Opinión
Danilo y la Barrick
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13 años agoon
Por Narciso Isa Conde
Danilo Medina, en su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, consideró INACEPTABLE el contrato-estafa con Barrick Gold (suscrito por Leonel Fernández y refrendado por esa misma Asamblea), específicamente en cuanto a los reducidos que recibiría el Estado dominicano de perdurar el régimen fiscal consignado en ese texto, en momentos en que los precios del oro se han disparado a un nivel superior a los 1,700 millones de dólares la onza troy y que la empresa se quedaría con el 97 por ciento de las ganancias generadas.
El presidente Medina -necesitado su gobierno de fondos, como resultado del grave déficit provocado por la corruptela de la anterior administración de su propio partido- se apoyó en la gran avalancha nacional contra la Barrick para presionar a ese consorcio transnacional a una renegociación de los ingresos del Estado, bajo amenaza de presentar un proyecto de ley que grave las exportaciones de minerales en función de las alzas de precios en el mercado mundial, si los directivos de Barrick se siguen resistiendo a un acuerdo “amigable”.
Nadie en su sano juicio podría estar en desacuerdo con el propósito de que el Estado del país dueño del oro y la plata en disputa reciba más ingresos que la ridícula suma asignada; incluso que reciba los ingresos que justamente le corresponden por la explotación y exportación de esos valiosos recursos no renovables.
Pero hay más en ese tema.
Hasta ahí las cosas pintan bien, en contraste con la asociación de malhechores que constituyeron la Barrick, los ladroneles y una gran parte de los/as legisladores/as cuando impusieron ese adefesio llamado contrato. Por eso los aplausos oportunistas como los aplausos sinceros y los pronunciamientos de apoyo que se quedan flotando en la capa superficial de un asunto mucho más grave y complejo; sin que falten las caras compungidas.
Porque no se trata de ese único aspecto, ni del soborno implícito en la propuesta que Barrick Gold le hizo al gobierno de pagarle por adelantado los impuestos que le corresponderían a la próxima Administración, justamente rechazada.
Danilo definió a la Barrick como una empresa seria y destacó su supuesto compromiso con la defensa del medio ambiente, cuando mundialmente han sido denunciadas sus depredaciones, sus crímenes ecológicos, sus abusos, sus represiones; cuando se conoce que entre sus dueños está la familia Bush, Cisneros y magnates pinochetista duchos en despojos, guerras de rapiña y expoliaciones; cuando se han denunciado las atrocidades que ha hecho en Cotuí y se sabe la implicaciones del uso del cianuro, prohibido su empleo por los países de la Unión Europea y muchas otras naciones; cuando además de apropiarse gratuitamente de toda el agua que necesita procedente de la presa de Hatillo, ya es visible la depredación, la contaminación y la prepotencia; mientras la llamada presa de cola puede devenir en catástrofe ecológica.
También es INACEPTABLE esa mediocre actitud de Presidente Medina frente a un aspecto tan crucial para la vida de nuestro país.
Porque las entrañas de Barrick Gold –repito- son realmente terribles: repletas de cianuro, paramilitares, dólares sucios, sobornos, saqueadores de oro y plata, agentes de la CIA, oficiales del Pentágono, Bush-es, Cisneros, Rochas, depredadores de montañas, ríos y glaciales.
La maniobra danilista obvia otras cuestiones vitales.
A nuestro entender Danilo Medina y su equipo están fundamentalmente empeñados en una maniobra política conducente a quitarle a la cuestionada y arrinconada barriga gorda de la Gold una parte de la grasa; en una astuta maniobra para lograr que esa empresa, ahora sometida a una justa presión popular, le ceda un monto más o menos significativo de dólares más, para a continuación procurar legitimar lo que el pueblo ha ilegitimado.
En tales circunstancias, el clamor popular y la voluntad nacional en pro de la superación de las tenebrosas perspectivas abiertas por la presencia en nuestro país de la Barrick Gold y otras corporaciones mineras, no deberían emplearse solo para exigir la renegociación de ese leonino contrato con el único interés de lograr mayores ingresos gubernamentales, para de nuevo pasarlo por el Congreso y quitarle algo de su mal olor.
Más allá de ese limitado y controversial interés está el grave riego que para la vida de nuestra gente y nuestra isla conlleva la explotación de enormes reservas de oro y la plata empleando cianuro o cualquier otro método contaminante.
Está en juego el destino de nuestras reservas de agua, bosques y tierras cultivables; incluida la presa de Hatillo, fuente de agua gratis para la barriga de la Barrick. El costo ambiental que podría ser mucho más alto que unos dólares más.
Está en juego, además, la soberanía del país sobre esos valiosos recursos y ese hermoso territorio (suelo, subsuelo y sobresuelo), convertido en una especie de república aparte, con autoridades civiles y militares subordinadas y tropas de choque mercenarias.
