De portada
Consulta peledeísta al margen de la ley no es definitiva ni vinculante con norma de régimen electoral.
Por Elba García
La vocación de ilegalidad del sistema de partidos pesa más que cualquier interés en fortalecer la institucionalidad y el respeto a las normas jurídicas del régimen electoral y de otras que rigen la vida en sociedad.
Desde hace muchos meses que diferentes sectores de la vida nacional han advertido de la inclinación de los partidos tradicionales de violar la ley e incluso de no sentir vergüenza por el comportamiento de sus dirigentes, cuya conducta casi siempre es encaminada a no respetar a nada ni a nadie, lo cual ha quedado más evidenciado con una serie de acciones y con la intensa precampaña electoral que desarrollan extemporáneamente.
La irregularidad en que incurren los partidos constituye un cuestionamiento a la autoridad y la legalidad de la Junta Central Electoral (JCE), cuya violación a las leyes del régimen electoral ha provocado que el órgano en referencia haya hecho una serie de advertencias al respecto a las organizaciones que no sienten ningún respeto por el orden establecido.
La JCE aclara en un comunicado publicado recientemente que todavía no ha llegado el tiempo de que los partidos se involucren en el desarrollo de una precampaña que violenta las layes 33-18 y 15-19, y advierte que aplicará el régimen de sanciones que dispone la legislación dominicana, pero al propio tiempo busca ser liberada a través de las sugeridas modificaciones sometidas al Congreso Nacional del control de las primarias que deberán celebrar los partidos para la escogencia de sus candidatos para la contienda del 2024.
Lo que no se entiende y que muy bien es atribuible al grave problema de institucionalidad que padece el Estado dominicano, es que el órgano comicial se desvincule de la consulta del PLD, pero al propio tiempo diga que le prestará equipos para el montaje de la misma, lo cual es contradictorio porque estimula en cierta forma la ilegalidad y contradictoriamente aclara que no prestará ni gestionará para ese fin los recintos que utiliza en las elecciones generales que se celebran en el país cada cuatro años, pero la organización política revela que cuenta con la autorización del Ministerio de Educación para la utilización de las escuelas para las votaciones en la referida contienda al margen de la ley.
Todo ello dice claramente que el mayor problema del país es en lo referente a la institucionalidad, ya que la JCE se canta y se llora, pese a que no hay ser un experto ni un genio para darse cuenta que la consulta peledeísta se trata realmente de una primaria, cuyo fin es el mismo que tienen las que deben celebrar en el año 2023 todos los partidos políticos del país.
De manera, que está lo suficientemente claro que se trata de un asunto de autoridad y de institucionalidad, porque los partidos manipulan a su antojo la ley para el logro de sus fines, como por ejemplo lo ocurrido con la ley de extinción de dominio, cuyos miembros de la comisión, conformada principalmente por perremeístas, que estudiaba la pieza se inventaron la figura de la retrospectividad en sustitución de la retroactividad, lo cual no era otra cosa que una vulgar manipulación de un principio universal del derecho.
En este caso de la consulta peledeísta evidentemente que se pone en cuestionamiento el principio de igualdad que debe primar en cualquier actividad humana, ya que el hecho de que el PLD adelante la fecha de la escogencia de su candidato presidencial lo pone en condiciones de ventaja frente a los que tienen que esperar el próximo año para hacerlo, constituyéndose en una ingenuidad del Pleno de la Junta Central Electoral que no toma las medidas de lugar de inmediato para evitar mayores distorsiones del proceso electoral que se avecina y de la democracia nacional.
El artículo 41 de la 33-18 establece claramente que la precampaña es el periodo durante el cual los partidos, agrupaciones y movimientos políticos deberán celebrar sus procesos internos para la escogencia de los precandidatos a puestos de elección popular y que el mismo será iniciado el primer domingo del mes de julio y concluirá con la escogencia de los candidatos, cuyo mandato choca con la actividad programada para octubre de este año 2022 del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
Y en ese contexto el órgano comicial llamó a los partidos políticos y a la sociedad para que den cumplimiento a la ley, a fin de garantizar la integridad electoral que debe prevalecer en un Estado social y democrático de derecho.
