Opinión
Contexto, impacto y trascendencia del asesinato de Las Hermanas Mirabal
Por Narciso Isa Conde
Este 25 de noviembre se cumplieron 60 años del asesinato de las tres hermanas Mirabal y su valiente acompañante Rufino de la Cruz ,y todavía no se ha logrado establecer una república libre y soberana, ni una sociedad justa y solidaria, pese a las recurrentes y heroicas rebeldías del pueblo dominicano por lograrlas.
La causa fundamental se debe al dominio ejercido por EE.UU sobre esta nación caribeña, ahora convertido en un imperio que padece una decadencia voraz y agresiva. Más débil que antes, pero más cruel.
· Carácter y contexto del crimen.
Se trató de un horrendo crimen político, de un asesinato de Estado, acompañado de una intensa saña machista por su condición de mujeres.
A la represalia política se le sumo la crueldad patriarcal del tirano y sus esbirros: las hermanas Mirabal -Patria, Minerva y María Teresa- fueron violadas y asesinadas a golpes; lo que justamente movió a la ONU a declarar esa fecha como “Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer”.
Ya antes de perpetrada esa modalidad de asesinato político, dos de ellas, Minerva y María Teresa -integrantes del Movimiento Revolucionario Clandestino 14 de Junio- habían sido apresadas y torturadas junto a centenares de jóvenes profesionales, estudiantes y trabajadores, entre ellos y ellas un conjunto de mujeres de la misma estirpe.
A esa fecha, el país había sido estremecido por las expediciones guerrilleras del 14 y el 19 de 1959, procedentes de la Cuba Revolucionaria con el apoyo directo y el aliento de Fidel, Raúl y Ernesto –Che- Guevara, y con la participación del Comandante de Sierra Maestra Delio Gómez Ochoa y otros internacionalistas cubanos, venezolanos, estadounidenses y españoles.
Expediciones heroicas, las cuales -aun derrotadas militarmente- agrietaron la muralla del despotismo y generaron un impresionante oposición interna encarnada por el Movimiento Revolucionario 14 de Junio.
El revés militar rápidamente se convirtió en victoria política.
Minerva Mirabal y su esposo, Manuel Aurelio Tavares Justo, jugaron un papel relevante en su organización y su accionar… hasta que en enero del 1960 el naciente movimiento revolucionario, inspirado en el avanzado programa de esas expediciones, fue detectado y brutalmente reprimido por el régimen trujillista.
Las cárceles se llenaron de jóvenes torturados, y la indignación y la rebeldía se dispararon a niveles sin precedentes en los 30 años anteriores de dictadura.
· Razones del odio del tirano a Minerva.
Trujillo cultivó un odio especial hacia Minerva Mirabal, que pese a su condición de mujer y al peso negativo de la ideología patriarcal, alcanzó un liderazgo de alto calibre.
El odio se debió no sólo porque el tirano la acosó sexualmente y ella lo rechazó, algo insólito en esos tiempos; sino, sobre todo, porque mostró una firmeza, una persistencia y un talento político impresionantes y desafiantes.
Pero además –y no menos importantes- por sus antecedentes políticos: ya antes, en 1946-47, Minerva había pertenecido a la Juventud Democrática formada por el Partido Socialista Popular-PSP, primer partido comunista de la República Dominicana, que en plena Revolución Popular Democrática de Abril de 1965 y durante la Guerra Patria contra el yanqui invasor, cambió el nombre por el de Partido Comunista Dominicano-PCD.
Minerva fue impactada entonces por las ideas marxistas, estudió obras de Carlos Marx y asumió el proyecto socialista; algo que generalmente se oculta desde los poderes establecidos, a pesar de ser considerada heroína nacional y posiblemente por eso: para no darle esos méritos a las izquierdas de entonces.
Patria fue la hermana solidaria de Minerva y María Teresa, y Rufino mucho más que un chofer o un simple empleado -como se le quiera presentar para minimizarlo por su condición proletaria- era un joven trabajador valiente y con conciencia política, presto a desafiar la tiranía a cualquier riesgo.
· Del asesinato de las Mirabal y de Rufino al ajusticiamiento del tirano y sus por qué.
