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Consulta peledeísta al margen de la ley no es definitiva ni vinculante con norma de régimen electoral.
Por Elba García
La vocación de ilegalidad del sistema de partidos pesa más que cualquier interés en fortalecer la institucionalidad y el respeto a las normas jurídicas del régimen electoral y de otras que rigen la vida en sociedad.
Desde hace muchos meses que diferentes sectores de la vida nacional han advertido de la inclinación de los partidos tradicionales de violar la ley e incluso de no sentir vergüenza por el comportamiento de sus dirigentes, cuya conducta casi siempre es encaminada a no respetar a nada ni a nadie, lo cual ha quedado más evidenciado con una serie de acciones y con la intensa precampaña electoral que desarrollan extemporáneamente.
La irregularidad en que incurren los partidos constituye un cuestionamiento a la autoridad y la legalidad de la Junta Central Electoral (JCE), cuya violación a las leyes del régimen electoral ha provocado que el órgano en referencia haya hecho una serie de advertencias al respecto a las organizaciones que no sienten ningún respeto por el orden establecido.
La JCE aclara en un comunicado publicado recientemente que todavía no ha llegado el tiempo de que los partidos se involucren en el desarrollo de una precampaña que violenta las layes 33-18 y 15-19, y advierte que aplicará el régimen de sanciones que dispone la legislación dominicana, pero al propio tiempo busca ser liberada a través de las sugeridas modificaciones sometidas al Congreso Nacional del control de las primarias que deberán celebrar los partidos para la escogencia de sus candidatos para la contienda del 2024.
Lo que no se entiende y que muy bien es atribuible al grave problema de institucionalidad que padece el Estado dominicano, es que el órgano comicial se desvincule de la consulta del PLD, pero al propio tiempo diga que le prestará equipos para el montaje de la misma, lo cual es contradictorio porque estimula en cierta forma la ilegalidad y contradictoriamente aclara que no prestará ni gestionará para ese fin los recintos que utiliza en las elecciones generales que se celebran en el país cada cuatro años, pero la organización política revela que cuenta con la autorización del Ministerio de Educación para la utilización de las escuelas para las votaciones en la referida contienda al margen de la ley.
Todo ello dice claramente que el mayor problema del país es en lo referente a la institucionalidad, ya que la JCE se canta y se llora, pese a que no hay ser un experto ni un genio para darse cuenta que la consulta peledeísta se trata realmente de una primaria, cuyo fin es el mismo que tienen las que deben celebrar en el año 2023 todos los partidos políticos del país.
De manera, que está lo suficientemente claro que se trata de un asunto de autoridad y de institucionalidad, porque los partidos manipulan a su antojo la ley para el logro de sus fines, como por ejemplo lo ocurrido con la ley de extinción de dominio, cuyos miembros de la comisión, conformada principalmente por perremeístas, que estudiaba la pieza se inventaron la figura de la retrospectividad en sustitución de la retroactividad, lo cual no era otra cosa que una vulgar manipulación de un principio universal del derecho.
En este caso de la consulta peledeísta evidentemente que se pone en cuestionamiento el principio de igualdad que debe primar en cualquier actividad humana, ya que el hecho de que el PLD adelante la fecha de la escogencia de su candidato presidencial lo pone en condiciones de ventaja frente a los que tienen que esperar el próximo año para hacerlo, constituyéndose en una ingenuidad del Pleno de la Junta Central Electoral que no toma las medidas de lugar de inmediato para evitar mayores distorsiones del proceso electoral que se avecina y de la democracia nacional.
El artículo 41 de la 33-18 establece claramente que la precampaña es el periodo durante el cual los partidos, agrupaciones y movimientos políticos deberán celebrar sus procesos internos para la escogencia de los precandidatos a puestos de elección popular y que el mismo será iniciado el primer domingo del mes de julio y concluirá con la escogencia de los candidatos, cuyo mandato choca con la actividad programada para octubre de este año 2022 del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
Y en ese contexto el órgano comicial llamó a los partidos políticos y a la sociedad para que den cumplimiento a la ley, a fin de garantizar la integridad electoral que debe prevalecer en un Estado social y democrático de derecho.
