Opinión
Cuba, Venezuela… ¡Tanto que las denigraron!
Por Narciso Isa Conde
Es difícil encontrar en la historia reciente de la humanidad dos países más atacados y denigrados que CUBA Y VENEZUELA por fuerzas, potencias, superpotencias, sistemas transnacionales y corporaciones tan poderosas como agresivas.
Dos países intensamente bloqueados.
Cercados.
Acosados.
Estrangulados
Agredidos.
Calumniados.
Difamados.
Toda una larga y persistente cruzada reaccionaria, ascendente y feroz.
Un intenso coro de mentiras, medias verdades y tergiversaciones abrumantes.
Sucesivas guerras de baja y mediana intensidad, de cuarta y quinta generación.
Guerras mediáticas, cibernéticas, financieras, químicas, psicológicas, biológicas, terroristas, magnicidas, militares, para-militares…
Una conjura de enormes dimensiones destinada a desacreditarlos, ocultar realidades, crear fantasías tenebrosas y aplastar la soberanía de ambas naciones latino-caribeñas.
Una confabulación internacional a cargo del imperialismo occidental con EEUU a la cabeza.
Departamento de Estado, Pentágono, CÍA, DEA, WALL STREET, FMI, BM, Unión Europea, OTAN, Israel MOSSAD, Grupo Lima, Colombia, sus “paracos” y sus bases gringas, derechas y ultraderechas continentales y mundiales, traidores y renegados, CNN, FOX, HERALD, VOA…todos perversamente apandillados contra dos proyectos de países y sociedades en procura de autodeterminación y justicia social.
Dos procesos de cambios trascendentes, con virtudes y defectos, logros y limitaciones, aciertos y errores… empeñados en un heroico combate desigual por el bienestar colectivo.
Dos transiciones revolucionarias difíciles, complejas, abarrotadas de aprendizajes, escollos, herencias negativas y adversidades provocadas por sus enemigos.
- DOS HAZAÑAS DE UN VALOR INCONMENSURABLE.
Sería muy tedioso hacer aquí menciones detalladas de tantas mentiras, descripciones calumniosas, expresiones de menosprecio; recurrentes campañas sobre el supuesto infierno fidelista y chavista, denuncias de penurias y miserias inexistentes, descalificaciones y maledicencias contra sus gobernantes, y comparaciones maliciosas frente a otras naciones bajo tutela imperial y gobiernos nefastos.
Pero es preciso destacar que sobrevivir, mostrando ante el mundo (¿gracias al COVID-19?) sus fortalezas y potencialidades emancipadoras, su acumulado social, su vocación solidaria, su capacidad de autoprotección y autodefensa de la salud de sus pueblos, no puede menos ser considerado en ambos casos –cada uno con sus particularidades- como una GRAN HAZAÑA.
El merito es muy grande porque en ambos casos no podían ser más fuertes las adversidades a vencer, ocasionadas por sendos bloqueos y sendas guerras económicas criminales de corte imperialista; esto es, por las precariedades materiales sufridas a causa del estrangulamiento comercial y financiero que golpearon a Cuba y Venezuela antes de la llegada del pernicioso CORONA VIRUS.
Sin embargo, esos ingredientes -dramáticamente adversos- no han estado presentes anticipadamente en las naciones más afectadas por la pandemia a escala mundial, algunas de ellas grandes potencias económicas, con enormes capitales y riquezas, grandes recursos acumulados e impresionante desarrollo tecno-científico.
Pero como el COVID 19 no es la crisis, sino un detonante-acelerador de la misma…
Como no es el causante de los deterioros de los sistemas de salud pública y seguridad social, sino un agente extraño que desnuda realidades…
Como no es causa de desigualdades, penurias sociales y vulnerabilidades especificas de la salud colectiva e individual en sociedades determinadas, sino agresión adicional que las desnuda…
Tampoco es capitalismo dependiente empobrecedor y colonizador, ni neoliberalismo privatizador, ni capitalismo ecocida y decadente…sino micro-organismo infeccioso sin antídoto para contrarrestarlo eficazmente en lo inmediato; con alto poder de contaminante, fuerte vocación genocida y mucha capacidad para generar una crisis colectiva de salud y el consiguiente desplome de la economía…
Entonces, en consecuencia, la pandemia por él provocada tiene dos impactos contradictorios: desnuda debilidades y saca a flota las fortalezas acumuladas en los diferentes sistemas económicos, sociales, políticos y culturales, respecto a la manera de gobernar y de relacionarse el Estado con la sociedad y la reacciones oportunas, eficaces o no de sus gobernantes.