Ese cuádruple crimen, en medio de la crisis que ya estremecía la dictadura, determinó que el Departamento de Estado y la CÍA optaran por “salir” de Trujillo bajo el lema de “impedir otra Cuba en el Caribe”.
El complot inducido por el imperialismo dio su fruto el 30 de mayo de 1961, día en que el tirano fue ajusticiado; quedando intactas las estructuras militares-policiales del régimen y el control de EEUU sobre ellas.
Eso le facilitó al imperio -el cual nos había intervenido militarmente de 1916 a 1924 y había construido la guardia nacional y aupado a Trujillo- imponernos una “destrujillización” superficial y una transición controlada y vigilada por su flota naval ubicada en las proximidades de la costas dominicanas.
De todas maneras se vio forzado a aceptar las primeras elecciones democráticas en los últimos 31 años y ahí mismo se le dañó el pastel con el triunfo de Juan Bosch y la vigencia de la Constitución Democrática de 1963; inspirada en la Constitución de 1940 de Cuba y en el programa de los héroes de Junio, profundamente democrática y socialmente reformadora.
· El Golpe, Abril y la Invasión.
Entonces no se hizo esperar la conspiración golpista dirigida desde Washington, con participación de la oligarquía tradicional y la jefatura militar.
El Golpe de Estado se consumó siete meses después, justamente el 25 de septiembre de 1963, abriendo un periodo de resistencias y rebeldías populares por el restablecimiento del gobierno democrático y de la Constitución de 1963…
Ese periodo culminó el 24 de abril de 1965 en una insurrección cívico-militar victoriosa encabezada por los coroneles Caamaño Deño y Fernández Domínguez, y sustentada en los comandos de soldados, trabajadores/as, profesionales, pueblo empobrecido, campesinos y estudiantes; una especie de consejos populares y órganos de poder popular.
El viejo ejército fue desmantelado y surgió uno nuevo, producto de la unión de los militares partidarios de la Constitución de 1963 y el pueblo en armas.
El coronel Caamaño presidió el nuevo gobierno con el respaldo de Bosch que estaba exiliado en Puerto Rico.
Se trataba del inicio de una revolución política y social, profundamente democrática y soberana, llamada a arrancar de raíz el despotismo, la tiranía y la colonización histórica.
EE.UU, para frustrar esas metas, lanzó contra ella 42 mil marines y en cuatro meses enfrentado a una heroica resistencia nacional logró finalmente su propósito hasta la fecha.
· El vía crucis de las seudo-democracias dependientes y el valor del 25 de noviembre para derrotarlas.
Desde entonces, en los últimos 55 años ha reinado la contrarrevolución con modalidades de seudo-democracias y con partidos y gobernantes conservadores, corruptos, neo-liberalizados, derechizados y entreguistas.
Primero con sucesivos gobiernos presididos durante 20 años (en dos etapas) por Joaquín Balaguer y su Partido Reformista Socialcristiano-PRSC, heredero político de Trujillo; y luego bajo las Administraciones del Partido Revolucionario Dominicano-PRD y el Partido de la Liberación Dominicana-PLD, presididas sucesivamente por Antonio Guzmán, Jacobo Majluta, Jorge Blanco, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina… hasta llegar al presente Gobierno de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno-PRM, producto de la división del PRD y empeñado ahora en imponer los más altos niveles de lacayismo y subordinación a EEUU en la historia reciente y la más perversa asociación con la gran burguesía transnacional y sus socios locales.
El impacto degradante de la intervención yanqui ha sido tan potente e intenso, que a pesar de que el PRD y sus derivadas PLD y PRM participaron en la Revolución y la Guerra Patria de 1965, terminaron en las redes del imperio; algo que también le pasado a una parte de las izquierdas y del llamado “progresismo”.
Un enorme fardo de explotación, corrupción, abusos de poder, dependencia, indignidades, desigualdades, empobrecimiento material y espiritual han volcado esos gobiernos, partidos y gobernantes tutelados por el Coloso del Norte y la oligarquía capitalista local.
Eso explica la fuerza y trascendencia de las tres heroínas masacradas y de su acompañante asesinado, referencias obligadas, no solo para llevarles flores a sus tumbas y rendirles homenajes formales, sino sobre todo como ejemplos a seguir, fuentes de inspiración y referentes obligados de un proyecto liberador truncado e inconcluso, pero pendiente de realización, en tanto necesidad nacional cada vez más imperiosa.