El Pleno de la JCE se refirió particularmente a las declaraciones que dan cuenta de las características de la consulta que realizará el Partido de la Liberación Dominicana en el mes de octubre, la cual no administra, no organiza, ni actúa como árbitro y que la misma no es vinculante con la precampaña que deberá iniciarse a mediados del mes de julio del próximo año 2023.
Este comportamiento del PLD es como una especie de ratificación de su amor y pasión por lo mal hecho, lo cual también se puede medir a través de sus propios aspirantes presidenciales, cuya mayoría, en algún momento, ha sido citada como parte de una agresividad partidaria de enriquecerse apropiándose de lo que no es suyo a una velocidad realmente impresionante.
El órgano comicial ha recibido tres comunicaciones en las que se le requiere su colaboración para realizar la indicada consulta y en las que exponen los fundamentos bajo los cuales se habría de realizar la misma, precisando textualmente que: “El proceso de la consulta es una iniciativa organizativa y electoral que tiene el propósito de que el Partido tenga una información precisa sobre el nivel de simpatías que tienen cada una de las personas que han manifestado hasta el momento sus aspiraciones. Esta actividad es solo consultiva y no constituye un proceso de elección ni de definición de precandidatos y no tendrá un carácter vinculante”, indica la organización.
Naturalmente, a este respecto tampoco se pueden sacar los demás partidos del sistema, como la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), los cuales se manejan como si fueran grandes corporaciones económicas e instrumentos para burlarse del ordenamiento jurídico nacional, porque ellos también han estado en una permanente campana electoral a destiempo.
La Junta Central Electoral ha establecido que la consulta del PLD para escoger su candidato presidencial no es vinculante con las primarias que deberán tener lugar a mediados del próximo año 2023, pero nadie entiende por qué esta organización tiene que violentar el calendario electoral, lo que provoca que, aunque se elija uno en octubre, cualquier otro puede presentar su candidatura para las elecciones del 2024.
Esa sola razón constituye un elemento que puede provocar distorsión en el próximo proceso electoral, porque ni la disciplina partidaria podría impedir que a alguien se le ocurra convertirse en aspirante presidencial después de su organización haber escogido uno al margen de la ley.
Otro escenario preocupante podría ser que en el PLD surja otra división como resultado de la consulta de octubre, bajo el alegato de que hubo fraude o que se ha impuesto a uno de los aspirantes, cuyo escenario también plantea un cuadro preocupante para esa organización y para toda la sociedad.
La realidad es que este tema ha estado sobre la mesa en diferentes debates que se han suscitado al respecto en el país, pero parece estar muy lejos que los partidos se acojan al mandato de la ley, ya que han desarrollado toda una cultura de hacer las cosas como a ellos más les conviene sin tomar en cuenta a la ley y a la sociedad.
De portada
Baja calidad de educación no garantiza desarrollo cognitivo en el país pese inversión del 4% del PIB.
Por Elba García
Las quejas han sido constantes y permanentes del bajo nivel de la educación dominicana a pesar de la relativa alta inversión económica hecha en el sector.
Más de un billón de dólares ha invertido el país en un sistema educativo que cada día se degrada y en el que prevalece una corrupción que avergüenza a todos y cada uno de los dominicanos decentes.
Desde 2013 cuando se acordó destinar el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) de República Dominicana a la educación, el país ha destinado una buena parte de estos recursos para alimentar y estimular el principal flagelo de que adolece la nación, que no es otra cosa que la corrupción administrativa.
El Ministerio de Educación (Minerd) en el 2023 ejecutó el 3.88% del 4% del PIB, lo que equivale a unos 226 mil 232 millones de pesos, la cual es la segunda inversión más alta desde 2013.
