Nacionales
Cotuí teme a planes de Barrick de instalar una fábrica de explosivos
Los residentes en cuatro comunidades consideran que sería colocar una “bomba de tiempo”
Las intenciones de instalar una fábrica de explosivos acrecentó el temor en las 600 familias de cuatro comunidades cercanas a la Barrick Pueblo Viejo, que vienen reclamando su reubicación debido a los niveles de contaminación.En La Laguna y en El Naranjo, apenas a 500 metros de la minera, sus moradores dicen que aunque han escuchado las pretensiones de la minera, nadie se les ha acercado.
El sacerdote Nino Ramos llamó a todos los sectores a oponerse. Sus temores nacen del peligro de que delincuentes puedan penetrar a la Barrick para asaltar la fábrica y cargar con los explosivos o que pueda ocurrir una desgracia por el manejo inadecuado.
Dijo que en un recorrido por la zona ha constatado los daños a la producción agrícola por el cianuro que se desprende.
En otras comunidades como La Cerca y La Pinita, en Cotuí, donde se han detectado altos niveles de cianuro y varias personas con plomo en la sangre, creen que instalar una fábrica de explosivos sería catastrófico. “Lo que quieren es ponernos al lado una bomba de tiempo, cuando al menos debieron consultarnos o hablar de sacarnos de aquí”, apuntó Juan Pérez, un operador de pala mecánica. Pérez reside en la comunidad Las Lagunas la más cercana a la minera. “Aquí no solo es el humo, sino el mal olor que se desprende”, refiere su vecina Carmen Pérez, quien se dedica a la labor de ama de casa.
Hasta el momento los explosivos que utiliza la Barrick son manejados por expertos de los organismos militares, aseguró un guardia que reside en La Laguna y que no quiso identificarse. También los moradores de Tocoa se mantienen en alerta ante las pretensiones.
Comité de lucha
El comité denominado Nuevo Renacer y el bloque de organizaciones populares de la provincia Sánchez Ramírez tienen previsto para el próximo lunes día cinco de enero un gran encuentro regional en el que buscan acordar un nuevo plan de lucha.
Sus representantes dijeron que ante el peligro que representa es necesaria la reubicación de 600 familias de las comunidades La Piñita, La Laguna, La Cerca y El Naranjo.
“Solo luchando lograremos que nuestra gente no siga muriendo y enfermándose producto de la contaminación de la minera de la zona y la muerte de cientos de animales, la falta de agua y la baja producción agrícola”, expresa el volante lanzado en todas las comunidades cercanas a la zona de la minera.
El plan de lucha contra el desalojo y que podría tomar un nuevo matiz contra el temor de ser instalada la fábrica de explosivos es encabezado por cuatro sacerdotes católicos entre los que se encuentra el padre Nino Ramos
María Gálvez, quien sobrevive vendiendo en una pequeña fritura frente a la Barrick, advierte que si están sufriendo con la contaminación, ahora con la instalación de una fábrica de explosivos dormirán con el corazón en la boca por el temor a que sea manejado de forma inadecuada.
“Lo que deben hacer es sacarnos lejos de aquí, no sea que explote todo”, aduce Gálvez. Su compañera de labor Marisol Guzmán, dijo que empezó apenas unos días a escuchar los planes de la minera con esto de los explosivos.
Moradores ven poca información en planes
“A mí el humo no me deja ni dormir, lo que deben hacer es que se marchen. Sé que les vendo comida a muchos empleados, pero me importa más mi seguridad”, apunta Guzmán al hablar con elCaribe. En el centro de Cotuí aunque existe preocupación, el temor es menor, debido a la distancia. No obstante ven con preocupación la forma como sería manejada dicha fábrica.
El Caribe
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.