Opinión
Contexto, impacto y trascendencia del asesinato de Las Hermanas Mirabal
Por Narciso Isa Conde
Este 25 de noviembre se cumplieron 60 años del asesinato de las tres hermanas Mirabal y su valiente acompañante Rufino de la Cruz ,y todavía no se ha logrado establecer una república libre y soberana, ni una sociedad justa y solidaria, pese a las recurrentes y heroicas rebeldías del pueblo dominicano por lograrlas.
La causa fundamental se debe al dominio ejercido por EE.UU sobre esta nación caribeña, ahora convertido en un imperio que padece una decadencia voraz y agresiva. Más débil que antes, pero más cruel.
· Carácter y contexto del crimen.
Se trató de un horrendo crimen político, de un asesinato de Estado, acompañado de una intensa saña machista por su condición de mujeres.
A la represalia política se le sumo la crueldad patriarcal del tirano y sus esbirros: las hermanas Mirabal -Patria, Minerva y María Teresa- fueron violadas y asesinadas a golpes; lo que justamente movió a la ONU a declarar esa fecha como “Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer”.
Ya antes de perpetrada esa modalidad de asesinato político, dos de ellas, Minerva y María Teresa -integrantes del Movimiento Revolucionario Clandestino 14 de Junio- habían sido apresadas y torturadas junto a centenares de jóvenes profesionales, estudiantes y trabajadores, entre ellos y ellas un conjunto de mujeres de la misma estirpe.
A esa fecha, el país había sido estremecido por las expediciones guerrilleras del 14 y el 19 de 1959, procedentes de la Cuba Revolucionaria con el apoyo directo y el aliento de Fidel, Raúl y Ernesto –Che- Guevara, y con la participación del Comandante de Sierra Maestra Delio Gómez Ochoa y otros internacionalistas cubanos, venezolanos, estadounidenses y españoles.
Expediciones heroicas, las cuales -aun derrotadas militarmente- agrietaron la muralla del despotismo y generaron un impresionante oposición interna encarnada por el Movimiento Revolucionario 14 de Junio.
El revés militar rápidamente se convirtió en victoria política.
Minerva Mirabal y su esposo, Manuel Aurelio Tavares Justo, jugaron un papel relevante en su organización y su accionar… hasta que en enero del 1960 el naciente movimiento revolucionario, inspirado en el avanzado programa de esas expediciones, fue detectado y brutalmente reprimido por el régimen trujillista.
Las cárceles se llenaron de jóvenes torturados, y la indignación y la rebeldía se dispararon a niveles sin precedentes en los 30 años anteriores de dictadura.
· Razones del odio del tirano a Minerva.
Trujillo cultivó un odio especial hacia Minerva Mirabal, que pese a su condición de mujer y al peso negativo de la ideología patriarcal, alcanzó un liderazgo de alto calibre.
El odio se debió no sólo porque el tirano la acosó sexualmente y ella lo rechazó, algo insólito en esos tiempos; sino, sobre todo, porque mostró una firmeza, una persistencia y un talento político impresionantes y desafiantes.
Pero además –y no menos importantes- por sus antecedentes políticos: ya antes, en 1946-47, Minerva había pertenecido a la Juventud Democrática formada por el Partido Socialista Popular-PSP, primer partido comunista de la República Dominicana, que en plena Revolución Popular Democrática de Abril de 1965 y durante la Guerra Patria contra el yanqui invasor, cambió el nombre por el de Partido Comunista Dominicano-PCD.
Minerva fue impactada entonces por las ideas marxistas, estudió obras de Carlos Marx y asumió el proyecto socialista; algo que generalmente se oculta desde los poderes establecidos, a pesar de ser considerada heroína nacional y posiblemente por eso: para no darle esos méritos a las izquierdas de entonces.
Patria fue la hermana solidaria de Minerva y María Teresa, y Rufino mucho más que un chofer o un simple empleado -como se le quiera presentar para minimizarlo por su condición proletaria- era un joven trabajador valiente y con conciencia política, presto a desafiar la tiranía a cualquier riesgo.
