida todo lo que le atañe.
El Congreso Nacional o Asamblea Nacional Legislativa generalmente ha rechazado esa posibilidad, dado que desde 1844 hasta la fecha las Constituciones le han asignado exclusivamente a ese organismo la función de revisarla y reformarla a su antojo, siempre en función de los intereses que representan sus integrantes.
La excepción fue en 1963 cuando el Congreso electo, antes de legislar fue establecido como Asamblea Constituyente con poder para elaborar una nueva Constitución inspirada en un proyecto profundamente democrático, no simplemente para revisar la anterior; situación que asumió un gran legitimidad popular durante la insurgencia de Abril 65, centrada en el restablecimiento de la derogada Constitución de 1963.
La regla conservadora quedó restablecida en la Constitución del 1966, seguida de la del 2010, imponiendo en ambos casos un sistema constitucional cerrado, anti-democrático, en el que se anula la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente por elección popular, independiente del poder legislativo; atribuyéndole por el contrario al Congreso actual tanto las funciones legislativas como la de reformar la Constitución.
La cuestión se agrava, cuando además -como ha pasado en las últimas décadas- el Congreso Nacional se convierte en un mecanismo totalmente controlado por una partidocracia corrupta y conservadora, en la que predominan “riferos”, personas sobornables, políticos clientelistas, narcotraficantes, empresarios sin escrúpulos y negociantes de la política, que pervierten gran parte de lo que tocan y se siente protegidos por un sistema constitucional y un conjunto de leyes que garantiza la continuidad de esta degradación impune.
· RECHAZAR ASAMBLEA REVISORA, RESPALDAR PROCESO CONSTITUYENTE.
Es a ese Congreso Nacional, convocado por ley especial como Asamblea Revisora, que el Presidente Abinader pretende (o pretendía) someterle determinadas reformas constitucionales. Y eso debe ser rechazado por nuestro pueblo.
La situación actual exige crear progresivamente, desde el pueblo y sus luchas, un PODER CONSTITUYENTE que posibilite en lo inmediato derrotar esa pretensión, superar ese tranque y abrirle camino a las diferentes componentes y fases del PROCESO CONSTITUYENTE, sobre lo cual procuraremos escribir y hablar próximamente con más detenimiento.
La premisa fundamental de esa trascendente creación es lograr que el pueblo comprenda esa necesidad, tome conciencia colectiva de ella y se apodere de la idea de que él es el SOBERANO, de que debe y puede decidir el éxito de esa nueva y promisoria ruta.
Que entienda que debe y puede unirse, organizarse, y movilizarse en todo el territorio nacional para protagonizar el PROCESO CONSTITUYENTE y el cambio imprescindible que ponga fin a la larga era de las Constituciones conservadoras, neocoloniales , oligárquicas, anti-democráticas, negadoras de derechos, autodeterminación popular y de la dignidad del pueblo y la Nación.
Que tiene derecho a elaborar la Constitución que merece y a elegir a quienes deben participar en Asamblea Constituyente instalada al margen de ese Congreso usurpador de las funciones constituyente, controlado por la partidocracia corrupta y la plutocracia capitalista voraz.
El sistema tradicional de partidos, cuyos principales dirigentes son responsables, junto con otros sectores del poder actual, de la degradación de la política y las penurias padecidas por nuestro pueblo, está descalificado para auspiciar o facilitar ese proceso constituyente soberano.
El sistema electoral y el régimen de partidos han sido estructurados para impedir el desarrollo de una democracia participativa; para convertir la política en negocio, los electores en clientes, los comicios en votaciones manipulables por el poder del dinero, y la Nación en una dependencia de EE.UU, tal y como sigue aconteciendo en el régimen presidido por LUIS ABINADER y sustentado en la partidocracia del PRM y las elites capitalistas locales y transnacionales.
Aquí, ese sistema electoral sirve para atajar las rebeldías populares y crear la ilusión de que es posible cambiar el estado de cosas, aceptando las reglas de juego del sistema y solo cambiando personas y partidos que defienden intereses similares o parecidos, subordinados al dominio imperial
Al pueblo lo convocan a votar, no a elegir ni a ejercer poder. Los candidatos/as en la mayoría de los casos los/as escogen los partidos y las decisiones la toman sus cúpulas y quienes más dinero poseen bajo la tutela de EE.UU.
