Opinión
Danilo y el problema eléctrico
Por Freddy Nuñez
Sin lugar a dudas uno de los cinco principales problemas que con carácter de urgencia debe resolver el país es el eléctrico; prolongados apagones, generación cara e ineficiente, insostenibilidad financiera, líneas de distribución obsoletas, grandes pérdidas, costosos subsidios, debilidad institucional, son solo parte de los múltiples factores que agravan y mantienen en vigencia una situación que a todos nos afecta.
La nueva administración que el pasado 16 de agosto tomó las riendas del gobierno y por ende del Estado, conoce muy bien la situación que tiene el país en esa materia, y así lo indica el hecho de que el presidente Danilo Medina haya designado al frente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) al ingeniero Rubén Bichara, un profesional de la ingeniería eléctrica, que conoce tanto o más que muchos la real situación por la que atraviesa el sistema eléctrico dominicano.
Su paso por la administración de las distribuidoras EdeSur y Ede Este, y su dedicación a conocer a profundidad los intríngulis del sector, auguran una buena dirección y gerencia para esa importante institución, pero más aun el hecho de que Rubén Bichara no tenga intereses creados en ningún área del sistema eléctrico, nos da mayor confianza de que sus decisiones no estarán dirigidas a favorecer ningún sector ni a nadie en particular, no tiene grandes empresas contratista del área eléctrica, no tiene una distribuidora ilegal de energía eléctrica, ni tiene relaciones económicas con ninguna generadora, y su relación con los agentes del sector han sido como las de cualquier otro profesional de la ingeniería.
Ahora nos falta ver el plan tanto de recuperación como de expansión que para el sistema eléctrico tiene Rubén Bichara y su equipo, el cual debemos admitir cuenta con profesionales y conocedores de larga data de la situación del sistema eléctrico nacional, tales el caso del ingeniero Hipólito Núñez, (quien no es familiar del autor de este articulo), este fue designado al frente de Edesur, de cuya empresa tiene un gran conocimiento.
El Plan que en nombre del gobierno deberá presentar el equipo eléctrico, debe contener la forma en que se va a aumentar la generación en el país, la cual ya ronda un déficit de los 500 Megavatios, así como la calidad de esa nueva generación, la que deberá ser a partir de combustibles más económicos, tecnologías más eficientes y amigables con el medio ambiente, así como que contribuyan de manera importante a disminuir el costo marginal del kilovatio/hora, pero además las medidas deben reducir de forma importante las grandes pérdidas que en la parte de distribución observa el sistema, tanto las perdidas técnicas como las no técnicas, la eliminación de estas últimas deben tener como finalidad que todo usuario de la energía eléctrica sea cliente de una distribuidora, eliminando así el uso ilegal de la electricidad.
También los planes estratégicos de los funcionarios del subsector eléctrico, deberán contener la forma en que se fortalecerán las instituciones del área eléctrica, como son: la Comisión Nacional de Energía (CNE), La Superintendencia de electricidad (SIE), El Organismo Coordinador (OC) y otras que denotan una baja incidencia de sus roles en la dinámica del sistema.
Otra cosa que no debe faltar en dicha propuesta, es la revisión de las normativas legales que sustentan el sistema eléctrico, sobre todo las que tienen que ver con la compra de energía eléctrica por parte de las distribuidoras (artículo 110 de la Ley 125-01), así como también la que indican un pago a cada usuario por parte de las distribuidoras por cada hora de energía eléctrica no entregada y la mala calidad de la misma(artículo 457 del Reglamento de aplicación de la ley 125-01 modificada por la Ley 186-07), estas son una muestra de las partes de la plataforma legal del sistema eléctrico que han sido prácticamente imposibles de cumplir, lo cual obliga al estado a buscar una solución que permita el cumplimento de la ley, y claro está, no podemos olvidar la revisión de los contratos del acuerdo de Madrid, los cuales tienen mucho que ver con la problemática legal antes explicada.
En definitiva creemos que esta es una nueva y buena oportunidad para que de una vez y por todas, nuestro sistema eléctrico se encamine a la solución de sus graves problemas, la definición de una estrategia integrada que abarque toda el área eléctrica es importante, y debe contar con el apoyo de todos en el país.
Por Rommel Santos Díaz
Los crímenes de la competencia del Estatuto de Roma son normalmente aquellas ofensas cometidas contra un número de personas. Los crímenes de lesa humanidad y el genocidio son delitos que generalmente son cometidos por muchos individuos que operan como parte de una extensa organización criminal.
Aquellos que poseen el grado más alto de responsabilidad penal por estos crímenes normalmente son aquellos individuos con posiciones de autoridad que no tienen contacto directo con las víctimas. Ya sea que emitieron las órdenes, incitaron a otros a cometer los crímenes, o crearon los medios con los cuales se cometen estos crímenes.
Es por esta razón que el Estatuto de Roma no restringe la responsabilidad penal por estos delitos a los individuos que estuvieron directamente involucrados con su comisión, pero la entiende a aquellos que estuvieron también indirectamente involucrados.
Según el artículo 25 del Estatuto de Roma, la persona será penalmente responsable si:
- a)Cometio el crimen por sí solo, con otro o por conducto de otro, sea este o no penalmente responsable;
- b)Ordeno, propuso o indujo la comisión de ese crimen, ya sea consumado o en grado de tentativa;
- c)Fue cómplice o encubridor o colabore de algún modo en la comisión o la tentativa de comisión del crimen, incluso suministro los medios para su comisión;
- d)Contribuyo de algún otro modo en la comisión o tentativa de comisión del crimen por un grupo de personas que tengan una finalidad común. La contribución fue intencional y se hizo con el propósito de llevar a cabo la actividad o propósito delictivo del grupo, o a sabiendas de que el grupo tenía la intención de cometer el crimen;
- e)Respecto al crimen de genocio, hizo una instigación directa y pública a que se cometiera;
- f)Intente cometer ese crimen.
