Opinión
Danilo perdió la oportunidad de aclarar lo de Odebrecht
Por Juan Bolívar Díaz
El discurso del presidente Danilo Medina del 27 de febrero aportó pocas novedades, no fue un informe sobre su gestión del 2016, sino de todo su periodo, ni solo de sus proyectos para el 2017, sino para todo el cuatrienio, repitiendo en gran proporción los logros y proyectos que enunció al rejuramentarse el 16 de agosto, hace solo seis meses.
Centró sus argumentos en justificar la utilidad de las plantas de Punta Catalina, que no es lo que está en discusión, y trató de convencer sobre la independencia de una Procuraduría General sin rigor investigativo y que recibió esta semana un grave revés con el rechazo judicial a un acuerdo con la Odebrecht ampliamente cuestionado.
Discurso para marear. Dos horas y diez minutos es mucho tiempo de discurso por casi todos los medios de comunicación nacionales, para marear, lo consideraron las redes sociales, repetitivo y detallista, que rebasó la rendición de cuentas del año pasado y volvió sobre sus primeros cuatro años de Gobierno y se proyectó no solo al año ya en curso, sino para todo el nuevo período, demasiado parecido al de su juramentación del 16 de agosto último.
La perorata tuvo pocas novedades aún en los mayores logros de su gestión que, además de la mayor inversión en educación, ha sido el mantenimiento del crecimiento económico, con tasa de 6.6% el año pasado, baja inflación y estabilidad cambiaria, ya que hacía apenas tres semanas que los había informado el Banco Central y el Gobierno los publicitó en exceso hasta horas antes del discurso presidencial.
Tiene poco sustento que salieran de la pobreza un millón 72 mil personas en 4 años, con 480 mil nuevos empleos, la mitad en actividades tan precarias como el motoconcho, o con otras 200 mil con tarjeta Solidaridad de 800 pesos por mes. Parece optimista que el año pasado Infotep “preparó 667 mil nuevos técnicos profesionales, con índice de empleabilidad de 83%”, con solo 148 mil nuevos empleos, el 28%, un déficit de 519 mil.
El 2016 fue el “Año de la vivienda”, pero el mandatario solo informó de 256 apartamentos entregados por el INVI, y otros 864 mil casi listos, más los 1,600 de su excelente proyecto “La Nueva Barquita”, quedando bien lejos de la meta de 25 mil viviendas anuales. Pero repitió los proyectos de la Ciudad Juan Bosch en la capital y Santiago, basados en inversión privada, y el rescate de La Ciénega y Los Guandules anunciado desde finales de la década de 1980.
Abundancia de promesas. El Presidente respondió las demandas de mejoramiento de los salarios de los policías, y en julio de los ya más de 60 mil militares, aunque su entusiasmo lo cifró hasta en 131% y “una parte importante” más del 100%, pero lo recibido gira entre 20 y 50 por ciento, que es muy bueno con limitaciones financieras. Ponderó los aumentos ejecutados ya en los sectores básicos de educación y salud, aunque en este último menos generoso.
Donde fue más optimista fue en la “revolución del transporte urbano” que anunció, aunque días antes la OPREP se quejaba en público de que no recibe el financiamiento para concluir la segunda línea del Metro con 6 años en construcción y dijo que del mismo dependen los vagones y otros equipos que tomarían hasta año y medio. Repitió el sistema ideal de un solo boleto por recorrido, pasando de autobús, a Metro o Teleférico y autobús, que implica una alta inversión adicional y fuerte subsidio y desplazaría no solo a los 19 mil carros-concho que promete reubicar, sino también a decenas de miles de moto-conchos.
Las promesas de Danilo abundan en nuevas obras públicas, por ejemplo en siete grandes proyectos para el desarrollo sostenible de las cuencas hidrográficas de la región Sur, “que elevarían a sus moradores a la clase media”, aunque allí la presa de Monte Grande lleva 6 años paralizada por falta de financiamiento, tras una pequeña inversión. Y que este año concluirá la remodelación de 57 hospitales iniciada absurdamente al mismo tiempo hace 4-5 años, aunque solo informó la terminación de cuatro en el 2016.