En tales circunstancias, un PROCESO CONSTITUYENTE con esas características, podría abrir la ruta de las transformaciones constitucionales, institucionales y estructurales que posibiliten crear progresivamente un Estado y una sociedad diferentes, liberados de opresiones y a tono con el ideal de Patria Grande Soberana, que en la actualidad toma fuerza renovada en Nuestra América. (6-1 1 -22, Santo Domingo, RD.)
Por. Isaías Ramos
Estos politiqueros se han especializado en una materia que, hasta ahora, les ha dado un resultado fenomenal, pues han sembrado ignorancia, miseria y perversión en todos los rincones del país y han logrado envilecer a través del «BAM» (bulto, allante y movimiento) para continuar engañando vez tras vez.
Distraer a la población mientras se roban y saquean el presente y futuro de la nación pareciera que para ellos ya es un juego de niños y es conociendo esa sed de justicia que padece este pueblo, que cada vez que requieren distraerlo o ganar popularidad, se inventan sometimientos, apresamientos a algunos de los corruptos de los tantos que abundan, creando falsas expectativas de que se hará justicia y los corruptos, ladrones y saqueadores pagarán por sus actos y así llevan décadas de «amagar para no dar». Es la novela que le presentan a la población con el final que ya todos conocemos: «impunidad» para los corruptos y «frustración e indignación» en la población.
¿Qué consiguen con estos circos? Múltiples objetivos. Primero, apaciguar los ánimos del pueblo, segundo, conseguir aceptación de los ingenuos, tercero, a los que someten al final, el sistema los premia con la absolución y los declaran inocentes con la conveniencia de que no podrán volver a ser acusados o sometidos, bajo la premisa de que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito; y cuarto, debido a la distracción de la población en esta «novela», aprovechan y le clavan el cuchillo por la espalda al pueblo para lograr lo que hace décadas vienen cocinando, y es terminar de adueñarse de todos los bienes públicos.
Con ese fin, acaban de promulgar la ley de fideicomiso público, una ley que no es más que un instrumento de atraco legalizado a los recursos naturales y económicos de la nación, y ya libres de consecuencias penales, podrán terminar de despedazar los bienes públicos. Esa ley, que de por sí está obviando el artículo 146 de la constitución y sí garantizando su impunidad bajo el numeral 38 de la ley 107-13, convierte a esta ley en una verdadera aberración, solo posible en un sistema podrido de pies a cabeza.
Del mismo modo, continúan endeudando de manera inmisericorde, injusta e irresponsable a la presente y futura generación, condenándola a la miseria, hambre y opresión eterna. Mientras continúa la novela, también pretenden aprobar la ley del agua y así adueñarse de los recursos hídricos, líquido indispensable para la supervivencia humana, y por último, han reintroducido la ley de trata de personas que, a todas luces, resulta violatoria a la soberanía, donde sólo traidores a la patria serían capaces de aprobarla.
Todas estas intenciones chocan contra la constitución y la soberanía nacional, pero a ellos eso tampoco les importa. Quebrar esa columna vertebral que sostiene a la Nación con tal de que ellos cumplan con sus amos no les hace cosquillas. Hace tiempo que la irrespetan, seguros de que por ahora no tendrán consecuencias, pues la justicia está secuestrada y todos los poderes fácticos se han alineado en contra del pueblo para garantizar ese saqueo.
En el Frente Cívico y Social hacemos un llamado vehemente a la población dominicana para defender la patria y la constitución, ya que ambas están en peligro de perecer si continúan siendo guiadas por una clase política que está ciega y nos conduce al precipicio sin punto de retorno. Es urgente liberar esa justicia que sigue en manos de los corruptos. Llevan más de dos décadas gobernando la nación y lo único que han hecho es robar, saquear, endeudar y, lo más grave hasta ahora, sin ninguna consecuencia.
Hoy aún tenemos la oportunidad de comenzar a construir un destino diferente. Es necesario dejar el letargo y sumarse a un proyecto de nación compuesto por verdaderos patriotas dispuestos a luchar para refundar la patria bajo los principios y valores que heredamos de nuestros libertadores.
¡Despierta RD!
Por José Cabral
Mucha gente apuesta a que los temas comprometedores desaparezcan del escenario nacional, que pasen a un segundo plano en los medios de comunicación social.
Ello así, porque hasta los que tienen grandes compromisos públicos como el presidente de la República, recurren al silencio para no dejar claro algún tema de trascendencia nacional.
A propósito de la llamada Operación Calamar ha salido a la superficie una supuesta donación de 400 millones de pesos a la campaña de Luis Abinader que desnuda en el país como se mueven los que están al hecho para sustraer dinero del patrimonio público.