El Pleno de la JCE se refirió particularmente a las declaraciones que dan cuenta de las características de la consulta que realizará el Partido de la Liberación Dominicana en el mes de octubre, la cual no administra, no organiza, ni actúa como árbitro y que la misma no es vinculante con la precampaña que deberá iniciarse a mediados del mes de julio del próximo año 2023.
Este comportamiento del PLD es como una especie de ratificación de su amor y pasión por lo mal hecho, lo cual también se puede medir a través de sus propios aspirantes presidenciales, cuya mayoría, en algún momento, ha sido citada como parte de una agresividad partidaria de enriquecerse apropiándose de lo que no es suyo a una velocidad realmente impresionante.
El órgano comicial ha recibido tres comunicaciones en las que se le requiere su colaboración para realizar la indicada consulta y en las que exponen los fundamentos bajo los cuales se habría de realizar la misma, precisando textualmente que: “El proceso de la consulta es una iniciativa organizativa y electoral que tiene el propósito de que el Partido tenga una información precisa sobre el nivel de simpatías que tienen cada una de las personas que han manifestado hasta el momento sus aspiraciones. Esta actividad es solo consultiva y no constituye un proceso de elección ni de definición de precandidatos y no tendrá un carácter vinculante”, indica la organización.
Naturalmente, a este respecto tampoco se pueden sacar los demás partidos del sistema, como la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), los cuales se manejan como si fueran grandes corporaciones económicas e instrumentos para burlarse del ordenamiento jurídico nacional, porque ellos también han estado en una permanente campana electoral a destiempo.
La Junta Central Electoral ha establecido que la consulta del PLD para escoger su candidato presidencial no es vinculante con las primarias que deberán tener lugar a mediados del próximo año 2023, pero nadie entiende por qué esta organización tiene que violentar el calendario electoral, lo que provoca que, aunque se elija uno en octubre, cualquier otro puede presentar su candidatura para las elecciones del 2024.
Esa sola razón constituye un elemento que puede provocar distorsión en el próximo proceso electoral, porque ni la disciplina partidaria podría impedir que a alguien se le ocurra convertirse en aspirante presidencial después de su organización haber escogido uno al margen de la ley.
Otro escenario preocupante podría ser que en el PLD surja otra división como resultado de la consulta de octubre, bajo el alegato de que hubo fraude o que se ha impuesto a uno de los aspirantes, cuyo escenario también plantea un cuadro preocupante para esa organización y para toda la sociedad.
La realidad es que este tema ha estado sobre la mesa en diferentes debates que se han suscitado al respecto en el país, pero parece estar muy lejos que los partidos se acojan al mandato de la ley, ya que han desarrollado toda una cultura de hacer las cosas como a ellos más les conviene sin tomar en cuenta a la ley y a la sociedad.
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El dimes y diretes del presidente Abinader y del ministro de Interior de Venezuela que desluce a ambos Estados.
El Gobierno del presidente Nicolás Maduro está en la cuerda floja hace mucho tiempo por lo que parece ser una obsesión con el poder que ha colocado a Venezuela en un punto muy vulnerable frente a la comunidad internacional.
Lo que ocurre en ese país hermano nadie varias décadas atrás se lo iba imaginar, ya que se trata de personas que llegan al control del Estado para supuestamente hacer las cosas diferentes.
En los actuales momentos Maduro confronta problemas hasta con sus propios aliados naturales internacionales como el presidente de Brasil Ignacio Lula Da Silva y Gustavo Petro de Colombia, todo como resultado de ese interés desmedido por manejar la cosa pública de esa nación.
En ese contexto ha entrado al escenario el presidente Abinader que durante sus mandatos se ha caracterizado por querer intervenir en asuntos que no le competen y de alguna manera ponerse al servicio de intereses que no son los de la República Dominicana.