¿Dónde están los cuartos? El tiempo no le alcanzó a Danilo Medina para explicar cómo financiará todos esos planes que abarcaron la mitad de su discurso. Mucho menos para abordar los desafíos de sostenibilidad fiscal que le plantean sistemáticamente los economistas independientes y sectores sociales que incluyen el empresariado, retomados en el informe de la misión del Fondo Monetario Internacional que visitó el país en enero y dejó una veintena de recomendaciones que incluyen reformas institucionales y revisión del gasto público. El endeudamiento, a ritmo de 200 millones de dólares mensuales, tampoco fue tocado.
Siguió evadiendo el mandato del Pacto Fiscal establecido en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, consciente de que la sociedad pondrá sobre la mesa las imprescindibles revisiones de la malversación, del clientelismo y el rentismo que mantiene organismos redundantes e inoperantes.
Del otro pacto pendiente, el eléctrico, dijo que “avanza ahora a buen ritmo”, aunque ya cumplió dos años en discusión, por la falta de transparencia en el sector. El Presidente escogió a los generadores privados de energía para una práctica de “demagogia nacionalista”, como escribió Bernardo Vega, pretendiendo levantar las tribunas como hace cuatro años por el contrato con la Barrick Gold sobre el oro de Cotuí.
Un golpe al Procurador. El discurso presidencial dio pleno respaldo a la gestión del procurador general en el escándalo Odebrech, bajo términos que con asombrosa exactitud adelantó el jueves 23 la columna Fogaraté de Ramón Colombo: “caiga quien caiga”, “hasta las últimas consecuencias”, “Hemos impartido instrucciones”, y “Aquí no hay vacas sagradas”. Aunque las redes dijeron que sí hay toros y gatos sagrados y revivieron al genial Cantinflas en su película Patrullero 777, donde proclamó: “Mucho se ha dicho que se hará justicia caiga quien caiga, y resulta que caen los que no debieran caer, mientras aquellos a quienes cae de todo, nunca caen”. Muchos recordaron los pactos reeleccionistas que implicaron “no ha lugar” a los expedientes de grave corrupción de Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa.
Medina avaló una gestión de su procurador general Jean Rodríguez que identificó a Angel Rondón como el distribuidor de los 92 millones de dólares de los sobornos que confesó Odebrecht, pero ni siquiera allanó sus oficinas en busca de documentos, ni le impuso la menor coerción.
Que interrogó a los opositores exdirigentes de las cámaras legislativas que aprobaron el 9 por ciento del monto de los contratos bajo sospecha, pero no ha hecho igual con los oficialistas que aprobaron el 91 por ciento, como advirtió esta semana el Partido Revolucionario Moderno.
El Presidente apoyó el “acuerdo confidencial” de la Procuraduría General con Odebrech, que solo establece multa por los sobornos, e ignora la Ley de Compras y Contrataciones, los 163 millones de dólares que la empresa delincuente confesó haber derivado como beneficios, y las denuncias de sobrevaluaciones. Pero dos días después el juez José Alejandro Vargas, basado en principios de justicia, sentó precedente al rechazar una conciliación inaceptable por la gravedad del delito.
Se ha reafirmado la convicción de que solo la sostenida presión de la sociedad obligará a alguna sanción del escándalo Odebrecht.
Por José Cabral.
Es muy bonito escuchar por la televisión y todos los demás medios de comunicación el tema de los derechos fundamentales, cuya realidad envía un mensaje distinto.
En más de una ocasión he planteado el serio problema en que está atrapada la sociedad dominicana en el contexto del sistema de justicia nacional.