· Del asesinato de las Mirabal y de Rufino al ajusticiamiento del tirano y sus por qué.
Ese cuádruple crimen, en medio de la crisis que ya estremecía la dictadura, determinó que el Departamento de Estado y la CÍA optaran por “salir” de Trujillo bajo el lema de “impedir otra Cuba en el Caribe”.
El complot inducido por el imperialismo dio su fruto el 30 de mayo de 1961, día en que el tirano fue ajusticiado; quedando intactas las estructuras militares-policiales del régimen y el control de EEUU sobre ellas.
Eso le facilitó al imperio -el cual nos había intervenido militarmente de 1916 a 1924 y había construido la guardia nacional y aupado a Trujillo- imponernos una “destrujillización” superficial y una transición controlada y vigilada por su flota naval ubicada en las proximidades de la costas dominicanas.
De todas maneras se vio forzado a aceptar las primeras elecciones democráticas en los últimos 31 años y ahí mismo se le dañó el pastel con el triunfo de Juan Bosch y la vigencia de la Constitución Democrática de 1963; inspirada en la Constitución de 1940 de Cuba y en el programa de los héroes de Junio, profundamente democrática y socialmente reformadora.
· El Golpe, Abril y la Invasión.
Entonces no se hizo esperar la conspiración golpista dirigida desde Washington, con participación de la oligarquía tradicional y la jefatura militar.
El Golpe de Estado se consumó siete meses después, justamente el 25 de septiembre de 1963, abriendo un periodo de resistencias y rebeldías populares por el restablecimiento del gobierno democrático y de la Constitución de 1963…
Ese periodo culminó el 24 de abril de 1965 en una insurrección cívico-militar victoriosa encabezada por los coroneles Caamaño Deño y Fernández Domínguez, y sustentada en los comandos de soldados, trabajadores/as, profesionales, pueblo empobrecido, campesinos y estudiantes; una especie de consejos populares y órganos de poder popular.
El viejo ejército fue desmantelado y surgió uno nuevo, producto de la unión de los militares partidarios de la Constitución de 1963 y el pueblo en armas.
El coronel Caamaño presidió el nuevo gobierno con el respaldo de Bosch que estaba exiliado en Puerto Rico.
Se trataba del inicio de una revolución política y social, profundamente democrática y soberana, llamada a arrancar de raíz el despotismo, la tiranía y la colonización histórica.
EE.UU, para frustrar esas metas, lanzó contra ella 42 mil marines y en cuatro meses enfrentado a una heroica resistencia nacional logró finalmente su propósito hasta la fecha.
· El vía crucis de las seudo-democracias dependientes y el valor del 25 de noviembre para derrotarlas.
Desde entonces, en los últimos 55 años ha reinado la contrarrevolución con modalidades de seudo-democracias y con partidos y gobernantes conservadores, corruptos, neo-liberalizados, derechizados y entreguistas.
Primero con sucesivos gobiernos presididos durante 20 años (en dos etapas) por Joaquín Balaguer y su Partido Reformista Socialcristiano-PRSC, heredero político de Trujillo; y luego bajo las Administraciones del Partido Revolucionario Dominicano-PRD y el Partido de la Liberación Dominicana-PLD, presididas sucesivamente por Antonio Guzmán, Jacobo Majluta, Jorge Blanco, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina… hasta llegar al presente Gobierno de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno-PRM, producto de la división del PRD y empeñado ahora en imponer los más altos niveles de lacayismo y subordinación a EEUU en la historia reciente y la más perversa asociación con la gran burguesía transnacional y sus socios locales.
El impacto degradante de la intervención yanqui ha sido tan potente e intenso, que a pesar de que el PRD y sus derivadas PLD y PRM participaron en la Revolución y la Guerra Patria de 1965, terminaron en las redes del imperio; algo que también le pasado a una parte de las izquierdas y del llamado “progresismo”.
Un enorme fardo de explotación, corrupción, abusos de poder, dependencia, indignidades, desigualdades, empobrecimiento material y espiritual han volcado esos gobiernos, partidos y gobernantes tutelados por el Coloso del Norte y la oligarquía capitalista local.