En el 2020 fue el año en que se cumplió con el 4%, debido a la pandemia de COVID-19. En ese año, el gasto fue de RD$201,501,223,632.
En cuanto al gasto público per cápita en educación, en 2022 fue de 383 euros por habitante, un aumento del 41,85% respecto a 2021.
En el ranking de países por importe invertido en educación, República Dominicana subió del puesto 70 en 2021 al 63 en 2022. Sin embargo, sigue estando entre los países con un bajo gasto público en educación.
Está demostrado que la educación es el instrumento más ideal y eficiente para lograr un verdadero desarrollo nacional.
Estudios hechos por psicólogos han dado como resultado que el coeficiente intelectual más alto se produce en aquellas naciones donde hay una alta inversión en educación.
Entre todos los países latinoamericanos Uruguay es el que aparece con un más alto coeficiente de inteligencia con 96 puntos, seguido por Argentina con 93 y Chile con 90, pero el nombre de la Republica no figura por ningún lado, lo cual también habla de la poca inversión en esta materia.
El cociente intelectual (CI) ha sido por años un indicador clave para medir las capacidades cognitivas de las personas y un estudio global al respecto, liderado por los psicólogos Richard Lynn y Tatu Vanhanen, destaca a Uruguay como el país con el promedio más alto en América Latina, seguido por Argentina.
En este renglón es importante preguntarse sobre los factores detrás de este desempeño y las implicaciones para el desarrollo socioeconómico de la región.
El caso uruguayo, uno de los países más pequeños del hemisferio, ha captado la atención en el mundo, no solo por su desempeño, sino también por las posibles políticas y condiciones que podrían haber permitido el nivel de desarrollo cognitivo.
El estudio presenta un ranking con los puntajes promedio de CI en los países latinoamericanos, evidenciando una considerable brecha entre las naciones.
Según el análisis de Lynn y Vanhanen, Uruguay tiene un promedio de CI de 96 puntos, ubicándose a la cabeza de América Latina (Archivo)Nicolás Janowski – Lugares
- Uruguay: 96
- Argentina: 93
- Chile: 90
- Costa Rica: 89
- Ecuador y México: 88
- Bolivia y Brasil: 87
- Cuba y Perú: 85
- Colombia, Paraguay y Venezuela: 84
- Honduras: 81
En la investigación quedan claras diferencias sustanciales que podrían estar influenciadas por factores como la inversión en educación, la estabilidad económica y el acceso a recursos básicos.
Los autores del estudio, identifican variables como la calidad del sistema educativo, la equidad en el acceso a la educación, y factores socioeconómicos como determinantes en los niveles promedio de CI.
Países con políticas que priorizan la educación, programas de nutrición infantil y acceso a tecnología suelen tener mejores resultados en el desarrollo cognitivo de su población.
Por ejemplo, la exposición a entornos que estimulan la creatividad y el pensamiento crítico desde la infancia es crucial. En contraste, los países que enfrentan desigualdades económicas y educativas tienden a registrar promedios más bajos de CI.
En este tema Singapur saca la cabeza con (108), Corea del Sur (106) y Japón (105), cuyas naciones no solo se destacan por sus inversiones en educación de calidad, sino también por sus avanzados sistemas de investigación, tecnología y políticas públicas orientadas a potenciar el capital humano.
De acuerdo con los autores, variables como la calidad del sistema educativo, la equidad en el acceso a la educación y factores socioeconómicos son determinantes en los niveles promedio de CI.
El estudio también subraya la relación entre el CI promedio de un país y su capacidad de desarrollo económico. Países con mayores índices de inteligencia suelen ser más innovadores y eficientes en la resolución de problemas, lo que les permite mantener economías más avanzadas. En este sentido, América Latina tiene una oportunidad significativa: priorizar políticas educativas y sociales que fomenten el desarrollo intelectual como una estrategia para potenciar su crecimiento económico.
