Opinión
Contexto, impacto y trascendencia del asesinato de Las Hermanas Mirabal
Por Narciso Isa Conde
Este 25 de noviembre se cumplieron 60 años del asesinato de las tres hermanas Mirabal y su valiente acompañante Rufino de la Cruz ,y todavía no se ha logrado establecer una república libre y soberana, ni una sociedad justa y solidaria, pese a las recurrentes y heroicas rebeldías del pueblo dominicano por lograrlas.
La causa fundamental se debe al dominio ejercido por EE.UU sobre esta nación caribeña, ahora convertido en un imperio que padece una decadencia voraz y agresiva. Más débil que antes, pero más cruel.
· Carácter y contexto del crimen.
Se trató de un horrendo crimen político, de un asesinato de Estado, acompañado de una intensa saña machista por su condición de mujeres.
A la represalia política se le sumo la crueldad patriarcal del tirano y sus esbirros: las hermanas Mirabal -Patria, Minerva y María Teresa- fueron violadas y asesinadas a golpes; lo que justamente movió a la ONU a declarar esa fecha como “Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer”.
Ya antes de perpetrada esa modalidad de asesinato político, dos de ellas, Minerva y María Teresa -integrantes del Movimiento Revolucionario Clandestino 14 de Junio- habían sido apresadas y torturadas junto a centenares de jóvenes profesionales, estudiantes y trabajadores, entre ellos y ellas un conjunto de mujeres de la misma estirpe.
A esa fecha, el país había sido estremecido por las expediciones guerrilleras del 14 y el 19 de 1959, procedentes de la Cuba Revolucionaria con el apoyo directo y el aliento de Fidel, Raúl y Ernesto –Che- Guevara, y con la participación del Comandante de Sierra Maestra Delio Gómez Ochoa y otros internacionalistas cubanos, venezolanos, estadounidenses y españoles.
Expediciones heroicas, las cuales -aun derrotadas militarmente- agrietaron la muralla del despotismo y generaron un impresionante oposición interna encarnada por el Movimiento Revolucionario 14 de Junio.
El revés militar rápidamente se convirtió en victoria política.
Minerva Mirabal y su esposo, Manuel Aurelio Tavares Justo, jugaron un papel relevante en su organización y su accionar… hasta que en enero del 1960 el naciente movimiento revolucionario, inspirado en el avanzado programa de esas expediciones, fue detectado y brutalmente reprimido por el régimen trujillista.
Las cárceles se llenaron de jóvenes torturados, y la indignación y la rebeldía se dispararon a niveles sin precedentes en los 30 años anteriores de dictadura.
· Razones del odio del tirano a Minerva.
Trujillo cultivó un odio especial hacia Minerva Mirabal, que pese a su condición de mujer y al peso negativo de la ideología patriarcal, alcanzó un liderazgo de alto calibre.
El odio se debió no sólo porque el tirano la acosó sexualmente y ella lo rechazó, algo insólito en esos tiempos; sino, sobre todo, porque mostró una firmeza, una persistencia y un talento político impresionantes y desafiantes.
Pero además –y no menos importantes- por sus antecedentes políticos: ya antes, en 1946-47, Minerva había pertenecido a la Juventud Democrática formada por el Partido Socialista Popular-PSP, primer partido comunista de la República Dominicana, que en plena Revolución Popular Democrática de Abril de 1965 y durante la Guerra Patria contra el yanqui invasor, cambió el nombre por el de Partido Comunista Dominicano-PCD.
Minerva fue impactada entonces por las ideas marxistas, estudió obras de Carlos Marx y asumió el proyecto socialista; algo que generalmente se oculta desde los poderes establecidos, a pesar de ser considerada heroína nacional y posiblemente por eso: para no darle esos méritos a las izquierdas de entonces.
Patria fue la hermana solidaria de Minerva y María Teresa, y Rufino mucho más que un chofer o un simple empleado -como se le quiera presentar para minimizarlo por su condición proletaria- era un joven trabajador valiente y con conciencia política, presto a desafiar la tiranía a cualquier riesgo.
· Del asesinato de las Mirabal y de Rufino al ajusticiamiento del tirano y sus por qué.
Ese cuádruple crimen, en medio de la crisis que ya estremecía la dictadura, determinó que el Departamento de Estado y la CÍA optaran por “salir” de Trujillo bajo el lema de “impedir otra Cuba en el Caribe”.