Abinader en lo que respecta con los temas nacionales se ha manejado con mucha torpeza, no solo con la comisión de los mismos errores y ahora resulta que no sabe distinguir cuál debe el escenario en el que debe pelear con su contrario.
Ello comprueba una vez más con la confrontación verbal que mantiene Abinader con Diosdado Cabello, una figura de primer orden del gobierno de Maduro, pero que no tiene la categoría y la jerarquía para que el jefe de Estado del país se involucre en una discusión pública en la que ninguno de los dos tiene razón.
Ni en Venezuela ni en República Dominicana y mecho menos en la comunidad internacional puede haber alquien que se atreva a desconocer los vínculos históricos y de solidaridad de ambos pueblos, pero raya en lo ridículo que estos funcionarios públicos regateen el aporte que ambas naciones han hecho a través de lo que se conoce como la solidaridad internacional.
Cabello le enrostra a la República Dominicana de una deuda de 350 millones de dólares, lo cual debe ser determinado a través de los mecanismos que tienen los Estados para esos fines, pese a que no hay ningún asidero para reconocer que Venezuela ha sido muy desprendida en términos de petróleo con el país.
Negar eso es ponerse al lado de la ingratitud y de la sin razón, pero ese desprendimiento de Venezuela no puede usarse como un mecanismo de chantaje y de humillación de un país en contra del otro.
Este enfoque equivocado en política internacional ya había ocurrido a propósito de la situación haitiana, porque Abinader asumió ese tema como si tuviera autoridad hasta para solicitar una intervención armada en la hermana nación.
Fueron incontables los escenarios internacionales en los que Abinader hablaba y se comportaba como si él tiene la facultad para hablar y actuar en nombre del pueblo haitiano, cuyos resultados no pudieron ser otros que una confrontación que ha profundizado los niveles de odios en los dos pueblos.
Pues ahora el escogido es Venezuela por razones de geopolítica si el asunto se ve desde la perspectiva de los intereses de Estados Unidos en el país sudamericano, cuya torpeza del Gobierno dominicano ha llevado la situación a lo prácticamente irreconciliable.
El silencio es generalmente más elocuente que la palabra, cuya opción fue la debió tomar el presidente Abinader, porque si ciertamente hay una deuda pendiente con Venezuela, lo cual no es nada nuevo, debió manejarse el asunto por las vías correspondientes.
Naturalmente, todo el mundo sabe que las diferencias entre los gobiernos dominicano y venezolano está asociado a la incautación del avión de la nación sudamericana por parte de los Estados Unidos y que ésta entiende que República Dominicana ha sido utilizada para atacar a un pueblo hermano que ha practicado mucha solidaridad con el país.
Lo más inteligente para la República Dominicana es mantener una postura equidistante del conflicto entre los
AME7886. BOGOTÁ (COLOMBIA), 10/09/2024.- Combo de fotografías de archivo del presidente de República Dominicana, Luis Abinader (i), y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Maduro, llamó «ladrón» a su homólogo de República Dominicana, Luis Abinader, luego de que Estados Unidos confiscara un avión oficial del mandatario en una operación que se llevó a cabo en la isla caribeña. EFE/ ARCHIVO
Estados Unidos y Venezuela, porque en todo caso son los hermanos sudamericanos los que tienen la responsabilidad de buscarle una salida a la terquedad de Maduro.
El presidente Abinader debe abandonar la actitud de meter la cuchara en un plato que no es el suyo para que prevalezca el respeto mutuo y la dignidad en las relaciones entre los pueblos que conforman la comunidad internacional.
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Candidatos presidenciales que penden de una especie de ruleta rusa que no deja la certeza de quién será la víctima.
Donald Trump aparecía hace algunos meses como el seguro ganador de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, pero la entrada en competencia de su rival, Kamala Harris, como que le ha dado un vuelco a las mismas que nadie se atreve a asegurar cuál será el resultado final.