Sin embargo, la persona que desiste de la comisión del crimen o impida de otra forma que se consume no podrá ser penado de conformidad con el Estatuto de Roma por la tentativa si renunciare íntegra y voluntariamente al propósito delictivo.
Los Estados partes del Estatuto de Roma que deseen enjuiciar a los acusados en sus tribunales nacionales, según el principio de complementariedad, deberán garantizar que su legislación de implementación incluya todas las formas de responsabilidad penal individual y ofensas incoadas dispuestas por el Estatuto.
De lo contrario, no podrían enjuiciar en sus tribunales nacionales la mayor parte de los individuos responsables por la omisión de los delitos contenidos en el Estatuto de Roma.
Finalmente, la mayoría de la legislación penal nacional ya describe la responsabilidad penal individual de la misma manera, y por lo tanto no sería necesario realizar enmiendas legislativas. Los Estados Partes deberán sin embargo asegurarse de que esta responsabilidad se aplique a todos los delitos de la competencia de la Corte Penal Internacional.
Por Elba García Hernández
En los últimos días del presente año 2024 he tenido la obligación y el deber de defender derechos fundamentales ante el Tribunal Superior Administrativo y he podido comprobar lo mal que está el país en materia de justicia.
Los abusos de poder se observan en esta jurisdicción de Derecho Administrativo en cualquiera de las salas que conocen las litis que se presentan entre la administración y los administrados.
Es penoso ver como los abogados repiten como papagayos los mismos argumentos en los diferentes casos que en esta instancia se conocen. Pero peor aún el nivel de los jueces que manejan los casos.
En esta jurisdicción hay un nivel de razonabilidad que sonroja a cualquier profesional del derecho, pero las cosas se complican cuando se examinan las sentencias que emiten los juzgadores de una jurisdicción que está estrechamente vinculada con el Derecho Constitucional.
Es tanto así, que muchos de los jueces están más interesados en penalizar a las partes sobre la base de disposiciones arbitrarias e ilegales de comisionar un alguacil de estrado para que haga nuevas notificaciones y cobrarles a los litigantes por ese concepto hasta 20 mil pesos cuando se trata de conflictos legales que provienen del interior del país.
Cualquiera se forja la impresión de que existe una sociedad para hacer dinero mediante las notificaciones entre los alguaciles de estrados y los magistrados que presiden salas en el Tribunal Superior Administrativo.
Lo preocupante de este asunto es que cuando no se satisface el deseo del juez o del alguacil de estrado, ese disgusto se refleja en la sentencia que emite el tribunal.
Otro detalle importante de lo mal que se manejan algunas salas del Tribunal Superior Administrativo es que se agarran de cualquier detalle insignificante para justificar una sentencia en contra del que no se acoge a la comisión de un alguacil para fines de nueva notificación.
Impresiona, además, el poco nivel de razonabilidad de los que participan de las audiencias que se celebraran en el Tribunal Superior Administrativo.
En realidad, parece un juego de niños, lo cual desmiente los supuestos avances en Derecho Administrativo, porque la verdad es que lo ocurre en esta jurisdicción de la justicia deja mucho que desear.
Por José Cabral
El panorama que se observa en el país lleva a cualquier persona, por optimista que sea, a sentir que todo se derrumba y que nada tiene solución. No hay un solo estamento estatal que indique que el país transita por un buen camino.
Esto así, porque si al azar se escoge cualquier instancia, pública o privada, fácilmente se llega a la conclusión de que prácticamente todo está perdido. Son prácticamente nulos los referentes que indican que en el futuro se alcanzaría una mejor nación.
El principal fracaso de la sociedad dominicana tiene que ver con el fiasco que representa el Ministerio Público y la judicatura nacional, donde uno apoya la ilegalidad del otro. Es un asunto para mantenerse seriamente preocupado.
En realidad, no se sabe cuál si el fiscal o juez anda peor, pero de lo que sí se puede estar seguro es de que ambos transitan por un camino que solo garantiza el abismo de la nación.
En el país no hay proceso penal que termine de buena manera, pero tanto el Ministerio Público como los jueces recurren permanentemente a decisiones al margen de las leyes que les sirven de sustento.
El Ministerio Público sólo parece ser bueno para manejar casos de importancia mediática, mientras que los jueces se han especialistas en emitir sentencias al margen de las normas y de los derechos, deberes y principios fundamentales.
Es una verdadera vergüenza lo que ocurre en el país, ya que tribunales como el Superior Administrativo, donde el administrado busca liberarse de los abusos de la administración, tiene un nivel similar al de un juzgado de paz. Sus jueces carecen de razonabilidad y muchas veces hasta de sentido común.
En el sistema de justicia nacional se produce una verdadera negación de derechos, pero el hecho de que los jueces no puedan ser procesados por muchos de los casos que fallan, ya que hasta las acciones de amparo no pueden ser interpuestas en contra de los tribunales nacionales, habla claro de la trampa en que está envuelto el ciudadano.
Es decir, que, aunque existe la querella disciplinaria, la recusación e incluso la prevaricación, es una batalla como aquella siempre citada entre el huevo y la piedra, porque la complicidad se extiende de un lado a otro sin excluir a prácticamente la totalidad de los actores del sistema de justicia.
Adentrarse en el comportamiento de la justicia y del Ministerio Público es una razón determinante para frustrarse o resentirse, aunque, naturalmente, este mal debe combatirse con herramientas que tal vez algún día surtan efecto.