Opinión
Danilo y la Barrick
Por Narciso Isa Conde
Danilo Medina, en su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, consideró INACEPTABLE el contrato-estafa con Barrick Gold (suscrito por Leonel Fernández y refrendado por esa misma Asamblea), específicamente en cuanto a los reducidos que recibiría el Estado dominicano de perdurar el régimen fiscal consignado en ese texto, en momentos en que los precios del oro se han disparado a un nivel superior a los 1,700 millones de dólares la onza troy y que la empresa se quedaría con el 97 por ciento de las ganancias generadas.
El presidente Medina -necesitado su gobierno de fondos, como resultado del grave déficit provocado por la corruptela de la anterior administración de su propio partido- se apoyó en la gran avalancha nacional contra la Barrick para presionar a ese consorcio transnacional a una renegociación de los ingresos del Estado, bajo amenaza de presentar un proyecto de ley que grave las exportaciones de minerales en función de las alzas de precios en el mercado mundial, si los directivos de Barrick se siguen resistiendo a un acuerdo “amigable”.
Nadie en su sano juicio podría estar en desacuerdo con el propósito de que el Estado del país dueño del oro y la plata en disputa reciba más ingresos que la ridícula suma asignada; incluso que reciba los ingresos que justamente le corresponden por la explotación y exportación de esos valiosos recursos no renovables.
Pero hay más en ese tema.
Hasta ahí las cosas pintan bien, en contraste con la asociación de malhechores que constituyeron la Barrick, los ladroneles y una gran parte de los/as legisladores/as cuando impusieron ese adefesio llamado contrato. Por eso los aplausos oportunistas como los aplausos sinceros y los pronunciamientos de apoyo que se quedan flotando en la capa superficial de un asunto mucho más grave y complejo; sin que falten las caras compungidas.
Porque no se trata de ese único aspecto, ni del soborno implícito en la propuesta que Barrick Gold le hizo al gobierno de pagarle por adelantado los impuestos que le corresponderían a la próxima Administración, justamente rechazada.
Danilo definió a la Barrick como una empresa seria y destacó su supuesto compromiso con la defensa del medio ambiente, cuando mundialmente han sido denunciadas sus depredaciones, sus crímenes ecológicos, sus abusos, sus represiones; cuando se conoce que entre sus dueños está la familia Bush, Cisneros y magnates pinochetista duchos en despojos, guerras de rapiña y expoliaciones; cuando se han denunciado las atrocidades que ha hecho en Cotuí y se sabe la implicaciones del uso del cianuro, prohibido su empleo por los países de la Unión Europea y muchas otras naciones; cuando además de apropiarse gratuitamente de toda el agua que necesita procedente de la presa de Hatillo, ya es visible la depredación, la contaminación y la prepotencia; mientras la llamada presa de cola puede devenir en catástrofe ecológica.
También es INACEPTABLE esa mediocre actitud de Presidente Medina frente a un aspecto tan crucial para la vida de nuestro país.
Porque las entrañas de Barrick Gold –repito- son realmente terribles: repletas de cianuro, paramilitares, dólares sucios, sobornos, saqueadores de oro y plata, agentes de la CIA, oficiales del Pentágono, Bush-es, Cisneros, Rochas, depredadores de montañas, ríos y glaciales.
La maniobra danilista obvia otras cuestiones vitales.
A nuestro entender Danilo Medina y su equipo están fundamentalmente empeñados en una maniobra política conducente a quitarle a la cuestionada y arrinconada barriga gorda de la Gold una parte de la grasa; en una astuta maniobra para lograr que esa empresa, ahora sometida a una justa presión popular, le ceda un monto más o menos significativo de dólares más, para a continuación procurar legitimar lo que el pueblo ha ilegitimado.
En tales circunstancias, el clamor popular y la voluntad nacional en pro de la superación de las tenebrosas perspectivas abiertas por la presencia en nuestro país de la Barrick Gold y otras corporaciones mineras, no deberían emplearse solo para exigir la renegociación de ese leonino contrato con el único interés de lograr mayores ingresos gubernamentales, para de nuevo pasarlo por el Congreso y quitarle algo de su mal olor.
Más allá de ese limitado y controversial interés está el grave riego que para la vida de nuestra gente y nuestra isla conlleva la explotación de enormes reservas de oro y la plata empleando cianuro o cualquier otro método contaminante.
Está en juego el destino de nuestras reservas de agua, bosques y tierras cultivables; incluida la presa de Hatillo, fuente de agua gratis para la barriga de la Barrick. El costo ambiental que podría ser mucho más alto que unos dólares más.
Está en juego, además, la soberanía del país sobre esos valiosos recursos y ese hermoso territorio (suelo, subsuelo y sobresuelo), convertido en una especie de república aparte, con autoridades civiles y militares subordinadas y tropas de choque mercenarias.
Como también está el problema de la mayoría de acciones, del rol de la parte dominicana en la gestión de esa empresa, del monto de las ganancias del Estado y de su provecho para la sociedad… puesto que es de principio que la inversión de los beneficios de la explotación del cualquier recurso no renovable debería ser más perdurable y socialmente útil que el propio recurso.