El liderazgo de Uruguay en el ranking de CI en América Latina no es casualidad. Su enfoque en políticas públicas inclusivas y su inversión en educación de calidad han sido factores clave para este logro, destaca el estudio. Este ejemplo puede servir como un modelo para otros países de la región que buscan mejorar sus índices de inteligencia y, con ello, su proyección económica a largo plazo.
Sin embargo, el caso de la República Dominicana radica en un problema integral, donde la inversión en educación no es una prioridad y el hecho de que se destinen más recursos al sector no implica una mejoría en la misma, sino un mayor aprovechamiento para el enriquecimiento ilícito.
El 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para Educación, aunque todavía es uno de los más bajos de la región, el monto no deja de ofrecer una buena oportunidad para que el país ocupe otros niveles mundiales en este renglón.
De portada
El “talón de Aquiles” del TC es la revisión de acciones de amparo, vía para reponer derechos fundamentales.
Por Elba García
El Tribunal Constitucional decide con celeridad algunos casos que, si bien envían el mensaje de una cierta fortaleza del Estado de Derecho, hay otros que son manejados mediante lo que se conoce como denegación de justicia.
Es evidente que todos aquellos procesos que tienen una mayor importancia política, el TC los falla en un tiempo relativamente corto, mientras que los recursos de revisión de las acciones de amparo de extrema urgencia duermen el sueño eterno sin que se determine claramente la razón de ello.
Resulta inconcebible que un recurso de revisión de una acción de amparo sea fallado por el Tribunal Constitucional hasta dos años después de haber sido sometido en violación de su propia legalidad, cuya Ley 137-11 habla de 30 días para que se produzca una decisión, pero, además, es como que, si se tratara de la violación del principio de igualdad, el cual ha sido el más trabajado por la referida alta corte.
El criterio con que el TC maneja estos casos deja la impresión de que sus decisiones son retrasadas cuando se trata de examinar jurídicamente la conducta de los partidos políticos, cuyas sentencias no surten el efecto esperado.
No se sabe con claridad cuál es el criterio que la Presidencia del Tribunal Constitucional aplica en los casos que son depositados en su secretaria, pero se entiende que el lugar de mayor preponderancia debía tenerla la revisión de los recursos de amparo porque son asuntos que se refieren a los derechos fundamentales, los cuales son sumarios y se caracterizan por la celeridad.
El tema parece ser una de las principales razones para que mucha gente entienda que el TC tiene la tendencia a no priorizar aquellos casos que tienen que ver con los derechos fundamentales, sobre todo cuando están involucrados los partidos políticos.
La explicación que muchos ciudadanos ven es que los obstáculos para conocer los recursos de revisión de las acciones de amparo electorales provienen de que los partidos políticos juegan un papel fundamental para que se tome una decisión al respecto porque son los que controlan el Consejo Nacional de la Magistratura, órgano que tiene la responsabilidad de escoger a los jueces, incluidos a los del Tribunal Constitucional.
Y ciertamente no parece haber otra razón para que el TC viole en estos casos el articulo 102 de su propia ley orgánica, la 137-11, que manda que los recursos de revisión de amparo sean fallados en un plazo de 30 días.
El Tribunal Constitucional con la facultad que le otorga la Constitución de la Republica y su ley orgánica, la 137-11, debía cuidar su imagen para que no se contamine como ocurre con todo el sistema de justicia, el Congreso Nacional y el propio Poder Ejecutivo.
El desbalance temporal que se observa en el conocimiento de casos que no tienen la misma prioridad que la violación de un derecho fundamental, que generalmente es planteado a través de una acción de amparo, causa preocupación de que el TC caiga en la misma deficiencia que se observa en prácticamente todo el sistema de justicia dominicano.
En los últimos días se ha observado que el Tribunal Constitucional le da prioridad a la acción directa de inconstitucionalidad frente a los recursos de amparo, pese que éste último trata cuestiones que tienen mayor urgencia.