Como también está el problema de la mayoría de acciones, del rol de la parte dominicana en la gestión de esa empresa, del monto de las ganancias del Estado y de su provecho para la sociedad… puesto que es de principio que la inversión de los beneficios de la explotación del cualquier recurso no renovable debería ser más perdurable y socialmente útil que el propio recurso.
Anulación y nacionalización.
La revisión de un contrato así, entre un gobierno articulado a la dependencia y a la globalización neoliberal y una Barrick Gold ecocida y criminal, huele a una mediatización, a una transacción que deje a un lado cuestiones vitales como las señaladas; o en caso de no arribarse a acuerdos, a una ley referida exclusivamente a la cuestión fiscal.
Esa concepción calimocha y timorata sobre el tema minero explican también los silencios en ese discurso presidencial sobre Loma Miranda-Falcondo, sobre los yacimientos neurálgicos de Loma Mala, San Juan de la Maguana y Sierra de los Siete Pico y sobre las innumerables concesiones mineras que amenazan las fuentes de agua de la Cordillera Central
En el caso de la Barrick Gold no hay de otra: hay que exigir anular ese contrato, recuperar la soberanía sobre esos recursos y ese territorio, y decidir qué hacer en función del interés del país y de nuestra sociedad, sobre la base que las riquezas del subsuelo son nuestras, que solo son explotables si su extracción no causa daños irreparables al suelo y al sobresuelo de la isla; y teniendo siempre presente de que en cualquier caso de asociación del Estado con otros Estados o con empresas criollas y extranjeras, al pueblo dominicano le pertenece la mayoría de las acciones del consorcio mixto conformado y la mayoría de las ganancias, así como el derecho a la transferencia de tecnología y a la generación de tecnología apropiada.
No basta, además, hablar en general de invertir los beneficios de la explotación de esos recursos no renovables en planes sociales, sin precisar que el valor de su inversión debe ser perdurable, reproductivo y socialmente útil, con capacidad de generar un valor superior al recurso extraído. Y vale subrayar la necesidad de los esfuerzos adicionales para procesar y refinar esos minerales, agregando valor, empleos y beneficios.
Por Oscar López Reyes
Desde la declaratoria de independencia de Inglaterra por 13 colonias enclavadas en la costa Este de América del Norte, el 4 de julio de 1776, Estados Unidos ha experimentado una expansión imparable, vasta y mamut, cobijada en su aventajada ubicación entre los océanos Atlántico y Pacífico, sus crecidos recursos naturales (tierras fértiles, carbón, hierro y petróleo), el ingenio y acometividad industrial de una élite, las guerras y el saqueo de bienes extraterritoriales.
Los aportes de la principal superpotencia a la economía, la educación, la salud, la cultura y la ciencia a través de la investigación, son apreciables. Pongamos de relieve diez de los fundamentales, a propósito de la conmemoración del 250 aniversario de su independencia:
1.- ECONOMÍA Y FINANZAS. Descuella con el Producto Interno Bruto (PIB) más voluminoso del globo terráqueo, que supera los 32 billones de dólares y que acumula más del 25% del patrimonio planetario. Se empinó como la primera economía del universo, inspirada en el modelo de libre mercado, amparada en su riqueza natural, el grueso mercado de consumo interno, sus incesantes transformaciones tecnológicas y su moneda robusta (el dólar), que le otorgan un poder bancario internacional. Por esos atributos cuenta con Wall Street, el centro financiero de más operaciones globales.
2.- NOVEDADES TECNOLÓGICAS. Estados Unidos asienta las más influyentes corporaciones tecnológicas, que van desde la informática, la biotecnología, la farmacéutica, la industria espacial, la ciberseguridad y la inteligencia artificial, que avasallan el panorama informático/digital universal, como Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Meta Platforms (Facebook, Instagram y WhatsApp), Broadcom, Tesla, Oracle e Intel.
3.- EDUCACIÓN UNIVERSITARIA. Estados Unidos lidera los rankings mundiales de los centros universitarios, principalmente por su excelencia educativa y su impacto en la investigación y producción científica, como Princeton, Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), Harvard, Stanford, Yale y Columbia.
4.- INFLUENCIA SOCIO-CULTURAL. La ascendencia transnacional de Estados Unidos ha sido protagónica, particularmente por la exportación y difusión de la industria cultural y el entretenimiento, como la música, el consumo mediático y el cine (Hollywood), históricamente taquillero y hegemónico en la producción audiovisual y las plataformas digitales.
5.- ASCENDENCIA DEPORTIVA. Las becas universitarias, la calidad de las infraestructuras físicas, la comercialización y la estratégica operatividad de las ligas profesionales estadounidenses, con la contratación de calificados talentos nacionales e internacionales, han colocado las competencias deportivas nacionales en un alto peldaño, con sustanciales beneficios monetarios y un impacto internacional. Por esa causativa, Estados Unidos ha trascendido en los juegos olímpicos y las grandes ligas profesionales de béisbol (MLB), el baloncesto (NBA), el fútbol (NFL) y el fútbol americano (MLB).
