Nacionales
Catorce contratos ganaron empresas de senador del PRM.
Santo Domingo, RD.-Varias empresas del senador del PRM, Alexis Victoria Yeb, resultaron ganadoras de 14 contratos por un valor superior a 1,720,375.08 luego de juramentarse como legislador del partido oficial.
La información la ofreció la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), la cual agregó este martes que las empresas Dronena, S.A. y Victoria Yeb S.A., del senador por la provincia María Trinidad Sánchez, Victoria Yeb, resultaron beneficiadas con 14 contratos por un valor multimillonario luego de su toma de posesión como legislador de la República.
Mediante un comunicado la institución precisó que profundizará en las adjudicaciones realizadas a favor de la razón social Cristalia Dominicana, S.R.L., de la que el senador fue accionista y representante hasta mayo de 2020, la cual desde el 16 de agosto de 2020 a la fecha ha sido beneficiaria de un total 118 adjudicaciones a través de Portal Transaccional, 22 unidades de compras diferentes, por un valor total adjudicado de RD$ 472,877,736.60.
El documento también señala que como consecuencia de sus esfuerzos, ha examinado el caso del senador Alexis Victoria Yeb quien figura inscrito como persona física y como accionista de las razones sociales Victoria Yeb S.A., Farmacia Santa Cruz, S.R.L. y Grupo Farmacéutico Ama, E.I.R.L.
“A la fecha actual y tras el análisis de la composición accionaria de cada una de estas empresas, a la luz del cargo político del senador, se ha determinado que las mismas no pueden contratar ni ser proveedores del Estado y se ha procedido a la suspensión de sus registros”, indicaron.
El senador ha asegurado que ninguna de sus empresas había sido beneficiada con contrados del Estado luego de ser senador y llegó a afirmar que si esto se demostraba renunciaría del cargo que desempeña.
La nota indica que en vista de las debilidades para regular la participación de personas jurídicas, en cuya composición accionaria se encuentren incluidos funcionarios de alta jerarquía, el anteproyecto de ley general de Contrataciones Públicas, presentado a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, se propone hacer una distinción entre inhabilidades absolutas y relativas.
“Dentro de las inhabilidades absolutas, es decir, personas que no podrán contratar con ninguna institución del Estado, se encuentran todos los funcionarios de primer y segundo grado de jerarquía de las instituciones sujetas al ámbito de aplicación de dicha norma, así como las personas jurídicas dentro de cuáles dichos servidores tengan participación social, sin importar el porcentaje de participación. Por igual, tendrán inhabilidad absoluta para contratar con el Estado los parientes del Presidente y el Vicepresidente de la República sean por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado, así como las personas jurídicas en las cuáles tengan participación social”, explicó el órgano rector en un comunicado de prensa remitido a los medios.
Informe
La entidad informó que hoy remitió al senador un informe de las adjudicaciones ganadas por sus empresas basado en las informaciones disponibles en los registros de proveedores del Estado, base de datos del Sistema Electrónico de Compras y Contrataciones, (SECCP), e información en registros de público acceso como la Cámara de Comercio y Producción.
El informe fue emitido a solicitud del congresista y se le remitió una copia al presidente del Senado, Eduardo Estrella.
Comunicado completo
Contrataciones Públicas remite informe a solicitud del senador Alexis Victoria Yeb
SANTO DOMINGO. -La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) remitió este martes al senador por la provincia María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yeb, un informe de las adjudicaciones ganadas por sus empresas, sustentado en las informaciones que reposan en los registros de proveedores del Estado, base de datos del Sistema Electrónico de Compras y Contrataciones, (SECCP), e información en registros de público acceso como la Cámara de Comercio y Producción.
El referido informe, cuya copia también fue remitida al presidente del Senado, Eduardo Estrella, fue emitido a solicitud del congresista, quien durante la sesión legislativa del pasado 2 de noviembre requirió públicamente a la DGCP una certificación que hiciera constar el comportamiento de sus empresas en el SECCP, conocido comúnmente como Portal Transaccional, tras su juramentación como senador, el pasado 16 de agosto de 2020.
