Opinión
Contexto, impacto y trascendencia del asesinato de Las Hermanas Mirabal
Por Narciso Isa Conde
Este 25 de noviembre se cumplieron 60 años del asesinato de las tres hermanas Mirabal y su valiente acompañante Rufino de la Cruz ,y todavía no se ha logrado establecer una república libre y soberana, ni una sociedad justa y solidaria, pese a las recurrentes y heroicas rebeldías del pueblo dominicano por lograrlas.
La causa fundamental se debe al dominio ejercido por EE.UU sobre esta nación caribeña, ahora convertido en un imperio que padece una decadencia voraz y agresiva. Más débil que antes, pero más cruel.
· Carácter y contexto del crimen.
Se trató de un horrendo crimen político, de un asesinato de Estado, acompañado de una intensa saña machista por su condición de mujeres.
A la represalia política se le sumo la crueldad patriarcal del tirano y sus esbirros: las hermanas Mirabal -Patria, Minerva y María Teresa- fueron violadas y asesinadas a golpes; lo que justamente movió a la ONU a declarar esa fecha como “Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer”.
Ya antes de perpetrada esa modalidad de asesinato político, dos de ellas, Minerva y María Teresa -integrantes del Movimiento Revolucionario Clandestino 14 de Junio- habían sido apresadas y torturadas junto a centenares de jóvenes profesionales, estudiantes y trabajadores, entre ellos y ellas un conjunto de mujeres de la misma estirpe.
A esa fecha, el país había sido estremecido por las expediciones guerrilleras del 14 y el 19 de 1959, procedentes de la Cuba Revolucionaria con el apoyo directo y el aliento de Fidel, Raúl y Ernesto –Che- Guevara, y con la participación del Comandante de Sierra Maestra Delio Gómez Ochoa y otros internacionalistas cubanos, venezolanos, estadounidenses y españoles.
Expediciones heroicas, las cuales -aun derrotadas militarmente- agrietaron la muralla del despotismo y generaron un impresionante oposición interna encarnada por el Movimiento Revolucionario 14 de Junio.
El revés militar rápidamente se convirtió en victoria política.
Minerva Mirabal y su esposo, Manuel Aurelio Tavares Justo, jugaron un papel relevante en su organización y su accionar… hasta que en enero del 1960 el naciente movimiento revolucionario, inspirado en el avanzado programa de esas expediciones, fue detectado y brutalmente reprimido por el régimen trujillista.
Las cárceles se llenaron de jóvenes torturados, y la indignación y la rebeldía se dispararon a niveles sin precedentes en los 30 años anteriores de dictadura.
· Razones del odio del tirano a Minerva.
Trujillo cultivó un odio especial hacia Minerva Mirabal, que pese a su condición de mujer y al peso negativo de la ideología patriarcal, alcanzó un liderazgo de alto calibre.
El odio se debió no sólo porque el tirano la acosó sexualmente y ella lo rechazó, algo insólito en esos tiempos; sino, sobre todo, porque mostró una firmeza, una persistencia y un talento político impresionantes y desafiantes.
Pero además –y no menos importantes- por sus antecedentes políticos: ya antes, en 1946-47, Minerva había pertenecido a la Juventud Democrática formada por el Partido Socialista Popular-PSP, primer partido comunista de la República Dominicana, que en plena Revolución Popular Democrática de Abril de 1965 y durante la Guerra Patria contra el yanqui invasor, cambió el nombre por el de Partido Comunista Dominicano-PCD.
Minerva fue impactada entonces por las ideas marxistas, estudió obras de Carlos Marx y asumió el proyecto socialista; algo que generalmente se oculta desde los poderes establecidos, a pesar de ser considerada heroína nacional y posiblemente por eso: para no darle esos méritos a las izquierdas de entonces.
Patria fue la hermana solidaria de Minerva y María Teresa, y Rufino mucho más que un chofer o un simple empleado -como se le quiera presentar para minimizarlo por su condición proletaria- era un joven trabajador valiente y con conciencia política, presto a desafiar la tiranía a cualquier riesgo.