Lo primero es que nadie, absolutamente nadie, respeta como debe ser la justicia constitucional, ni siquiera las cortes que tienen la misión de velar por ella mediante los recursos extraordinarios para la preservación y respeto de la constitución.
El primer ejemplo de lo que ocurre con la violación de la Constitución y con el no respeto de los derechos fundamentales, tanto a nivel del derecho interno como del externo, es la actitud del Ministerio Público, el cual destina al zafacón las denuncias y querellas presentadas por aquellas personas humanas víctimas de robos, asaltos a mano armada y de una gran variedad de actos delincuenciales.
El asunto es tan grave que cuando las victiman reclaman resultados de sus querellas o denuncias el fiscal procede con un archivo definitivo en virtud de lo que dispone el artículo 181 del Código Procesal Penal, pero peor aun cuando el perjudicado decide someter un recurso de objeción ante el juez de Instrucción, el cual regularmente lo que hace es ratificar lo decidido por el Ministerio Público.
En este caso no importa la violación que cometa el fiscal que ha manejado el caso, lo cual se constituye en una violación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, consignados en los artículos 68 y 69 de la Constitución.
Pero la cuestión se complica cuando hay que acudir mediante un recurso contencioso administrativo por las constantes y graves violaciones de los derechos de los administrados, cuyo desempeño de los jueces de esta jurisdicción, hermanita de padre y madre del derecho constitucional, actúa como una caja de resonancia del Procuraduría General Administrativa y ahora abogado del Estado.
Es frustratorio e imperdonable lo que ocurre en esta jurisdicción de la justicia, pero todavía la cuestión es mucho más preocupante con la emisión de una serie de sentencias que violentan los más elementales principios del derecho constitucional.
Sin embargo, lo más deprimente es cuando se somete un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, cuyo fallo se produce cuando ya los justiciables han muerto o de revisión de una acción de amparo o de una decisión jurisdiccional ante el Tribunal Constitucional, en cuyos órganos se concreta la expresión de que justicia tardía es justicia denegada, dado que los casos son decididos hasta 2, 3 y hasta 4 años después de haberse sometido.
Voy seguir con el tema, pero lo que he dicho hasta este punto indica que la Constitución dominicana y el neo-constitucionalismo que tanto se pregona es una forma de que el país esté a la moda con esta corriente, pero que la realidad está más asociada con la herencia histórico cultural del pueblo dominicano, en la que prevalecen una serie de antivalores como el amiguismo, el machismo, el patriarcado y el caudillismo, entre otros.
Sólo el pueblo dominicano puede superar la sociedad de las cavernas en que nos tienen sumergidos los partidos políticos y otros actores de la democracia de papel que se ha impuesto en la República Dominicana.
Por Isaías Ramos
¿Puede el Congreso aprobar una ley que contradiga, en la práctica, una sentencia vinculante del Tribunal Constitucional? Esa es la pregunta que hoy enfrenta la República Dominicana tras la aprobación en primera lectura en el Senado de un proyecto que eliminaría las candidaturas independientes.
Más allá de las diferencias políticas que puedan existir sobre el modelo electoral, lo que está en discusión es algo mucho más profundo: el respeto a la Constitución de la República Dominicana, a los derechos políticos de los ciudadanos y a las decisiones vinculantes del máximo órgano de control constitucional del país.
En diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales diversas disposiciones de la legislación electoral que imponían trabas desproporcionadas a las candidaturas independientes. La decisión procuró garantizar que el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos no quedara condicionado exclusivamente a la estructura de los partidos políticos.
Sin embargo, lo ocurrido en el Congreso parece avanzar en dirección contraria. La aprobación de un proyecto que, en la práctica, eliminaría las candidaturas independientes plantea un choque evidente entre la voluntad legislativa y una sentencia vinculante del máximo intérprete de la Constitución.