Eso explica la fuerza y trascendencia de las tres heroínas masacradas y de su acompañante asesinado, referencias obligadas, no solo para llevarles flores a sus tumbas y rendirles homenajes formales, sino sobre todo como ejemplos a seguir, fuentes de inspiración y referentes obligados de un proyecto liberador truncado e inconcluso, pero pendiente de realización, en tanto necesidad nacional cada vez más imperiosa.
Por José Cabral.
Es muy bonito escuchar por la televisión y todos los demás medios de comunicación el tema de los derechos fundamentales, cuya realidad envía un mensaje distinto.
En más de una ocasión he planteado el serio problema en que está atrapada la sociedad dominicana en el contexto del sistema de justicia nacional.
Lo primero es que nadie, absolutamente nadie, respeta como debe ser la justicia constitucional, ni siquiera las cortes que tienen la misión de velar por ella mediante los recursos extraordinarios para la preservación y respeto de la constitución.
El primer ejemplo de lo que ocurre con la violación de la Constitución y con el no respeto de los derechos fundamentales, tanto a nivel del derecho interno como del externo, es la actitud del Ministerio Público, el cual destina al zafacón las denuncias y querellas presentadas por aquellas personas humanas víctimas de robos, asaltos a mano armada y de una gran variedad de actos delincuenciales.
El asunto es tan grave que cuando las victiman reclaman resultados de sus querellas o denuncias el fiscal procede con un archivo definitivo en virtud de lo que dispone el artículo 181 del Código Procesal Penal, pero peor aun cuando el perjudicado decide someter un recurso de objeción ante el juez de Instrucción, el cual regularmente lo que hace es ratificar lo decidido por el Ministerio Público.
En este caso no importa la violación que cometa el fiscal que ha manejado el caso, lo cual se constituye en una violación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, consignados en los artículos 68 y 69 de la Constitución.
Pero la cuestión se complica cuando hay que acudir mediante un recurso contencioso administrativo por las constantes y graves violaciones de los derechos de los administrados, cuyo desempeño de los jueces de esta jurisdicción, hermanita de padre y madre del derecho constitucional, actúa como una caja de resonancia del Procuraduría General Administrativa y ahora abogado del Estado.
Es frustratorio e imperdonable lo que ocurre en esta jurisdicción de la justicia, pero todavía la cuestión es mucho más preocupante con la emisión de una serie de sentencias que violentan los más elementales principios del derecho constitucional.
Sin embargo, lo más deprimente es cuando se somete un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, cuyo fallo se produce cuando ya los justiciables han muerto o de revisión de una acción de amparo o de una decisión jurisdiccional ante el Tribunal Constitucional, en cuyos órganos se concreta la expresión de que justicia tardía es justicia denegada, dado que los casos son decididos hasta 2, 3 y hasta 4 años después de haberse sometido.
Voy seguir con el tema, pero lo que he dicho hasta este punto indica que la Constitución dominicana y el neo-constitucionalismo que tanto se pregona es una forma de que el país esté a la moda con esta corriente, pero que la realidad está más asociada con la herencia histórico cultural del pueblo dominicano, en la que prevalecen una serie de antivalores como el amiguismo, el machismo, el patriarcado y el caudillismo, entre otros.
Sólo el pueblo dominicano puede superar la sociedad de las cavernas en que nos tienen sumergidos los partidos políticos y otros actores de la democracia de papel que se ha impuesto en la República Dominicana.
Por Isaías Ramos
¿Puede el Congreso aprobar una ley que contradiga, en la práctica, una sentencia vinculante del Tribunal Constitucional? Esa es la pregunta que hoy enfrenta la República Dominicana tras la aprobación en primera lectura en el Senado de un proyecto que eliminaría las candidaturas independientes.
Más allá de las diferencias políticas que puedan existir sobre el modelo electoral, lo que está en discusión es algo mucho más profundo: el respeto a la Constitución de la República Dominicana, a los derechos políticos de los ciudadanos y a las decisiones vinculantes del máximo órgano de control constitucional del país.
En diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales diversas disposiciones de la legislación electoral que imponían trabas desproporcionadas a las candidaturas independientes. La decisión procuró garantizar que el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos no quedara condicionado exclusivamente a la estructura de los partidos políticos.
Sin embargo, lo ocurrido en el Congreso parece avanzar en dirección contraria. La aprobación de un proyecto que, en la práctica, eliminaría las candidaturas independientes plantea un choque evidente entre la voluntad legislativa y una sentencia vinculante del máximo intérprete de la Constitución.
La gravedad del momento institucional se acentúa aún más cuando se observa que la decisión fue adoptada de manera prácticamente unánime por los senadores. Resulta legítimo preguntarse si todos los legisladores han reflexionado plenamente sobre el alcance constitucional de la decisión adoptada o si estamos ante una reacción política frente a una sentencia que algunos sectores preferirían ignorar.
Algunos constitucionalistas, como Eduardo Jorge Prats, han descrito esta reacción como una “rabieta institucional hiperpartidista disfrazada de defensa de los partidos”. Más allá de la dureza de esa expresión, la advertencia merece una reflexión seria. Cuando las decisiones de un tribunal constitucional comienzan a ser relativizadas o neutralizadas mediante decisiones políticas, el equilibrio institucional de una democracia empieza a resentirse.
La Constitución dominicana es clara en este punto. El artículo 6 establece que todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución. El artículo 68 dispone que corresponde al Estado garantizar la efectividad de los derechos fundamentales; no basta con reconocerlos en el texto constitucional, es necesario hacerlos posibles en la realidad. El artículo 73 establece la nulidad de pleno derecho de los actos contrarios a la Constitución. El artículo 74 consagra el carácter progresivo de los derechos fundamentales. Y el artículo 184 reconoce al Tribunal Constitucional como el órgano encargado de garantizar la supremacía de la Carta Magna.
A la luz de esos principios, la iniciativa aprobada en primera lectura adquiere una dimensión particularmente sensible para el orden constitucional. Lo que está en juego es una posible tensión institucional con el Tribunal Constitucional si una ley terminara reproduciendo, en la práctica, las mismas restricciones que el propio tribunal declaró inconstitucionales. Una situación así podría tener consecuencias graves para el orden constitucional.
El artículo 68 de la Constitución no es una disposición abstracta: es la garantía de que los derechos fundamentales tengan contenido real y efectivo. Cuando el Estado limita injustificadamente vías de participación política, no solo restringe un derecho; también debilita la confianza del ciudadano en las instituciones llamadas a protegerlo.
Este no es un debate sobre simpatías o antipatías hacia las candidaturas independientes, ni sobre la importancia de los partidos políticos. Los partidos son pilares fundamentales de la democracia. Pero reconocer su importancia no significa convertirlos en los únicos canales posibles de participación política. La democracia dominicana debe abrir puertas al ciudadano, no cerrarlas.
Si la Constitución reconoce derechos políticos a los ciudadanos, surge entonces una pregunta de fondo: ¿quién puede legítimamente restringirlos? Los derechos políticos pertenecen al pueblo dominicano. Los partidos son uno —pero no el único— de los canales para ejercerlos.
Las democracias se sostienen sobre un principio simple pero esencial: la Constitución es la norma suprema del Estado y todos los poderes públicos están sometidos a ella. Cuando ese principio comienza a relativizarse, la confianza institucional se erosiona y el sistema democrático se vuelve más frágil.
Nuestro deber como nación —y particularmente de quienes ejercen responsabilidades públicas— es proteger la Constitución incluso cuando hacerlo resulte incómodo o políticamente inconveniente. El respeto al orden constitucional no es una opción circunstancial: es la base misma sobre la cual descansa la estabilidad institucional de la República.
La estabilidad democrática que hoy disfruta la República Dominicana no es un accidente histórico. Tampoco ha sido un proceso perfecto: a lo largo del tiempo ha habido episodios de indiferencia frente a los deberes y mandatos constitucionales. Pero precisamente por esa experiencia acumulada sabemos que debilitar las reglas del juego institucional solo aumenta los riesgos para el orden democrático en un mundo marcado por crecientes tensiones geopolíticas y desafíos globales.
