Opinión
Darío Trujillo: yo cargué el cadáver de mi tío
Por Franklin Gutiérrez
Dario Trujillo
Tras un recorrido de 160 kilómetros, veinte de los cuales resultaron ser un obsequio de la naturaleza a mis ojos, arribé a una mísera y maltrecha casucha enclavada en una pendiente que casi se la traga. Era mi primera visita a Sábana Iglesia, un curioso municipio de Santiago de los Caballeros que proporcionó a la diáspora dominicana establecida en New York el primer grupo significativo de emigrantes dominicanos hacia los Estados Unidos.
Frente a la casucha, debajo de un frondoso árbol, me esperaba Darío Trujillo Tejada, un anciano de 82 años de edad, de pelo blanco, ojos vencidos, escasa dentadura y encovadura corporal incipiente. Al verme llegar, inadvirtiendo que se trataba de nuestro primer encuentro, dejó la desvencijada silla que ocupaba y comenzó a hablarme con la soltura, desinhibición y familiaridad de alguien que conoce a su interlocutor desde hace mucho tiempo.
Su adolescencia y parte de su juventud la consumieron dos academias militares y la Universidad de Santo Domingo, centro académico donde cursó dos años de Filosofía y Letras. Desde el ajusticiamiento del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina hasta el presente ha sido, asegura él: exiliado en New York y Miami, cónsul por breves temporadas en Miami, Montreal y México, custodia de funcionarios de los gobiernos de Joaquín Balaguer y empleado de la Secretaría de Estado de Obras Públicas.
Pero la etapa más efervescente de su existencia es la comprendida entre sus 20 y 40 años de edad. Durante ese decenio (1940-1960) estuvo alistado en la Marina de Guerra y en el Ejército Nacional, fue Jefe de Inspectores de la Presidencia de la República y aspirante a Síndico por Ciudad Trujillo (1960). Los dos primeros puestos los perdió en la postrimería de la década de los 50, cuando su Tío-Jefe, como llamaba él al dictador, lo canceló luego de sorprenderlo varias veces exhibiendo la misma debilidad de su padre Virgilio Trujillo: ambición desmesurada por el dinero.
En cuanto a sus planes de convertirse en Síndico de Ciudad Trujillo, apoyado por la Agrupación Política Juvenil, Trujillo se opuso radicalmente a que un mocoso sobrino suyo alcanzara, desde la oposición política inventada por el propio tirano, un puesto de semejante jerarquía. Consecuentemente Darío Trujillo Tejada perdió la contienda electoral de Virgilio Álvarez Pina, candidato del Partido Dominicano, por tan sólo 2,531 votos
Es ese también el periodo de su vida que más rememora y evoca. Recuerda su casa paterna plantada en el corazón de Gazcue, su casa personal de la calle Moca, su finca arrocera localizada en Jima, La Vega, viajes al extranjero, carros lujosos, mujeres al granel, adulones por doquier rindiéndole pleitesía y su excelente amistad (casi hermandad) con Johnny Abbes García. –“Me tocó sacar junto con Luis Ruiz Trujillo, mi primo, y varios calieses del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), el cadáver de tío Trujillo del baúl de carro de Juan Tomás Díaz”, cuenta rebozado de orgullo. ‘Dentro del carro donde transportamos su cadáver, enfatiza, le quité el anillo, el reloj, un revólver diminuto que portaba en el bolsillo interior del saco y cerca de ocho mil pesos que llevaba encima”. Pero no dice haberle entregado esas pertenencias a ningún hijo o hermano del ajusticiado dictador.
La encorvadura de su cuerpo y su voz estropajosa son insuficientes para ocultar la malicia que aún refleja su sonrisa socarrona. Y cuenta, con sobrado regocijo y complacencia, muchas de las acciones perversas que protagonizó durante la tiranía trujillista. Dice haber acompañado a Luis Ruiz Trujillo cuando Ramfis le ordenó a ambos, a principios de junio de 1961, conducir a Pupo Román a su despacho de la Jefatura de Estado Mayor, donde organizaron su asesinato. “Mi tío, admite sin pudor alguno, fue un dictador muy cruel y despiadado, pero un dictador necesario y venerado por el pueblo”. No acepta abiertamente haber matado a nadie, pero al ser abordado del respecto esconde el rostro y susurra: “En esa época se mataba mucho, era una dictadura”.
Abandonó la República Dominicana a finales de 1961 y retornó ilegalmente a Santo Domingo vía Haití en 1972, la travesía incluyó a Miami y a Jamaica. El entonces presidente Joaquín Balaguer se ocupó de silenciar su presencia en el país y darle empleo. En dos destartaladas mesas de su paupérrimo hogar tiene documentos de propiedad de la casa que habitó en la calle Moca, de la finca de Jima y de otro terreno rural. Dice asistirle el derecho a reclamar esas propiedades, pues considera que la ley 5785 de expropiación de bienes a la familia Trujillo creada por el Consejo de Estado en 1962, (que lo incluye a él también), es inconstitucional y disparatosa.