· Del asesinato de las Mirabal y de Rufino al ajusticiamiento del tirano y sus por qué.
Ese cuádruple crimen, en medio de la crisis que ya estremecía la dictadura, determinó que el Departamento de Estado y la CÍA optaran por “salir” de Trujillo bajo el lema de “impedir otra Cuba en el Caribe”.
El complot inducido por el imperialismo dio su fruto el 30 de mayo de 1961, día en que el tirano fue ajusticiado; quedando intactas las estructuras militares-policiales del régimen y el control de EEUU sobre ellas.
Eso le facilitó al imperio -el cual nos había intervenido militarmente de 1916 a 1924 y había construido la guardia nacional y aupado a Trujillo- imponernos una “destrujillización” superficial y una transición controlada y vigilada por su flota naval ubicada en las proximidades de la costas dominicanas.
De todas maneras se vio forzado a aceptar las primeras elecciones democráticas en los últimos 31 años y ahí mismo se le dañó el pastel con el triunfo de Juan Bosch y la vigencia de la Constitución Democrática de 1963; inspirada en la Constitución de 1940 de Cuba y en el programa de los héroes de Junio, profundamente democrática y socialmente reformadora.
· El Golpe, Abril y la Invasión.
Entonces no se hizo esperar la conspiración golpista dirigida desde Washington, con participación de la oligarquía tradicional y la jefatura militar.
El Golpe de Estado se consumó siete meses después, justamente el 25 de septiembre de 1963, abriendo un periodo de resistencias y rebeldías populares por el restablecimiento del gobierno democrático y de la Constitución de 1963…
Ese periodo culminó el 24 de abril de 1965 en una insurrección cívico-militar victoriosa encabezada por los coroneles Caamaño Deño y Fernández Domínguez, y sustentada en los comandos de soldados, trabajadores/as, profesionales, pueblo empobrecido, campesinos y estudiantes; una especie de consejos populares y órganos de poder popular.
El viejo ejército fue desmantelado y surgió uno nuevo, producto de la unión de los militares partidarios de la Constitución de 1963 y el pueblo en armas.
El coronel Caamaño presidió el nuevo gobierno con el respaldo de Bosch que estaba exiliado en Puerto Rico.
Se trataba del inicio de una revolución política y social, profundamente democrática y soberana, llamada a arrancar de raíz el despotismo, la tiranía y la colonización histórica.
EE.UU, para frustrar esas metas, lanzó contra ella 42 mil marines y en cuatro meses enfrentado a una heroica resistencia nacional logró finalmente su propósito hasta la fecha.
· El vía crucis de las seudo-democracias dependientes y el valor del 25 de noviembre para derrotarlas.
Desde entonces, en los últimos 55 años ha reinado la contrarrevolución con modalidades de seudo-democracias y con partidos y gobernantes conservadores, corruptos, neo-liberalizados, derechizados y entreguistas.
Primero con sucesivos gobiernos presididos durante 20 años (en dos etapas) por Joaquín Balaguer y su Partido Reformista Socialcristiano-PRSC, heredero político de Trujillo; y luego bajo las Administraciones del Partido Revolucionario Dominicano-PRD y el Partido de la Liberación Dominicana-PLD, presididas sucesivamente por Antonio Guzmán, Jacobo Majluta, Jorge Blanco, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina… hasta llegar al presente Gobierno de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno-PRM, producto de la división del PRD y empeñado ahora en imponer los más altos niveles de lacayismo y subordinación a EEUU en la historia reciente y la más perversa asociación con la gran burguesía transnacional y sus socios locales.
El impacto degradante de la intervención yanqui ha sido tan potente e intenso, que a pesar de que el PRD y sus derivadas PLD y PRM participaron en la Revolución y la Guerra Patria de 1965, terminaron en las redes del imperio; algo que también le pasado a una parte de las izquierdas y del llamado “progresismo”.