Por Rommel Santos Diaz
A fin de garantizar el desarrollo de sus actividades, determinados funcionarios estatales gozan de una prerrogativa por medio de la cual no puede ser sometido a un proceso penal si previamente el Congreso, u otra instancia no otorga su autorización.
La inmunidad, como lo ha señalado la doctrina, es una institución que fue establecida con un objetivo concreto, cual es el de poner freno a las intenciones políticas de interrumpir el normal desarrollo de las actividades de una importante autoridad pública.
De acuerdo al Estatuto de Roma, esta prerrogativa de los altos funcionarios no constituye un impedimento para que pueda juzgarse a estas personas. Así lo establece el Art. 27 del Estatuto de Roma.
El artículo 27 del Estatuto de Roma establece que el mismo será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial.
En particular el cargo oficial, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno , miembro de un gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena.
Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleven el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no obstan para que la Corte Penal Internacional ejerza su competencia sobre ella.
La prerrogativa de la inmunidad se encuentra prevista en algunos casos en las normas constitucionales o en las leyes. En este último caso, cualquier posible contradicción con el Estatuto de Roma puede solucionarse con la reforma de la legislación respectiva.
Sin embargo, cuando la inmunidad se encuentra prevista en la constitución el asunto se complica, ya que por su naturaleza , es una norma que exige para su modificación un proceso más rígido.
Dr. Isaías Ramos
Durante casi treinta años, la República Dominicana ha recibido una advertencia tras otra sobre la calidad de su educación y la formación de sus ciudadanos.
Han cambiado gobiernos, programas, funcionarios y discursos.
Lo que demasiado poco ha cambiado son los resultados.
Cada vez que llega una nueva evaluación repetimos el mismo ritual: alarma, titulares, explicaciones, promesas. Después pasa la noticia y continuamos.
Así llevamos demasiado tiempo.
La Ley General de Educación 66-97 definió con extraordinaria claridad el ciudadano que debía formar la escuela dominicana.
Su artículo 5 ordena formar personas libres, críticas y creativas; ciudadanos amantes de su familia y de su patria, conscientes de sus deberes, derechos y libertades, con profundo sentido de responsabilidad y respeto a la dignidad humana. También manda fortalecer la identidad nacional y educar en valores morales y éticos, solidaridad, trabajo productivo y servicio comunitario.
Desde 2010, la Constitución reforzó ese mandato: formación social y cívica, enseñanza constitucional, valores patrios y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes.
El mandato nunca faltó.
Después llegaron las advertencias.
El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, PISA, ha mostrado reiteradamente graves dificultades de nuestros jóvenes para comprender, razonar y aplicar conocimientos en lectura, matemáticas y ciencias.
El Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana, ICCS, reveló profundas debilidades en conocimientos y competencias cívicas.
Nuestras propias Pruebas Nacionales también han mostrado desempeños modestos al concluir la secundaria.
Y la Encuesta de Cultura Democrática volvió a encender alarmas sobre dimensiones esenciales de nuestra cultura ciudadana.
No fueron hechos aislados.
Fueron advertencias acumuladas durante años.
Es justo reconocer avances. Entre PISA 2018 y 2022 el país mejoró significativamente en matemáticas, lectura y ciencias. Pero en 2025 esos avances no continuaron: los resultados fueron estadísticamente similares a los de 2022.
Después de mejorar, nos estancamos.
Y ahí surge la pregunta que la nación merece responder:
¿cómo es posible que, después de tantos diagnósticos, no hayamos tenido la voluntad política, la determinación institucional y la continuidad necesarias para implementar plenamente los fines educativos que nosotros mismos convertimos en ley y mandato constitucional?
No faltaron normas.
No faltaron pruebas.
No faltaron diagnósticos.
Faltaron voluntad política, determinación institucional y continuidad para convertir la educación y la formación ciudadana en una verdadera causa nacional.
Y eso tiene un costo humano.
Ya no hablamos solamente de porcentajes y rankings.