CUBA y VENEZUELA, en sí mismas, y en comparación con una gran parte de los países afectados por la pandemia, han demostrado tener más fortalezas que debilidades y mayores ventajas relativas para controlarla y revertirla; a pesar de todo lo que le han hecho sus crueles e impenitentes enemigos.
Las cifras no mienten, ambas naciones están situadas entre las que pocos daños han sufrido en materia de salud y entre las que más solidaridad están brindando a los países más afectados, incluyendo a algunos con enormes riquezas acumuladas. A pesar de ser Cuba (turismo) y Venezuela (amplias fronteras) países con muchos vasos comunicantes con el exterior
Bajos índices de contagio, mayor masificación de las pruebas, mejores índices de recuperación de los afectados, baja tasa de personas fallecidas, mejor control, eficaz anticipación a la expansión, previsiones adecuadas, altos niveles de organización y disciplina, estrecha relaciones Estado-pueblo, y respuestas rápidas a los nuevos desafíos
- ¿CUALES HAN SIDO ESAS FORTALEZAS Y VENTAJAS RELATIVAS DE CUBA Y VENEZUELA?
A riesgo tanto de quedarme corto como de ciertas imprecisiones, me decido por incluir las siguientes características, dando por descontado las diferenciaciones y especificidades, y las particularidades de sus modelos políticos y de sus respectivas formaciones económicos-sociales:
-La sensibilidad social de quienes dirigen el Estado y las fuerzas políticas gobernantes.
-La preeminencia en esta situación de emergencia del derecho a la salud y a la vida del ser humano por encima del interés económico empresarial (privado y estatal), derivada de una concepción general que coloca al pueblo trabajador como centro de las políticas públicas.
-La decisión histórica de contrarrestar la estrategia neoliberal del capitalismo y su impronta privatizadora.
-La tendencia a la socialización e implementación de programas sociales y políticas públicas audaces; con énfasis en salud, educación, seguridad social, cultura y alimentación básica.
-La reducción de las desigualdades sociales y la exclusión social.
-Altos grados de organización popular-comunitaria conectada con la estatal.
-Valiosas experiencias acumuladas y calificada especialización en situaciones de desastre y momentos de emergencia.
-Amplio personal médico y para-médico especializado disponible, con alta vocación de servicio y espíritu de sacrificio; operando en sistemas de salud pública y seguridad social preservados del afán de lucro privado; total en Cuba, parcial pero muy vasto en Venezuela.
-Cultura solidaria en el plano nacional e internacional.
-Ejercicio de soberanía que les permite un justo aprovechamiento de la multipolaridad mundial y del respaldo de potencias emergentes que no condicionan la cooperación inter-estatal a los intereses del gran capital privado (casos China, Rusia, Irán…); lo que en el marco de esta pandemia, dada la experiencia acumulada por China, ha sido muy provechoso.
-Prevenciones, acopios, aprovisionamientos y medidas anticipadas contundentes, no condicionadas por intereses económicos u oportunismos políticos; lo que posibilitó contrarrestar la contaminación a tiempo, detectar los niveles de infección inicial y reducir su impacto mortal.
Es decir, Cuba y Venezuela se situaron entre los países que frente a la pandemia, y con anticipación a su propagación interna, supieron combinar a tiempo y eficazmente las medidas de pruebas masivas, cuarentena, buen nivel de recogimiento ciudadano, pruebas, restricciones de contactos, autoprotección personal y familiar, y cooperación armónica Estado-sociedad, con un suministro básico de alimentos, medios de vida y amplios servicios salud gratuitos y de buen nivel aun en medio de la parálisis o semi-parálisis económica.
Al parecer esa combinación es la clave, dado que en aquellos países donde no ella se ha logrado, es evidente que los resultados están distantes de controlar la pandemia en plazos aceptables, de detener y revertir a tiempo el incremento de la infección y el ascenso del número de muertes.
