Opinión
Cuando trabajar no alcanza
Por Isaías Ramos
Antes de hablar de cifras, pensemos en algo simple y doloroso: en este país, un trabajador puede levantarse cada día a las cinco de la mañana, trabajar diez horas, y aun así no poder comprar toda la comida del mes. Ese es el corazón del problema.
Cumplir con la indexación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) es justicia; asegurar salarios que cubran la canasta básica es dignidad. Todo lo demás son excusas.
Según datos oficiales del Banco Central y de la Tesorería de la Seguridad Social, la canasta familiar nacional ya alcanza los RD$47,534; incluso la canasta del quintil más pobre cuesta RD$28,445. Y, aun así, los salarios formales que sostienen la economía no llegan: RD$37,041 en industria, RD$34,069 en comercio, RD$28,237 en agro y apenas RD$26,219 en hoteles, bares y restaurantes.
El turismo, vendido como joya del progreso, paga un salario promedio que no alcanza ni al 60 % de la canasta nacional, y más de la mitad de sus trabajadores ni siquiera están formalizados. Trabajar deja de ser sinónimo de seguridad y se convierte en sinónimo de supervivencia.
La última encuesta de CID Gallup termina de trazar el rostro real de la crisis: un 60 % de los dominicanos admite que no tuvo dinero suficiente para comprar comida el mes pasado. Ese 60 % no es una estadística: es la madre que deja productos en la caja porque no le alcanza; el padre que decide cuál comida saltarse; el joven que trabaja y aun así vive con hambre. Esa es la voz del país real, no la de los discursos complacientes.
Nadie desconoce que el turismo y las zonas francas han traído inversión y empleo. Pero precisamente porque son sectores privilegiados por el Estado, la pregunta es cómo tratan a la mayoría de sus trabajadores.
Las zonas francas, presentadas como “caso de éxito”, descansan sobre salarios de alrededor de RD$21,142 para la mayoría de su fuerza laboral operaria. Ese monto no cubre ni la canasta del quintil más pobre, mucho menos la canasta nacional. Y, sin embargo, disfrutan de exenciones fiscales cercanas al 100 %. Lo mismo ocurre con el turismo: privilegios fiscales gigantescos arriba, salarios insuficientes abajo. Es un modelo que socializa la precariedad y privatiza los beneficios.
Y ahí es donde el discurso económico choca de frente con la Constitución. El artículo 62.9 es claro: todo trabajador tiene derecho a un salario justo y suficiente. Y un salario suficiente es, como mínimo, un salario que permita cubrir la canasta básica. Un salario que no cubre las necesidades esenciales no es justo ni suficiente; es una negación de la dignidad humana. Ese mismo artículo dice que fomentar el empleo digno y remunerado es una finalidad esencial del Estado. No un deseo. No un lema. Un mandato.
Por eso es tan grave que el Estado haya congelado la indexación año tras año. La indexación no es un regalo ni una concesión: es el mecanismo que impide que la inflación le robe poder adquisitivo al trabajador. Cuando no se aplica, el Estado termina cobrando más impuesto sin que el trabajador gane más en términos reales. Es un castigo encubierto. Es lo contrario de justicia. Y mientras tanto, cientos de miles de asalariados formales de clase media ven cómo su salario sube en papeles, pero baja en la vida real.
La contradicción se vuelve escandalosa cuando se mira el cuadro completo: mientras se alegan 19 mil millones de pesos para no aplicar la indexación, se mantienen regímenes fiscales que cuestan más de 380 mil millones y que benefician, precisamente, a los sectores que pagan los salarios más bajos. ¿Cómo se justifica que las exenciones más generosas recaigan sobre los sectores que menos aportan a la dignidad salarial? ¿Cómo se explica que la ley que protege a los asalariados se congele, mientras las leyes que protegen privilegios se blindan?
Las preguntas que surgen son simples, humanas, imposibles de ignorar: ¿Puede llamarse digno un empleo cuyo salario no cubre ni la canasta básica? ¿Puede un Estado social negarse a aplicar una indexación que es obligación legal y, al mismo tiempo, defender exenciones millonarias para quienes pagan sueldos de subsistencia? ¿Puede hablarse de justicia cuando millones trabajan y aun así no pueden cubrir sus necesidades esenciales?
Cuando la respuesta honesta es “no”, la conciencia empieza a despertarse. Porque este no es un debate técnico: es un problema moral. Y toda sociedad sana necesita distinguir entre privilegio y derecho, entre excepción y obligación, entre complacencia y justicia.
En el Frente Cívico y Social afirmamos con claridad: un salario que no cubre la canasta básica es una violación al derecho más elemental del trabajador. Y congelar la indexación es permitir que esa violación se profundice. Porque no hay crecimiento que valga si se construye sobre la angustia diaria de quienes hacen funcionar el país.
Un país que se respeta no sacrifica la dignidad de muchos para proteger los privilegios de unos pocos. La indexación es justicia. Garantizar salarios que cubran las necesidades básicas es dignidad. Y todo Estado que aspire a ser social, democrático y de derecho debe asegurar, como mínimo, ambas cosas. Lo contrario no es solo injusto: es, en esencia, inconstitucional.
Porque un país solo avanza cuando se niega a aceptar la injusticia como normalidad.
Despierta RD.
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!