Angel Lockuard, un abogado habilidoso, se ha asociado con otros para conformar una asociación de malhechores que se dedica hasta a la falsificación de documentos.
Lo grave del asunto no es sólo que se haya sustraído del erario la suma de 19 mil millones de pesos, sino que el protagonista de las falsificaciones legales y que recibió miles de millones de pesos por ese concepto, haya donado al ahora presidente Abinader 400 millones de pesos.
Lo extraño de esto es que el presidente no haya hablado del asunto, ya sea para afirmar o desmentir semejante anormalidad, sobre todo cuando todo el mundo en el país conoce las andanzas de Angel Lockuard.
Pero, además, el propio presidente de la República sabe muy bien que este individuo no es heredero de una gran fortuna económica y que se trata sólo de un abogado habilidoso para engañar al Estado, que es lo mismo que decir a toda la sociedad.
De manera, que no hay forma de que el presidente de la República pueda justificar esa donación, porque además de ser cierto el mandatario ha sido receptor de fondos que provienen de un robo en contra del Estado.
Es una situación todavía más compleja porque se trata de un presidente que su discurso se fundamenta en adecentar la vida publica nacional.
El presidente Luis Abinader debe darle una explicación al pueblo dominicano de una donación que se supone que de antemano el ahora jefe de Estado sabia de donde venía.
Se impone una explicación a la mayor brevedad posible y sino que el Ministerio Público realice una minuciosa investigación al respecto para que preserve su credibilidad, sobre todo frente a las acciones que lleva a cabo muy sacrificadamente para imponer en el país una relativa decencia nacional.
Por Rommel Santos Díaz
El artículo 5 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional desglosa los crímenes que estarán dentro de la competencia de la Corte, genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión.
El artículo 6 determina que el crimen de genocidio será definido, para efectos del Estatuto, de la misma manera en que actualmente se define en el artículo 2 de la Convención sobre Genocidio de 1948.
Tanto los crímenes de lesa humanidad , como ¨los crímenes de guerra , han sido cuidadosamente definidos en el Estatuto para que se puedan incorporar los distintos conceptos de diversos tratados y fuentes consuetudinarias, acordados por 120 Estados en la Conferencia de Roma como ¨los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto¨ , articulo 5 del Estatuto de Roma.
La Corte Penal Internacional será competente sobre todos los crímenes una vez que el Estatuto entre vigor, excepto sobre el crimen de agresión. Los artículos 5, 121 y 123 integralmente prevén que la Corte ejercerá competencia sobre el crimen de agresión una vez que se apruebe una definición conforme, aceptada por dos tercios de los Estados Partes de la CPI , en una Conferencia de Revisión que se llevara a cabo siete años después de la entrada en vigor del Estatuto. La disposición sobre el crimen de agresión también deberá regular las condiciones bajo las cuales la Corte ejercerá su competencia sobre este crimen de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.
Respecto al crimen de agresión de referencia anteriormente debemos señalar que en la Conferencia de Revisión de Kampala celebrada en el año 2010 se adoptaron disposiciones que permitirán a la Corte ejercer su competencia sobre el crimen de agresión, comprometiéndose expresamente a activar dicha competencia ¨lo antes posible¨.
Ese logro ha sido aclamado como un hito histórico, tanto en el derecho internacional como en la búsqueda de la paz y la seguridad mundiales. Por primera vez en la historia, una corte internacional permanente e independiente tendrá la competencia para declarar a dirigentes nacionales como responsables de las formas más graves de uso ilegal de la fuerza contra otros Estados.
Los preceptos procesales del Estatuto de Roma han sido redactados creando un balance óptimo entre las siguientes prioridades: La necesidad de una corte internacional, independiente apolítica y representativa, que pueda funcionar eficiente y efectivamente para enjuiciar a aquellos responsables por los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto.
Otras prioridades interesantes del Estatuto de Roma es el derecho de los Estados de enjuiciar de manera prioritaria estos crímenes, si pueden y están dispuestos. También pueden brindar adecuada compensación y reparación a las víctimas de estos crímenes.
Otras prioridades a destacar es la que tiene que ver con la necesidad de proteger los derechos de las personas acusadas; y el papel del Consejo de Seguridad en el mantenimiento de la paz y seguridad internacional , de acuerdo a sus potestades según el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. Estas consideraciones están todas reflejadas en las funciones y potestades de la Corte Penal Internacional y su relación con otras unidades, de acuerdo al Estatuto de Roma.
Rommelsantosdiaz@gmail.com