Ese ha sido el caso de no pocos países del llamado “primer mundo”, incluido EEUU-Italia-España-Francia-Alemania-Inglaterra, y de tantos otros de la periferia dependiente y neoliberalmente re-colonizados, como República Dominicana, y otros donde se impuso el poder de las derechas pro-imperialistas revirtiendo bruscamente los avances sociales alcanzados, como Ecuador y Brasil…para solo mencionar algunos ejemplos
A eso se le agregan las consecuencias de la pandemia sobre la economía, de cuyo impacto altamente negativo no están libres ni Cuba ni Venezuela, muy especialmente Cuba por el desplome del turismo. Pero el evidente e inevitable agravamiento de la situación económica-social en esos dos países hermanos, en un mundo interrelacionado, es otro tema merecedor de una especial atención y más espacio.
Adelanto sí que de todas maneras, tanto los actuales vínculos internacionales de Cuba y Venezuela como sus respectivos sistemas económico-sociales y regímenes políticos, y sus particulares experiencias en resistir y sobreponerse a peores agresiones y peores desplomes económicos que éste (recordemos el periodo especial en Cuba ante el colapso de la URSS y los países del Este Europeo, y la manera como Venezuela ha resistido las embestidas gringas), si bien auguran serias dificultades, también mayores posibilidades de recuperación que las que se vislumbran en la periferia “tercermundista” dependiente de EEUU y la Unión Europea.
Mientras, por el impero de una vocación de justicia y sensibilidad social, la carga adicional de los periodos especiales y las fases de emergencia, generalmente se asumen con alto sentido de equidad, procurando emparejar lo más posible el peso de los sacrificios.
(I)
Por Oscar López Reyes
Desde 1950, tres años a posteriori de su creación -1947- la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos comenzó a instrumentalizar a periodistas para manipular y moldear a la opinión pública mundial, en una abominable labor de zapa, en el cenit geopolítico de la Guerra Fría entre dos superpotencias imperiales. Su proyecto primigenio, y el más escalofriante, ha sido la encubierta Operación Mockingbird, mediante la cual se ocultaron y tergiversaron informaciones para influir a favor de los designios norteamericanos, y desde 2019 ejecuta a gran escala una campaña de reclutamiento para difundir noticias y entretenimiento en redes sociales y plataformas streaming.
En estos 78 años, la CIA ha invertido miles de millones de dólares en el enlistamiento de periodistas anti-éticos y anti-democráticos y en infiltración en medios de comunicación para divulgar programas propagandísticos, engendrando el descrédito y la desconfianza ciudadana, así como la animadversión de adversarios en guerras.
La operación Mockingbird, que inicialmente consistió en escuchas telefónicas periodísticas sin orden judicial, fue llevada a cabo por la CIA para identificar fuentes de filtraciones de datos de alta inteligencia. Principió grabando conversaciones privadas de Hanson Baldwin, reportero de seguridad nacional del New York Times, entre el 12 de marzo y el 15 de junio de 1963, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Las grabaciones fueron por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Jhon F. Kennedy, luego que se incomodara por un reportaje de primera plana publicado por Baldwin (ganador del Premio Pulitzer en 1943 por su cobertura de la Segunda Guerra Mundial) en la edición del 26 de julio de 1962 del New York Times en el que, amparado en una información clasificada, revelaba el número de misiles nucleares en el arsenal estadounidense. A su vez, comparaba esos depósitos atómicos de Estados Unidos con los de la Unión Soviética, y el afán de esta última superpotencia por resguardar sus emplazamientos de misiles balísticos intercontinentales.
A seguidas, la CIA también intervino los teléfonos residenciales de los columnistas Robert S. Allen y Paul Scott (The Allen-Scott Report, publicada en unos 300 periódicos), tras estos dar a conocer secretos clasificados de Estados Unidos. Más adelante, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se incorporó a las averiguaciones y vigilancia para detectar quienes desde los organismos de inteligencia estaban infiltrando informaciones a la prensa. También produjo la intercepción telefónica a la periodista de Newsweek, Lloyd Nornam, y el secretario de Estado Dean Rusk presionó para que CBS News no difundiera un reportaje del periodista Daniel Schorr sobre el espectacular escape de ciudadanos de Alemania Oriental a través de un túnel bajo el Muro de Berlín.