Hablamos de casi dos generaciones de dominicanos que atravesaron el sistema mientras sabíamos que no estábamos formando las competencias académicas y ciudadanas que necesitaban para dirigir sus vidas y, algún día, conducir la República.
¿Quién responde por ellos?
¿Dónde está el gran programa nacional para recuperar y fortalecer a quienes ya salieron de las aulas con brechas académicas y cívicas que el propio sistema había identificado?
En 2025, el Consejo Nacional de Educación aprobó la Ordenanza 02-2025 para incorporar explícitamente la Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana. Hoy vuelve a discutirse legislativamente la obligatoriedad de esa formación.
Bienvenidas sean esas iniciativas.
Pero debemos hacernos una pregunta más profunda:
¿cuántas veces tendremos que escribir la misma obligación antes de convertirla en conducta?
Porque el verdadero problema dominicano no parece ser la ausencia de normas, sino la distancia entre lo que proclamamos y lo que cumplimos.
Ahí la calle compite contra el aula.
Le enseñamos al niño a respetar la ley, pero observa que violarla puede no tener consecuencias.
Le hablamos de mérito mientras contempla favoritismo.
Le exigimos puntualidad mientras normalizamos la impuntualidad.
Le hablamos de responsabilidad mientras ve autoridades incumplir sus propias reglas.
Y debemos comprender algo esencial:
cada autoridad también educa.
Cuando quien ejerce poder incumple una norma sin consecuencias, está impartiendo una clase de educación cívica en sentido contrario.
Por eso no necesitamos simplemente otra asignatura.
Necesitamos una Revolución Cívica que abarque escuela, familia, iglesias, comunidad, empresa y Estado; que alcance también a quienes ya dejaron las aulas; que convierta el cumplimiento en hábito, el mérito en estímulo, el buen ejemplo en norma y la responsabilidad en valor nacional.
No se trata de buscar culpables eternos.
Se trata de asumir una responsabilidad histórica y corregir el rumbo.
Porque ninguna Constitución puede proteger una República cuyos ciudadanos aprenden a ignorarla.
Casi dos generaciones han atravesado ya este proceso.
Y serán esas mismas generaciones las que, tarde o temprano, recibirán la conducción del país.
Todavía estamos a tiempo de cambiar la enseñanza.
Pero el tiempo no es infinito.
La pregunta que debemos responder como nación es ésta:
¿seguiremos administrando el deterioro, o tendremos finalmente el carácter, la voluntad, la determinación y la fidelidad a nuestra Constitución necesarios para formar ciudadanos capaces de construir, respetar y defender la República que prometimos ser?
Por Oscar López Reyes
Demetrio, Higinio y Marcelo, exfuncionarios estatales imbuidos de un hinchado poder político, no prestaron oídos del precavido refrán: “A chica boca, chica sopa” y, cual volcán, cada uno por su lado se arrojó -como si tuvieran en misiones espaciales en diferentes temporadas y universos cósmicos- a hostigar y a perseguir a un periodista respetuoso y cumplidor. La maledicencia, agazapada en villanías, les hizo olvidar que para participar en foros había que tener los bozos limpios.
Ninguno de los tres judicializables estuvo en la mirilla del tranquilo Gael Otero, a quien jamás dejaron de incordiarlo inmisericordemente, sin motivo aparente. Empero, sin este reportero/articulista buscarlos, en sus manos se posaron -como si fueran enviados por un molesto extraterrestre- datos incriminatorios sobre sus acosadores, que lo dejaron perplejo. ¿Cuál fue su reacción?
Los hechos y personajes a ser descritos son reales, ocurridos en Santo Domingo, República Dominicana, en años recientes, aunque sus protagonistas pudieran llamarse Piernavieja (abogado), Pieldelobo (administrador de empresas) y Viejobueno (ingeniero). Sus verdaderos patronímicos son Demetrio Gabilondo, Higinio Quintana y Marcelo Mosquera, el trío diabólico que, visiblemente con el sistema límbico y el tronco encefálico dislocados, asediaron y se pusieron a la caza de Gael, como si fuera un ladrón. ”El cazador cazado”, ¡qué ironía!
