Opinión
Danilo y la Barrick
Por Narciso Isa Conde
Danilo Medina, en su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, consideró INACEPTABLE el contrato-estafa con Barrick Gold (suscrito por Leonel Fernández y refrendado por esa misma Asamblea), específicamente en cuanto a los reducidos que recibiría el Estado dominicano de perdurar el régimen fiscal consignado en ese texto, en momentos en que los precios del oro se han disparado a un nivel superior a los 1,700 millones de dólares la onza troy y que la empresa se quedaría con el 97 por ciento de las ganancias generadas.
El presidente Medina -necesitado su gobierno de fondos, como resultado del grave déficit provocado por la corruptela de la anterior administración de su propio partido- se apoyó en la gran avalancha nacional contra la Barrick para presionar a ese consorcio transnacional a una renegociación de los ingresos del Estado, bajo amenaza de presentar un proyecto de ley que grave las exportaciones de minerales en función de las alzas de precios en el mercado mundial, si los directivos de Barrick se siguen resistiendo a un acuerdo “amigable”.
Nadie en su sano juicio podría estar en desacuerdo con el propósito de que el Estado del país dueño del oro y la plata en disputa reciba más ingresos que la ridícula suma asignada; incluso que reciba los ingresos que justamente le corresponden por la explotación y exportación de esos valiosos recursos no renovables.
Pero hay más en ese tema.
Hasta ahí las cosas pintan bien, en contraste con la asociación de malhechores que constituyeron la Barrick, los ladroneles y una gran parte de los/as legisladores/as cuando impusieron ese adefesio llamado contrato. Por eso los aplausos oportunistas como los aplausos sinceros y los pronunciamientos de apoyo que se quedan flotando en la capa superficial de un asunto mucho más grave y complejo; sin que falten las caras compungidas.
Porque no se trata de ese único aspecto, ni del soborno implícito en la propuesta que Barrick Gold le hizo al gobierno de pagarle por adelantado los impuestos que le corresponderían a la próxima Administración, justamente rechazada.
Danilo definió a la Barrick como una empresa seria y destacó su supuesto compromiso con la defensa del medio ambiente, cuando mundialmente han sido denunciadas sus depredaciones, sus crímenes ecológicos, sus abusos, sus represiones; cuando se conoce que entre sus dueños está la familia Bush, Cisneros y magnates pinochetista duchos en despojos, guerras de rapiña y expoliaciones; cuando se han denunciado las atrocidades que ha hecho en Cotuí y se sabe la implicaciones del uso del cianuro, prohibido su empleo por los países de la Unión Europea y muchas otras naciones; cuando además de apropiarse gratuitamente de toda el agua que necesita procedente de la presa de Hatillo, ya es visible la depredación, la contaminación y la prepotencia; mientras la llamada presa de cola puede devenir en catástrofe ecológica.
También es INACEPTABLE esa mediocre actitud de Presidente Medina frente a un aspecto tan crucial para la vida de nuestro país.
Porque las entrañas de Barrick Gold –repito- son realmente terribles: repletas de cianuro, paramilitares, dólares sucios, sobornos, saqueadores de oro y plata, agentes de la CIA, oficiales del Pentágono, Bush-es, Cisneros, Rochas, depredadores de montañas, ríos y glaciales.
La maniobra danilista obvia otras cuestiones vitales.
A nuestro entender Danilo Medina y su equipo están fundamentalmente empeñados en una maniobra política conducente a quitarle a la cuestionada y arrinconada barriga gorda de la Gold una parte de la grasa; en una astuta maniobra para lograr que esa empresa, ahora sometida a una justa presión popular, le ceda un monto más o menos significativo de dólares más, para a continuación procurar legitimar lo que el pueblo ha ilegitimado.
En tales circunstancias, el clamor popular y la voluntad nacional en pro de la superación de las tenebrosas perspectivas abiertas por la presencia en nuestro país de la Barrick Gold y otras corporaciones mineras, no deberían emplearse solo para exigir la renegociación de ese leonino contrato con el único interés de lograr mayores ingresos gubernamentales, para de nuevo pasarlo por el Congreso y quitarle algo de su mal olor.
Más allá de ese limitado y controversial interés está el grave riego que para la vida de nuestra gente y nuestra isla conlleva la explotación de enormes reservas de oro y la plata empleando cianuro o cualquier otro método contaminante.
Está en juego el destino de nuestras reservas de agua, bosques y tierras cultivables; incluida la presa de Hatillo, fuente de agua gratis para la barriga de la Barrick. El costo ambiental que podría ser mucho más alto que unos dólares más.
Está en juego, además, la soberanía del país sobre esos valiosos recursos y ese hermoso territorio (suelo, subsuelo y sobresuelo), convertido en una especie de república aparte, con autoridades civiles y militares subordinadas y tropas de choque mercenarias.