Pero de cualquier modo la imagen de la nación más poderosas del mundo ha sufrido bastante en lo que respecta a su credibilidad frente al mundo por el candidato más audaz de estos tiempos doblegar la parte más fuerte y sólida de los Estados Unidos de América como es sus altos niveles de institucionalidad.
Ello así, porque hace algún tiempo que nadie se podía imaginar que una persona física, no una clase social, pudiera torcer la balanza en favor de sus intereses personales en desmedro de la historia de la unión americana.
Aunque hay una serie de casos judiciales pendientes y que probablemente pueden vislumbrar una condena civil o penal, pero en términos de opinión pública Trump ha ganado la batalla, ya que incluso se le ve como mucho más fuerte que el sistema de justicia y que otros estamentos de la institucionalidad de la potencia del norte.
Ha sido tanto así que mientras más se presentan acusaciones de crímenes y delitos en contra de Trump, éste aumenta su popularidad y nadie puede negar que representa un candidato lo suficientemente fuerte para imponerse en las elecciones de noviembre.
Sin embargo, luce que la entrada en la escena presidencial de Kamala Harris ha disminuido la fortaleza de una candidatura que a pesar de sus debilidades y la vocación de hacer cosas al margen de la ley de Trump no ha aparecido una forma que lo saque de la contienda electoral.
El caso Trump debe estudiarse política y sociológicamente para entender el fenómeno, pese a que en realidad a partir de la herencia histórico cultural de los Estados Unidos no parece que haya una explicación convincente.
Trump es un candidato antivalores y que no tiene ninguna base de sustentación, cuya aceptación popular es producto de la espontaneidad, pero apoyado en un discurso que lo principal que conlleva es impactar negativamente la imagen y la institucionalidad de una nación en la que no hay una explicación lógica del por qué no ha funcionado el sistema de justicia en su caso.
Es una tolerancia que no encaja con lo que todos los analistas consideran como un ejemplo de la aplicación severa de la ley cuando se trata de la comisión de crímenes y delitos graves, pero que esa tradición parece haber terminado con la salida al mundo político de Donald Trump.
Este hombre no sólo ha logrado llegar a la cima del poder, sino que vista la cuestión desde la irreverencia en que se apoya vende la idea de que es protagonista de una película en la que él siempre vence.
Independientemente de que Kamala Harris en las elecciones de noviembre no parece que pueda llevar a los Estados Unidos a recobrar la fortaleza institucional y la imagen de pulcritud que ha exhibido históricamente ante los demás países del mundo, pero por lo menos vende una imagen de mayor tolerancia y ternura que ni remotamente se puede encontrar en Trump, cuya principal obra es el irrespeto a la institucionalidad de una nación que busca castigar a los que se apoyan en un comportamiento parecido en aquellos países que están bajo su órbita geopolítica.
En todo caso, ya Donald Trump ha parido algunos iguales en algunos países latinoamericanos, como Javier Milei en Argentina, Jair Bolsonoro en Brasil y otros tantos que buscan parecerse a este personaje que se proyecta como enemigo de las instituciones y de la aplicación irrestricta de la ley.
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Desconfianza interpersonal se constituye en principal retranca para el desarrollo social en el país.
Por Elba García
La República Dominicana es una nación en crisis en lo que respecta a su desarrollo social, dado que sólo tres de cada diez ciudadanos dicen confiar en las demás personas.
Este cuadro resulta desalentador porque establece una desconfianza interpersonal que representa un gran peligro para el desarrollo social.
La realidad reflejada en la encuesta de Cultura Democrática del ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd) demuestra que el 68.9 por ciento de la población cree que la mayoría de sus conciudadanos son “poco” o nada confiable.
Es decir, que el grueso de la ciudadanía no tiene esperanza con relación a sus semejantes y la baja confianza social alberga expectativas muy negativas sobre el comportamiento ajeno.
