Opinión
Contexto, impacto y trascendencia del asesinato de Las Hermanas Mirabal
Por Narciso Isa Conde
Este 25 de noviembre se cumplieron 60 años del asesinato de las tres hermanas Mirabal y su valiente acompañante Rufino de la Cruz ,y todavía no se ha logrado establecer una república libre y soberana, ni una sociedad justa y solidaria, pese a las recurrentes y heroicas rebeldías del pueblo dominicano por lograrlas.
La causa fundamental se debe al dominio ejercido por EE.UU sobre esta nación caribeña, ahora convertido en un imperio que padece una decadencia voraz y agresiva. Más débil que antes, pero más cruel.
· Carácter y contexto del crimen.
Se trató de un horrendo crimen político, de un asesinato de Estado, acompañado de una intensa saña machista por su condición de mujeres.
A la represalia política se le sumo la crueldad patriarcal del tirano y sus esbirros: las hermanas Mirabal -Patria, Minerva y María Teresa- fueron violadas y asesinadas a golpes; lo que justamente movió a la ONU a declarar esa fecha como “Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer”.
Ya antes de perpetrada esa modalidad de asesinato político, dos de ellas, Minerva y María Teresa -integrantes del Movimiento Revolucionario Clandestino 14 de Junio- habían sido apresadas y torturadas junto a centenares de jóvenes profesionales, estudiantes y trabajadores, entre ellos y ellas un conjunto de mujeres de la misma estirpe.
A esa fecha, el país había sido estremecido por las expediciones guerrilleras del 14 y el 19 de 1959, procedentes de la Cuba Revolucionaria con el apoyo directo y el aliento de Fidel, Raúl y Ernesto –Che- Guevara, y con la participación del Comandante de Sierra Maestra Delio Gómez Ochoa y otros internacionalistas cubanos, venezolanos, estadounidenses y españoles.
Expediciones heroicas, las cuales -aun derrotadas militarmente- agrietaron la muralla del despotismo y generaron un impresionante oposición interna encarnada por el Movimiento Revolucionario 14 de Junio.
El revés militar rápidamente se convirtió en victoria política.
Minerva Mirabal y su esposo, Manuel Aurelio Tavares Justo, jugaron un papel relevante en su organización y su accionar… hasta que en enero del 1960 el naciente movimiento revolucionario, inspirado en el avanzado programa de esas expediciones, fue detectado y brutalmente reprimido por el régimen trujillista.
Las cárceles se llenaron de jóvenes torturados, y la indignación y la rebeldía se dispararon a niveles sin precedentes en los 30 años anteriores de dictadura.
· Razones del odio del tirano a Minerva.
Trujillo cultivó un odio especial hacia Minerva Mirabal, que pese a su condición de mujer y al peso negativo de la ideología patriarcal, alcanzó un liderazgo de alto calibre.
El odio se debió no sólo porque el tirano la acosó sexualmente y ella lo rechazó, algo insólito en esos tiempos; sino, sobre todo, porque mostró una firmeza, una persistencia y un talento político impresionantes y desafiantes.
Pero además –y no menos importantes- por sus antecedentes políticos: ya antes, en 1946-47, Minerva había pertenecido a la Juventud Democrática formada por el Partido Socialista Popular-PSP, primer partido comunista de la República Dominicana, que en plena Revolución Popular Democrática de Abril de 1965 y durante la Guerra Patria contra el yanqui invasor, cambió el nombre por el de Partido Comunista Dominicano-PCD.
Minerva fue impactada entonces por las ideas marxistas, estudió obras de Carlos Marx y asumió el proyecto socialista; algo que generalmente se oculta desde los poderes establecidos, a pesar de ser considerada heroína nacional y posiblemente por eso: para no darle esos méritos a las izquierdas de entonces.
Patria fue la hermana solidaria de Minerva y María Teresa, y Rufino mucho más que un chofer o un simple empleado -como se le quiera presentar para minimizarlo por su condición proletaria- era un joven trabajador valiente y con conciencia política, presto a desafiar la tiranía a cualquier riesgo.
