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Opinión

Danilo: sus palabras, su silencios y sus hechos

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Obvio en sus detalles los antecedentes políticos de Danilo Medina como fundador del PLD, armador de la funesta alianza con el PRSC, alto funcionario del primer gobierno del PLD, precandidato y candidato presidencial en dos oportunidades.

Voy directo a su discurso de toma de posesión y a sus primeras medidas.

El discurso

El discurso de Danilo ante la Asamblea Nacional -además de obviar temas claves de la crisis nacional, de reiterar propuestas de pactos sociales que incluyen a los grandes responsables de esta crisis y que nunca han servido para favorecer al pueblo empobrecido y los sectores oprimidos y discriminados- ha sido desmentido en sus partes mas demagógicas por los nombramientos que le siguieron a continuación; mientras la conceptualización empleada a lo largo del mismo luce ajena a su real forma de ser  y de pensar pragmático.

  • La mega-minería, que implica amenazas tan ominosas contra la vida del país y casos tan siniestros e inminentes como el de Barrick Gold-Pueblo Viejo, Loma Miranda- Falcondo y el chorro de concesiones mediante las cuales se traspasa a precio de vaca muerta a negociantes extranjeros y criollos el patrimonio natural de la república, no fueron merecedoras de mención alguna en su discurso de toma de posesión.
  • La insoportable deuda externa, el elevado déficit comercial y el desfonde fiscal, no fueron objeto de reformulaciones de las políticas públicas ni de nuevos lineamientos  alternativos al neoliberalismo y a los socialmente costosos ajustes del FMI.
  • Los TLCs, que degradan la producción nacional, fueron ignorados en esa intervención.
  • El transporte, privatizados y caotizado fue expresamente obviado.
  • Las privatizaciones del patrimonio público, fuentes de lucro empresarial, estafas, ineficiencias y tarifas elevadas, también fueron obviadas.
  • El rescate de la soberanía del país como el desmonte de los pilares del modelo neoliberal, no fueron abordados en términos concretos; limitándose a ofrecer planes y metas imposibles de cumplir bajo la dependencia y el estado de cosas y de crisis que conlleva la hegemonía de la gran burguesía transnacional, la partidocracia actual, el imperialismo estadounidense y la gran burguesía criolla.
  • La tutela militar-policial compartida de EE.UU., Israel y Colombia, fue silenciada, así como sus consecuencias en prácticas de torturas, ejecuciones extra-judiciales y asociaciones con la narco-corrupción. Igual la podredumbre policial-militar (DNCD, la DNI, PN, FFAA…), que gravita en esa misma dirección.
  • La educación superior y el 5% del presupuesto para la UASD fueron olvidados, mientras el 4% del PBI para la pre-universitaria no pudo soslayarse dada su peso en la conciencia nacional.

Los primeros hechos

En contraste con sus  improvisadas prédicas moralistas, importantes planes sociales asistencialistas fueron puestos en manos de la vice-presidenta, Margarita Cedeño, figura señera del clientelismo, la corrupción, el dispendio y la prepotencia.

Y para colmo las proclamas de Danilo contra la deshonestidad y el oportunismo, así como su promesa de una nueva policía nacional, fueron desmentidas rápidamente con el nombramiento en su gabinete y otros cargos de destacadas figuras de la corrupción y el dispendio leonelista y con la ratificación del anterior jefe de la policía, responsable de innumerables delitos de Estado.

Ridícula la profesión de fe a favor de los derechos de la mujer ratificando a Alejandrina Germán como ministra de una disciplina ajena a sus convicciones, como igual acontece con el nombramiento de Jaime David Fernández Mirabal en el ministerio de Deportes y Bauta Rojas en Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Ligia Amada Melo, pese a quemarse en ambos ministerios de Educación, fue ratificada  sin justificación en Educación Superior, mientras igual tratamiento se le dio a unas de las figuras conspicua del enriquecimiento ilícito en el Ministerio de Turismo (Francisco Javier García) y al canciller de la indignidad y la corrupción balaguerista (Carlos Morales Troncoso).

¡Si por los hechos los vamos a conocer, ya lo estamos conociendo más que ayer!

Esos nombramientos  son sus primeros hechos en el presente, amén de otros remotos similares en su condición de artífice de la alianza con el balaguerismo y pionero de la corrupción de Estado peledeísta.

Amén, en fin, de sus prolongados silencios cómplices ante los desafueros, fechorías, entregas del patrimonio nacional, abusos de poder y crímenes cometido por la cúpula peledeísta a lo largo de doce años de gobierno.

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Opinión

La Procuraduría General de la República y el MP deben amarrar el toro por los cuernos.

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Por José Cabral

Nadie sabe cómo se produce la formación de jueces y fiscales en la República Dominicana, a pesar de la existencia de las escuelas nacional de la judicatura y del Ministerio Público.

Cuantos disparates jurídicos se ven en los tribunales y las fiscalías de los diferentes distritos judiciales del territorio nacional, en unos más que en otros.

Cuando se tiene que litigar o acudir a los tribunales, por la razón que sea, llena de mucha amargura al que tiene que hacerlo.