El complot inducido por el imperialismo dio su fruto el 30 de mayo de 1961, día en que el tirano fue ajusticiado; quedando intactas las estructuras militares-policiales del régimen y el control de EEUU sobre ellas.
Eso le facilitó al imperio -el cual nos había intervenido militarmente de 1916 a 1924 y había construido la guardia nacional y aupado a Trujillo- imponernos una “destrujillización” superficial y una transición controlada y vigilada por su flota naval ubicada en las proximidades de la costas dominicanas.
De todas maneras se vio forzado a aceptar las primeras elecciones democráticas en los últimos 31 años y ahí mismo se le dañó el pastel con el triunfo de Juan Bosch y la vigencia de la Constitución Democrática de 1963; inspirada en la Constitución de 1940 de Cuba y en el programa de los héroes de Junio, profundamente democrática y socialmente reformadora.
· El Golpe, Abril y la Invasión.
Entonces no se hizo esperar la conspiración golpista dirigida desde Washington, con participación de la oligarquía tradicional y la jefatura militar.
El Golpe de Estado se consumó siete meses después, justamente el 25 de septiembre de 1963, abriendo un periodo de resistencias y rebeldías populares por el restablecimiento del gobierno democrático y de la Constitución de 1963…
Ese periodo culminó el 24 de abril de 1965 en una insurrección cívico-militar victoriosa encabezada por los coroneles Caamaño Deño y Fernández Domínguez, y sustentada en los comandos de soldados, trabajadores/as, profesionales, pueblo empobrecido, campesinos y estudiantes; una especie de consejos populares y órganos de poder popular.
El viejo ejército fue desmantelado y surgió uno nuevo, producto de la unión de los militares partidarios de la Constitución de 1963 y el pueblo en armas.
El coronel Caamaño presidió el nuevo gobierno con el respaldo de Bosch que estaba exiliado en Puerto Rico.
Se trataba del inicio de una revolución política y social, profundamente democrática y soberana, llamada a arrancar de raíz el despotismo, la tiranía y la colonización histórica.
EE.UU, para frustrar esas metas, lanzó contra ella 42 mil marines y en cuatro meses enfrentado a una heroica resistencia nacional logró finalmente su propósito hasta la fecha.
· El vía crucis de las seudo-democracias dependientes y el valor del 25 de noviembre para derrotarlas.
Desde entonces, en los últimos 55 años ha reinado la contrarrevolución con modalidades de seudo-democracias y con partidos y gobernantes conservadores, corruptos, neo-liberalizados, derechizados y entreguistas.
Primero con sucesivos gobiernos presididos durante 20 años (en dos etapas) por Joaquín Balaguer y su Partido Reformista Socialcristiano-PRSC, heredero político de Trujillo; y luego bajo las Administraciones del Partido Revolucionario Dominicano-PRD y el Partido de la Liberación Dominicana-PLD, presididas sucesivamente por Antonio Guzmán, Jacobo Majluta, Jorge Blanco, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina… hasta llegar al presente Gobierno de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno-PRM, producto de la división del PRD y empeñado ahora en imponer los más altos niveles de lacayismo y subordinación a EEUU en la historia reciente y la más perversa asociación con la gran burguesía transnacional y sus socios locales.
El impacto degradante de la intervención yanqui ha sido tan potente e intenso, que a pesar de que el PRD y sus derivadas PLD y PRM participaron en la Revolución y la Guerra Patria de 1965, terminaron en las redes del imperio; algo que también le pasado a una parte de las izquierdas y del llamado “progresismo”.
Un enorme fardo de explotación, corrupción, abusos de poder, dependencia, indignidades, desigualdades, empobrecimiento material y espiritual han volcado esos gobiernos, partidos y gobernantes tutelados por el Coloso del Norte y la oligarquía capitalista local.
Eso explica la fuerza y trascendencia de las tres heroínas masacradas y de su acompañante asesinado, referencias obligadas, no solo para llevarles flores a sus tumbas y rendirles homenajes formales, sino sobre todo como ejemplos a seguir, fuentes de inspiración y referentes obligados de un proyecto liberador truncado e inconcluso, pero pendiente de realización, en tanto necesidad nacional cada vez más imperiosa.
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!