Opinión
“Corruptus”, según Boff
Por Hamlet Hermann
Esos obispos ciegos, sordos y mudos por conveniencia, son los que hoy organizan manifestaciones de protesta porque el presidente Danilo Medina ha observado el Código Penal que atenta contra la vida de miles de mujeres dominicanas victimizadas por la violencia delincuencial.
Soy uno de los que no se pierden los enjundiosos artículos periodísticos del sacerdote católico brasileño Leonardo Boff. Su discurso se parece tanto al del nazareno aquel que las tradicionales oligarquías eclesiásticas lo agreden como si fuera el enemigo público número uno. Y, como el crucificado, este fundador de la teología de la liberación sigue manteniendo sus convicciones en defensa de la humanidad sin dejarse utilizar como condón de los jerarcas de la banca y de la política. Como hacen muchos de sus colegas.
El más reciente escrito de Boff mostró que la palabra corrupción proviene del vocabulario teológico y significa tener un corazón roto y pervertido: “cor” por corazón y “ruptus” por roto y pervertido. “Corruptus”, así de sencillo, es una obscenidad. Continúa el texto refiriéndose a su natal Brasil e identifica tres razones básicas de aquello en que ha devenido el robo de lo ajeno: la razón histórica, la razón política y la razón cultural.
Usando esos criterios para entender la corrupción dominicana debemos decir que hemos sido gobernados en toda la etapa republicana bajo el predominio de la violencia, ya por gobiernos militares o civiles, nacionales o extranjeros. Esto ha permitido que las más grandes fortunas de República Dominicana de hoy en día tengan profundas raíces en las dictaduras, los gobiernos oligárquicos, los golpes de Estado antidemocráticos y las ocupaciones militares de Estados Unidos. Esos gobernantes convirtieron la propiedad pública en capital privado, a diestra y siniestra, mientras el corazón roto y pervertido les latía de codicia aceleradamente. Hoy fingen creer en un Dios bueno mientras este les sea rentable.
La razón política en República Dominicana no necesita mucha explicación para entenderla. Decir político es sinónimo absoluto de corrupto, ya sea por comisión o por omisión, por robar o por callar al tiempo que comparten con los ladrones en las sesiones del Congreso o en las reuniones del Partido político. Entendemos mejor la corrupción, ahora que la sociedad trata desesperadamente de que los máximos tribunales conozcan el caso del sastrecillo valiente de San Juan de la Maguana. Este acumuló una fortuna inconmensurable en lo que pestañaba un gato y ahora le falta hombría y calidad moral para soportar lo que la ley establece para los delitos que cometió.
La razón cultural que destaca el teólogo Boff reside en el clientelismo y en el soborno a intelectuales y medios de comunicación. Estos grupos, por lo general, presentan a los saqueadores del erario como personas habilidosas y triunfadoras, obviando la criminalidad del robo que perpetran contra la sociedad. Esos intelectuales y medios propugnan porque a los corruptos se les admire en vez de que se les desprecie ya que, la mayoría, es gran accionista en múltiples medios de comunicación.
No obstante la minuciosidad de Leonardo Boff, una cuarta razón quedó fuera de su análisis: la razón ideológica, vale decir, la razón religiosa para corromperse moral y materialmente. Ha sido tan grave la corrupción eclesial durante poco más de dos mil años, que la llegada al Vaticano de un Papa argentino, apenas democrático y progresista, ha estremecido las bases del colegio cardenalicio. Esa oligarquía eclesiástica que ha vivido en palacios y es capaz de olvidar una cuenta bancaria por centenares de millones de euros, tiembla cada vez que el Che Francisco los manda a freír tusas de maíz por la cínica manera en que prostituyen el catolicismo humanista basado en la doctrina del crucificado aquel.
Cualquier dominicano ansía que llegue a este país la energía evangelizadora de Francisco de manera que barra con tanto obispo hipócrita. Aquellos nunca criticaron las cotidianas perversiones del nuncio Wesolowski y el sacerdote Alberto Gil, ambos portadores de las tres P: polacos, perversos y pedófilos. Contaban con obispos que auspiciaban coartadas para ocultar las violaciones de niños y niñas detrás de una representación papal y una sotana manchada por el crimen. Esos obispos ciegos, sordos y mudos por conveniencia, son los que hoy organizan manifestaciones de protesta porque el presidente Danilo Medina ha observado el Código Penal que atenta contra la vida de miles de mujeres dominicanas victimizadas por la violencia delincuencial. Proteger a pedófilos y condenar innecesariamente a humildes mujeres nada tiene que ver con los principios de humanidad del Evangelio sino con arcaicos dogmas aplicados a conveniencia. Protegieron a los pedófilos y ahora chantajean políticamente a los congresistas, tal como lo hicieron con las manifestaciones de reafirmación “cristiana” en 1963 orientando a los golpistas hacia el derrocamiento del gobierno de Juan Bosch y su Constitución democrática y laica. Por sus hechos los conoceréis, mientras cargan su corazón roto y pervertido.
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!