La gravedad del momento institucional se acentúa aún más cuando se observa que la decisión fue adoptada de manera prácticamente unánime por los senadores. Resulta legítimo preguntarse si todos los legisladores han reflexionado plenamente sobre el alcance constitucional de la decisión adoptada o si estamos ante una reacción política frente a una sentencia que algunos sectores preferirían ignorar.
Algunos constitucionalistas, como Eduardo Jorge Prats, han descrito esta reacción como una “rabieta institucional hiperpartidista disfrazada de defensa de los partidos”. Más allá de la dureza de esa expresión, la advertencia merece una reflexión seria. Cuando las decisiones de un tribunal constitucional comienzan a ser relativizadas o neutralizadas mediante decisiones políticas, el equilibrio institucional de una democracia empieza a resentirse.
La Constitución dominicana es clara en este punto. El artículo 6 establece que todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución. El artículo 68 dispone que corresponde al Estado garantizar la efectividad de los derechos fundamentales; no basta con reconocerlos en el texto constitucional, es necesario hacerlos posibles en la realidad. El artículo 73 establece la nulidad de pleno derecho de los actos contrarios a la Constitución. El artículo 74 consagra el carácter progresivo de los derechos fundamentales. Y el artículo 184 reconoce al Tribunal Constitucional como el órgano encargado de garantizar la supremacía de la Carta Magna.
A la luz de esos principios, la iniciativa aprobada en primera lectura adquiere una dimensión particularmente sensible para el orden constitucional. Lo que está en juego es una posible tensión institucional con el Tribunal Constitucional si una ley terminara reproduciendo, en la práctica, las mismas restricciones que el propio tribunal declaró inconstitucionales. Una situación así podría tener consecuencias graves para el orden constitucional.
El artículo 68 de la Constitución no es una disposición abstracta: es la garantía de que los derechos fundamentales tengan contenido real y efectivo. Cuando el Estado limita injustificadamente vías de participación política, no solo restringe un derecho; también debilita la confianza del ciudadano en las instituciones llamadas a protegerlo.
Este no es un debate sobre simpatías o antipatías hacia las candidaturas independientes, ni sobre la importancia de los partidos políticos. Los partidos son pilares fundamentales de la democracia. Pero reconocer su importancia no significa convertirlos en los únicos canales posibles de participación política. La democracia dominicana debe abrir puertas al ciudadano, no cerrarlas.
Si la Constitución reconoce derechos políticos a los ciudadanos, surge entonces una pregunta de fondo: ¿quién puede legítimamente restringirlos? Los derechos políticos pertenecen al pueblo dominicano. Los partidos son uno —pero no el único— de los canales para ejercerlos.
Las democracias se sostienen sobre un principio simple pero esencial: la Constitución es la norma suprema del Estado y todos los poderes públicos están sometidos a ella. Cuando ese principio comienza a relativizarse, la confianza institucional se erosiona y el sistema democrático se vuelve más frágil.
Nuestro deber como nación —y particularmente de quienes ejercen responsabilidades públicas— es proteger la Constitución incluso cuando hacerlo resulte incómodo o políticamente inconveniente. El respeto al orden constitucional no es una opción circunstancial: es la base misma sobre la cual descansa la estabilidad institucional de la República.
La estabilidad democrática que hoy disfruta la República Dominicana no es un accidente histórico. Tampoco ha sido un proceso perfecto: a lo largo del tiempo ha habido episodios de indiferencia frente a los deberes y mandatos constitucionales. Pero precisamente por esa experiencia acumulada sabemos que debilitar las reglas del juego institucional solo aumenta los riesgos para el orden democrático en un mundo marcado por crecientes tensiones geopolíticas y desafíos globales.
Desde el Foro Cívico y Social y el Frente Cívico y Social creemos firmemente que aún hay espacio para la reflexión institucional. Por ello hacemos un llamado respetuoso pero firme a los honorables senadores para que, antes de la segunda lectura de este proyecto, revisen con serenidad el alcance constitucional de la decisión que se está tomando.