Desde el Foro Cívico y Social y el Frente Cívico y Social creemos firmemente que aún hay espacio para la reflexión institucional. Por ello hacemos un llamado respetuoso pero firme a los honorables senadores para que, antes de la segunda lectura de este proyecto, revisen con serenidad el alcance constitucional de la decisión que se está tomando.
También está en juego el mensaje institucional que el Congreso envía al país. Cuando un poder del Estado parece actuar en contradicción con la Constitución o con una sentencia vinculante del Tribunal Constitucional, el mensaje hacia la ciudadanía y hacia las instituciones públicas es institucionalmente delicado.
En una democracia constitucional, los derechos políticos del ciudadano no dependen de la voluntad de los partidos ni de las mayorías circunstanciales del Congreso. Dependen de la Constitución. Porque cuando una democracia olvida que la Constitución es su límite, no se debilitan los partidos: se debilita la República.
Despierta RD!
(Primera entrega)
Por Oscar López Reyes
Las costumbres, creencias y valores tradicionales pierden incidencia colectiva o se están esfumando, igual que la rigidez en la gobernanza de la democracia representativa/liberal; se dispersan en el descrédito y desarticulan organizaciones socio-comunitarias y sus líderes más experimentados. La vieja ciudadanía y la identidad cultural se desgastan en su funcionalidad y legitimidad, y no por casuística.
Las instancias del poder típico y clásico han menguado, y las voces que antaño repercutían con resonancia se apagan en el anclaje del paisaje de la individualización, el aislamiento y la fatiga, porque en la globalización y el necrocapitalismo se satisfacen pírricamente los deseos y aspiraciones comunales. Al unísono, esta nueva dinámica ha reducido la lucha de clases y puesto en jaque el viejo discurso político y los lances episódicos y coyunturalistas.
Visualicemos 10 componentes claves de las añejas estructuras del dominio y los procesos neodemocráticos:
1.- Crisis paternal y profesoral. Los jefes del hogar y la escuela han perdido autoridad, haciendo descansar las influencias de infantes y adolescentes en amistades de estos y en los dispositivos electrónicos, que desconcentran y aíslan. Esos tutores no les fijan límites razonables, en una permisividad aupada por el temor al autoritarismo y a la culpabilidad (“crianza culposa”). La fragilidad en el mando de los docentes radica en el escaso respaldo familiar, el decaimiento de algunos padres hacia sus hijos y su desarmonía con las nuevas tecnologías.
2.- Los partidos de masas. Las organizaciones políticas legendarias/rutinarias de alta afiliación han devenido en flácidas estructuras orgánicas, con una militancia con una pobre formación ideológica. Sus características principales son la personalización de su liderazgo en la obsolescencia e inadaptación en un contexto societario en constante cambio, la búsqueda energúmena de cargos públicos y beneficios particulares, la incursión en actos delictivos, como la corrupción, la descomposición, la escasa lealtad y las exigencias monetarias. Esos agravios se han traducido en inercia, estancamiento y en endeble suficiencia de esos partidos para movilizar a los conglomerados.
3.- Los partidos de izquierda. La atomización y decadencia del sistema de agrupaciones de izquierda tiene su raíz en el enclaustramiento a los principios invariables de la Revolución Bolchevique comandada por los reverenciados ideólogos comunistas Vladimir Lenin, León Trotsky y José Stalin (Rusia, 1917), que conduce a la negación de los cambios, o sea, a la resistencia inconsciente a la readecuación a los nuevos tiempos hegemonizados por el marketing y las alternativas populistas nacionalistas. El progresismo no aprovecha la crisis de la plutocracia librecambista, se estanca y retrocede porque tampoco satisface las aspiraciones de la mayoría. Con su dogmatismo divisionista, la izquierda no se amolda a las conversiones, ni responde a desafíos contemporáneos, como la equilibrada, emergente y ascendente República Popular China.