Como también está el problema de la mayoría de acciones, del rol de la parte dominicana en la gestión de esa empresa, del monto de las ganancias del Estado y de su provecho para la sociedad… puesto que es de principio que la inversión de los beneficios de la explotación del cualquier recurso no renovable debería ser más perdurable y socialmente útil que el propio recurso.
Anulación y nacionalización.
La revisión de un contrato así, entre un gobierno articulado a la dependencia y a la globalización neoliberal y una Barrick Gold ecocida y criminal, huele a una mediatización, a una transacción que deje a un lado cuestiones vitales como las señaladas; o en caso de no arribarse a acuerdos, a una ley referida exclusivamente a la cuestión fiscal.
Esa concepción calimocha y timorata sobre el tema minero explican también los silencios en ese discurso presidencial sobre Loma Miranda-Falcondo, sobre los yacimientos neurálgicos de Loma Mala, San Juan de la Maguana y Sierra de los Siete Pico y sobre las innumerables concesiones mineras que amenazan las fuentes de agua de la Cordillera Central
En el caso de la Barrick Gold no hay de otra: hay que exigir anular ese contrato, recuperar la soberanía sobre esos recursos y ese territorio, y decidir qué hacer en función del interés del país y de nuestra sociedad, sobre la base que las riquezas del subsuelo son nuestras, que solo son explotables si su extracción no causa daños irreparables al suelo y al sobresuelo de la isla; y teniendo siempre presente de que en cualquier caso de asociación del Estado con otros Estados o con empresas criollas y extranjeras, al pueblo dominicano le pertenece la mayoría de las acciones del consorcio mixto conformado y la mayoría de las ganancias, así como el derecho a la transferencia de tecnología y a la generación de tecnología apropiada.
No basta, además, hablar en general de invertir los beneficios de la explotación de esos recursos no renovables en planes sociales, sin precisar que el valor de su inversión debe ser perdurable, reproductivo y socialmente útil, con capacidad de generar un valor superior al recurso extraído. Y vale subrayar la necesidad de los esfuerzos adicionales para procesar y refinar esos minerales, agregando valor, empleos y beneficios.
Por el Dr. Isaías Ramos
En una época marcada por desafíos sociales y políticos sin precedentes, la necesidad de fortalecer los cimientos de una sociedad basada en la dignidad, la equidad, la libertad y la democracia es más urgente que nunca. La búsqueda de un futuro más justo y equitativo para todos nuestros ciudadanos requiere un compromiso renovado con estos principios fundamentales, esenciales para el bienestar y el progreso de nuestra nación.
La libertad individual permite a cada persona expresar sus ideas, creencias y opiniones sin temor a represalias. Es un derecho intrínseco y un pilar indispensable de cualquier sociedad que aspira a ser justa y equitativa. Esta libertad es la esencia misma de la dignidad humana y debe ser defendida con vigor en todos los frentes, especialmente en tiempos donde puede ser amenazada por intereses partidistas o agendas autoritarias.
Paralelamente, la democracia, entendida como el sistema político que facilita la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan sus vidas, es crucial para la salud de nuestro tejido social. A través de una democracia robusta y vibrante, podemos garantizar que los derechos fundamentales de cada individuo sean respetados y que las políticas públicas reflejen verdaderamente las necesidades e intereses del pueblo.
Sin embargo, debemos reconocer que la libertad y la democracia no son solo aspiraciones ideales; son principios concretos y palpables que deben guiar nuestras acciones cotidianas. La defensa constante y la promoción de estos valores son cruciales para mantener una sociedad justa, libre de opresión y capaz de adaptarse a los cambios de nuestro mundo globalizado.
Es esencial fortalecer las instituciones democráticas existentes para garantizar su transparencia, eficiencia e integridad. El respeto irrestricto al Estado de Derecho y el cumplimiento riguroso de las leyes son fundamentales en la protección de los derechos individuales y colectivos. Estos principios no solo preservan el orden, sino que también promueven un clima de confianza y seguridad que es vital para la estabilidad social y el desarrollo económico.
La educación desempeña un rol crucial en este panorama, actuando como el medio por el cual se inculcan los valores cívicos necesarios para fomentar una cultura basada en el respeto mutuo, la tolerancia y el diálogo constructivo. A través del acceso universal a una educación inclusiva y equitativa, podemos formar a ciudadanos informados y críticos, capacitados para participar de manera activa y consciente en la vida política y social del país.
En el Frente Cívico y Social entendemos que en estos tiempos donde las amenazas contra la libertad individual y los principios democráticos son evidentes y crecientes, es responsabilidad de todos nosotros defender estos derechos inalienables con valentía y determinación. No podemos ser complacientes ni pasivos; el compromiso con la libertad y la democracia debe ser activo y constante.