Un enorme fardo de explotación, corrupción, abusos de poder, dependencia, indignidades, desigualdades, empobrecimiento material y espiritual han volcado esos gobiernos, partidos y gobernantes tutelados por el Coloso del Norte y la oligarquía capitalista local.
Eso explica la fuerza y trascendencia de las tres heroínas masacradas y de su acompañante asesinado, referencias obligadas, no solo para llevarles flores a sus tumbas y rendirles homenajes formales, sino sobre todo como ejemplos a seguir, fuentes de inspiración y referentes obligados de un proyecto liberador truncado e inconcluso, pero pendiente de realización, en tanto necesidad nacional cada vez más imperiosa.
Por Rommel Santos Diaz
El Fiscal, después de evaluar la información de que disponga, iniciará una investigación a menos que determine que no existe fundamento razonable para proceder a ella con arreglo en cuenta las siguientes circunstancias:
- a)La información de que dispone constituye fundamento razonable para creer que se ha cometido o se está cometiendo un crimen de la competencia de la Corte Penal Internacional;
- b)La causa es o sería admisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma;
- c)Existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no redundaría en interés de la justicia.
El Fiscal, si determinare que no hay fundamento razonable para proceder a la investigación y la determinación se basará únicamente en lo señalado anteriormente, lo comunicará a la Sala de Cuestiones Preliminares.
Si, tras la investigación, el Fiscal llega a la conclusión de que no hay fundamento suficiente para el enjuiciamiento ya que:
- a)No existe una base suficiente de hecho o de derecho para pedir una orden de detención o de comparecencia de conformidad con el artículo 58 del Estatuto de Roma;
- b)La causa es inadmisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma ; o
- c)El enjuiciamiento no redundaría en interés de la justicia, teniendo en cuenta todas las circunstancias, entre ellas la gravedad del crimen, los intereses de las víctimas y la edad o enfermedad del presunto autor y su participación en el presunto crimen, notificará su conclusión motivada a la Sala de Cuestiones Preliminares y al Estado que haya remitido el asunto de conformidad con el artículo 14 del Estatuto o al Consejo de Seguridad si se trata de un caso previsto en el artículo 13 del Estatuto de Roma.
Por otro lado, a petición del Estado que haya remitido el asunto con arreglo al artículo 14 del Estatuto de Roma o del Consejo de Seguridad de conformidad con el artículo 13, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá examinar la decisión del Fiscal de no proceder a la investigación de conformidad con este mismo artículo y pedir al Fiscal que reconsidere esa decisión.
Además la Sala de Cuestiones Preliminares podrá, de oficio, revisar una decisión del Fiscal de no proceder a la investigación si dicha decisión se basará únicamente en el párrafo 1 c) o 2 c) del artículo 13 del Estatuto de Roma. En este caso, la decisión del Fiscal únicamente surtirá efecto si es confirmada por la Sala de Cuestiones Preliminares.
Finalmente, el Fiscal podrá reconsiderar en cualquier momento su decisión de iniciar una investigación o enjuiciamiento sobre la base de nuevos hechos o nuevas informaciones.
Por Isaías Ramos
Mil doscientos millones de pesos para señalización turística. A la vez, se denuncian escuelas de jornada extendida con carencias de agua, baños, aulas, comedores y espacios adecuados.
No son partidas presupuestarias jurídicamente intercambiables. Pero sí revelan algo más profundo: qué problemas reciben recursos y urgencia del Estado, y cuáles continúan esperando.
La pregunta es inevitable:
¿Para quién está funcionando nuestro crecimiento?
La República Dominicana ha crecido. Negarlo sería absurdo. Han aumentado el turismo, la inversión extranjera, las exportaciones y el PIB. Pero durante más de tres décadas hemos confundido crecimiento con desarrollo, como si una cifra macroeconómica pudiera sustituir el bienestar de una familia.
Nuestra Constitución establece otra jerarquía. El artículo 8 dispone que la función esencial del Estado es proteger los derechos de la persona, respetar su dignidad y procurar su desarrollo dentro de un marco de justicia social y bienestar general. El artículo 217 ordena orientar el régimen económico hacia el desarrollo humano.