También está en juego el mensaje institucional que el Congreso envía al país. Cuando un poder del Estado parece actuar en contradicción con la Constitución o con una sentencia vinculante del Tribunal Constitucional, el mensaje hacia la ciudadanía y hacia las instituciones públicas es institucionalmente delicado.
En una democracia constitucional, los derechos políticos del ciudadano no dependen de la voluntad de los partidos ni de las mayorías circunstanciales del Congreso. Dependen de la Constitución. Porque cuando una democracia olvida que la Constitución es su límite, no se debilitan los partidos: se debilita la República.
Despierta RD!
(Primera entrega)
Por Oscar López Reyes
Las costumbres, creencias y valores tradicionales pierden incidencia colectiva o se están esfumando, igual que la rigidez en la gobernanza de la democracia representativa/liberal; se dispersan en el descrédito y desarticulan organizaciones socio-comunitarias y sus líderes más experimentados. La vieja ciudadanía y la identidad cultural se desgastan en su funcionalidad y legitimidad, y no por casuística.
Las instancias del poder típico y clásico han menguado, y las voces que antaño repercutían con resonancia se apagan en el anclaje del paisaje de la individualización, el aislamiento y la fatiga, porque en la globalización y el necrocapitalismo se satisfacen pírricamente los deseos y aspiraciones comunales. Al unísono, esta nueva dinámica ha reducido la lucha de clases y puesto en jaque el viejo discurso político y los lances episódicos y coyunturalistas.
Visualicemos 10 componentes claves de las añejas estructuras del dominio y los procesos neodemocráticos:
1.- Crisis paternal y profesoral. Los jefes del hogar y la escuela han perdido autoridad, haciendo descansar las influencias de infantes y adolescentes en amistades de estos y en los dispositivos electrónicos, que desconcentran y aíslan. Esos tutores no les fijan límites razonables, en una permisividad aupada por el temor al autoritarismo y a la culpabilidad (“crianza culposa”). La fragilidad en el mando de los docentes radica en el escaso respaldo familiar, el decaimiento de algunos padres hacia sus hijos y su desarmonía con las nuevas tecnologías.
2.- Los partidos de masas. Las organizaciones políticas legendarias/rutinarias de alta afiliación han devenido en flácidas estructuras orgánicas, con una militancia con una pobre formación ideológica. Sus características principales son la personalización de su liderazgo en la obsolescencia e inadaptación en un contexto societario en constante cambio, la búsqueda energúmena de cargos públicos y beneficios particulares, la incursión en actos delictivos, como la corrupción, la descomposición, la escasa lealtad y las exigencias monetarias. Esos agravios se han traducido en inercia, estancamiento y en endeble suficiencia de esos partidos para movilizar a los conglomerados.
3.- Los partidos de izquierda. La atomización y decadencia del sistema de agrupaciones de izquierda tiene su raíz en el enclaustramiento a los principios invariables de la Revolución Bolchevique comandada por los reverenciados ideólogos comunistas Vladimir Lenin, León Trotsky y José Stalin (Rusia, 1917), que conduce a la negación de los cambios, o sea, a la resistencia inconsciente a la readecuación a los nuevos tiempos hegemonizados por el marketing y las alternativas populistas nacionalistas. El progresismo no aprovecha la crisis de la plutocracia librecambista, se estanca y retrocede porque tampoco satisface las aspiraciones de la mayoría. Con su dogmatismo divisionista, la izquierda no se amolda a las conversiones, ni responde a desafíos contemporáneos, como la equilibrada, emergente y ascendente República Popular China.
4.- Los grupos estudiantiles. Recrean en la penumbra de la reminiscencia los movimientos estudiantiles de liceos secundarios y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) de las décadas 1960-1980, cuyos miembros y simpatizantes salían a las calles a movilizarse -con quemas de neumáticos y enfrentamientos con agentes de la Policía Nacional- por reivindicaciones académicas y el respetado a las libertades públicas y los derechos humanos. Han sido empequeñecidos y diezmados por la hegemonía del modelo mercantilista neoliberal, la vigencia democrática, la minimización de la izquierda y el predominio del egocentrismo.