Anulación y nacionalización.
La revisión de un contrato así, entre un gobierno articulado a la dependencia y a la globalización neoliberal y una Barrick Gold ecocida y criminal, huele a una mediatización, a una transacción que deje a un lado cuestiones vitales como las señaladas; o en caso de no arribarse a acuerdos, a una ley referida exclusivamente a la cuestión fiscal.
Esa concepción calimocha y timorata sobre el tema minero explican también los silencios en ese discurso presidencial sobre Loma Miranda-Falcondo, sobre los yacimientos neurálgicos de Loma Mala, San Juan de la Maguana y Sierra de los Siete Pico y sobre las innumerables concesiones mineras que amenazan las fuentes de agua de la Cordillera Central
En el caso de la Barrick Gold no hay de otra: hay que exigir anular ese contrato, recuperar la soberanía sobre esos recursos y ese territorio, y decidir qué hacer en función del interés del país y de nuestra sociedad, sobre la base que las riquezas del subsuelo son nuestras, que solo son explotables si su extracción no causa daños irreparables al suelo y al sobresuelo de la isla; y teniendo siempre presente de que en cualquier caso de asociación del Estado con otros Estados o con empresas criollas y extranjeras, al pueblo dominicano le pertenece la mayoría de las acciones del consorcio mixto conformado y la mayoría de las ganancias, así como el derecho a la transferencia de tecnología y a la generación de tecnología apropiada.
No basta, además, hablar en general de invertir los beneficios de la explotación de esos recursos no renovables en planes sociales, sin precisar que el valor de su inversión debe ser perdurable, reproductivo y socialmente útil, con capacidad de generar un valor superior al recurso extraído. Y vale subrayar la necesidad de los esfuerzos adicionales para procesar y refinar esos minerales, agregando valor, empleos y beneficios.
Opinión
Un Estado puede ganar un enfrentamiento y, al mismo tiempo, estar perdiendo la batalla contra el crimen.
Por Isaías Ramos
En las últimas semanas, decenas de personas han muerto durante actuaciones policiales calificadas como “intercambios de disparos”. El debate se ha concentrado, comprensiblemente, en determinar si esas actuaciones fueron legítimas, si hubo proporcionalidad en el uso de la fuerza y qué mecanismos pueden establecer con credibilidad lo ocurrido.
Son preguntas indispensables.
Pero hay otra que estamos formulando mucho menos:
¿Estamos desmontando el sistema que produce al delincuente o solamente neutralizando una de sus manifestaciones?
Esta controversia me recuerda una enseñanza que quedó especialmente presente en mí desde que tuve la oportunidad de participar en el Diplomado Internacional Transformación Social y Educativa, vinculado al pensamiento del filósofo francés Edgar Morin.
Morin advertía sobre la “inteligencia ciega”: aquella que fragmenta la realidad, separa sus componentes y termina confundiendo el conocimiento de una parte con la comprensión del todo.
La criminalidad castiga severamente ese pensamiento simplificador.
El hombre armado que aparece en una esquina es apenas la expresión visible de un sistema mucho más amplio. Detrás pueden coexistir tráfico de armas, narcotráfico, microtráfico, lavado de activos, corrupción, financiamiento ilegal, reincidencia, abandono escolar, exclusión social, debilidades penitenciarias y territorios donde las instituciones han perdido capacidad preventiva.
Reducir semejante entramado al último individuo de la cadena constituye un error estratégico.
Porque si hoy cae un delincuente y mañana otro ocupa exactamente su lugar, no hemos desmontado el crimen.
Solamente hemos reemplazado una pieza.
Y mientras celebramos que una pieza cayó, la maquinaria que la incorporó, la utilizó y puede sustituirla sigue funcionando intacta.
Durante aproximadamente tres décadas, distintos gobiernos han administrado una sociedad que ha experimentado crecimiento económico y avances sociales, pero donde persisten brechas educativas, sociales, territoriales e institucionales.
El problema no es solamente cuánto se ha invertido en cada área, sino cuánto hemos sido capaces de articularlas.
Educación, protección social, seguridad, justicia, sistema penitenciario y prevención continúan funcionando demasiadas veces como compartimentos separados.
Ahí reaparece la advertencia de Morin: conocemos las partes, financiamos las partes y administramos las partes, pero perdemos de vista las relaciones que producen el fenómeno completo.
Entonces surge una contradicción preocupante: toleramos durante años condiciones que favorecen exclusión, violencia, economías ilícitas y ausencia de oportunidades y, cuando algunas de sus consecuencias finalmente aparecen armadas en nuestras calles, pretendemos enfrentarlas principalmente mediante fuerza policial.
La seguridad comienza mucho antes de que un policía tenga que sacar su arma.
Existe, además, una diferencia fundamental entre letalidad operativa y eficacia estratégica.