6.- INVESTIGACIÓN E INVENCIONES. En Estados Unidos inventaron la iluminación eléctrica, el telégrafo, teléfono, el avión, la penicilina a escala industrial, la vacuna contra el polio, la anestesia, el trasplante de órganos, el láser, el descenso de nave espacial a la Luna, el primer satélite de comunicación, el sistema de pronóstico meteorológico satelital, el primer transbordador espacial, la computadora personal, el microprocesador, la robótica, la Internet y la Web, el proyecto de Genoma Humano, el GPS, la tecnología de células madre, etc., por cuya labor de investigación y desarrollo está en el primer lugar en cantidad de premios Nobel.
7.- CONSERVACIÓN AMBIENTAL GLOBAL Ha sido pionero en la conservación ambiental, con el desarrollo del Parque Nacional Yellowstone, en 1872; la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act de 1970), la reducción de la contaminación industrial y más de 30 logros en esta área.
8.- PRODUCCIÓN ENERGÉTICA. Activó, desde 1869, la producción comercial del petróleo, la innovación en el transporte, el tren intercontinental, el descubrimiento de crudo en Pensilvania; la segunda revolución industrial, el desarrollo de plantas de energía nuclear y la reserva de gran cantidad de petróleo y gas natural.
9.- REFORMAS SOCIALES Y POLÍTICAS. Desde su proclamación como República independiente, en Estados Unidos han sido impulsadas transformaciones internas esenciales, como la abolición de la esclavitud, el establecimiento de derechos civiles, como el sufragio para las minorías; el sistema federal con división de poderes, las libertades individuales frente al poder central y los programas de seguridad social Medicare, Medicaid y alimentos para auxiliar a personas de bajos ingresos.
10.- ACOGIDA DE EMIGRANTES. Atracción y recepción de millones de emigrantes, que son recursos humanos para la producción empresarial y estatal y que, a la vez, oportunidades de trabajo para la sostenibilidad financiera y el envío de remesas a sus países de origen.
En pocas palabras, los inventos, emprendimientos y productividad con el sello “Made in the U.S.A.”, desde antes de la Revolución Industrial y en la Era Digital, han salvado millones de vidas y coadyuvado con la transformación de la economía global y los quehaceres cotidianos. Han mecanizado y automatizado transiciones y modificaciones en las interacciones humanas, los procesos sociales y económicos, en hábitos de consumo y la cultura, en transacciones monetarias, en el accionar laboral, leyes y otras normas, así como en estructuras societarias.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y comentarista de medios escritos, televisivos y digitales.
Opinión
Los pueblos nunca pierden primero su constitución, pierden primero el hábito de defenderla.
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1 día agoon
agosto 6, 2026Por Isaías Ramos
Ningún pueblo despierta una mañana descubriendo que perdió su libertad.
La historia nunca comienza por el final.
Primero cambia el lenguaje. Después cambian las leyes. Más tarde se desplazan los límites del poder. Y solo al final una sociedad comprende cuánto costó haber permanecido indiferente.
Esta semana comienza la aplicación del nuevo Código Penal dominicano. Para muchos, el debate terminó con su promulgación. En realidad, apenas comienza.
Un Código Penal no se mide únicamente por los delitos que incorpora ni por la severidad de sus penas. Su verdadero examen consiste en responder una pregunta esencial:
¿Permanece plenamente subordinado a la Constitución?
El poder de castigar es la facultad más intensa del Estado. Permite investigar, acusar, imponer medidas de coerción y privar de libertad. Precisamente por eso necesita límites más claros, no márgenes más amplios.
Toda ley penal debió ser examinada con el máximo rigor constitucional antes de que el primer ciudadano padeciera sus efectos. Aunque una disposición sea declarada inconstitucional posteriormente, ninguna sentencia devuelve íntegramente el tiempo, la honra o la libertad ya perdidos.
La experiencia comparada deja advertencias que ninguna democracia prudente debería ignorar.
En Cuba, figuras como el desacato han sido cuestionadas por brindar protección penal reforzada a las autoridades y restringir la crítica al poder. En Nicaragua, organismos internacionales han objetado la utilización de delitos relacionados con el orden público y la seguridad nacional frente a manifestaciones y expresiones ciudadanas. En Venezuela, el debilitamiento de los controles institucionales estuvo acompañado por una reducción del espacio para la expresión, la protesta y la vigilancia ciudadana.
Los contextos fueron diferentes. Pero la advertencia terminó siendo la misma:
Las libertades rara vez desaparecen de un solo golpe.