Pero la asistencia a un palacio de justicia no sólo causa preocupación con ver a simple vista lo que allí ocurre, sino también por la forma en que se manejan las leyes en estas instancias.

Es un escenario donde los fiscales y los jueces hacen las cosas como a ellos les da la gana, muchas veces por irresponsabilidad y otras por incapacidad.

Tanto es así, que hay fiscales que tienen el cliché de que todo lo penal que proviene de una ley del derecho civil no es competencia del Ministerio Público.

Es decir, que el que comete fraude o falsifica documentos en el marco de una junta directiva de un condominio, el caso no es penal, sino civil, siempre de acuerdo a la visión del Ministerio Público.

Entonces, frente a esa incapacidad es como si no existiera la razonabilidad para determinar que cualquier ley del derecho civil tiene situaciones que por sus propias características entran en el derecho penal.

Esta situación genera en la actualidad una verdadera crisis con las actuaciones del Ministerio Público, cuyos miembros tienen unas actitudes que van a generar muchas vías de hecho por el manejo equivocado que se les da a los casos.

En el próximo artículo buscaré analizar el comportamiento de los jueces de los tribunales inferiores y de las cortes de apelación, quienes siempre recurren a la palabra clave para evitar la consecuente queja por una sentencia arbitraria emitida en contra de una serie de valores, principios y derechos constitucionales fundamentales, que es si no está de acuerdo con la decisión, recurra.

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Opinión

La Sede de la Corte Penal  Internacional en el Territorio de un Estado

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Por Rommel Santos Díaz

El artículo 3 del Estatuto de Roma dispone que la Sede de la Corte Penal Internacional  esté en La Haya, y que la Asamblea de los Estados Partes  aprobará un acuerdo entre la CPI y el Estado anfitrión.

El  artículo 3 (3) y 62 del Estatuto de Roma propone que la CPI también podrá celebrar sesiones en otro lugar cuando sea necesario  para un proceso o una serie de procesos  específicos.

Los Estados  Partes podrán disponer  que la Sede de la CPI esté en su territorio cuando  esto sea necesario o beneficioso.

Las Reglas de Prueba y Procedimientos  normalmente especificarán los procedimientos a tomar para que CPI  sesione fuera de su Sede.

Ninguna de estas disposiciones crea obligación alguna para los Estados.

Muchos Estados cuentan con legislación  y procedimientos administrativos  que permiten que el Tribunal Penal Internacional  para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda  celebre sesiones en su territorio.

Esta legislación y procedimientos podrían requerir una reforma mínima, para permitir que la Corte Penal  Internacional  también tenga su sede en su territorio.

Algunas veces, el hecho de celebrar un juicio en el  lugar en que se cometió el delito dará a las víctimas  un mayor sentido de justicia, ya que podrían claramente apreciar que la CPI funciona.

Finalmente, los Estados deberán tomar en consideración la posibilidad de permitir que la Corte Penal Internacional  funcione plenamente  en su territorio.

[email protected]

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Opinión

Un hospital en el “Maharishi”

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Por Nelson Encarnación

Los residentes en “los kilómetros” se han sorprendido con el anuncio de que en los amplios terrenos donde funcionó hace décadas un colegio conocido como “Maharishi”, se pretende construir un centro recreativo que estará a cargo del Ayuntamiento del Distrito Nacional.

A la sorpresa ha seguido el reclamo de que, en lugar de dicho centro, se construya un hospital general, en atención a que en esa zona no existe un establecimiento de salud de esa categoría ni de ninguna otra.

En realidad, toda esa amplia franja de territorio que va del Centro de los Héroes hasta el kilómetro 12 de la avenida Independencia (hacia el oeste de la carretera Sánchez), y de Sur a Norte, desde el Malecón hasta la avenida 27 de Febrero, solo existen dos centros médicos privados y ningún hospital del Estado.

Nos referimos a las clínicas Independencia y Real, mientras que el hospital más cercano es el Marcelino Vélez Santana, enclavado en la zona de Herrera, cuya capacidad se desborda solo con la demanda de la gran población del municipio Santo Domingo Oeste y vecindades que le rodean.

Es decir, la zona que mencionamos está compuesta de una numerosa población en su mayoría de condiciones económicas vulnerables que tiene que movilizarse a hospitales distantes para procurar una atención médica que no se puede costear en los escasos centros privados.

Desconocemos las razones por las cuales el Estado nunca ha contemplado la necesidad de dotar a la zona suroeste de la capital de un gran hospital, mientras se han realizado cuantiosas inversiones para la construcción de varias ofertas de salud en otros lugares, a veces establecimientos bien cercanos.

Ante esa realidad, el presidente Luis Abinader se consagrará como un preocupado por la salud de esa población si en los referidos terrenos, en vez de un indefinido “centro recreativo” se decidiera la construcción de un hospital que responda a las necesidades de salud de miles de personas marginadas de los servicios sanitarios accesibles.

En este caso yo abogo por la colectividad, no por unos cuantos que por intereses particulares quisieran que los terrenos del “Maharishi” siguieran bajo su usufructo.

De modo que, un hospital sería de impacto colectivo de un alcance mucho mayor que un innominado centro recreativo que nadie ha pedido. Presidente, tome esto como una solicitud formal.

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