Darío Trujillo Tejada es, como otros miembros de su familia, un gran fabulador. “Perseguir mujeres hasta conquistarlas, es un sello inherente de la familia Trujillo, por eso me he casado 21 veces” sostiene tranquilamente. La última de sus esposas, cuarenta años menor que él, le regaló hace tres lustros la soledad y parte de la angustia espiritual que lo acompañan en este momento en ese apartado punto de la geografía dominicana. “Se fue para New York, buscó otro hombre, y me abandonó para siempre”, dice maldiciéndola.
Tampoco tiene constancia oficial de que haya dirigido tres consulados (Miami, Montreal y México) ni de haber ostentado el rango de Coronel del Ejército, como asevera. Del asesinato de las hermanas Mirabal, repite la misma fábula contada por el resto de su familia. “Los responsable son José Román Fernández (Pupo) y Luis Amiama Tio. Ellos querían hacerle daño a mi tío”.
Haber ayudado a cargar el cadáver de Trujillo y transportarlo desde la casa de Juan Tomas Díaz hasta la tercera planta del palacio presidencial la noche del 30 de mayo de 1961, es la hazaña de su vida que más lo enorgullece. Arrepentirse por los daños físicos o emocionales que pudo causarle a algunos de sus contemporáneos, no es parte de su proyecto personal inmediato, pese al más de medio siglo transcurrido desde entonces.
Al término de nuestra conversación, agenciada por los amigos Angel Ureña y Genaro Ramírez, periodista y camarógrafo respectivamente, me entregó su tarjeta personal (business card), cuyo deterioro y color amarillento sugieren haber sido impresa tres o cuatro décadas atrás, con el siguiente texto, escrito en inglés:
International lover / Amante internacional
Worldwide traveler / Viajero mundial
Playboy / Playboy
Last of the big spenders / El último de los grandes gastadores
¿Con 82 años de edad, la salud bastante deteriorada y una economía deplorable, cree usted realmente que esa tarjeta describe a su persona?, le pregunté sembrado mis ojos en los suyos. La respuesta fue un enrojecimiento agudo en su rostro, un par de suspiros refrenados y un silencio prolongado. Concluido el mutismo, y con el ánimo desgajado, se levantó del asiento que ocupaba y me acompañó hasta la puerta de salida.
En ese corto trayecto lo vi empujar su bastón con la dificultad y torpeza de quien arrastra un pasado tormentoso que no puede purgar. Yo, entre tanto, me preguntaba: ¿Estará la justicia divina pasándole factura por las cuentas que la justicia humana no ha podido cobrarle todavía.
(I)
Por Oscar López Reyes
Desde 1950, tres años a posteriori de su creación -1947- la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos comenzó a instrumentalizar a periodistas para manipular y moldear a la opinión pública mundial, en una abominable labor de zapa, en el cenit geopolítico de la Guerra Fría entre dos superpotencias imperiales. Su proyecto primigenio, y el más escalofriante, ha sido la encubierta Operación Mockingbird, mediante la cual se ocultaron y tergiversaron informaciones para influir a favor de los designios norteamericanos, y desde 2019 ejecuta a gran escala una campaña de reclutamiento para difundir noticias y entretenimiento en redes sociales y plataformas streaming.
En estos 78 años, la CIA ha invertido miles de millones de dólares en el enlistamiento de periodistas anti-éticos y anti-democráticos y en infiltración en medios de comunicación para divulgar programas propagandísticos, engendrando el descrédito y la desconfianza ciudadana, así como la animadversión de adversarios en guerras.
La operación Mockingbird, que inicialmente consistió en escuchas telefónicas periodísticas sin orden judicial, fue llevada a cabo por la CIA para identificar fuentes de filtraciones de datos de alta inteligencia. Principió grabando conversaciones privadas de Hanson Baldwin, reportero de seguridad nacional del New York Times, entre el 12 de marzo y el 15 de junio de 1963, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Las grabaciones fueron por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Jhon F. Kennedy, luego que se incomodara por un reportaje de primera plana publicado por Baldwin (ganador del Premio Pulitzer en 1943 por su cobertura de la Segunda Guerra Mundial) en la edición del 26 de julio de 1962 del New York Times en el que, amparado en una información clasificada, revelaba el número de misiles nucleares en el arsenal estadounidense. A su vez, comparaba esos depósitos atómicos de Estados Unidos con los de la Unión Soviética, y el afán de esta última superpotencia por resguardar sus emplazamientos de misiles balísticos intercontinentales.