· Del asesinato de las Mirabal y de Rufino al ajusticiamiento del tirano y sus por qué.
Ese cuádruple crimen, en medio de la crisis que ya estremecía la dictadura, determinó que el Departamento de Estado y la CÍA optaran por “salir” de Trujillo bajo el lema de “impedir otra Cuba en el Caribe”.
El complot inducido por el imperialismo dio su fruto el 30 de mayo de 1961, día en que el tirano fue ajusticiado; quedando intactas las estructuras militares-policiales del régimen y el control de EEUU sobre ellas.
Eso le facilitó al imperio -el cual nos había intervenido militarmente de 1916 a 1924 y había construido la guardia nacional y aupado a Trujillo- imponernos una “destrujillización” superficial y una transición controlada y vigilada por su flota naval ubicada en las proximidades de la costas dominicanas.
De todas maneras se vio forzado a aceptar las primeras elecciones democráticas en los últimos 31 años y ahí mismo se le dañó el pastel con el triunfo de Juan Bosch y la vigencia de la Constitución Democrática de 1963; inspirada en la Constitución de 1940 de Cuba y en el programa de los héroes de Junio, profundamente democrática y socialmente reformadora.
· El Golpe, Abril y la Invasión.
Entonces no se hizo esperar la conspiración golpista dirigida desde Washington, con participación de la oligarquía tradicional y la jefatura militar.
El Golpe de Estado se consumó siete meses después, justamente el 25 de septiembre de 1963, abriendo un periodo de resistencias y rebeldías populares por el restablecimiento del gobierno democrático y de la Constitución de 1963…
Ese periodo culminó el 24 de abril de 1965 en una insurrección cívico-militar victoriosa encabezada por los coroneles Caamaño Deño y Fernández Domínguez, y sustentada en los comandos de soldados, trabajadores/as, profesionales, pueblo empobrecido, campesinos y estudiantes; una especie de consejos populares y órganos de poder popular.
El viejo ejército fue desmantelado y surgió uno nuevo, producto de la unión de los militares partidarios de la Constitución de 1963 y el pueblo en armas.
El coronel Caamaño presidió el nuevo gobierno con el respaldo de Bosch que estaba exiliado en Puerto Rico.
Se trataba del inicio de una revolución política y social, profundamente democrática y soberana, llamada a arrancar de raíz el despotismo, la tiranía y la colonización histórica.
EE.UU, para frustrar esas metas, lanzó contra ella 42 mil marines y en cuatro meses enfrentado a una heroica resistencia nacional logró finalmente su propósito hasta la fecha.
· El vía crucis de las seudo-democracias dependientes y el valor del 25 de noviembre para derrotarlas.
Desde entonces, en los últimos 55 años ha reinado la contrarrevolución con modalidades de seudo-democracias y con partidos y gobernantes conservadores, corruptos, neo-liberalizados, derechizados y entreguistas.
Primero con sucesivos gobiernos presididos durante 20 años (en dos etapas) por Joaquín Balaguer y su Partido Reformista Socialcristiano-PRSC, heredero político de Trujillo; y luego bajo las Administraciones del Partido Revolucionario Dominicano-PRD y el Partido de la Liberación Dominicana-PLD, presididas sucesivamente por Antonio Guzmán, Jacobo Majluta, Jorge Blanco, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina… hasta llegar al presente Gobierno de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno-PRM, producto de la división del PRD y empeñado ahora en imponer los más altos niveles de lacayismo y subordinación a EEUU en la historia reciente y la más perversa asociación con la gran burguesía transnacional y sus socios locales.
El impacto degradante de la intervención yanqui ha sido tan potente e intenso, que a pesar de que el PRD y sus derivadas PLD y PRM participaron en la Revolución y la Guerra Patria de 1965, terminaron en las redes del imperio; algo que también le pasado a una parte de las izquierdas y del llamado “progresismo”.
Un enorme fardo de explotación, corrupción, abusos de poder, dependencia, indignidades, desigualdades, empobrecimiento material y espiritual han volcado esos gobiernos, partidos y gobernantes tutelados por el Coloso del Norte y la oligarquía capitalista local.