En una nota de prensa, el órgano rector recordó que el acceso a la información relativa a las compras y contrataciones es abierto y público para todas las personas, tal y como lo consagra el principio de transparencia y publicidad, previsto en el numeral 3 del artículo 3 de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas.
De igual modo, la institución explicó que la inhabilitación de un proveedor por estar en el régimen de inhabilidades es una situación sujeta al cambio constante y sin aviso, ya que sobreviene a la persona, sea física o jurídica, tras un cambio en su estatus ocupacional o político, como es el caso del senador Victoria Yeb, quien, por encontrarse en el Régimen de Prohibiciones, previsto en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 14 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones no puede suplirle al Estado.
En ese orden, la DGCP recordó que a consecuencia del cambio de gestión gubernamental y dando cumplimiento a su rol de revisión y verificación del Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitió la circular Núm. DGCP-07-2020 para que aquellos funcionarios que se encontraran en tal situación solicitaran de manera voluntaria la suspensión de su registro en un plazo de 30 días calendarios y producto de la cual se suspendieron 131 personas físicas y jurídicas, tanto de oficio como a solicitud de parte.
Como consecuencia de estos esfuerzos, ha sido examinado el caso del senador Alexis Victoria Yeb, quien figura inscrito como persona física y como accionista de las razones sociales Victoria Yeb S.A., Farmacia Santa Cruz, S.R.L. y Grupo Farmacéutico Ama, E.I.R.L. A la fecha actual y tras el análisis de la composición accionaria de cada una de estas empresas, a la luz del cargo político del senador, se ha determinado que las mismas no pueden contratar ni ser proveedores del Estado y se ha procedido a la suspensión de sus registros.
Adicionalmente y sin perjuicio de lo anterior, fueron identificadas otras sociedades comerciales como Cristalia Dominicana S.R.L., JD Guerrero, S.R.L. y Dronena S.A., siendo esta última suspendida también por haberse constatado la vinculación de la misma con el señor Alexis Victoria Yeb, al tener este el 100% de las acciones de la empresa ACE Capital Investors, Inc., quien a su vez es la accionista mayoritaria de Dronena, S.A. con un 99.98% de capital social.
Cabe destacar que las empresas Dronena, S.A. y Victoria Yeb S.A. resultaron beneficiadas con 14 contratos por un valor total de RD$ 1,720,375.08, luego de su toma de posesión como senador de la República.
La institución también explicó que profundizará en las adjudicaciones realizadas en favor de la razón social Cristalia Dominicana, S.R.L., de la que el senador fue accionista y representante hasta mayo de 2020, la cual desde el 16 de agosto de 2020 a la fecha ha sido beneficiaria de un total de ciento dieciocho (118) adjudicaciones, a través de Portal Transaccional en veintidós (22) unidades de compras diferentes, por un valor total adjudicado de RD$ 472,877,736.60.
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) manifestó que, en vista de las debilidades para regular la participación de personas jurídicas, en cuya composición accionaria se encuentren incluidos funcionarios de alta jerarquía, el anteproyecto de Ley General de Contrataciones Públicas, presentado a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, se propone hacer una distinción entre inhabilidades absolutas y relativas.
“Dentro de las inhabilidades absolutas, es decir, personas que no podrán contratar con ninguna institución del Estado, se encuentran todos los funcionarios de primer y segundo grado de jerarquía de las instituciones sujetas al ámbito de aplicación de dicha norma, así como las personas jurídicas dentro de cuáles dichos servidores tengan participación social, sin importar el porcentaje de participación. Por igual, tendrán inhabilidad absoluta para contratar con el Estado los parientes del Presidente y el Vicepresidente de la República sean por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado, así como las personas jurídicas en las cuáles tengan participación social”, explicó el órgano rector en un comunicado de prensa remitido a los medios.
Nacionales
Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM
Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.
Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.
También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.
El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.
En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.
“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.
La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.
En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.
El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.
47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.
Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.
Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.
“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.
¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?
La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.
A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del PRM, reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.
Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.
«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.
Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.
«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.
Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.
Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.
«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.
Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.
Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.
La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.
Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.
También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.
Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.