Es por esa razón que en el FCS creemos que un llamado a la acción no es solo un imperativo moral, sino también una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con un futuro donde cada persona pueda vivir con dignidad y equidad bajo un sistema robusto basado en principios sólidos e incluyentes. Juntos debemos trabajar incansablemente por fortalecer nuestra democracia, preservar nuestra libertad individual e impulsar una sociedad donde reine la justicia social para todos sus habitantes.
No dejemos pasar la oportunidad de ser parte de la construcción de un país que no solo aspire a la grandeza económica, sino que también fomente un ambiente de respeto mutuo y oportunidades equitativas. ¡Juntos, podemos construir el país digno, libre e igualitario que todos anhelamos!
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
Según el artículo 1 del Estatuto de Roma la CPI tendrá la potestad de ejercer su competencia sobre las personas responsables ¨de los crímenes más graves de trascendencia internacional¨. El artículo 1 también estipula ̈La competencia y funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatutillo que significa que la CPI sólo tiene competencia sobre las personas mayores de 18 años en el momento en que se cometió el crimen.
El artículo 11 del Estatuto de Roma estipula que la CPI tiene competencia sólo respecto a los delitos cometidos posteriormente a la entrada en vigor del Estatuto de Roma .Si un Estado deviene Estado Parte luego de la entrada en vigor , entonces la CPI podrá ejercer su competencia sólo respecto a los crímenes cometidos luego de la entrada en vigor del Estatuto en ese Estado, excepto cuando se haga la declaración estipulada en el artículo 12, en que se acepte la competencia de la Corte como un Estado no Parte.
Si un Estado Parte desea enjuiciar a alguien por un crimen de la CPI deberá contar, como mínimo, con una legislación que le permita ejercer competencia territorial sobre tales delitos y competencia extraterritorial sobre sus nacionales que cometen los delitos en el extranjero.
Los Estados que deseen enjuiciar a una persona por un delito de la CPI deberán asegurarse de contar con la legislación nacional que les permita ejercer su competencia sobre aquellas personas que cometan estos delitos dentro de su territorio, y los nacionales que los cometan en el exterior. Esto podría requerir simplemente de una enmienda al código penal nacional.
Adicionalmente, el Estado podría tomar en cuenta para ejercer su competencia sería la ̈competencia universal ̈, tal y como se estipula en las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos de 1977, relacionados a las ¨faltas graves Cabe resaltar los distintos conceptos de ̈competencia universal¨ que existen: algunos interpretan este término en cuanto a que un Estado puede ejercer su competencia sobre cualquier persona que se encuentre en su territorio, mientras que otros lo interpretan de tal manera que significa que un Estado puede arrestar a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, sin tomar en cuenta cualquier relación que tenga con el Estado en cuestión. Además otros Estados podrían considerar incluir la competencia basada en el estatus de víctima.
Por Nelson Encarnación
Entre las preocupaciones que suelen perturbar el sueño de los gobernantes, la seguridad de los ciudadanos es una, si tomamos en cuenta que el Estado está obligado a garantizar la tranquilidad y el desplazamiento seguro de los gobernados.
Es por ello que asumir esta como una prioridad refiere el interés de que el territorio desenvuelva su cotidianidad dentro de un ambiente de paz y sosiego.
Sobre todo, un país como el nuestro, cuya economía está atada a dos renglones muy espantadizos: el turismo y la inversión extranjera directa.
Cuando el presidente Luis Abinader asume el combate a la delincuencia como una de sus preocupaciones—y también ocupaciones—es precisamente por el impacto negativo que esta tiene en el clima de negocios, pero igual por el interés de propiciar la tranquilidad nacional.
Con frecuencia escuchamos sobre el entendible temor que genera la delincuencia, lo que deja la impresión de que vivimos en el país más inseguro del continente, lo cual no es cierto.
Y no lo digo yo, sino el informe de InSight Crime de 2023, que recoge las cifras de homicidios en América Latina y el Caribe, en el cual aparecemos entre los más seguros de la región.
Según este informe, la tasa de homicidios se ubicó en 11.5 por cada 100,000 habitantes, una reducción del 7% respecto de 2022, lo que nos sitúa por debajo de países competidores en turismo como Jamaica (60.9), y Puerto Rico (14.4), para solo citar dos ejemplos caribeños.
El Ecuador revienta la balanza en países de más de 10 millones de habitantes, con la astronómica tasa de 44.5 homicidios por cada 100,000, (más que Haití, 40.9), con la agravante de que ha registrado un aumento del 74.5% en los últimos cinco años.
Una verdadera catástrofe sin fin, en contraste con su vecino Perú, que apenas registra 3.2 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Sobre nuestro país, el informe resalta que, a pesar de ser territorio de tránsito de cocaína, no experimentó un aumento en la violencia en 2023, sino una reducción del 7%.
“El crimen organizado no parece ser un detonante determinante de la violencia en la República Dominicana, ya que la mayor parte de los casos (45,4%) están relacionados con conflictos sociales, y solo el 24,3% parecen estar vinculados a la delincuencia”. Un dato importantísimo.