Las restricciones se acumulan. Se justifican. Se normalizan. Se aceptan.
Y cuando una sociedad comprende sus consecuencias, recuperar los derechos perdidos resulta mucho más difícil que haberlos protegido a tiempo.
Si aquellos pueblos hubieran podido mirar décadas hacia el futuro y contemplar familias divididas, millones obligados a abandonar la tierra que amaban y millones más sobreviviendo entre restricciones, miedo, precariedad y opresión, ¿qué no habrían hecho para defender cada espacio de libertad mientras todavía estaban a tiempo?
Los pueblos nunca lamentan haber defendido demasiado pronto su Constitución. Lo que lamentan es haber comprendido demasiado tarde cuánto valía.
Existe otra lección. Quienes hoy poseen poder político, económico, institucional o mediático suelen olvidar que las leyes que ayudan a aprobar o justificar no permanecerán eternamente bajo su control.
Los gobiernos cambian. Las mayorías cambian. Los jueces cambian. Los fiscales cambian.
Pero las leyes pueden sobrevivir a quienes las promovieron.
Una norma que hoy parece útil contra un adversario puede mañana aplicarse contra quien la celebró. El verdadero estadista no legisla pensando en el poder que posee, sino en la protección que cualquier ciudadano necesitará cuando ese poder cambie de manos.
En momentos de polarización cometemos un error peligroso: discutimos quién ocupa el poder y olvidamos cuánto poder debería tener cualquiera que gobierne.
Nos dejamos dividir por partidos, simpatías y antipatías. Mientras discutimos personas, dejamos de defender principios. Y cuando una sociedad deja de defender principios, el poder deja de encontrar límites.
Las constituciones no preguntan quién gobierna. Preguntan hasta dónde puede llegar cualquier gobernante.
Por eso el artículo 7 de nuestra Carta Magna define a la República Dominicana como un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, la separación de poderes y la soberanía popular.
No es una frase ornamental. Es el mandato al que debe someterse toda ley, especialmente aquella que concede al Estado el poder de castigar.
La persistencia de cuestionamientos sobre el desacato, el ultraje, la protesta, la responsabilidad por actos de terceros y otros tipos de redacción amplia exige un escrutinio constitucional firme.
Desde el Frente Cívico y Social entendemos que todas las acciones directas de inconstitucionalidad relacionadas con esta ley deben ser conocidas con la mayor celeridad compatible con un examen riguroso e independiente.
No se pide al Tribunal Constitucional un resultado determinado, sino una respuesta dentro de un plazo razonable. Cuando normas penales vigentes pueden afectar derechos fundamentales, la celeridad deja de ser una cuestión procesal: se convierte en garantía de libertad, seguridad jurídica y paz institucional.
La demora también produce consecuencias constitucionales.
La Constitución no solo protege derechos. También protege la paz de la República.
Defender la Constitución nunca debilita la lucha contra el crimen. La legitima. Una democracia necesita un Derecho Penal firme frente a la delincuencia, la violencia y la corrupción, pero también frente a la arbitrariedad.
Seguridad y libertad no son enemigas. Ambas dependen del respeto irrestricto a la Constitución.
La historia ya nos habló. Ahora nos corresponde decidir si aprendemos de ella o esperamos a que sea demasiado tarde.
Porque cuando la Constitución deja de ser el límite del poder, el poder termina convirtiéndose en el límite de la libertad.
La historia todavía no ha escrito nuestro destino. Que nuestros hijos puedan decir, algún día, que esta fue la generación que decidió honrar su Constitución antes de descubrir cuánto costaba perderla.
Opinión
Examen de reducción de la pena ante la Corte Penal Internacional
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1 día agoon
agosto 6, 2026Por Rommel Santos Diaz
De conformidad con el Estatuto de Roma el Estado de ejecución de la pena no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte Penal Internacional.
Solo la Corte Penal Internacional podrá decidir la reducción de la pena y se pronunciará al respecto después de escuchar al recluso.
Cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua, la Corte Penal Internacional examinará la pena para determinar si esta puede reducirse. El examen no se llevará a cabo antes de cumplidos esos plazos.
Al proceder al examen con arreglo al párrafo 3 del artículo 110 del Estatuto de Roma , la Corte Penal Internacional podrá reducir la pena si considera que concurren uno o más de los siguientes factores:
- a)Si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la Corte Penal Internacional en sus investigaciones y enjuiciamientos;
- b)Si el recluso ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte Penal Internacional en otros casos, en particular ayudando a esta en la localización de los bienes sobre los cuales recaigan las multas, las órdenes de decomiso o de reparación que puedan usarse en beneficio de las víctimas; o
- c)Otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena.
Finalmente, la Corte Penal Internacional, si en su examen inicial con arreglo al párrafo 3 del artículo 110 del Estatuto de Roma, determina que no procede reducir la pena, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba.