La Constitución no coloca al ciudadano al servicio de la economía. Coloca la economía al servicio del ciudadano.
El crecimiento es un medio, no el fin de la República. Podemos exhibir excelentes indicadores mientras demasiados dominicanos compran agua, pagan de su bolsillo educación y salud y viven en comunidades donde el progreso parece pasar de largo.
El modelo ha consolidado rasgos de rentismo, extractivismo y exclusión. Extraemos minerales, pero también obtenemos rentas del agua, las costas, el suelo y el paisaje. Facilitamos inversiones, concedemos incentivos y construimos infraestructura pública. Eso puede ser legítimo y necesario. La pregunta es qué recibe la nación a cambio.
Las playas muestran esa contradicción con claridad. El artículo 15 de la Constitución las reconoce como bienes de dominio público y de libre acceso. Sin embargo, en distintos lugares el ciudadano encuentra dificultades para acceder a costas rodeadas por proyectos que monetizan aquello que pertenece a todos.
La empresa construyó el hotel.
Pero no construyó el mar.
No creó la playa.
No produjo el paisaje.
Cuando un bien natural colectivo se convierte de hecho en atributo de exclusividad comercial, debemos preguntar quién captura la renta, quién asume los costos y qué pierde la nación.
El turismo no es enemigo del país. La empresa privada tampoco. Necesitamos inversión que genere empleos dignos, fortalezca proveedores nacionales, contribuya fiscalmente, transfiera conocimientos, respete el medioambiente y deje comunidades más prósperas.
No queremos menos crecimiento. Queremos crecimiento que produzca desarrollo.
No queremos menos inversión. Queremos inversión que fortalezca a la nación que la hace posible.
No todo incremento del PIB equivale a mayor bienestar ni necesariamente a mayor riqueza nacional neta. Si al crecer agotamos acuíferos, degradamos costas, acumulamos pasivos ambientales o convertimos privilegios temporales en derechos permanentes, podemos contabilizar como progreso la pérdida de nuestro patrimonio. Ninguna nación puede llamar desarrollo a aquello que mejora las cuentas de esta generación a costa de la siguiente.
El Estado no está ausente. Está selectivamente presente.
Construye carreteras, facilita inversiones, protege propiedades, concede incentivos y promueve destinos. Y debe hacerlo. El problema es que demasiadas veces no muestra la misma eficacia y urgencia para garantizar agua potable, educación, salud, seguridad, saneamiento y servicios públicos dignos.
Ese desequilibrio erosiona la esencia del Estado social y democrático de derecho.
No necesitamos escoger entre empresa y pueblo, ni entre inversión y justicia social. Esa es una falsa disyuntiva. Debemos medir el éxito nacional no solo por cuánto crece la economía, sino por cómo crece, quién recibe sus beneficios, quién asume sus costos y qué deja en el país.
Eso exige proteger el acceso público a los bienes comunes; condicionar los incentivos fiscales a resultados verificables; incorporar los costos ambientales; promover empleo formal, encadenamientos productivos y contribución fiscal; y someter las grandes decisiones al interés general.
Pero la transformación no corresponde únicamente al Estado. Requiere ciudadanos dispuestos a vigilar, participar, exigir cuentas y defender aquello que pertenece a todos.
La República Dominicana necesita más que corregir políticas aisladas. Necesita un proyecto de nación capaz de unificar esfuerzos, ordenar prioridades y fijar metas para saldar una deuda social acumulada durante décadas: un proyecto que convierta crecimiento en desarrollo, desarrollo en derechos y derechos en oportunidades reales.
Ese proyecto no supone renunciar al turismo, al capital ni a empresas prósperas. Supone ponerlos al servicio de algo superior: una economía al servicio de una nación.
Debemos reconocer una verdad incómoda: hemos sido mucho más persistentes construyendo crecimiento que construyendo desarrollo.
Es tiempo de recuperar la jerarquía constitucional:
Primero la persona.
Primero su dignidad.
Primero el bien común.
