Opinión
Danilo Medina y el bizcocho dominicano
Por Rosario Espinal
Habló como presidente-economista en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la semana pasada, y qué bueno.
El discurso de Danilo Medina se centró en argumentar que medir el desarrollo económico de un país por la renta nacional per cápita es inadecuado, porque se puede aumentar y muchos seguir siendo pobres como sucede en República Dominicana. Además, cuando un país alcanza el nivel de renta medio se estropea el desarrollo porque se pierde acceso a la cooperación internacional y encarecen los préstamos.
Medina tiene razón en la crítica a la medición simplista del desarrollo, y también en otros dos argumentos de su discurso. Que el crecimiento económico no es suficiente para reducir las desigualdades sociales y mejorar la calidad de vida de la gente, y que el énfasis en el ingreso ha llevado a políticas de transferencias que simplemente aumentan los ingresos del hogar por encima de la línea de pobreza, perdiéndose la oportunidad de impulsar políticas públicas de carácter universal concebidas como derechos de los excluidos.
Un grave problema que enfrenta actualmente la República Dominicana es que ha registrado crecimiento económico por muchos años, elevándose así el ingreso nacional per cápita, pero la riqueza se ha redistribuido muy mal como han demostrado los informes de Desarrollo Humano. Esto quiere decir que el bizcocho dominicano creció, pero la mayoría de la gente no participó en la distribución del crecimiento. Por eso hay tantos pobres a pesar de que el Banco Central reporta casi todos los años crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).
¿A quién culpar de esta situación?
Podría culparse al sistema capitalista, siempre explotador, pero resulta que hay países capitalistas incluso en América Latina que no tienen proporcionalmente tantos pobres como República Dominicana. Podría responsabilizarse a los organismos financieros internacionales, pero esa acusación no va a prosperar porque dirán que su función es monitorear el desenvolvimiento económico para prestar con garantías de repago.
Podría culparse a los empresarios, siempre voraces en acaparar riqueza, sobre todo en países de baja institucionalidad como República Dominicana. Pero los empresarios son conocidos por no aportar a la igualdad, a menos que sean obligados por el Estado a pagar más impuestos y mayores salarios mínimos. Podría culparse a los mismos pobres como hacen los conservadores en los países capitalistas desarrollados, pero cuando son tantos es difícil culpabilizarlos de su pobreza.
Queda entonces el Estado que es la entidad con capacidad y poder de representar a toda la sociedad, dentro y fuera del país.
La acumulación de riqueza en República Dominicana ha dependido siempre de cuántos y quiénes acceden a los recursos del Estado. El bizcocho dominicano ha crecido, cierto, pero todavía unos pocos siguen comiéndose la mayor parte, y los políticos y allegados siempre sacan su gran pedazo aparte. De ahí que República Dominicana sea líder mundial en malversación de recursos públicos, el gobierno otorgue contratos grado a grado para enriquecer financistas políticos, y muchos altos funcionarios se pensionen con grandes cantidades y hasta siguen trabajando en el Estado. Si Danilo Medina desea cambiar el trayecto histórico de saqueo al Estado, tiene que buscar una computadora de pantalla gigante, ver el dinero que hay para presupuestar con o sin préstamos. No poner impuestos que afectena los pobres ni a la clase media. Destinar recursos a los servicios públicos universales que desarrollan capacidades humanas y promueven mayor igualdad como educación y salud. Y además, y esto es fundamental, cerrar la llave de la corrupción pública y el clientelismo político. Si no, sus discursos quedarán en mucho dicho y pocos hechos.
Artículo original publicado en el periódico HOY.
Por Edgard Paniagua Miguel
Por Isaías Ramos
Nuestro pueblo dominicano se encuentra navegando por un mar de confusiones, atrapado entre el anhelo de “progreso económico” y el imperativo de la integridad moral y social. Mientras la élite política pinta un cuadro de un futuro próspero, nuestros corazones nos dicen que estamos perdiendo nuestros valores y principios fundamentales, aquellos que dan vida a una sociedad justa y equitativa.
El sueño del progreso económico se ha desvanecido en un desierto moral. Soñábamos con una patria donde la justicia y la tranquilidad fueran el pan de cada día, pero hoy nos vemos sumergidos en un ambiente cada vez más violento, hostil y desigual entre los que “tienen” y los que “no tienen”. La insaciable codicia de esta élite ha agrandado la brecha entre ricos y pobres, dando vida a una clase baja que subsiste en la miseria, despojada de servicios esenciales y de su propia dignidad, mientras una pequeña élite se baña en opulencia.
Esta dolorosa realidad es el fruto de gobernantes que, carentes de conciencia social, han elegido favorecer el capital y oprimir al pueblo. Con una crueldad perversa, han hipotecado el futuro de nuestros hijos y nietos para incrementar sus fortunas y las de sus allegados, sacrificando la salud, la educación, las pensiones de nuestros trabajadores y nuestro medio ambiente en el altar del “crecimiento económico”. Han disfrazado la explotación y opresión de la mano de obra con sueldos de miseria como “competitividad”, convirtiéndola en un reclamo para “inversiones”, una forma moderna de vender esclavitud.
