Opinión
Darío Trujillo: yo cargué el cadáver de mi tío
Por Franklin Gutiérrez
Dario Trujillo
Tras un recorrido de 160 kilómetros, veinte de los cuales resultaron ser un obsequio de la naturaleza a mis ojos, arribé a una mísera y maltrecha casucha enclavada en una pendiente que casi se la traga. Era mi primera visita a Sábana Iglesia, un curioso municipio de Santiago de los Caballeros que proporcionó a la diáspora dominicana establecida en New York el primer grupo significativo de emigrantes dominicanos hacia los Estados Unidos.
Frente a la casucha, debajo de un frondoso árbol, me esperaba Darío Trujillo Tejada, un anciano de 82 años de edad, de pelo blanco, ojos vencidos, escasa dentadura y encovadura corporal incipiente. Al verme llegar, inadvirtiendo que se trataba de nuestro primer encuentro, dejó la desvencijada silla que ocupaba y comenzó a hablarme con la soltura, desinhibición y familiaridad de alguien que conoce a su interlocutor desde hace mucho tiempo.
Su adolescencia y parte de su juventud la consumieron dos academias militares y la Universidad de Santo Domingo, centro académico donde cursó dos años de Filosofía y Letras. Desde el ajusticiamiento del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina hasta el presente ha sido, asegura él: exiliado en New York y Miami, cónsul por breves temporadas en Miami, Montreal y México, custodia de funcionarios de los gobiernos de Joaquín Balaguer y empleado de la Secretaría de Estado de Obras Públicas.
Pero la etapa más efervescente de su existencia es la comprendida entre sus 20 y 40 años de edad. Durante ese decenio (1940-1960) estuvo alistado en la Marina de Guerra y en el Ejército Nacional, fue Jefe de Inspectores de la Presidencia de la República y aspirante a Síndico por Ciudad Trujillo (1960). Los dos primeros puestos los perdió en la postrimería de la década de los 50, cuando su Tío-Jefe, como llamaba él al dictador, lo canceló luego de sorprenderlo varias veces exhibiendo la misma debilidad de su padre Virgilio Trujillo: ambición desmesurada por el dinero.
En cuanto a sus planes de convertirse en Síndico de Ciudad Trujillo, apoyado por la Agrupación Política Juvenil, Trujillo se opuso radicalmente a que un mocoso sobrino suyo alcanzara, desde la oposición política inventada por el propio tirano, un puesto de semejante jerarquía. Consecuentemente Darío Trujillo Tejada perdió la contienda electoral de Virgilio Álvarez Pina, candidato del Partido Dominicano, por tan sólo 2,531 votos
Es ese también el periodo de su vida que más rememora y evoca. Recuerda su casa paterna plantada en el corazón de Gazcue, su casa personal de la calle Moca, su finca arrocera localizada en Jima, La Vega, viajes al extranjero, carros lujosos, mujeres al granel, adulones por doquier rindiéndole pleitesía y su excelente amistad (casi hermandad) con Johnny Abbes García. –“Me tocó sacar junto con Luis Ruiz Trujillo, mi primo, y varios calieses del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), el cadáver de tío Trujillo del baúl de carro de Juan Tomás Díaz”, cuenta rebozado de orgullo. ‘Dentro del carro donde transportamos su cadáver, enfatiza, le quité el anillo, el reloj, un revólver diminuto que portaba en el bolsillo interior del saco y cerca de ocho mil pesos que llevaba encima”. Pero no dice haberle entregado esas pertenencias a ningún hijo o hermano del ajusticiado dictador.
La encorvadura de su cuerpo y su voz estropajosa son insuficientes para ocultar la malicia que aún refleja su sonrisa socarrona. Y cuenta, con sobrado regocijo y complacencia, muchas de las acciones perversas que protagonizó durante la tiranía trujillista. Dice haber acompañado a Luis Ruiz Trujillo cuando Ramfis le ordenó a ambos, a principios de junio de 1961, conducir a Pupo Román a su despacho de la Jefatura de Estado Mayor, donde organizaron su asesinato. “Mi tío, admite sin pudor alguno, fue un dictador muy cruel y despiadado, pero un dictador necesario y venerado por el pueblo”. No acepta abiertamente haber matado a nadie, pero al ser abordado del respecto esconde el rostro y susurra: “En esa época se mataba mucho, era una dictadura”.
Abandonó la República Dominicana a finales de 1961 y retornó ilegalmente a Santo Domingo vía Haití en 1972, la travesía incluyó a Miami y a Jamaica. El entonces presidente Joaquín Balaguer se ocupó de silenciar su presencia en el país y darle empleo. En dos destartaladas mesas de su paupérrimo hogar tiene documentos de propiedad de la casa que habitó en la calle Moca, de la finca de Jima y de otro terreno rural. Dice asistirle el derecho a reclamar esas propiedades, pues considera que la ley 5785 de expropiación de bienes a la familia Trujillo creada por el Consejo de Estado en 1962, (que lo incluye a él también), es inconstitucional y disparatosa.
Darío Trujillo Tejada es, como otros miembros de su familia, un gran fabulador. “Perseguir mujeres hasta conquistarlas, es un sello inherente de la familia Trujillo, por eso me he casado 21 veces” sostiene tranquilamente. La última de sus esposas, cuarenta años menor que él, le regaló hace tres lustros la soledad y parte de la angustia espiritual que lo acompañan en este momento en ese apartado punto de la geografía dominicana. “Se fue para New York, buscó otro hombre, y me abandonó para siempre”, dice maldiciéndola.
Tampoco tiene constancia oficial de que haya dirigido tres consulados (Miami, Montreal y México) ni de haber ostentado el rango de Coronel del Ejército, como asevera. Del asesinato de las hermanas Mirabal, repite la misma fábula contada por el resto de su familia. “Los responsable son José Román Fernández (Pupo) y Luis Amiama Tio. Ellos querían hacerle daño a mi tío”.
Haber ayudado a cargar el cadáver de Trujillo y transportarlo desde la casa de Juan Tomas Díaz hasta la tercera planta del palacio presidencial la noche del 30 de mayo de 1961, es la hazaña de su vida que más lo enorgullece. Arrepentirse por los daños físicos o emocionales que pudo causarle a algunos de sus contemporáneos, no es parte de su proyecto personal inmediato, pese al más de medio siglo transcurrido desde entonces.
Al término de nuestra conversación, agenciada por los amigos Angel Ureña y Genaro Ramírez, periodista y camarógrafo respectivamente, me entregó su tarjeta personal (business card), cuyo deterioro y color amarillento sugieren haber sido impresa tres o cuatro décadas atrás, con el siguiente texto, escrito en inglés:
International lover / Amante internacional
Worldwide traveler / Viajero mundial
Playboy / Playboy
Last of the big spenders / El último de los grandes gastadores
¿Con 82 años de edad, la salud bastante deteriorada y una economía deplorable, cree usted realmente que esa tarjeta describe a su persona?, le pregunté sembrado mis ojos en los suyos. La respuesta fue un enrojecimiento agudo en su rostro, un par de suspiros refrenados y un silencio prolongado. Concluido el mutismo, y con el ánimo desgajado, se levantó del asiento que ocupaba y me acompañó hasta la puerta de salida.
En ese corto trayecto lo vi empujar su bastón con la dificultad y torpeza de quien arrastra un pasado tormentoso que no puede purgar. Yo, entre tanto, me preguntaba: ¿Estará la justicia divina pasándole factura por las cuentas que la justicia humana no ha podido cobrarle todavía.
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!
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