En los actuales momentos hay recursos de revisión de acciones de amparo que tienen depositados en el TC hasta dos años y que no han sido fallados, lo cual pone en tela de juicio en el principal tribunal del país el principio que dice que sentencias tardías es denegación de justicia.
El problema con relación a los recursos de revisión de las acciones de amparo puede ser una causa para el sometimiento de los casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual puede derivar en comprometer civil y penalmente al Estado dominicano.
Pese a que juristas y otros doctrinarios del país no conciben lo ocurrido con el TC en lo que respecta a los recursos de revisión de las acciones de amparo falladas por jurisdicciones especializadas, como el Tribunal Superior Electoral, lo cierto es que parece que todavía pesa mucho la escogencia de los primeros jueces de la alta corte a través del llamado pacto de las corbatas azules.
De portada
Basura y dinero tratados con el mismo criterio en alcaldía de Santiago, cuya carta de presentación es el dispendio.
Son preocupantes las sumas que supuestamente ha invertido la alcaldía de Santiago en recogida de basura, cuyo monto alcanza los tres mil cincuenta y dos millones cuarenta y cuatro mil novecientos treinta pesos con dos centavos (3,052,144,930.72) para la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos, según lo ha denunciado un regidor de la oposición.
Sólo en el mes de septiembre del corriente año hubo una licitación con la autorización y firmada por la directora financiera del cabildo, Rosa Morel, por la astronómica suma de dos mil millones cuatrocientos cuarenta y un millones quinientos quince mil doscientos sesenta y cinco pesos (2,441,515,00, lo cual revela las peligrosas andanzas del alcalde Ulises Rodríguez.
El dinero destinado sólo en el mes de octubre del 2024 para los fines indicados, según lo establece la ejecución de ingresos y fuentes de financiamiento correspondientes al referido periodo, llega a los doscientos noventa y siete millones seiscientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y ocho pesos con sesenta y dos pesos (297,688,538.72.
Pero los gastos excesivos no se paran ahí, sino que en el mes de noviembre se dispuso de la suma de trescientos doce millones novecientos diecisiete pesos (312,941,117 pesos, lo cual advierte que, con la política de compromisos asumidos por el ayuntamiento de Santiago para el pesaje, control y de mantenimiento de las instalaciones y gestión interna de la disposición final de los residuos sólidos en el ecoparque de Rafey Santiago, lleva a una quiebra segura a la ciudad.
El periódico Listín Diario en una investigación realizada al respecto pudo comprobar que los montos establecidos en documentos consultados alcanzan un total de DOP$3,052,144,930.72 (Tres mil cincuenta y dos millones ciento cuarenta y cuatro mil novecientos treinta pesos con setenta y dos centavos), destinados por los trabajos concernientes a la recolección y disposición de los desechos sólidos del municipio en los últimos tres meses del año.
Las alertas al respecto han sido dadas, mientras el municipio de Santiago camina hacia una situación financiera insostenible, todo como resultado de la improvisación y la incapacidad que caracteriza a los funcionarios de la actual administración, encabezada por Ulises Rodríguez.
Además, está sobre la mesa que la mayoría de los contratos de las compañías recolectoras de basura están vencidos, pero que se les paga normalmente. La pregunta que está en el aire y que se espera que alguien pueda responder es por qué los acuerdos de recogida de basura han subido a casi mil millones de pesos, sin que haya una reacción de los regidores del cabildo de Santiago.
Históricamente el ayuntamiento ha sido una fuente de empleos parasitarios utilizados por el partido político en el poder para satisfacer las aspiraciones que se crean a través del llamado clientelismo político, pero además de promover un nivel de corrupción que se expresa a través del principal problema de la ciudad como es la recogida de basura.
Sin embargo, lo que ocurre en la actualidad con la recogida de basura parece ser el nivel más alto de corrupción por parte del actual incumbente, Ulises Rodríguez, lo cual se veía venir por tratarse de un funcionario con una conducta que deja mucho que desear.