Primero. Demetrio: en el examen de tesis de grado, un miembro del jurado al estudiante de periodismo Gael le asignó 98 y otro 95, que ponderaron la metodología en el abordaje, la capacidad investigativa y el pensamiento crítico. El tercer juez docente, Demetrio, emitió su veredicto sin consultar a sus dos colegas: un 40. Cuando el ya graduado aspiró a ser maestro, en un examen le colocó un 0 y en el año que presentó un proyecto para crear una unidad académica en la universidad estatal, lo boicoteó, a la clara. Posteriormente, este abogado lo importunaba en reuniones de las lides gremiales. ¿Y por qué…?, se preguntaba Gael.
Sorpresa: Un domingo en la mañana, mientras Gael chequeaba su agenda en la redacción del periódico Hoy, su director Virgilio Alcántara le entregó un documento que había recibido, con acusaciones comprometedoras contra Demetrio. Le instruyó enfáticamente para que profundizara en la investigación. Si no inquirí estos papeles, si este caballero me ha pisoteado insistentemente -reflexionó Gael- y ahora tengo esta encomienda del director del matutino, por qué no hacer mi trabajo y focalizar el tema con superficialidad.
La indagatoria duró más de una semana, y los hallazgos encontrados fueron demoledores. Escribió tres amplios reportajes y el director del rotativo los publicó en tres primeras páginas. El escándalo no pudo ser más vergonzoso, en el pico de la gravedad. El consejo directivo de la institución donde laboraba el jurista sesionó de emergencia, con el documento original y los reportajes en la mesa. La cancelación de Demetrio fue inevitable. ¡Vaya!
Marcelo: En los años 2018-19, a Gael pretendió trazarle pautas, sin ser su jefe; humillarlo e imponérsele, sin razón, en el organismo gubernamental en la cual ambos ofrecían sus servicios profesionales. Narcisista indecoroso y arrogante, Marcelo escudriñaba fallas en el accionar de Gael, para reportarlo ante la máxima autoridad. Cuando este difundía algún texto periodístico, lo separaba, subrayaba puntos específicos y lo llevaba al mando superior, su amigo de muchos años, con recomendaciones despiadadas. Jamás aceptó conciliación, aun comprobándose que incurría en irrefutables conflictos de intereses.
Asombro: Un colega y amigo del periodista Gael sintió estupor al enterarse del drama –a través de un tercero- y decidió rastrear las andanzas de Marcelo en la administración pública, así como sus actuales relaciones y comportamiento. Descubrió que como director administrativo-financiero hacía negocios con otras instituciones públicas. Siendo así, la única alternativa de la alta gerencia fue su despido. ¡Qué pena! ¿Acaso funge ahora con las mismas funciones en otra dependencia estatal?
Higinio: Después que, con el tráfico de influencia política, truculentamente este ingeniero se enriqueció con la adjudicación de contratos a sobreprecios –y con desvíos de fondos públicos desde un organismo público hacia una corporación en la cual era un testaferro- fuera del gobierno –¡Qué viva Odebrecht!- se dedica actualmente a querer socavar las imágenes de personas honradas, desde un digital en el cual se proclama, sin asearse los colmillos, “comunicador”. ¡Qué tupé!
Espanto: El legajo de documentos acumulados por indignados de organizaciones de interés social sirvió para instrumentar un expediente, depositado en la Procuraduría General de la República para que se añadiera a otro más grande divulgado públicamente, vinculada a la gestión 2012-1016. En una cama supercómoda, el imputado Higinio languidece, dando sus últimos suspiros, y pocos saben que fue por su doble osadía: sustraer, usurpar como “comunicador” y atacar para aparentar… ¡Desvergonzado!, ¿sí o no?
Demetrio, Higinio y Marcelo vituperaban a Gael sin conocer sus facultades divinas: cada vez que este emprendía un proyecto y otros hacían lo mismo, avanzaba con tanta prontitud que los paños y lienzos de sus competidores eran tirados en barrancos. Idénticamente, meses después de que un elocuente lo encaraba con alevosía, ese alevoso moría súbitamente, como aconteció con dos de los tres judicializables. El otro de similar estirpe quedó entrampado en la peor hoguera, porque sufre más que Juana de Arco.
……………………………………………
El autor: periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
.………………………………………….
13 de septiembre de 2026