A seguidas, la CIA también intervino los teléfonos residenciales de los columnistas Robert S. Allen y Paul Scott (The Allen-Scott Report, publicada en unos 300 periódicos), tras estos dar a conocer secretos clasificados de Estados Unidos. Más adelante, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se incorporó a las averiguaciones y vigilancia para detectar quienes desde los organismos de inteligencia estaban infiltrando informaciones a la prensa. También produjo la intercepción telefónica a la periodista de Newsweek, Lloyd Nornam, y el secretario de Estado Dean Rusk presionó para que CBS News no difundiera un reportaje del periodista Daniel Schorr sobre el espectacular escape de ciudadanos de Alemania Oriental a través de un túnel bajo el Muro de Berlín.
Por intermedio del proyecto Mockingbird -según variadas fuentes- para divulgar propaganda proestadounidense y truquear a la opinión pública contra la influencia comunista, aceptaron ser asalariados de la CIA cientos de periodistas de The New York Times, The Washington Post, Newsweek, ABC, CBS, NBC, la revista Time, Louisville Courier Jounal, Copley News Service, la agencia internacional Reuters y otros medios de América Latina, Europa y otras regiones.
Los objetivos bien definidos de la contratación a sueldo de la red de periodistas, publicaciones, televisoras y emisoras tengo que segmentarlos en siete:
1.- Difundir relatos preescritos por la CIA, para tratar de cambiar la percepción global sobre situaciones y personas, siempre favorables a Estados Unidos.
2.- Controlar la política editorial de medios comunicativos, a través de altos ejecutivos y editores, en una novedosa interacción subrepticia gobierno-prensa.
3.- Ocultar informaciones perjudiciales o desfavorables a Estados Unidos, en una intromisión estatal sin precedentes.
4.- Inclinar la balanza para conveniencia estratégica de Estados Unidos en coberturas informativas, artículos de opinión, editoriales y otros géneros periodísticos.
5.- Contrarrestar la propaganda e influencia de la Unión Soviética, con mecanismos sofisticados de persuasión pública.
6.- Suministrar datos de inteligencia, en una típica tarea de espionaje.
7.- Detectar a agentes o empleados de organismos de inteligencia que confidencialmente suministraban informaciones a periodistas.
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El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano y autor exclusivo del libro “La Ética en el Periodismo. Los cinco factores que interactúan en la deontología profesional”.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD
Por Rommel Santos Díaz
A diferencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto es el resultado de varios años de debates y de la Conferencia de Plenipotenciarios, los tribunales Ad –Hoc para la Ex Yugoslavia y Ruanda son la expresión de una respuesta a dos situaciones específicas caracterizadas por la comisión de atrocidades en el territorio de estos países.
Fue precisamente la gravedad de las circunstancias lo que obligó al Consejo de Seguridad a ejercer las atribuciones que le confiere el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para crear las jurisdicciones penales Ad – Hoc para la Ex Yugoslavia ( Resolución 827 de 1993) y para Ruanda (Resolución 955 de 1994)
En estos casos, ambos tribunales tienen virtualmente estatutos idénticos y también compartieron algunas instituciones comunes, como por ejemplo el Fiscal, dado que a partir del 15 de septiembre del 2003, el Consejo de Seguridad designo a Hassan Bubacar Jallow como Fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
La Fiscal Carla Del Ponte ejerce su competencia exclusivamente en relación al Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Las características comunes entre ambos tribunales han tenido como consecuencia, al menos en el ámbito teórico, la economía y uniformidad en el ámbito fiscal hasta el año 2003 así como en el desarrollo de una línea jurisprudencial sólida y constante en el análisis de sus respectivos casos.
De esta forma la creación de dichos tribunales Ad-Hoc constituye un desarrollo sin precedentes a favor de la implementación de las normas sobre derechos humanos que a su vez ha favorecido una dinámica positiva en el proceso de creación de un sistema de justicia penal internacional que se concreta casi una década después con el inicio de las funciones de la Corte Penal Internacional.
Por su lado el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad en virtud de las cuales son considerados como órganos judiciales subsidiarios del mismo.
Se ha establecido que aun cuando fueron creados por el Consejo de Seguridad, el cual no es un órgano judicial, esto no afecta la validez del acto jurídico de creación puesto que ambos son el reflejo del ejercicio del mandato del principal órgano de las Naciones Unidas para mantener la seguridad y la paz internacional.
Esta línea de razonamiento concuerda con la establecida por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre los efectos de las compensaciones concedidas por el tribunal administrativo de las Naciones Unidas de 1954.
Por tanto, mientras la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son órganos judiciales subsidiarios del Consejo de Seguridad Conforme al Artículo 2 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional mantiene relaciones de cooperación con el sistema de de las Naciones Unidas, pero ello no afecta su independencia con respecto a dicha organización internacional.
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