El neoliberalismo salvaje ha intensificado estas atrocidades, promoviendo una visión del mundo donde el crecimiento se sustenta en la pérdida de la dignidad humana, dando vida a una sociedad donde el dinero es un “Dios” amoral, donde la riqueza se acumula en pocas manos, ignorando las necesidades de la mayoría. Han transformado nuestras naciones en desiertos sociales, donde el éxito se esconde tras altas vallas y guardianes armados.
La realidad de países vecinos, nos muestra el devastador final de modelos económicos que, prometiendo prosperidad, solo traen destrucción y abandono. Si seguimos este camino, nuestro destino no será diferente.
En el Frente Cívico y Social creemos que, en este panorama desolador, es la ciudadanía quien tiene el poder y la responsabilidad de forjar un nuevo destino. Es crucial exigir integridad y transparencia, revaluar el camino que estamos construyendo y rectificar nuestro rumbo. Reconstruir una sociedad más justa, equitativa y moral es una misión compartida, y el momento de actuar es ahora.
El verdadero progreso no se mide por indicadores económicos, sino por la calidad de vida de nuestras gentes, el bienestar colectivo y la preservación de nuestros valores y principios. Buscar el crecimiento económico no debe ser un fin en sí mismo, sino el medio para edificar una sociedad más justa y equitativa.
En el FCS, sabemos que acostumbrarnos a vivir entre el desierto moral y el progreso vacío podría empujarnos a un abismo sin retorno. Es hora de construir el camino hacia un futuro en el que el éxito se mida no por la riqueza de unos pocos, sino por el bienestar de todos, por la preservación de nuestra humanidad y nuestros recursos naturales, y por el legado que dejemos a las futuras generaciones. Es hora de reflexionar y actuar para construir el futuro que soñamos, un futuro donde el progreso y los valores morales y sociales florezcan en armonía.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
El artículo 86, de la parte 9 del Estatuto de Roma estipula que todos los Estados deberán cooperar plenamente con la Corte Penal Internacional en relación con la investigación y el enjuiciamiento de crímenes de su competencia.
La palabra ¨cooperar plenamente¨ fueron escogidas cuidadosamente por los redactores del Estatuto de Roma, para enfatizar el papel importante que tienen los Estados en el funcionamiento efectivo y eficiente de la Corte.
El artículo 86 del Estatuto de Roma también prevé que los Estados Partes deberán cooperar plenamente ¨de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto. Por consiguiente, toda previsión del Estatuto que requiera la participación de un Estado deberá interpretarse como cooperación plena, salvo que se especifique lo contrario.
El mismo artículo 86 estipula que los Estados Partes deberán ¨asegurar que en el derecho interno existan procedimientos aplicables a todas las formas de cooperación especificadas en esta parte del Estatuto de Roma.
En otros términos, se prevé que los Estados utilicen sus leyes nacionales para establecer todos los procedimientos necesarios que les posibiliten asistir a la Corte Penal Internacional. Todos estos procedimientos deberán permitir a los órganos estatales responder tan rápido como sea posible a los requerimientos de la Corte.
Los Estados deben de considerar que si no cumplen con un requerimiento de la cooperación de la Corte Penal Internacional, en contravención a los dispuesto en el Estatuto, impidiéndole ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con el Estatuto, la Corte podrá hacer una constatación en ese sentido y remitir la cuestión a la Asamblea de los Estados Partes o, al Consejo de Seguridad, si este le hubiese remitido el asunto.
El Estatuto de Roma no prevé específicamente ninguna sanción. Sin embargo, un Estado Parte que se niegue a dar curso a una solicitud de cooperación formulada por la Corte, estará incumpliendo con sus obligaciones al tratado en la mayoría de los casos, y podría haber consecuencias políticas perjudiciales contra ese Estado.
Todo lo planteado anteriormente tiene un impacto directo en cuanto a la competencia de la Corte Penal Internacional, en tanto el artículo 12 del Estatuto de Roma establece que un Estado, al aceptar ser parte del Estatuto, se adhiere por ende a la jurisdicción de la Corte respecto a los crímenes estipulados en el articulo 5 (genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión). Esto significa que una vez que un Estado se convierte en Estado Parte, éste acepta automáticamente la competencia de la Corte, a partir del día en que entre en vigor el Estatuto.
Cabe destacar que los Estados que no sean parte del Estatuto de Roma también podrán aceptar la competencia de la Corte respecto a un crimen en particular, por medio de una declaración de conformidad con el artículo 12.
Finalmente, los Estados que no sean parte deberán cooperar plenamente una vez que acuerden asistir a la Corte Penal Internacional en una investigación en particular. Si incumplen el acuerdo especial realizado con la Corte, esta podrá informar a la Asamblea de los Estados Partes o al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, según sea el caso.