5.- Los gremios de empresas. La afiliación sindical está en declive por la disminución de las grandes industrias manufactureras y la automatización tecnológica, que reduce empleos, mejora calidad y aumenta la productividad; el anarcosindicalismo, la percepción de corrupción y la politización de los gremios. Ahora una laptop tonifica con más utilidad que un sindicato.
6.- La gobernanza estatal. La jurisdicción del presidente de la República mengua, por los reclamos de la opinión pública en sociedades democráticas, la vigencia del estado de derecho, las imposiciones de organismos internacionales y los grupos de intereses. Asimismo, la influencia y el poder de funcionarios del Estado se ha limitado (no eliminado) por la implementación de normativas contra sobornos en licitaciones y adquisiciones, la prohibición de doble cargo remunerado, los contubernios y negocios asociados, la reducción de gastos operativos y otros relativos a los procesos de transparencia, y por temores a las denuncias públicas (los desfalcos y peculados son más conocidos) y a los enjuiciamientos judiciales.
7.- La prensa tradicional. Eleva su grado de credibilidad y se reinventa en novedosas esferas, pero desperdicia audiencias y protagonismo por el advenimiento de la internet. También les perforan las redes sociales y la gratuidad de otras plataformas digitales, que son preferidas por los nuevos usuarios, especialmente los jóvenes.
8.- Los militares y policías. Los ciudadanos respetan cada vez menos a los cuerpos policiales y castrenses, que han erosionado su confianza por sus arbitrariedades, la prevaricación y gangrena, la complicidad con crímenes y su incompetencia para afrontar la desbordada delincuencia sistémica. Están siendo frenados por las denuncias ciudadanas y los rollizos esfuerzos de las autoridades oficiales, como las reformas institucionales.
9.- Las masonerías y los clubes culturales. Se estropean y desvanecen las entidades extremadamente cerradas, restringidas, desactualizadas, monótonas y sin presupuestos, como las logias masónicas y los clubes culturales. Por el contrario, las religiones se transforman y crece la espiritualidad, con prácticas como el yoga/meditación, adaptadas a estilos de convivencia flexibles, abiertos, individualistas y globalizados.
10.- Las ligas campesinas. Décadas atrás, comunidades rurales bullían de efervescencia, en intensas jornadas de lucha –que cobró vidas humanas- por la Reforma Agraria, motorizadas por núcleos de agricultores sin tierra. Hoy las ligas agrarias son debiluchas, y perecen. Ese declive brota dispersión e ineficacia para organizarse y proteger su producción, así como la emigración a las ciudades del país y el exterior. También han apaciguado el descalabro de la izquierda y el tráfico y lavado de dinero con la venta de predios.
Como se constata en las descripciones y razonamientos predichos, en la Nueva Era de trabajos digitales, computación cuántica e inteligencia artificial, líderes políticos, socio-comunitarios y organizaciones de pelajes dispares no se han remozado en perspectivas de las otras expresiones ciudadanas y paradigmas emergentes en el hogar, la escuela y los cantones geográficos. Su morfema léxico se fue a pique.
Inequívocamente, no han comprendido que las ideas y potestades ya no se imponen únicamente con la coacción o coerción, sino con el diálogo tolerante, la cercanía con discursos moderados e inclinando el pandero en otros espacios de socialización. Si persisten obstinadamente sin girar gradualmente hacia metas prioritarias y alcanzables en el corazón de esas mutaciones societales, las viejas estructuras organizacionales seguirán carcomidas en el aislamiento, por el derrotero de la desarticulación sin retorno. ¡Qué adversidad!, ¡qué lamento!, y ¡qué calamidad!
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El autor: Periodista, escritor y catedrático.
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