Esto plantea la necesidad de revertir los indicadores encontrados en el referido trabajo de investigación, ya que las sociedades donde la confianza interpersonal se encuentra generalizada, no crea un alto grado de compromiso y cohesión social, fruto de la expansión de normas informales que no favorecen la producción de bienes públicos.
Un elemento destacable en la investigación es que la baja confianza en las personas también se extrapola a las instituciones públicas, de las que de un total de diez medidas, los resultados constatan la baja confianza en las instancias democráticas nacionales.
Según el trabajo, los partidos políticos, lo cual no podía ser menos tras la gran abstención electoral en las elecciones municipales, congresuales y presidenciales de los pasados meses de febrero y mayor del presente año, son los que generan menos credibilidad para la gente, ya que el 76.6 % de la muestra asegura tener poca o ninguna confianza en ellos, mientras que los funcionarios generaron un nivel de desconfianza del 75.7 %.
Sin embargo, en contraposición a este deplorable cuadro, la Presidencia representa la institución que mejor valúan los dominicanos, dado que el 22.2 % respondió que confía «mucho» en Luis Abinader, siendo este el balance más alto de esa métrica.
En la medición una serie de instituciones públicas fueron evaluadas, entre las que se encontraban los tribunales, la Procuraduría, el presidente, el Poder Legislativo, los ayuntamientos, los funcionarios, los partidos políticos, la Junta Central Electoral, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
En sentido general los indicadores demuestran que el país proyecta una imaginaria estabilidad política, máxime porque se celebran elecciones cada cuatro años, lo cual vende la idea de ser una democracia consolidada, pero la población entiende que no se gobierna para el bienestar colectivo.
Otro hallazgo de la investigación indica que apenas un 28.9 % de los dominicanos pudo expresar que se gobierna para el bien de todo el pueblo.
Otro detalle es que la mayoría de la población considera que ciertos grupos gobiernan el país para satisfacer sus propios intereses, lo cual constituye una retranca para el progreso social y económico.
Asimismo, la mayoría de las personas entiende que ciertos grupos gobiernan el país para satisfacer sus propios intereses.
El 67.3 % de alrededor de 2000 personas entiende que RD «está gobernada por unos cuantos grupos poderosos que sólo buscan su propio beneficio».
Este porcentaje pasó ligeramente de abril de 2022 a abril de 2023, ya que la ciudadanía que considera que en la nación no se priorizan los objetivos colectivos, de 66.5 a 68.7 %.
En el trabajo se detalla en sus conclusiones la urgencia de que las autoridades aborden esta crisis de representatividad y desconfianza hacia los actores estatales.
«Es necesario mejorar la representación de los intereses ciudadanos desde la actuación gubernamental, ya que en la actualidad sólo tres de cada diez ciudadanos afirman que el país está gobernado para el bien de todo el pueblo, mientras dos de cada tres lo perciben gobernado por unos cuantos grupos de poderosos en su propio beneficio», expresa el informe.
En la investigación se revela la ruptura entre gobernantes y gobernados y se agudiza por diversos factores relacionados al bienestar colectivo y a la gestión de lo público.
La población del país culpa a la clase política, ya que piensa que ésta es la que impone sus intereses por encima de los de la mayoría de los ciudadanos.
En un cuadro en el que se explican diferentes variables para este fenómeno, se evidenció que la percepción que se tiene de los actores políticos, se ve empañada por los casos de corrupción a los que pueden ser vinculados.
Se destacan dos factores que inciden en el tema: los políticos son «algo» o «muy» corruptos y los funcionarios del gobierno son «poco» o «nada» confiables.
El trabajo revela que aunque la gente establece que está de acuerdo con la democracia, el 64.0 % afirmó que está «poco» o «nada» satisfecho con el funcionamiento de este sistema político en la actualidad.
La poca satisfacción es la opción predominante entre los encuestados con un 35.7 % de escogencia para 2023.