Una intervención policial puede neutralizar una amenaza inmediata y ser tácticamente exitosa. Pero la eficacia estratégica exige una pregunta mucho más importante:
¿Qué poder criminal perdió la sociedad después del operativo?
Un presunto delincuente capturado con vida puede convertirse, dentro del debido proceso, en una fuente de inteligencia criminal: identificar quién suministra las armas, quién financia, quién distribuye, quién recibe el dinero, quién protege la estructura y quién dirige niveles superiores.
Por eso no basta preguntar quién cayó.
Debemos preguntar:
¿Qué estructura descubrimos?
¿Qué red desmantelamos?
¿Qué información obtuvimos para impedir al próximo?
Un Estado verdaderamente fuerte no es aquel que solamente puede enfrentar a un hombre armado.
Es aquel capaz de investigar, capturar, obtener información conforme a la ley, seguir el dinero, rastrear las armas, identificar conexiones, judicializar responsables y reducir efectivamente el poder de las organizaciones criminales.
Nada de esto significa negar a los agentes policiales su derecho a defenderse ante una agresión real.
Tampoco significa asumir que toda muerte ocurrida durante una intervención policial constituye automáticamente una ejecución.
Precisamente por eso, cuando una persona muere por actuación de agentes del Estado, debe existir un procedimiento independiente y creíble capaz de establecer qué ocurrió.
Eso protege al ciudadano.
Y también protege al policía que actuó legítimamente.
Pero una política moderna de seguridad debe avanzar más.
Necesitamos inteligencia criminal integrada, capaz de conectar armas, personas, territorios, comunicaciones y organizaciones.
Necesitamos persecución financiera y judicial, porque una estructura criminal pierde verdadero poder cuando pierde su dinero, sus armas, su protección y sus mandos.
Y necesitamos prevención focalizada allí donde las redes criminales encuentran las condiciones para reclutar o sustituir continuamente a sus integrantes.
Por eso tampoco deberíamos medir la seguridad únicamente por muertos, detenidos u operativos realizados.
Debemos medirla por redes criminales desarticuladas, armas rastreadas, dinero ilícito intervenido, mandos identificados, funcionarios corruptos sometidos, reincidencia reducida y territorios recuperados.
El verdadero dilema nunca debió ser seguridad contra derechos.
Esa falsa dicotomía es, en sí misma, otra expresión de inteligencia ciega.
La República Dominicana necesita autoridad.
Necesita una Policía capaz de enfrentar el crimen.
Necesita justicia capaz de investigar y sancionar.
Necesita inteligencia capaz de anticipar las redes.
Necesita prevención capaz de reducir el reclutamiento.
Pero, sobre todo, necesita un Estado capaz de comprender que todas esas piezas forman parte del mismo sistema.
Porque neutralizar al delincuente puede resolver la amenaza de hoy.
Desmantelar las redes que reclutan y sustituyen al próximo es comenzar a resolver el problema del país.
Los evangelizadores de la Inteligencia Artificial (IA) cabalgan sin pausas ni paradas, a toda mecha como un lince o un cohete, confiados en sus maravillosos proyectos de inversiones financieras. Y el ritmo rasguea en una constante que no presiente ni anticipa límites ni la potencial burbuja/fin de esta expansionista tecnología, la IA, otra estafa, otra doble estafa universal.
Por Rommel Santos Diaz
El Estatuto de Roma estipula que la Corte Penal Internacional entrará en vigor el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el sexagésimo instrumento de ¨ratificación, aceptación, aprobación o adhesión¨.
La firma del Estatuto de Roma estuvo abierta hasta el 31 de diciembre del año 2000, tal y como lo estipula el referido Estatuto. Para que un Estado devenga parte , este deberá ratificar, aceptar, aprobar o adherirse al tratado.
El término ¨adhesion¨normalmente significa adherirse al Tratado una vez que este haya entrado en vigor, pero también podrá referirse a un proceso específico de un Estado.
Para el Estado que ratifique, acepte, o apruebe el Estatuto posteriormente al depósito del sexagésimo instrumento, la entrada en vigor del Estatuto para dicho Estado será el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al Estatuto de Roma.
Según el Estatuto de Roma los Estados los Estados no podrán hacer reservas al Estatuto. Los Estados Partes deberán aceptar el Estatuto tal y como fue adoptado en la Conferencia de Roma.
No obstante, el Estatuto de Roma dispone que el Estado podrá declarar que ¨ durante un periodo de siete años contados a partir de la fecha en que el Estatuto entre en vigor a su respecto , no aceptará la competencia de la CPI sobre la categoría de crímenes a que se hace referencia en el artículo 8 cuando se denuncie la comisión de uno de esos crímenes por sus nacionales o en su territorio¨.
El objetivo de la disposición indicada anteriormente es brindar a los Estados Partes tiempo suficiente para capacitar a todo su personal militar sobre los requisitos del Estatuto con respecto a los crímenes de guerra, ya que algunas de las disposiciones del Estatuto de Roma podrían ser contrarias a las obligaciones nacionales existentes.