Por intermedio del proyecto Mockingbird -según variadas fuentes- para divulgar propaganda proestadounidense y truquear a la opinión pública contra la influencia comunista, aceptaron ser asalariados de la CIA cientos de periodistas de The New York Times, The Washington Post, Newsweek, ABC, CBS, NBC, la revista Time, Louisville Courier Jounal, Copley News Service, la agencia internacional Reuters y otros medios de América Latina, Europa y otras regiones.
Los objetivos bien definidos de la contratación a sueldo de la red de periodistas, publicaciones, televisoras y emisoras tengo que segmentarlos en siete:
1.- Difundir relatos preescritos por la CIA, para tratar de cambiar la percepción global sobre situaciones y personas, siempre favorables a Estados Unidos.
2.- Controlar la política editorial de medios comunicativos, a través de altos ejecutivos y editores, en una novedosa interacción subrepticia gobierno-prensa.
3.- Ocultar informaciones perjudiciales o desfavorables a Estados Unidos, en una intromisión estatal sin precedentes.
4.- Inclinar la balanza para conveniencia estratégica de Estados Unidos en coberturas informativas, artículos de opinión, editoriales y otros géneros periodísticos.
5.- Contrarrestar la propaganda e influencia de la Unión Soviética, con mecanismos sofisticados de persuasión pública.
6.- Suministrar datos de inteligencia, en una típica tarea de espionaje.
7.- Detectar a agentes o empleados de organismos de inteligencia que confidencialmente suministraban informaciones a periodistas.
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El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano y autor exclusivo del libro “La Ética en el Periodismo. Los cinco factores que interactúan en la deontología profesional”.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD
Por Rommel Santos Díaz
A diferencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto es el resultado de varios años de debates y de la Conferencia de Plenipotenciarios, los tribunales Ad –Hoc para la Ex Yugoslavia y Ruanda son la expresión de una respuesta a dos situaciones específicas caracterizadas por la comisión de atrocidades en el territorio de estos países.
Fue precisamente la gravedad de las circunstancias lo que obligó al Consejo de Seguridad a ejercer las atribuciones que le confiere el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para crear las jurisdicciones penales Ad – Hoc para la Ex Yugoslavia ( Resolución 827 de 1993) y para Ruanda (Resolución 955 de 1994)
En estos casos, ambos tribunales tienen virtualmente estatutos idénticos y también compartieron algunas instituciones comunes, como por ejemplo el Fiscal, dado que a partir del 15 de septiembre del 2003, el Consejo de Seguridad designo a Hassan Bubacar Jallow como Fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
La Fiscal Carla Del Ponte ejerce su competencia exclusivamente en relación al Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Las características comunes entre ambos tribunales han tenido como consecuencia, al menos en el ámbito teórico, la economía y uniformidad en el ámbito fiscal hasta el año 2003 así como en el desarrollo de una línea jurisprudencial sólida y constante en el análisis de sus respectivos casos.
De esta forma la creación de dichos tribunales Ad-Hoc constituye un desarrollo sin precedentes a favor de la implementación de las normas sobre derechos humanos que a su vez ha favorecido una dinámica positiva en el proceso de creación de un sistema de justicia penal internacional que se concreta casi una década después con el inicio de las funciones de la Corte Penal Internacional.
Por su lado el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad en virtud de las cuales son considerados como órganos judiciales subsidiarios del mismo.
Se ha establecido que aun cuando fueron creados por el Consejo de Seguridad, el cual no es un órgano judicial, esto no afecta la validez del acto jurídico de creación puesto que ambos son el reflejo del ejercicio del mandato del principal órgano de las Naciones Unidas para mantener la seguridad y la paz internacional.
Esta línea de razonamiento concuerda con la establecida por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre los efectos de las compensaciones concedidas por el tribunal administrativo de las Naciones Unidas de 1954.
Por tanto, mientras la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son órganos judiciales subsidiarios del Consejo de Seguridad Conforme al Artículo 2 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional mantiene relaciones de cooperación con el sistema de de las Naciones Unidas, pero ello no afecta su independencia con respecto a dicha organización internacional.