Y entonces el mercado, la inversión y el crecimiento como instrumentos para alcanzarlos.
Al final, la historia no nos preguntará cuánto creció la economía. Nos preguntará qué país dejamos.
Entonces tendremos que responder:
¿De qué sirvió crecer si, mientras crecíamos, fuimos perdiendo aquello que pertenecía a todos?
Ante esa pregunta, la indiferencia no debe ser una opción.
Por Oscar López Reyes
En 1976, en Barahona yo ganaba 100 pesos mensuales en dos trabajos –en el gobierno y en un medio de comunicación- cubría holgadamente los gastos de mi recién formada familia de cuatro miembros, y me sobraba dinero. Caminaba las calles del pueblo como un privilegiado, sin deudas ni estrés. Dormía como un lirón por el estilo de vida sobrio y albergaba una gran esperanza en el futuro.
Como en la mayoría de las casas, en la mía no había televisión, teléfono, nevera, aire acondicionado y mucho menos un vehículo de motor. Tampoco estufa, licuadora, inversor ni botellones de agua, porque por una tubería llegaba sin pagar un solo centavo, igual que la basura, y se pagaban chelitos por el consumo de luz. En el liceo no se cobraba.
En los patios de las dos casas alquiladas donde vivía, en las céntricas calles Colón casi esquina Duvergé y Jaime Mota casi esquina José María Cabral, había frondosos árboles de mangos y limoncillos (quenepas), y en la última anafres (hornillos para cocinar con carbón) y una letrina surtida con periódicos y fundas de papel –provenientes de colmados- para el aseo defecatorio.
Esos pliegos sanitarios representaban una muestra de progreso, porque en las afueras de la ciudad y en las lomas, como Chene, en Enriquillo, para la limpieza tras las necesidades fisiológicas se acudía, en los montes, a piedras, hojas verdes, tusas de maíz y troncos leñosos -en forma giratoria- que se ramificaban desde el suelo.
Entre 1973-1976 en colmados y almacenes –no existían supermercados- se compraban menos de 20 productos hogareños, con precios establecidos por la Dirección General de Control de Precios. Una libra de arroz costaba 8 centavos, una libra de habichuelas 7 centavos, una libra de azúcar 4 cheles, una libra de carne 10 cheles y una botella de aceite comestible valía 30 centavos.
A primera hora de la mañana y en la tardecita se vendía a 8 y 10 cheles una botella o litro de leche de vaca, bien pura, acabada de llegar en bidones desde fincas ganaderas de Amador Pons, Sarita Báez, Buchinche Pérez Espinosa, los hermanos Milongo y Napó (Napoleón) Pérez, los hermanos Dámaso y Zulema López (mis tíos) y otros.
Los gastos eran restringidos, y los regalos escasos, porque muy pocos celebraban cumpleaños o visitaban restaurantes. Predominaba el consumo de helados, principalmente los domingos, antes y después de las retretas del Parque Central.
Esos precios son recordados por mercaderes y amas de casa de la época, debido a que no existían estadísticas de la canasta básica de consumo en pesos dominicanos, en virtud de que, justamente en 1976, el Banco Central fue cuando inició la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH).
A la postre, la compra alimenticia mensual para ocho personas –porque había que separar manjares para los vecinos más cercanos y los padres de los esposos- ascendía a menos de 20 pesos mensuales. Otros gastos: Un par de zapatos de la fábrica gubernamental Fac Doc costaba 4 pesos, y cuando al prestamista “Viste Encuero”, muy conocido en el mercado público y los predios judiciales de Barahona, los días 25 –fecha de pago en el gobierno- le avanzaban 50 centavos de un crédito de 7 pesos, los aceptaba gustosamente.
En esos años, el peso dominicano tenía una paridad con el dólar estadounidense, o sea, uno por uno. Para las transacciones cotidianas, junto a las monedas de 5, 10, 25 y 50 centavos, la de un centavo circuló hasta 1987, con la efigie de Caonabo, cuyo poder adquisitivo fue anulado por la inflación, aunque no se conoce la emisión de una resolución definitiva del Banco Central que la despoje de su poder liberatorio.