4.- Los grupos estudiantiles. Recrean en la penumbra de la reminiscencia los movimientos estudiantiles de liceos secundarios y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) de las décadas 1960-1980, cuyos miembros y simpatizantes salían a las calles a movilizarse -con quemas de neumáticos y enfrentamientos con agentes de la Policía Nacional- por reivindicaciones académicas y el respetado a las libertades públicas y los derechos humanos. Han sido empequeñecidos y diezmados por la hegemonía del modelo mercantilista neoliberal, la vigencia democrática, la minimización de la izquierda y el predominio del egocentrismo.
5.- Los gremios de empresas. La afiliación sindical está en declive por la disminución de las grandes industrias manufactureras y la automatización tecnológica, que reduce empleos, mejora calidad y aumenta la productividad; el anarcosindicalismo, la percepción de corrupción y la politización de los gremios. Ahora una laptop tonifica con más utilidad que un sindicato.
6.- La gobernanza estatal. La jurisdicción del presidente de la República mengua, por los reclamos de la opinión pública en sociedades democráticas, la vigencia del estado de derecho, las imposiciones de organismos internacionales y los grupos de intereses. Asimismo, la influencia y el poder de funcionarios del Estado se ha limitado (no eliminado) por la implementación de normativas contra sobornos en licitaciones y adquisiciones, la prohibición de doble cargo remunerado, los contubernios y negocios asociados, la reducción de gastos operativos y otros relativos a los procesos de transparencia, y por temores a las denuncias públicas (los desfalcos y peculados son más conocidos) y a los enjuiciamientos judiciales.
7.- La prensa tradicional. Eleva su grado de credibilidad y se reinventa en novedosas esferas, pero desperdicia audiencias y protagonismo por el advenimiento de la internet. También les perforan las redes sociales y la gratuidad de otras plataformas digitales, que son preferidas por los nuevos usuarios, especialmente los jóvenes.
8.- Los militares y policías. Los ciudadanos respetan cada vez menos a los cuerpos policiales y castrenses, que han erosionado su confianza por sus arbitrariedades, la prevaricación y gangrena, la complicidad con crímenes y su incompetencia para afrontar la desbordada delincuencia sistémica. Están siendo frenados por las denuncias ciudadanas y los rollizos esfuerzos de las autoridades oficiales, como las reformas institucionales.
9.- Las masonerías y los clubes culturales. Se estropean y desvanecen las entidades extremadamente cerradas, restringidas, desactualizadas, monótonas y sin presupuestos, como las logias masónicas y los clubes culturales. Por el contrario, las religiones se transforman y crece la espiritualidad, con prácticas como el yoga/meditación, adaptadas a estilos de convivencia flexibles, abiertos, individualistas y globalizados.
10.- Las ligas campesinas. Décadas atrás, comunidades rurales bullían de efervescencia, en intensas jornadas de lucha –que cobró vidas humanas- por la Reforma Agraria, motorizadas por núcleos de agricultores sin tierra. Hoy las ligas agrarias son debiluchas, y perecen. Ese declive brota dispersión e ineficacia para organizarse y proteger su producción, así como la emigración a las ciudades del país y el exterior. También han apaciguado el descalabro de la izquierda y el tráfico y lavado de dinero con la venta de predios.
Como se constata en las descripciones y razonamientos predichos, en la Nueva Era de trabajos digitales, computación cuántica e inteligencia artificial, líderes políticos, socio-comunitarios y organizaciones de pelajes dispares no se han remozado en perspectivas de las otras expresiones ciudadanas y paradigmas emergentes en el hogar, la escuela y los cantones geográficos. Su morfema léxico se fue a pique.
Inequívocamente, no han comprendido que las ideas y potestades ya no se imponen únicamente con la coacción o coerción, sino con el diálogo tolerante, la cercanía con discursos moderados e inclinando el pandero en otros espacios de socialización. Si persisten obstinadamente sin girar gradualmente hacia metas prioritarias y alcanzables en el corazón de esas mutaciones societales, las viejas estructuras organizacionales seguirán carcomidas en el aislamiento, por el derrotero de la desarticulación sin retorno. ¡Qué adversidad!, ¡qué lamento!, y ¡qué calamidad!
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El autor: Periodista, escritor y catedrático.
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