Eso explica la fuerza y trascendencia de las tres heroínas masacradas y de su acompañante asesinado, referencias obligadas, no solo para llevarles flores a sus tumbas y rendirles homenajes formales, sino sobre todo como ejemplos a seguir, fuentes de inspiración y referentes obligados de un proyecto liberador truncado e inconcluso, pero pendiente de realización, en tanto necesidad nacional cada vez más imperiosa.
Por el Dr. Isaías Ramos
En una época marcada por desafíos sociales y políticos sin precedentes, la necesidad de fortalecer los cimientos de una sociedad basada en la dignidad, la equidad, la libertad y la democracia es más urgente que nunca. La búsqueda de un futuro más justo y equitativo para todos nuestros ciudadanos requiere un compromiso renovado con estos principios fundamentales, esenciales para el bienestar y el progreso de nuestra nación.
La libertad individual permite a cada persona expresar sus ideas, creencias y opiniones sin temor a represalias. Es un derecho intrínseco y un pilar indispensable de cualquier sociedad que aspira a ser justa y equitativa. Esta libertad es la esencia misma de la dignidad humana y debe ser defendida con vigor en todos los frentes, especialmente en tiempos donde puede ser amenazada por intereses partidistas o agendas autoritarias.
Paralelamente, la democracia, entendida como el sistema político que facilita la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan sus vidas, es crucial para la salud de nuestro tejido social. A través de una democracia robusta y vibrante, podemos garantizar que los derechos fundamentales de cada individuo sean respetados y que las políticas públicas reflejen verdaderamente las necesidades e intereses del pueblo.
Sin embargo, debemos reconocer que la libertad y la democracia no son solo aspiraciones ideales; son principios concretos y palpables que deben guiar nuestras acciones cotidianas. La defensa constante y la promoción de estos valores son cruciales para mantener una sociedad justa, libre de opresión y capaz de adaptarse a los cambios de nuestro mundo globalizado.
Es esencial fortalecer las instituciones democráticas existentes para garantizar su transparencia, eficiencia e integridad. El respeto irrestricto al Estado de Derecho y el cumplimiento riguroso de las leyes son fundamentales en la protección de los derechos individuales y colectivos. Estos principios no solo preservan el orden, sino que también promueven un clima de confianza y seguridad que es vital para la estabilidad social y el desarrollo económico.
La educación desempeña un rol crucial en este panorama, actuando como el medio por el cual se inculcan los valores cívicos necesarios para fomentar una cultura basada en el respeto mutuo, la tolerancia y el diálogo constructivo. A través del acceso universal a una educación inclusiva y equitativa, podemos formar a ciudadanos informados y críticos, capacitados para participar de manera activa y consciente en la vida política y social del país.
En el Frente Cívico y Social entendemos que en estos tiempos donde las amenazas contra la libertad individual y los principios democráticos son evidentes y crecientes, es responsabilidad de todos nosotros defender estos derechos inalienables con valentía y determinación. No podemos ser complacientes ni pasivos; el compromiso con la libertad y la democracia debe ser activo y constante.
Es por esa razón que en el FCS creemos que un llamado a la acción no es solo un imperativo moral, sino también una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con un futuro donde cada persona pueda vivir con dignidad y equidad bajo un sistema robusto basado en principios sólidos e incluyentes. Juntos debemos trabajar incansablemente por fortalecer nuestra democracia, preservar nuestra libertad individual e impulsar una sociedad donde reine la justicia social para todos sus habitantes.
No dejemos pasar la oportunidad de ser parte de la construcción de un país que no solo aspire a la grandeza económica, sino que también fomente un ambiente de respeto mutuo y oportunidades equitativas. ¡Juntos, podemos construir el país digno, libre e igualitario que todos anhelamos!
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
Según el artículo 1 del Estatuto de Roma la CPI tendrá la potestad de ejercer su competencia sobre las personas responsables ¨de los crímenes más graves de trascendencia internacional¨. El artículo 1 también estipula ̈La competencia y funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatutillo que significa que la CPI sólo tiene competencia sobre las personas mayores de 18 años en el momento en que se cometió el crimen.