Aquellos conmemorados, bien recordados y limpiecitos 100 pesos mensuales: 60 de la Corte de Apelación (no se registraba ninguna deducción de impuestos sobre la renta ni de seguridad social) y 40 pesos de Radio Barahona equivalen, a junio de 2026, a 125 mil 898 pesos con 56 centavos nominales, calculando el Índice de Precios al Consumidor, año por año, el valor del capital y el efecto inflacionario. A este último salario, la Dirección General de Impuestos Internos le reduce a 98 mil 400 pesos con 44 centavos, porque se le aplica un descuento de 27 mil 498 pesos con 12 por aportes de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y el Impuesto sobre la Renta (ISR).
¡Ah, consumismo y lujos!
¡Uy, prima del dólar!
¡Guau, globalización!
Entre 1973 y 1976 yo andaba despacio, a pie, relax y divertido, de un sitio a otro por las calles de Barahona como un afortunado, porque en la Corte de Apelación (juicios penales y civiles) me desempeñaba como mecanógrafo y mensajero ocasional, ya que estaba responsabilizado de buscar, el 25 de cada mes en las oficinas de Correo, los cheques de los jueces Federico Neftalio Cuello López (Nene), Doro Buenaventura Vásquez, Máximo Deñó, Rafael Dotel Recio y David Vicente Vidal Matos, y el procurador general de ese tribunal, Secundino Gómez Pérez (Jumito), máximas autoridades judiciales de la provincia.
El día 25, los magistrados arribaban a la Corte más temprano que nunca, caminando desde sus casas, sin parafernalias. Recuerdo cuando los secretarios de la Corte, Rafael Alfredo Pérez Rocha (Fellito Tinina), y la Procuraduría, Alejandro Rocha Peña (Mingolito), les entregaban a los jueces los emolumentos que devengaban: unos 250 pesos. Fungían como alguaciles Rafael Matos (Alito), Ignacio Mota y Luis Marino Arias. De unos 20 empleados de ese tribunal, solo sobreviven este último, hoy notario público; el extogado David Vidal, la entonces escribiente Teresa Peña y este servidor.
Yo era el menor de edad y el de más bajo salario: 60 pesos mensuales, el mínimo estatal, y cumplía el horario de 7:30 a.m. a 1:30 p. m. En la segunda jornada laboraba, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, como secretario auxiliar de Rodolfo Z. Lama Jaar, propietario de Radio Barahona, Radio Pedernales, Radio Jimaní y Radio Neyba. Redactaba cartas, anuncios y notas luctuosas, nutrido por mis primeras prácticas escriturales en los clubes culturales y en los murales de la Juventud Comunista (Pacoredo) del liceo secundario Federico Henríquez y Carvajal.
El 11 de febrero de 2026 -justo 50 años después, porque ingresé en el citado mes- volví a las oficinas de la Corte de Apelación de Barahona y la nostalgia me envolvió con los cambios experimentados: existía uno que otro escritorio de caoba, pero ni en sombra las máquinas mecánicas Olympia, Olivetti y Remington, y prácticamente todos los jueces y empleados de 1973-1976 viajaron a un espacio inhóspito. El salario mínimo es de 20 mil 500 pesos y los titulares de Corte de Apelación ganan desde 260 mil 859 hasta más de 362 mil 304 pesos.
Albricias: Aparecieron los datos de mi ingreso al Poder Judicial, y me expidieron la certificación pertinente. El juez presidente de la Cámara Penal de la Corte y juez coordinador del Departamento Judicial (Barahona, Pedernales, Bahoruco e Independencia), Joselín Moreta Carrasco, me dispensó la más esplendorosa atención. Lo que no dijo el texto fue que fui cancelado -el más próspero premio de mi vida, porque tuve que emigrar forzosamente a Santo Domingo- por negarme a ingresar al Partido Reformista del gobernante presidente Joaquín Balaguer. ¡Qué vida Balaguer!
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y comentarista de medios escritos, televisivos y digitales.