El artículo 11 del Estatuto de Roma estipula que la CPI tiene competencia sólo respecto a los delitos cometidos posteriormente a la entrada en vigor del Estatuto de Roma .Si un Estado deviene Estado Parte luego de la entrada en vigor , entonces la CPI podrá ejercer su competencia sólo respecto a los crímenes cometidos luego de la entrada en vigor del Estatuto en ese Estado, excepto cuando se haga la declaración estipulada en el artículo 12, en que se acepte la competencia de la Corte como un Estado no Parte.
Si un Estado Parte desea enjuiciar a alguien por un crimen de la CPI deberá contar, como mínimo, con una legislación que le permita ejercer competencia territorial sobre tales delitos y competencia extraterritorial sobre sus nacionales que cometen los delitos en el extranjero.
Los Estados que deseen enjuiciar a una persona por un delito de la CPI deberán asegurarse de contar con la legislación nacional que les permita ejercer su competencia sobre aquellas personas que cometan estos delitos dentro de su territorio, y los nacionales que los cometan en el exterior. Esto podría requerir simplemente de una enmienda al código penal nacional.
Adicionalmente, el Estado podría tomar en cuenta para ejercer su competencia sería la ̈competencia universal ̈, tal y como se estipula en las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos de 1977, relacionados a las ¨faltas graves Cabe resaltar los distintos conceptos de ̈competencia universal¨ que existen: algunos interpretan este término en cuanto a que un Estado puede ejercer su competencia sobre cualquier persona que se encuentre en su territorio, mientras que otros lo interpretan de tal manera que significa que un Estado puede arrestar a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, sin tomar en cuenta cualquier relación que tenga con el Estado en cuestión. Además otros Estados podrían considerar incluir la competencia basada en el estatus de víctima.
Por Nelson Encarnación
Entre las preocupaciones que suelen perturbar el sueño de los gobernantes, la seguridad de los ciudadanos es una, si tomamos en cuenta que el Estado está obligado a garantizar la tranquilidad y el desplazamiento seguro de los gobernados.
Es por ello que asumir esta como una prioridad refiere el interés de que el territorio desenvuelva su cotidianidad dentro de un ambiente de paz y sosiego.
Sobre todo, un país como el nuestro, cuya economía está atada a dos renglones muy espantadizos: el turismo y la inversión extranjera directa.
Cuando el presidente Luis Abinader asume el combate a la delincuencia como una de sus preocupaciones—y también ocupaciones—es precisamente por el impacto negativo que esta tiene en el clima de negocios, pero igual por el interés de propiciar la tranquilidad nacional.
Con frecuencia escuchamos sobre el entendible temor que genera la delincuencia, lo que deja la impresión de que vivimos en el país más inseguro del continente, lo cual no es cierto.
Y no lo digo yo, sino el informe de InSight Crime de 2023, que recoge las cifras de homicidios en América Latina y el Caribe, en el cual aparecemos entre los más seguros de la región.
Según este informe, la tasa de homicidios se ubicó en 11.5 por cada 100,000 habitantes, una reducción del 7% respecto de 2022, lo que nos sitúa por debajo de países competidores en turismo como Jamaica (60.9), y Puerto Rico (14.4), para solo citar dos ejemplos caribeños.
El Ecuador revienta la balanza en países de más de 10 millones de habitantes, con la astronómica tasa de 44.5 homicidios por cada 100,000, (más que Haití, 40.9), con la agravante de que ha registrado un aumento del 74.5% en los últimos cinco años.
Una verdadera catástrofe sin fin, en contraste con su vecino Perú, que apenas registra 3.2 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Sobre nuestro país, el informe resalta que, a pesar de ser territorio de tránsito de cocaína, no experimentó un aumento en la violencia en 2023, sino una reducción del 7%.
“El crimen organizado no parece ser un detonante determinante de la violencia en la República Dominicana, ya que la mayor parte de los casos (45,4%) están relacionados con conflictos sociales, y solo el 24,3% parecen estar vinculados a la delincuencia”. Un dato importantísimo.